Cambios y beneficiarios
Attolini: chao congruencia
Carlos Fernández-Vega / México SA
Finalmente, ya entrada la noche del pasado martes y de último minuto, los senadores acordaron una mínima modificación al texto de la (contra) reforma laboral, lo que, de cualquier forma, en nada afecta el fondo y el objetivo de la presunta modernización de la Ley Federal del Trabajo aprobada en lo general a media tarde del mismo día. Es de suponer que el súbito cuan milagroso cambio de actitud de los legisladores priístas (de la rotunda negativa a aceptar cambio alguno al texto enviado por los diputados, al sí estoy de acuerdo, aunque sea poquito) contó con el visto bueno del encopetado presidente electo, de tal suerte que en San Lázaro ratificarían los cambios (salvo mejor opinión de Manlio), y de allí directo a la promulgación de la nueva ley.
¿Qué significa, qué pretende, para qué es, y a quién beneficia la nueva legislación?, pregunta el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM (Una nueva crisis para los trabajadores mexicanos, un estudio de su autoría recién salido del horno), del que se toman los siguientes pasajes. Pues bien, se trata de garantizar y justificar legalmente nuevas formas para arrancarles a los trabajadores las conquistas obtenidas desde la Revolución mexicana (conocido como proceso de precarización o pauperización del trabajo). En la realidad muchas de las propuestas que hoy se presentan como nuevas operan desde hace décadas en los centros de trabajo de millones de trabajadores mexicanos y que, desde luego, funcionan fuera de la ley con la contemplación y aval del gobierno federal. Sin embargo, para los patrones hoy es necesario regularizar tal situación, con el fin de abaratar aún más el costo de la mano de obra, algo que han concretado por cortesía del Ejecutivo y del Legislativo.
Existe una tendencia histórica documentable, sostiene el CAM, en el sentido de que las empresas cada día que pasa respetan menos las leyes laborales. Por ejemplo, mientras que en 1992 el 52.4 por ciento de los trabajadores consideraba que las empresas sí respetaban la ley; para junio de 1998 esa proporción disminuyó a 38.7 por ciento, y en 2011 se desplomó a 18.83 por ciento. Los trabajadores mexicanos viven cotidianamente atropellos a los derechos laborales en sus centros de trabajo; los dueños buscan sacar ventaja de esa situación, pues al evadir la responsabilidad que implica el respeto de la LFT se pueden ahorrar muchísimo dinero; el problema radica en que ese despojo es producto de que el trabajador labore en peores condiciones.
La reforma a la LFT impone, por parte de patrones y gobierno, la nueva legalidad a los trabajadores que regulará las relaciones laborales en los próximos años. Los trabajadores expresan por propia experiencia y por propia voz que dichas modificaciones en la realidad ya funcionan en México, independientemente de que esté al margen de la ley. Mientras tanto, la legislación en México es cada día más violada con la complicidad de las instituciones laborales del Estado, pues ellas, obligadas a vigilar y hacer respetar las leyes laborales en el país, no cumplen mínimamente con sus objetivos y funciones, pues son víctimas de la burocracia, ineptitud, improvisación y la cultura de la corrupción.
La nueva LFT, impuesta por los patrones con la complicidad del Ejecutivo y Legislativo, “garantiza la no recuperación del poder adquisitivo del salario y que las condiciones de vida y laborales no mejoren para los trabajadores, todo esto para mantener e incrementar las ganancias de los empresarios a través de una mayor explotación de los trabajadores. La modificación a la LFT es una adaptación del marco legal que persigue mantener y perpetuar los beneficios y los intereses de unos cuantos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Es así que los patrones, mediante la regularización jurídica de las múltiples violaciones en mucho fragantes, buscan fragmentar el mercado laboral, fomentando la competencia entre los trabajadores que buscarán permanecer laborando pero ahora en peores condiciones; con tal ‘reforma’, los trabajadores del sector formal de la economía quedarán al nivel de los trabajadores del sector informal”.
Los cambios a la LFT, puntualiza el CAM, tienen la finalidad de garantizar mano de obra de muy bajo costo al capital nacional y extranjero. “Así, mientras los ricos se la pasan haciendo cuentas alegres, en el mundo de la mayoría de los mexicanos, el valor de la fuerza de trabajo –el salario– continúa en proceso de deterioro. Tal es el caso del salario mínimo, el cual de diciembre de 1987 a enero de 2012 acumula una pérdida real en su poder adquisitivo de 82.36 por ciento, es decir, actualmente se requieren más de seis salarios mínimos para adquirir la Canasta Obrera Indispensable. Dicha canasta la consume una familia de cinco personas (dos adultos, un joven y dos menores), y está conformada por 35 bienes y servicios; 27 alimentos, tres productos de aseo personal y del hogar, transporte, energía eléctrica y gas. La indicada canasta no incluye gastos en renta, salud, educación, vestido, calzado y diversiones). Del 16 de diciembre de 1987, cuando entra en vigencia la era de los ‘pactos’, al primero de abril del año 2012 el costo de la COI se ha incrementado 5 mil 576.82 por ciento, y del otro lado el aumento acumulado del salario mínimo nominal diario ha sido de sólo 963.37 por ciento”.
Las rebanadas del pastel
Producto de la reforma laboral, en Televisa ya contratan nuevo personal: hasta hace poco acérrimo crítico, según decía, de una empresa mafiosa que nos ha engañado durante años y años, Antonio Attolini, ex vocero de #YoSoy132, ahora despacha en la fábrica de sueños de Emilio Azcárraga (el dueño de la empresa mafiosa), quien, vía outsourcing, desde luego, le dio su programa en la telera. Hueso mata congruencia.
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