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A casi mes y medio de la detención de los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua con unidades móviles, equipo y papelería a nombre de Televisa, la Fiscalía General de Nicaragua desconoce la verdadera identidad de los mexicanos, y si trabajaban para la televisora, reconoció el inspector general del Ministerio Público nicaragüense, Armando Juárez.
Por ello, dijo, en un plazo no mayor a siete días enviará un requerimiento oficial al gobierno de México para que la Procuraduría General de la República (PGR) aclare la información.
Entrevistado por el corresponsal de MVS Noticias en Nicaragua, Juan Omar Fierro, el funcionario explicó que la finalidad del requerimiento es precisar la verdadera identidad de los mexicanos comandados por Raquel Alatorre, La Reina de las Van, porque siete de ellos dieron direcciones falsas de su lugar de residencia.
Además, solicitarán que Televisa que demuestre, con documentos oficiales –sus registros laborales– si los mexicanos trabajan o no para la empresa de Emilio Azcárraga Jean.
“Básicamente nosotros queremos determinar si son o no son empleados de Televisa, y si lo son, documentar esto, y si no lo son, pues igual. Nosotros en ese requerimiento no descartamos nada de lo que necesitemos determinar, partiendo de si son o no son estas personas, si existen los registros de nacimiento, si ellos en realidad no tenían un vínculo con esta empresa”, explicó.
El requerimiento irá aún más allá porque, según el inspector, la Fiscalía General solicitará a la PGR que precise si los equipos decomisados en las camionetas pertenecen o pertenecieron a la televisora, así como el verdadero origen de las unidades que estaban registradas a su nombre.
“Nosotros no tenemos cómo verificar si estas personas son en realidad las personas que dicen ser, si en realidad son las personas que dieron esas direcciones o si lo hicieron usurpando identidades, de tal manera que todos esos requerimientos, toda esa inquietud que subyace alrededor del vínculo y la identidad de ellos, es lo que nosotros vamos a tratar de cubrir con los requerimientos”, sostuvo Juárez.
Las dudas sobre la identidad de los detenidos se agudizaron luego de que siete de los 18 detenidos proporcionaran domicilios falsos a las autoridades policiacas y judiciales de Nicaragua para evitar que los identificaran.
Según los registros de la acusación inicial y el acta de audiencia preliminar que se realizó en el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal en Managua, nueve de los implicados dijeron ser de Tamaulipas, pero sólo dos afirmaron que seguían residiendo ahí.
Pablo Sosa Guerra fue uno de los detenidos que durante los interrogatorios aseguró que vivía en el Distrito Federal, pero en su comparecencia ante el juez que lleva la causa penal en su contra fijó su domicilio particular en Matamoros, Tamaulipas.
Es el mismo caso de Rodolfo Jiménez Camacho, quien al momento de la captura refirió que residía en la Ciudad de México, y después dio como domicilio un inmueble ubicado en la colonia Lucio Blanco de Tamaulipas, sin especificar el municipio.
Carlos Gustavo Reyes Arce también alteró su lugar de residencia, ya que primero dijo estar avecindado en la colonia La Estrella del Distrito Federal, pero ya ante el juez manifestó que residía en Mérida, Yucatán, lugar de residencia que también proporcionó la Reina de las Van.
Otro que tiene su lugar de residencia en Mérida es Omar José Castillo Amaya, pero antes había dicho que vivía en la colonia Bosques de Azcapotzalco, que no existe.
En un primer momento, varios de los detenidos dijeron que vivían en la Ciudad de México, pero después afirmaron que su domicilio se encuentra en Guanajuato.
Por ejemplo, Valentín Delgado Guillén, quien había proporcionado como su domicilio particular una dirección en la Delegación Coyoacán, la cambió ante el juez por otra en el municipio de Salamanca, Guanajuato.
A pesar de estas inconsistencias y las contradicciones que han surgido entre las autoridades mexicanas, el inspector general nicaragüense, Armando Juárez, afirmó que las autoridades de su país tienen suficientes elementos para procesar a los 18 mexicanos por los delitos de transporte internacional de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas.
Además, agregó, existe más información sobre los vínculos de los presuntos empleados de Televisa con otras personas de los órganos de inteligencia, para tratar de identificar a otros integrantes de La Caravana Televisa.
En ese supuesto están los números telefónicos a los que llamó Raquel Alatorre cuando fueron detenidos en el cruce fronterizo de Las Manos en la frontera de Nicaragua con Honduras, y los registros de mensajes y llamadas almacenados en los 30 celulares incautados a estas personas desde el pasado 20 de agosto
Respecto de la respuesta jurídica a la demanda presentada por Televisa, la Fiscalía nicaragüense indicó que ésta sólo será posible si cuenta con la colaboración de la PGR, que –apuntó– avanza a cuentagotas hasta Managua.
PGR rastrea nueve vehículos más de la “Caravana Televisa”
La Procuraduría General de la República rastrea nueve vehículos, adicionales a las seis camionetas rotuladas con el logotipo de Televisa, que presuntamente fueron usados por los 18 mexicanos implicados en el caso.
De acuerdo con el diario 24 Horas, la Fiscalía de Nicaragua abrió un expediente relacionado con el caso que revela que entre 2008 y 2012, la Subdirección de Aduanas nicaragüense registró el tránsito de 15 vehículos en total relacionados con varios de los 18 detenidos.
Los números de chasis o claves de identificación vehicular confirman que seis de las 15 unidades son las que fueron aseguradas el pasado 20 de agosto con 9.2 millones de dólares.
Las otros nueve también fueron utilizadas por los sospechosos para entrar o salir de Nicaragua en distintos momentos, según el expediente de la Unidad Especializada Anticorrupción y Contra el Crimen Organizado de ese país, citado por 24 Horas.
Debido a que los vehículos eran utilizados por los mexicanos detenidos, quienes se hacían pasar como trabajadores de Televisa, las autoridades de Nicaragua no descartan que las otras unidades también estén rotuladas con el logotipo de la empresa.
De los nueve vehículos que faltan, seis son General Motors, tres de ellas modelo 2010, una 2009 y la otra 2011. Además, hay un Mercedes Benz de Lujo, un Chrysler 2009 y un Ford, también 2009.
Según el diario, la PGR lleva a cabo una verificación con distintas armadoras y agencias automotrices a las que habrían sido distribuidos los vehículos, a fin de ubicar a los compradores.
Hasta ahora sólo se sabe que las seis camionetas aseguradas en Managua con logotipos de Televisa fueron compradas al contado por Raquel Alatorre, en agencias ubicadas en León, Guanajuato, y Guadalajara, Jalisco, y tienen un valor que supera los 744 mil dólares.
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