Declaración “chabacana”, dice el alcalde de Benito Juárez; PGR ya indaga a 15 funcionarios.
Alfredo Méndez, Julio César Solís y Javier Chávez, reportero y corresponsales
México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) investiga “de oficio” a por lo menos 15 funcionarios de la policía preventiva del municipio de Benito Juárez (Cancún), Quintana Roo, entre ellos dos directores y varios jefes de área, que enfrentan denuncias anónimas y señalamientos de testigos protegidos por supuestos vínculos con grupos criminales, revelaron a La Jornada fuentes ministeriales y militares.
Para esa indagatoria ha sido importante la colaboración de la 34 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cargo del general Anastasio García Rodríguez, pues mandos de esa zona tienen detectada la identidad de varios agentes policiacos municipales que presuntamente brindan protección a narcotraficantes que operan en Quintana Roo.
La investigación comenzó a partir de dos llamadas anónimas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), en las cuales se denunció que agentes de la policía municipal de Cancún reciben dinero de grupos criminales ligados al narcotráfico y a la trata de personas que operan en esa región turística desde hace varios años.
La declaración provocó una enérgica respuesta del presidente municipal de Benito Juárez, el perredista Julián Ricalde, quien ayer anticipó que presentará una queja ante la Sedena por las declaraciones del comandante de la 34 Zona Militar.
“Ya estamos emitiendo un comunicado y una queja a la Sedena”, afirmó el alcalde ante medios locales.
“Lo que declaró se tiene que probar; hoy (ayer) estamos mandando un comunicado a la Secretaría de la Defensa para que nos digan si ese es un diagnóstico, si esa es la persona autorizada para hacer las declaraciones en este sentido y generar esta incertidumbre, este revuelo”, manifestó el alcalde.
Ricalde aseguró que se trata una declaración “chabacana” y que “es inaceptable” la acusación del general García Rodríguez de que 90 por ciento de la corporación está implicada en el narco.
A su vez, el titular de la secretaría municipal de seguridad pública y tránsito de Benito Juárez, Jesús Aiza Kaluf, afirmó que a 15 meses de haber asumido el cargo ha destituido a 310 elementos, incluidos ocho directores y jefes de área.
“La lucha es permanente aun dentro de la corporación, donde hemos dado de baja a 310 elementos”, insistió Aiza.
Afirmó que el general tiene información atrasada, del tiempo en que fue detenido el ahora ex jefe de la policía de Benito Juárez Francisco Velazco, El Vikingo, quien ocupó el cargo durante la gestión de Gregorio Sánchez.
Mencionó que 40 elementos han aprobado los exámenes de control y confianza, y que han sido detenidos unos 700 supuestos narcomenudistas en los pasados 15 meses.
El general García Rodríguez afirmó hace dos días que las corporaciones policiacas de los municipios de Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) “están en las nóminas (del crimen organizado). Comenzaron con 450 elementos, luego 500, después 800 y ahora el número de elementos que tengan, aparecen en la nómina”, dijo en rueda de prensa en Chetumal.
El general manifestó que la policía preventiva municipal de Benito Juárez se empezó a corromper desde que fue jefe de ésta Francisco Velazco, quien se encuentra bajo proceso por vínculos con el narcotráfico.
Señaló, al rendir un informe de actividades del Ejército, que los datos sobre los policías que brindan protección al crimen organizado han sido obtenidos de bienes incautados a cabecillas del narco, quienes tienen “nóminas” donde figuran los nombres de los policías y civiles a quienes se entregan sobres con dinero en efectivo.
Aseguró que un “cáncer” ha invadido la policía del principal destino turístico del país.
Dijo que por lo anterior se deben reforzar los exámenes de control y confianza a que son sometidos los policías municipales.
Mencionó que hay casos de policías que se resisten, pero sostuvo que terminan por apoyar a los criminales, porque son amenazados de muerte.
Ricalde señaló que lo dicho por García Rodríguez pudo ocurrir hace cuatro años –en la gestión de Gregorio Sánchez–, pues ahora “hemos depurado totalmente a la corporación (...) Para hablar hay que tener las pruebas y los fundamentos”.
Apuntó que considera que el general “quiere ser protagónico (...) quiere llamar la atención de alguna manera”.
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