Informales: 3 x 1
Barones rabiosos
Carlos Fernández-Vega / México SA
La única vía para generar empleo de forma sostenible es el crecimiento económico, pero éste, desde hace tres décadas, se mantiene como una oprobiosa asignatura pendiente del régimen. Destazar la ley laboral con el supuesto ánimo de incrementar el número de plazas disponibles y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos (ello sin alterar un milímetro la estructura concentradora del ingreso y la riqueza prevaleciente en el país) es no sólo una muestra de humor negro, sino una tomadura de pelo en tanto el citado crecimiento se mantenga ausente, como hasta ahora.
¿Qué ha sucedido en 30 años?: en promedio, México ha crecido a un ritmo anual que apenas roza el 2 por ciento, tres veces menos de lo mínimo necesario para salir del hoyo y comenzar a generar empleo suficiente. Sin el primero, ausente permanecerá el segundo, por mucho que los representantes populares se esmeren en destazar la ley laboral y en meter la realidad a golpes para que quepa en el discurso oficial. Pero el balance, por donde sea vea, es terrorífico. Como ejemplo, de 1994 a 2012 la población económicamente activa se incrementó en 18 millones de mexicanos, pero en ese periodo sólo se generaron 5.6 millones de plazas formales (incluidas las eventuales), de tal suerte que el déficit en la materia sobrepasa los 12 millones.
Entonces, independientemente de la acelerada precarización de las plazas laborales, en los tres tristes gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón, sólo uno de cada tres mexicanos en edad y condiciones de trabajar logró colarse al mercado de empleo formal; el resto, a la informalidad, el desempleo, el crimen organizado o el exilio económico. En esos tres sexenios se generó empleo formal suficiente sólo para uno de ellos.
La información es contundente, pero los jilgueros del régimen toman el micrófono para asegurar que lo anterior es producto de una Ley Federal del Trabajo obsoleta, y de allí la necesidad de cambiarla. Y con eso, dicen, es más que suficiente. Lo demás se queda tal cual: crecimiento raquítico, precarización del empleo, salarios de hambre y concentración del ingreso a galope. El problema, según ellos, era la LFT, cuando en realidad lo obsoleto e inservible, para efectos sociales (y ejemplos sobran), es el modelo económico al que se ha aferrado el régimen, sin olvidar la cultura patronal, arraigada al porfirismo y no a los tiempos modernos que tanto cacarean los voraces empresarios, a quienes de plano nadie les dan gusto: el Consejo Coordinador Empresarial exige que se instituya el outsourcing total y que se eliminen los candados innecesarios en esta modalidad depredadora. Y para el organismo patronal lo anterior tiene razón de ser, porque, asegura, de otra forma estarán en riesgo cientos de miles de empleos.
Entonces, lo moderno, siempre según el CCE, es flexibilizar aún más el mercado laboral, apretar las tuercas y seguir abaratando la mano de obra (ser competitivos, como le llaman). Pues bien, antes de las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, México resultaba supermoderno, pues de acuerdo con el Banco Mundial antes de la (contra) reforma aprobada por la Cámara de Diputados el empleo informal en el país representa de 52 a 62 por ciento del empleo total, lo que equivale a que entre 27 y 32 millones de mexicanos en edad y condición de trabajar (dos de cada tres) sobreviven en la informalidad. La pretensión empresarial es modernizar al 100 por ciento de la población económicamente activa (51 millones de personas, aproximadamente), y mantenerla en la informalidad. Para ellos, pues, más modernidad es igual a mayor informalidad y precarización del empleo.
El mismo Banco Mundial (La Jornada, Roberto González Amador) advierte que la pobreza y el desempleo se han incrementado en México en años recientes, mientras los salarios, medidos a través de su poder de compra, se mantienen estancados. Una de las causas de esta combinación radica en que dos terceras partes de la fuerza de trabajo del país se emplean en el sector informal. Modificar la legislación laboral o fiscal no es una medida que, en automático, contribuya a reducir el universo de personas que trabajan fuera de los canales formales del mercado laboral.
De igual forma, el organismo financiero multilateral (Informe sobre el desarrollo mundial 2013) celebra que en los últimos 35 años se duplicó la ocupación en México, aunque olvidó mencionar que en igual periodo la población económicamente activa se multiplicó por cuatro, es decir, que sólo en el mejor de los casos en esas tres décadas y media apenas uno de cada dos mexicanos logró colarse al mercado laboral, y la mayoría de ellos terminó en la informalidad. También advierte sobre el precario salario mínimo que perciben los mexicanos, pues los coloca en el escalón 55 de 125 posibles.
El anterior no es el único logro. En materia de crecimiento económico, para el presente año la Cepal (Estudio económico de América Latina y el Caribe 2012, divulgado ayer) coloca a México en el escalón número 12 de 20 posibles, y para 2013 en el 14 de 20. Cómo estará la cosa que, una vez más, Haití crecería mucho más que México, y en la isla caribeña se pueden presumir muchas cosas, menos modernidad.
Entonces, no hay crecimiento económico; tampoco generación de empleo formal ni justa remuneración a los trabajadores; la precarización laboral avanza de forma contundente, y la concentración del ingreso y la riqueza es brutal, y van por más; gobernarán con el mismo manual que ha garantizado el fracaso, y no piensan alterar el estado de cosas. Pero, eso sí, los jilgueros aseguran que con la aprobación de la (contra) reforma laboral el país avanzará vigorosamente, la justicia social se ampliará y se garantizará el futuro de los mexicanos. ¿En serio?
Las rebanadas del pastel
Rabiosos, los barones de la minería, con Germán Larrea a la cabeza, quieren impedir a toda costa el retorno del dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia. Once veces lo demandaron penalmente, y perdieron las once. Los tribunales lo exoneraron de cualquier conducta ilícita, pero los concesionarios de la riqueza nacional insisten. Ahora utilizan a Agustín Acosta Azcón (hijo de un ex gobernador veracruzano y litigante mercenario sin escrúpulos que se vende al mejor postor, como fue la defensa de René Bejarano en 2004-2005, de acuerdo con el sindicato nacional de minero) con la intención de revivir casos juzgados, como el del extinto fideicomiso minero, asunto que desde marzo de 2006 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dio por concluido, al documentar que no había delito que perseguir. ¿Quién apadrina a los barones para que vivan mejor?
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