Apro
A pesar de que en un primer momento intentó reservar la información por 12 años y forzada por cuatro resoluciones del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer el contenido de la nota diplomática que envió al gobierno de Estados Unidos, en la que solicita inmunidad para el expresidente Ernesto Zedillo en el juicio que enfrenta en una Corte de Distrito de Connecticut por el caso Acteal.
En el documento de ocho cuartillas de extensión, el gobierno del presidente Felipe Calderón justificó así su petición de inmunidad diplomática para Zedillo, quien es acusado por 10 indígenas pertenecientes a Las Abejas –cuya identidad se desconoce aún–, que reclaman una indemnización de 50 millones de pesos:
“El Gobierno en turno condenó enérgicamente (el multihomicidio), abocándose de inmediato a la investigación y presentación de los responsables ante las instancias de procuración de justicia.
“Un proceso como el que se pretende sustanciar en contra del expresidente de México afectaría la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al desestimar la actuación de diversas autoridades nacionales en respuesta a los acontecimientos ocurridos en la localidad de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997”.
En la nota diplomática número 06654, dirigida a la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, el gobierno calderonista también expresa el rechazo del gobierno mexicano a cualquier proceso que viole su soberanía y solicita al gobierno estadunidense sugerir a una corte civil de Connecticut otorgar inmunidad al exmandatario.
“Sobre el particular, deseo manifestar el rechazo de mi gobierno a cualquier proceso interno que vulnere la soberanía de México, al ejercer jurisdicción para conocer de supuestos actos ocurridos en territorio nacional”, señala el documento.
El gobierno federal respaldó su petición en cuatro casos en los que el Departamento de Estado ha intervenido para fijar su posición respecto de la inmunidad de los jefes de Estado, aun después de haber concluido su encargo. Entre dichos casos destaca el de Gerritsen contra el también expresidente mexicano Miguel de la Madrid Hurtado.
Fechada el 4 de noviembre de 2011 y suscrita por el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, la nota refiere que el gobierno de Felipe Calderón consideró que el hecho de que una Corte de ese país juzgara al exmandatario priista desestimaría la actuación del gobierno mexicano en el caso de la matanza de Acteal en 1997.
En enero pasado, el reportero René Cruz González inició el proceso para obtener copia de la nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos. En un primer momento, la Cancillería mexicana se negó bajo el argumento de que “se podrían afectar la relaciones bilaterales” y reservó la información por 12 años.
Cruz González recurrió al IFAI y el pleno del organismo resolvió a su favor en cuatro ocasiones. En el último de ellos resolvió que la clasificación procedía, pero sólo por tres meses o, en su caso, hasta el momento en que desaparecieran las causas que motivaron la reserva.
Esto último ocurrió el pasado viernes 7, cuando el gobierno de Barack Obama decidió otorgar inmunidad a Ernesto Zedillo.
A pesar de que en un primer momento intentó reservar la información por 12 años y forzada por cuatro resoluciones del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer el contenido de la nota diplomática que envió al gobierno de Estados Unidos, en la que solicita inmunidad para el expresidente Ernesto Zedillo en el juicio que enfrenta en una Corte de Distrito de Connecticut por el caso Acteal.
En el documento de ocho cuartillas de extensión, el gobierno del presidente Felipe Calderón justificó así su petición de inmunidad diplomática para Zedillo, quien es acusado por 10 indígenas pertenecientes a Las Abejas –cuya identidad se desconoce aún–, que reclaman una indemnización de 50 millones de pesos:
“El Gobierno en turno condenó enérgicamente (el multihomicidio), abocándose de inmediato a la investigación y presentación de los responsables ante las instancias de procuración de justicia.
“Un proceso como el que se pretende sustanciar en contra del expresidente de México afectaría la relación bilateral entre México y Estados Unidos, al desestimar la actuación de diversas autoridades nacionales en respuesta a los acontecimientos ocurridos en la localidad de Acteal, Chiapas, en diciembre de 1997”.
En la nota diplomática número 06654, dirigida a la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, el gobierno calderonista también expresa el rechazo del gobierno mexicano a cualquier proceso que viole su soberanía y solicita al gobierno estadunidense sugerir a una corte civil de Connecticut otorgar inmunidad al exmandatario.
“Sobre el particular, deseo manifestar el rechazo de mi gobierno a cualquier proceso interno que vulnere la soberanía de México, al ejercer jurisdicción para conocer de supuestos actos ocurridos en territorio nacional”, señala el documento.
El gobierno federal respaldó su petición en cuatro casos en los que el Departamento de Estado ha intervenido para fijar su posición respecto de la inmunidad de los jefes de Estado, aun después de haber concluido su encargo. Entre dichos casos destaca el de Gerritsen contra el también expresidente mexicano Miguel de la Madrid Hurtado.
Fechada el 4 de noviembre de 2011 y suscrita por el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, la nota refiere que el gobierno de Felipe Calderón consideró que el hecho de que una Corte de ese país juzgara al exmandatario priista desestimaría la actuación del gobierno mexicano en el caso de la matanza de Acteal en 1997.
En enero pasado, el reportero René Cruz González inició el proceso para obtener copia de la nota diplomática enviada al gobierno de Estados Unidos. En un primer momento, la Cancillería mexicana se negó bajo el argumento de que “se podrían afectar la relaciones bilaterales” y reservó la información por 12 años.
Cruz González recurrió al IFAI y el pleno del organismo resolvió a su favor en cuatro ocasiones. En el último de ellos resolvió que la clasificación procedía, pero sólo por tres meses o, en su caso, hasta el momento en que desaparecieran las causas que motivaron la reserva.
Esto último ocurrió el pasado viernes 7, cuando el gobierno de Barack Obama decidió otorgar inmunidad a Ernesto Zedillo.
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