John M. Ackerman
Solamente alguien muy ingenuo podría ver una casualidad en la decisión del Instituto Federal Electoral (IFE) de destruir las boletas electorales de 2006 unos días antes de que termine el mandato de Felipe Calderón. Los consejeros y los magistrados electorales no se cansan nunca de declarar que todo lo que hacen está “apegado estrictamente a derecho”. Pero el caso de las boletas electorales demuestra precisamente lo contrario. Cuando fuertes intereses políticos y económicos se encuentran de por medio, las autoridades de nuestro país están dispuestas a hacer absolutamente todo, menos lo que indica la ley.
Como ya hemos argumentado en numerosas ocasiones en estas mismas páginas (más recientemente en http://www.proceso.com.mx/?p=288777), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el artículo 6° de la Constitución no solamente permiten, sino que obligan al IFE a poner las boletas electorales de 2006 a disposición de los ciudadanos. Ello se refuerza con las recientes reformas al artículo 1º de la Constitución, donde quedó plasmado el principio pro persona, según el cual la interpretación de las normas relativas a los derechos humanos debe dar “en todo tiempo a las personas la protección más amplia”.
Sin embargo, el IFE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Suprema Corte de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han inventado un sinnúmero de argumentos ad hoc para evadir la ley y negar las solicitudes de acceso presentadas por la revista Proceso y por miles de ciudadanos. Pero ninguna de las múltiples resoluciones y sentencias ordenan al IFE triturar las boletas de 2006 antes de que Calderón entregue la banda presidencial. Estas resoluciones tampoco prohíben al IFE permitir el acceso ciudadano a las boletas antes de la eventual destrucción del material.
La ausencia de una prohibición de acceso al material electoral se ilustra con el hecho de que el mismo IFE ha autorizado sus propios estudios sobre el contenido de los paquetes electorales correspondientes a las elecciones federales de 2003, 2009 y 2012. Extrañamente, el material electoral de 2006 es el único que resulta ser “indisponible” para dichos estudios adicionales.
En 2010, el consejero Marco Antonio Baños fue retratado por la prensa enseñando públicamente una boleta electoral utilizada en las elecciones federales de 2009 antes de introducirla en la trituradora. A nadie se le ocurrió presentar denuncia, queja o juicio en su contra por este acto simulado e hipócrita de transparencia. Hoy tampoco procedería juicio alguno en contra de los consejeros que decidieran permitir el acceso ciudadano a la totalidad de la papelería utilizada en 2006.
Tampoco existe prisa para proceder a la destrucción del material. Entre el 27 de abril de 2007, cuando el TEPJF resolvió la impugnación de Daniel Lizárraga, y el 10 de enero de 2008, cuando el juez Noveno de Distrito ordenó la suspensión de la destrucción de las boletas, no existía mandato legal alguno que prohibiera la destrucción del material electoral. Tampoco ha existido prohibición desde el pasado 2 de noviembre de 2011, cuando la CIDH desechó definitivamente el recurso de Rafael Rodríguez Castañeda. El hecho de que el IFE no procedió a la destrucción antes y esperó hasta hoy, una vez pasadas las elecciones presidenciales y antes del final del sexenio de Calderón, revela de manera contundente la politización de su proceder.
Los consejeros del IFE han señalado la necesidad de destruir las boletas por razones de “austeridad”, ya que su resguardo sale muy caro. Pero lo que los ciudadanos piden no es que se mantengan resguardadas para siempre, sino solamente que se permita el acceso a ellas antes de su destrucción. Si los consejeros realmente hubieran querido minimizar costos, habrían exhibido las boletas desde un día después de la culminación del proceso electoral de 2006 para así poder proceder en seguida a su destrucción.
Queda claro que no es la ley, sino son los funcionarios los que obstaculizan nuestro derecho a saber. Las leyes no funcionan como programas de computadora ni como recetas de cocina. La misma norma otorga enormes poderes discrecionales a nuestras autoridades electorales, y ellas son las que deciden ejercerlos ya sea a favor del interés público o, como ocurre con demasiado frecuencia, a favor de sus intereses personales o de grupo. Así como el IFE decidió por motivos políticos alargar hasta 2013 el proceso de fiscalización de las campañas presidenciales de 2012, hoy los consejeros deciden aprovechar el “interregno” para terminar de triturar nuestra dolida democracia.
En lugar de actuar como un órgano autónomo y ciudadano, el IFE se convierte en un simple testigo de honor del pacto de continuidad e impunidad entre Calderón y Enrique Peña Nieto. El actual ocupante de Los Pinos compra aviones extravagantes, inaugura cárceles de lujo e impone una reforma laboral retrógrada para dar la bienvenida con alfombra roja al próximo presidente. A cambio, el priista promete total impunidad a Calderón, tanto por los muertos de su “guerra contra las drogas”, como por la usurpación de la Presidencia de la República en las elecciones de 2006.
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