Román Munguía Huato
En los últimos años la cantidad de accidentes laborales fatales se ha incrementado notablemente en el país, en especial en los sectores minero, constructivo y metalmecánico. Pasta de Conchos es un ejemplo funesto en la minería. Eso es un indicador, entre otras cosas, de la ausencia de buenas condiciones de seguridad, y de una intensiva explotación de la mano de obra.
En la mayoría de los accidentes los responsables son las autoridades de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), los dueños capitalistas de las empresas y los charros sindicales. Se ha incrementado la mortalidad y la morbilidad laboral. Según datos de 2007, en México se ocultan 26 por ciento de los accidentes de trabajo, pues muchas empresas no reportan los percances para evitar el pago de estos riesgos. Igualmente crece el número de trastornos mentales asociados al estrés, incluso cánceres que no se consideran enfermedades laborales en su mayoría. La morbilidad de los obreros creció 30 por ciento.
De aprobarse a finales de este mes la iniciativa de Calderón Hinojosa para una nueva Ley Federal del Trabajo la tendencia de morbilidad y mortandad laboral se elevaría. Por supuesto, eso no les preocupa para nada a los funcionarios gubernamentales, ni al sector patronal y tampoco a los charros sindicales. De lo que se trata con esta nueva ley es una mayor e intensiva explotación de la fuerza de trabajo acorde a una dinámica más acelerada de acumulación de capital salvaje. La burguesía local y extranjera quiere que el todo el peso de la crisis económica siga recayendo sobre los hombros del pueblo trabajador, y para tal efecto la reforma laboral panista, avalada por el priísmo y el perredismo, pretende legalizar lo que en los hechos prácticos se viene aplicando desde hace años: el outsourcing (subcontratación de mano de obra), disminución de las prestaciones sociales, flexibilidad del trabajo, contratación por horas, despidos arbitrarios, limitar el pago de salarios caídos, etcétera.
Pero se trata no solamente de formalizar jurídicamente lo que en la práctica viene sucediendo contra los trabajadores sino de ir más allá desmantelando todas las restricciones legales para obtener mayores tasas de ganancias capitalistas, es también una embestida política en contra del sindicato como organización gremial defensiva de los derechos humanos laborales. Cierto es que los sindicatos charros y “blancos” seguirán existiendo para beneficio del capital. Es por eso que no hay ninguna contradicción entre la aplicación de la nueva ley y los sindicatos charros, pues muchos de ellos se encargan, precisamente, de establecer contratos fantasmas o el outsourcing. En México un poco más del 90 por ciento de los contratos sindicales son contratos de protección patronal, en su mayoría a manos priístas de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).
Se trata de una reforma laboral eminentemente regresiva, pues de aprobarse con o sin maquillaje por los nuevos diputados, la intención es desmantelar al máximo las conquistas laborales que obstaculizan la obtención de una mayor rentabilidad de capital. Si en el mundo existen numerosos paraísos fiscales, incluidos aquellos que lavan más blanco, también existen paraísos laborales. Verdaderos paraísos neoliberales como México, a partir del Salinato, mañana reforzado con Peña Nieto.
Recientemente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirmó que el desempleo, la falta de oportunidades y la marginación “no justifican” el comportamiento delictivo ni la violencia. Es muy cierto, la altísima tasa de desempleo no justifica por sí misma la violencia social, pero si la explica. Desde hace muchas décadas se conoce de la alta correlación estadística entre el desempleo masivo y el incremento de la delincuencia y la criminalidad, al igual que la estrecha correlación entre el desempleo, la drogadicción y el alcoholismo, incluida la prostitución. El discurso calderonista, secundado por el empresarial, pretende hacer creer que está nueva ley laboral conlleva muchos beneficios, especialmente para los trabajadores, y que incrementaría el empleo y la modernización del país con base a una mejor competitividad económica: todo ello es absolutamente falso. La prueba fehaciente es que al término de su sexenio (el del “presidente del empleo”) la tasa de desempleo es elevadísima y según algunas estadísticas la población desempleada y subempleada es poco más de 25 millones de mexicanos; tan sólo hay cerca de 8 millones de jóvenes nini.
De la misma manera que el gobierno de Calderón careció de toda legitimidad política, al igual que el nuevo, esta reforma no tiene ápice de legitimidad pues nunca se consultó a los sindicatos ni a los trabajadores. Al igual que la imposición de Peña Nieto, de aprobarse tal contrarreforma seria una verdadera imposición a los trabajadores. Sería una legislación totalmente a favor de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
Se requiere entonces iniciar un proceso urgente de (re)organización de los propios trabajadores y sus sindicatos, por lo que es necesaria la construcción de una Confederación de Trabajadores Democráticos e Independientes la cual, como Frente Único Sindical, convoque a movilizaciones y a una huelga general para defender las conquistas históricas laborales y avanzar en la lucha emancipadora proletaria.
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