Televisa negó tener relación alguna con los 18 mexicanos detenidos en Nicaragua y rechazó que le pertenecieran las camionetas con su logotipo que transportaban 9.2 millones de dólares por el país centroamericano. Sin embargo, en el padrón vehicular de la Ciudad de México una de las camionetas está registrada a nombre de la televisora. La policía nicaragüense encontró que este vehículo tenía compartimentos ocultos en los que había fajos de billetes con rastros de cocaína. Con base en ello, el juez de la causa –que investiga a los mexicanos por lavado de dinero y delincuencia organizada– incorporó un nuevo delito en su contra: tráfico internacional de estupefacientes.
Roberto Fonseca, Homera Campa y Raúl Monge
Televisa es propietaria de al menos una de las seis camionetas Chevrolet tipo Van que la Policía Nacional de Nicaragua decomisó el lunes 20 de agosto a 18 mexicanos acusados en ese país de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes.
De acuerdo con datos del padrón vehicular de la Ciudad de México –a los que este semanario tuvo acceso–, el vehículo con placas 886XCR y número de serie 1GC2GTBG1A1135600 está a nombre de Televisa, S.A. de C.V.
El documento de acusación de la fiscalía de Nicaragua señala que la camioneta tenía compartimentos ocultos en los que se encontraron 11 maletas con 94 paquetes de dólares en billete.
Los peritos de la Unidad Especializada Anticorrupción y contra el Crimen Organizado de Nicaragua sometieron el dinero a la prueba Scintrex y detectaron partículas de cocaína, según consigna el documento de la acusación, del que Proceso tiene copia.
En dos camionetas más –con placas 571XXD y 165XCC– la policía nicaragüense encontró otras 35 maletas –unas eran completamente negras, otras tenían franjas azules o rojas– que también contenían paquetes de dólares.
Con base en ello, el 31 de agosto el juez de la causa, Julio César Arias, incorporó a las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada el delito de tráfico internacional de estupefacientes, como lo había solicitado previamente la Fiscalía de Nicaragua. El documento de la fiscalía precisa que los mexicanos trasladaron de Costa Rica con destino a México “cocaína en grandes cantidades”. La última vez que habrían realizado el transporte de droga fue el pasado 9 de junio.
El “chivatazo”
La Policía Nacional de Nicaragua detuvo a los 18 mexicanos el 20 de agosto, pero los presentó a los medios de comunicación cuatro días después. Cuando fotógrafos y camarógrafos terminaron de tomarles imágenes, Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional de Nicaragua, ordenó a los agentes de las tropas especiales que custodiaban a los detenidos que los retiraran del recinto. Entonces, la supuesta líder del grupo de mexicanos gritó: “¡Que nos juzguen aquí! ¡Tememos por nuestras familias!”.
Los documentos de la acusación refieren que Raquel Alatorre Correa dijo ser “reportera, presentadora y jefa de información”, sin precisar de qué medio de comunicación. Su pasaporte mexicano –número 8400011472– indica que tiene 30 años y reside en Yucatán.
En la presentación ante la prensa la mujer vestía camiseta morada y pantalón de mezclilla. Es de baja estatura y delgada. La mayor parte del tiempo estuvo ligeramente agachada y con las manos esposadas atrás de la cabeza.
Junto a ella había otros 15 mexicanos, algunos con camisetas con el emblema de Televisa estampado. Faltaban dos personas que –explicó Granera– estaban en revisión médica en el hospital de la Policía Nacional, pero no precisó los motivos de ello. Los detenidos estaban esposados, la mayoría permanecían cabizbajos.
Frente a ellos había 23 bolsas con 258 paquetes de dólares en billetes de diversas denominaciones. Granera explicó que alrededor de las 22:30 horas de la noche anterior –23 de agosto– habían encontrado el primer compartimento oculto en una de las camionetas con los logos de Televisa; ahí se detectaron las primeras bolsas de dinero.
Según el documento de 12 páginas, los paquetes de dólares eran trasladados en compartimentos ocultos en los tableros de tres de las seis Chevrolet 2011, en cada una de las cuales viajaban tres personas.
A las 18:56 del 24 de agosto el fiscal Javier Morazán Chavarría, director de la Unidad Especializada Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, se presentó en los juzgados capitalinos en representación del Ministerio Público con la acusación oficial contra los 18 detenidos.
Agrega el documento: “Los acusados cumplían la función de presentar la fachada de ser parte de un convoy de la empresa Televisa y al mismo tiempo realizaban la función de supervisión, traslado y custodia del dinero que llevaban oculto en la caravana de vehículos antes referida”.
El escrito oficial, basado en el expediente policial A-0162-2012-000, indica que una denuncia anónima advirtió a las autoridades sobre el grupo de mexicanos y sus presuntos planes conspirativos contra Nicaragua. La llamada fue recibida en el teléfono de emergencia de la Policía Nacional en Nueva Segovia, frontera con Honduras, el 19 de agosto pasado por la noche.
De acuerdo con la corporación, un hombre que no se identificó expuso que oyó que un grupo de mexicanos hospedados en el hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa estaba interesado en “obtener información del Estado de Nicaragua y que dicha información sería utilizada para desprestigiar al gobierno de Nicaragua”. Agregó que se trataba de personas que viajaban en vehículos con los emblemas de Televisa.
Se activó entonces un operativo que concluyó con la detención del grupo el 20 de agosto, justo cuando entró a territorio nicaragüense por la garita de Las Manos, en la frontera con Honduras.
La acusación de la fiscalía refiere que los detenidos dijeron que “ingresaron a nuestro país con el objetivo de realizar investigaciones y la búsqueda de información de instituciones del Estado de Nicaragua; éstos manifestaron estar autorizados por la televisora mexicana Televisa Internacional. Dichas personas no portaban ningún documento de autorización para que realizaran investigación y búsqueda de información de instituciones del Estado de Nicaragua”.
Los 18 mexicanos fueron escoltados a Managua, donde quedaron bajo arraigo en el hotel Holiday Inn. En ese mismo hotel, confirmó posteriormente el Nuevo Diario, ya se habían hospedado cuatro veces en los últimos dos años, ocupando siempre las suites ejecutivas, que cuestan 150 dólares diarios más el impuesto local de 15%. Todas las veces se registraban muy tarde y se marchaban muy temprano.
Los detenidos permanecieron en Managua mientras las autoridades preguntaban a la embajada de México si el personal y las unidades aseguradas efectivamente pertenecían a Televisa o si se trataba de personas vinculadas con el crimen organizado.
“Hasta ayer (23 de agosto) al mediodía recibí respuesta oficial a través de la embajada de México confirmando que, de acuerdo a reportes de Televisa, no son trabajadores de esa cadena de televisión”, explicó la jefa de la Policía Nacional en conferencia de prensa el 24 de agosto.
Dijo que a partir de ello “procedimos con los interrogatorios en celda en busca de las evidencias que nos llevaran a buscar el vínculo de estas 18 personas con el crimen organizado transnacional”.
Luego la policía localizó la primera “caleta” (compartimento oculto) con el dinero y después las otras dos.
Un exoficial de la Jefatura de la Policía Nacional que pidió mantener su nombre en reserva dio su versión: “Es un ‘ajuste de cuentas’ entre cárteles, pues uno de ellos quiere sacar al otro del juego. Ese dinero debe ser el pago del traslado de algún cargamento de drogas anterior. Y alguien tendrá que pagarlo”.
“Periodista suplantada”
La acusación de la fiscalía señala que los fajos de billetes incautados tenían escritas diferentes leyendas. Unos iban identificados como “MT.MOTO DELVIN.ALVARO”; otros como “Leivin”, “Libra”, “T.E.SM. Maribel”, y el resto como “M 5.000”, “Roster.M M. MARIBEL” y “T.RAMOS.MOTO.DEIVIS.M. 10.000 PAN”. Además, 11 de las bolsas negras estaban identificadas con letras que van de la “C” a la “M”.
“Es dinero que podría ser de pequeños cárteles que reúnen fondos y contratan a gente para trasladarlos físicamente, ya que no pueden hacerlo a través del sistema financiero”, agregó el exjefe policial consultado.
En su último viaje la caravana de seis camionetas, con 18 ocupantes en total, recorrió alrededor de mil 400 kilómetros y atravesó los puestos fronterizos de México, Guatemala, Honduras y Nicaragua con el cargamento oculto de más de 9 millones de dólares. Además, los peritos encontraron presencia de cocaína en cuatro de los seis vehículos.
A solicitud del diario costarricense La Nación, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica confirmó que Raquel Alatorre Correa, la única mujer del grupo, entró y salió de Nicaragua 34 veces por el puesto fronterizo de Peñas Blancas entre enero de 2008 y junio de este año. Otras veces salió por el puesto de Sixaola, entre Costa Rica y Panamá, sitio que ha sido señalado como punto frecuente de trasiego de drogas, armas y dinero.
Alatorre Correa pasó por primera vez por el puesto fronterizo de Nicaragua rumbo a Costa Rica el 14 de enero de 2008 a medianoche. Y desde entonces siguió haciéndolo sin problemas.
Sobre ella, el presidente nicaragüense Daniel Ortega comentó el 24 de agosto ante los jefes policiales de República Dominicana y Colombia que se reunieron en Managua:
“Y dio la casualidad, la coincidencia, que este evento estaba en pleno intercambio, hablando ustedes de todos estos temas, cuando nos encontramos con esta información de que había ahí una caravana de supuestos ‘periodistas’. Venían muy bien encubiertos, venían con toda la documentación. Porque incluso se hizo una consulta de parte de la policía a México y allá confirmaron que efectivamente el nombre de la periodista sí estaba… pero estaba suplantada la periodista. La periodista existe, está allá en Televisa, pero estaba suplantada.”
A su vez, Granera insistió en la conferencia de prensa en que los detenidos no trabajaban en Televisa ni los vehículos pertenecían a esa compañía. Al contrario, dijo, la mayoría de ellos eran integrantes de empresas de vigilancia privada, según la Interpol.
En los documentos de la acusación aparecen los supuestos domicilios de los mexicanos. Salvo Alatorre Correa, quien declaró vivir en Mérida, Yucatán, y dos más que aseguraron residir en Guanajuato, el resto dio direcciones de la Ciudad de México. Proceso constató que las direcciones mencionadas por los detenidos son falsas: en la mayoría de los casos las calles o los números son inexistentes y en otros no corresponden a viviendas, sino a empresas o locales comerciales cuyos empleados dijeron no conocerlos.
Un caso fue la excepción: Raúl Alejandro Salinas Cervantes, de 32 años, quien dijo ser “ingeniero de edición y posproducción de audio y video”. Él dio como domicilio la calle Netzahualcóyotl número 162, colonia Aragón-La Villa, delegación Gustavo A. Madero. En ese domicilio se ubica un taller cuyo encargado admitió que Salinas trabajó ahí hace cuatro años, hasta que un día simplemente desapareció.
Fronteras vulnerables
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de Costa Rica, los vehículos y sus pasajeros registran un intenso movimiento migratorio en Centroamérica. La camioneta con placas 444XCJ entró y salió por Peñas Blancas, puesto fronterizo con Costa Rica, 19 veces entre abril de 2010 y febrero de este año. Las autoridades nicaragüenses indican que el vehículo está registrado a nombre de Julio César Alvarado Salas, uno de los 18 detenidos.
El exjefe policiaco nicaragüense comenta que “si han entrado y salido de Centroamérica abiertamente, eso indica que han estado moviendo muchísima plata todos estos años”.
Y agrega: “También confirma que fallaron completamente los sistemas de seguridad de cada país y a nivel regional, ya que se movieron con impunidad, y nunca se vieron en la necesidad de cambiar su fachada de periodistas de Televisa. Esto deja de lección que no hay que bajar la guardia ante el crimen organizado”.
Cinco de las seis camionetas tienen modernos equipos audiovisuales de grabación, edición y posproducción, cámaras de alta definición, conexión satelital y 16 aparatos de radiocomunicación Kenwood. Los detenidos también portaban 27 celulares y la jefa del grupo llevaba consigo importantes cantidades de efectivo en pesos, quetzales, lempiras, córdobas y dólares, para los gastos del viaje.
Juan Carlos Ampié, productor del programa de televisión nicaragüense Esta semana, se mostró sorprendido por la cantidad de vehículos y personas involucradas en la presunta cobertura periodística:
“Seis móviles de televisión y 18 personas en estos tiempos es una exageración. Tendría que ser un evento de gran magnitud para mover esos recursos, y ni aun así se explica. Si fuera cobertura noticiosa, una cadena televisiva mandaría a un equipo periodístico.”
Un excolaborador de La Prensa de Nicaragua narra a Proceso que el pasado junio, cuando se dirigía al norte del país para reportear un bloqueo en la carretera Panamericana, observó un accidente automovilístico. Se trataba, dice, de una de las unidades de la caravana de Televisa que chocó con un auto particular.
Dice que salió de su vehículo con su cámara digital para grabar el accidente, pero una mujer delgada, que se identificó como Raquel Alatorre, le pidió que no lo hiciera porque eso les provocaría problemas con sus “jefes” de Televisa. Además, le dijo que ella y sus compañeros iban de paso hacia Costa Rica y ya habían indemnizado al dueño del auto chocado.
El 28 de agosto Televisa emitió un comunicado en el que aseguró que “ha cooperado, desde el momento en que se suscitaron los hechos, con las autoridades mexicanas en las investigaciones que vienen realizando”.
Según el consorcio, “ninguno de los detenidos ha trabajado en Grupo Televisa y los vehículos confiscados no han formado parte de nuestro parque vehicular. Por su parte, Noticieros Televisa no cuenta con corresponsal alguno en ese país”.
Defensa sandinista
En el sector occidental de Managua, en la zona residencial de clase media baja Las Brisas, está la sede del bufete de Ramón Rojas, quien junto a su hijo y dos abogados más llevan la defensa de los 18 mexicanos. Su oficina es discreta. Carece de aire acondicionado y en lo que antaño fueron la sala, recámara y terraza de la residencia hay varios escritorios alineados.
Este bufete asumió la defensa de los mexicanos desde la audiencia preliminar, el 25 de agosto, ante el juez quinto de Distrito Penal de la Audiencia de Managua, Julio César Arias, quien les impuso prisión preventiva.
El bufete designó a tres abogados para llevar directamente el caso. Uno de ellos es Ramón Rojas Urroz, hijo del fundador y principal accionista del despacho, quien se quejó de que las autoridades no le han permitido hablar con sus clientes, detenidos en la cárcel preventiva de la Dirección de Auxilio Judicial en El Chipote (el cuartel general de Augusto César Sandino en la década de los treinta).
Rojas Urroz aseguró a El Nuevo Diario de Nicaragua que el bufete de su padre asumió primero la defensa de Raquel Alatorre Correa a solicitud de la madre de la mexicana –no identificada–, quien llamó a un amigo suyo en Nicaragua –no identificado tampoco– y éste le recomendó el bufete de Rojas. Después la defensa se extendió a todos los detenidos.
La versión es puesta en duda por un abogado de renombre, excolaborador de Ramón Rojas padre, quien pidió el anonimato: “Buscan a Ramón por sus contactos con la jefatura de la policía, con sus mandos, y también con los jueces. Esa gente (del crimen organizado) sabe que él tiene excelentes relaciones con ellos”, comenta.
Cabe destacar que Ramón Rojas padre llevó la defensa de tres integrantes de una banda del narcotráfico vinculada con el Cártel de Sinaloa –los mexicanos Juan Rosales Castañeda y Jesús Javier Flores Vega, y el nicaragüense Carlos Cisnado–, capturados en 2007 y acusados de construir una pista de aterrizaje clandestina para recibir embarques de droga.
Los principales integrantes de la organización fueron condenados hasta a 22 años de prisión, pero los mexicanos fueron extraditados a México en 2010 por indicaciones del presidente Ortega.
Antes, en 1998 y 1999, Rojas padre se hizo famoso porque asumió la defensa del ahora presidente Daniel Ortega cuando su hijastra Zoilamérica lo acusó de abuso sexual, caso que finalmente prescribió.
Además de los contactos policiacos y judiciales de Ramón Rojas, su esposa, Rafaela Urroz, es magistrada de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua y presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, organización que aglutina a la mayoría de los funcionarios judiciales de tendencia sandinista.
Rojas Urroz aseguró a El Nuevo Diario que la estrategia será admitir los delitos y buscar que la sentencia del juez sea menor de siete años.
“Es una estrategia que les promete que estarán poco tiempo en prisión, ya que con los beneficios del Código Penal en Nicaragua podrían salir libres poco a poco en el transcurso de dos años.”
A eso, en el argot judicial le llaman un chancleteo, o sea un favor”, dijo el abogado que pidió no ser identificado.
Sin embargo, la situación de los detenidos cambió radicalmente el pasado 31 de agosto debido a que el juez Arias admitió que se indague la probable comisión del delito de tráfico internacional de estupefacientes, por lo que la posible sanción contra los mexicanos podría ser superior a 20 años de prisión.
Ante ello, los abogados de la defensa anunciaron un cambio de estrategia: ya no admitirán los cargos imputados por la fiscalía. La audiencia inicial contra los 18 mexicanos se iniciará el próximo 18 de septiembre.
Este reportaje se publicó en la edición 1871 del semanario Proceso, actualmente en circulación.
Roberto Fonseca, Homera Campa y Raúl Monge
Televisa es propietaria de al menos una de las seis camionetas Chevrolet tipo Van que la Policía Nacional de Nicaragua decomisó el lunes 20 de agosto a 18 mexicanos acusados en ese país de lavado de dinero, delincuencia organizada y tráfico internacional de estupefacientes.
De acuerdo con datos del padrón vehicular de la Ciudad de México –a los que este semanario tuvo acceso–, el vehículo con placas 886XCR y número de serie 1GC2GTBG1A1135600 está a nombre de Televisa, S.A. de C.V.
El documento de acusación de la fiscalía de Nicaragua señala que la camioneta tenía compartimentos ocultos en los que se encontraron 11 maletas con 94 paquetes de dólares en billete.
Los peritos de la Unidad Especializada Anticorrupción y contra el Crimen Organizado de Nicaragua sometieron el dinero a la prueba Scintrex y detectaron partículas de cocaína, según consigna el documento de la acusación, del que Proceso tiene copia.
En dos camionetas más –con placas 571XXD y 165XCC– la policía nicaragüense encontró otras 35 maletas –unas eran completamente negras, otras tenían franjas azules o rojas– que también contenían paquetes de dólares.
Con base en ello, el 31 de agosto el juez de la causa, Julio César Arias, incorporó a las acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada el delito de tráfico internacional de estupefacientes, como lo había solicitado previamente la Fiscalía de Nicaragua. El documento de la fiscalía precisa que los mexicanos trasladaron de Costa Rica con destino a México “cocaína en grandes cantidades”. La última vez que habrían realizado el transporte de droga fue el pasado 9 de junio.
El “chivatazo”
La Policía Nacional de Nicaragua detuvo a los 18 mexicanos el 20 de agosto, pero los presentó a los medios de comunicación cuatro días después. Cuando fotógrafos y camarógrafos terminaron de tomarles imágenes, Aminta Granera, jefa de la Policía Nacional de Nicaragua, ordenó a los agentes de las tropas especiales que custodiaban a los detenidos que los retiraran del recinto. Entonces, la supuesta líder del grupo de mexicanos gritó: “¡Que nos juzguen aquí! ¡Tememos por nuestras familias!”.
Los documentos de la acusación refieren que Raquel Alatorre Correa dijo ser “reportera, presentadora y jefa de información”, sin precisar de qué medio de comunicación. Su pasaporte mexicano –número 8400011472– indica que tiene 30 años y reside en Yucatán.
En la presentación ante la prensa la mujer vestía camiseta morada y pantalón de mezclilla. Es de baja estatura y delgada. La mayor parte del tiempo estuvo ligeramente agachada y con las manos esposadas atrás de la cabeza.
Junto a ella había otros 15 mexicanos, algunos con camisetas con el emblema de Televisa estampado. Faltaban dos personas que –explicó Granera– estaban en revisión médica en el hospital de la Policía Nacional, pero no precisó los motivos de ello. Los detenidos estaban esposados, la mayoría permanecían cabizbajos.
Frente a ellos había 23 bolsas con 258 paquetes de dólares en billetes de diversas denominaciones. Granera explicó que alrededor de las 22:30 horas de la noche anterior –23 de agosto– habían encontrado el primer compartimento oculto en una de las camionetas con los logos de Televisa; ahí se detectaron las primeras bolsas de dinero.
Según el documento de 12 páginas, los paquetes de dólares eran trasladados en compartimentos ocultos en los tableros de tres de las seis Chevrolet 2011, en cada una de las cuales viajaban tres personas.
A las 18:56 del 24 de agosto el fiscal Javier Morazán Chavarría, director de la Unidad Especializada Anticorrupción y contra el Crimen Organizado, se presentó en los juzgados capitalinos en representación del Ministerio Público con la acusación oficial contra los 18 detenidos.
Agrega el documento: “Los acusados cumplían la función de presentar la fachada de ser parte de un convoy de la empresa Televisa y al mismo tiempo realizaban la función de supervisión, traslado y custodia del dinero que llevaban oculto en la caravana de vehículos antes referida”.
El escrito oficial, basado en el expediente policial A-0162-2012-000, indica que una denuncia anónima advirtió a las autoridades sobre el grupo de mexicanos y sus presuntos planes conspirativos contra Nicaragua. La llamada fue recibida en el teléfono de emergencia de la Policía Nacional en Nueva Segovia, frontera con Honduras, el 19 de agosto pasado por la noche.
De acuerdo con la corporación, un hombre que no se identificó expuso que oyó que un grupo de mexicanos hospedados en el hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa estaba interesado en “obtener información del Estado de Nicaragua y que dicha información sería utilizada para desprestigiar al gobierno de Nicaragua”. Agregó que se trataba de personas que viajaban en vehículos con los emblemas de Televisa.
Se activó entonces un operativo que concluyó con la detención del grupo el 20 de agosto, justo cuando entró a territorio nicaragüense por la garita de Las Manos, en la frontera con Honduras.
La acusación de la fiscalía refiere que los detenidos dijeron que “ingresaron a nuestro país con el objetivo de realizar investigaciones y la búsqueda de información de instituciones del Estado de Nicaragua; éstos manifestaron estar autorizados por la televisora mexicana Televisa Internacional. Dichas personas no portaban ningún documento de autorización para que realizaran investigación y búsqueda de información de instituciones del Estado de Nicaragua”.
Los 18 mexicanos fueron escoltados a Managua, donde quedaron bajo arraigo en el hotel Holiday Inn. En ese mismo hotel, confirmó posteriormente el Nuevo Diario, ya se habían hospedado cuatro veces en los últimos dos años, ocupando siempre las suites ejecutivas, que cuestan 150 dólares diarios más el impuesto local de 15%. Todas las veces se registraban muy tarde y se marchaban muy temprano.
Los detenidos permanecieron en Managua mientras las autoridades preguntaban a la embajada de México si el personal y las unidades aseguradas efectivamente pertenecían a Televisa o si se trataba de personas vinculadas con el crimen organizado.
“Hasta ayer (23 de agosto) al mediodía recibí respuesta oficial a través de la embajada de México confirmando que, de acuerdo a reportes de Televisa, no son trabajadores de esa cadena de televisión”, explicó la jefa de la Policía Nacional en conferencia de prensa el 24 de agosto.
Dijo que a partir de ello “procedimos con los interrogatorios en celda en busca de las evidencias que nos llevaran a buscar el vínculo de estas 18 personas con el crimen organizado transnacional”.
Luego la policía localizó la primera “caleta” (compartimento oculto) con el dinero y después las otras dos.
Un exoficial de la Jefatura de la Policía Nacional que pidió mantener su nombre en reserva dio su versión: “Es un ‘ajuste de cuentas’ entre cárteles, pues uno de ellos quiere sacar al otro del juego. Ese dinero debe ser el pago del traslado de algún cargamento de drogas anterior. Y alguien tendrá que pagarlo”.
“Periodista suplantada”
La acusación de la fiscalía señala que los fajos de billetes incautados tenían escritas diferentes leyendas. Unos iban identificados como “MT.MOTO DELVIN.ALVARO”; otros como “Leivin”, “Libra”, “T.E.SM. Maribel”, y el resto como “M 5.000”, “Roster.M M. MARIBEL” y “T.RAMOS.MOTO.DEIVIS.M. 10.000 PAN”. Además, 11 de las bolsas negras estaban identificadas con letras que van de la “C” a la “M”.
“Es dinero que podría ser de pequeños cárteles que reúnen fondos y contratan a gente para trasladarlos físicamente, ya que no pueden hacerlo a través del sistema financiero”, agregó el exjefe policial consultado.
En su último viaje la caravana de seis camionetas, con 18 ocupantes en total, recorrió alrededor de mil 400 kilómetros y atravesó los puestos fronterizos de México, Guatemala, Honduras y Nicaragua con el cargamento oculto de más de 9 millones de dólares. Además, los peritos encontraron presencia de cocaína en cuatro de los seis vehículos.
A solicitud del diario costarricense La Nación, la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica confirmó que Raquel Alatorre Correa, la única mujer del grupo, entró y salió de Nicaragua 34 veces por el puesto fronterizo de Peñas Blancas entre enero de 2008 y junio de este año. Otras veces salió por el puesto de Sixaola, entre Costa Rica y Panamá, sitio que ha sido señalado como punto frecuente de trasiego de drogas, armas y dinero.
Alatorre Correa pasó por primera vez por el puesto fronterizo de Nicaragua rumbo a Costa Rica el 14 de enero de 2008 a medianoche. Y desde entonces siguió haciéndolo sin problemas.
Sobre ella, el presidente nicaragüense Daniel Ortega comentó el 24 de agosto ante los jefes policiales de República Dominicana y Colombia que se reunieron en Managua:
“Y dio la casualidad, la coincidencia, que este evento estaba en pleno intercambio, hablando ustedes de todos estos temas, cuando nos encontramos con esta información de que había ahí una caravana de supuestos ‘periodistas’. Venían muy bien encubiertos, venían con toda la documentación. Porque incluso se hizo una consulta de parte de la policía a México y allá confirmaron que efectivamente el nombre de la periodista sí estaba… pero estaba suplantada la periodista. La periodista existe, está allá en Televisa, pero estaba suplantada.”
A su vez, Granera insistió en la conferencia de prensa en que los detenidos no trabajaban en Televisa ni los vehículos pertenecían a esa compañía. Al contrario, dijo, la mayoría de ellos eran integrantes de empresas de vigilancia privada, según la Interpol.
En los documentos de la acusación aparecen los supuestos domicilios de los mexicanos. Salvo Alatorre Correa, quien declaró vivir en Mérida, Yucatán, y dos más que aseguraron residir en Guanajuato, el resto dio direcciones de la Ciudad de México. Proceso constató que las direcciones mencionadas por los detenidos son falsas: en la mayoría de los casos las calles o los números son inexistentes y en otros no corresponden a viviendas, sino a empresas o locales comerciales cuyos empleados dijeron no conocerlos.
Un caso fue la excepción: Raúl Alejandro Salinas Cervantes, de 32 años, quien dijo ser “ingeniero de edición y posproducción de audio y video”. Él dio como domicilio la calle Netzahualcóyotl número 162, colonia Aragón-La Villa, delegación Gustavo A. Madero. En ese domicilio se ubica un taller cuyo encargado admitió que Salinas trabajó ahí hace cuatro años, hasta que un día simplemente desapareció.
Fronteras vulnerables
De acuerdo con la Dirección General de Aduanas de Costa Rica, los vehículos y sus pasajeros registran un intenso movimiento migratorio en Centroamérica. La camioneta con placas 444XCJ entró y salió por Peñas Blancas, puesto fronterizo con Costa Rica, 19 veces entre abril de 2010 y febrero de este año. Las autoridades nicaragüenses indican que el vehículo está registrado a nombre de Julio César Alvarado Salas, uno de los 18 detenidos.
El exjefe policiaco nicaragüense comenta que “si han entrado y salido de Centroamérica abiertamente, eso indica que han estado moviendo muchísima plata todos estos años”.
Y agrega: “También confirma que fallaron completamente los sistemas de seguridad de cada país y a nivel regional, ya que se movieron con impunidad, y nunca se vieron en la necesidad de cambiar su fachada de periodistas de Televisa. Esto deja de lección que no hay que bajar la guardia ante el crimen organizado”.
Cinco de las seis camionetas tienen modernos equipos audiovisuales de grabación, edición y posproducción, cámaras de alta definición, conexión satelital y 16 aparatos de radiocomunicación Kenwood. Los detenidos también portaban 27 celulares y la jefa del grupo llevaba consigo importantes cantidades de efectivo en pesos, quetzales, lempiras, córdobas y dólares, para los gastos del viaje.
Juan Carlos Ampié, productor del programa de televisión nicaragüense Esta semana, se mostró sorprendido por la cantidad de vehículos y personas involucradas en la presunta cobertura periodística:
“Seis móviles de televisión y 18 personas en estos tiempos es una exageración. Tendría que ser un evento de gran magnitud para mover esos recursos, y ni aun así se explica. Si fuera cobertura noticiosa, una cadena televisiva mandaría a un equipo periodístico.”
Un excolaborador de La Prensa de Nicaragua narra a Proceso que el pasado junio, cuando se dirigía al norte del país para reportear un bloqueo en la carretera Panamericana, observó un accidente automovilístico. Se trataba, dice, de una de las unidades de la caravana de Televisa que chocó con un auto particular.
Dice que salió de su vehículo con su cámara digital para grabar el accidente, pero una mujer delgada, que se identificó como Raquel Alatorre, le pidió que no lo hiciera porque eso les provocaría problemas con sus “jefes” de Televisa. Además, le dijo que ella y sus compañeros iban de paso hacia Costa Rica y ya habían indemnizado al dueño del auto chocado.
El 28 de agosto Televisa emitió un comunicado en el que aseguró que “ha cooperado, desde el momento en que se suscitaron los hechos, con las autoridades mexicanas en las investigaciones que vienen realizando”.
Según el consorcio, “ninguno de los detenidos ha trabajado en Grupo Televisa y los vehículos confiscados no han formado parte de nuestro parque vehicular. Por su parte, Noticieros Televisa no cuenta con corresponsal alguno en ese país”.
Defensa sandinista
En el sector occidental de Managua, en la zona residencial de clase media baja Las Brisas, está la sede del bufete de Ramón Rojas, quien junto a su hijo y dos abogados más llevan la defensa de los 18 mexicanos. Su oficina es discreta. Carece de aire acondicionado y en lo que antaño fueron la sala, recámara y terraza de la residencia hay varios escritorios alineados.
Este bufete asumió la defensa de los mexicanos desde la audiencia preliminar, el 25 de agosto, ante el juez quinto de Distrito Penal de la Audiencia de Managua, Julio César Arias, quien les impuso prisión preventiva.
El bufete designó a tres abogados para llevar directamente el caso. Uno de ellos es Ramón Rojas Urroz, hijo del fundador y principal accionista del despacho, quien se quejó de que las autoridades no le han permitido hablar con sus clientes, detenidos en la cárcel preventiva de la Dirección de Auxilio Judicial en El Chipote (el cuartel general de Augusto César Sandino en la década de los treinta).
Rojas Urroz aseguró a El Nuevo Diario de Nicaragua que el bufete de su padre asumió primero la defensa de Raquel Alatorre Correa a solicitud de la madre de la mexicana –no identificada–, quien llamó a un amigo suyo en Nicaragua –no identificado tampoco– y éste le recomendó el bufete de Rojas. Después la defensa se extendió a todos los detenidos.
La versión es puesta en duda por un abogado de renombre, excolaborador de Ramón Rojas padre, quien pidió el anonimato: “Buscan a Ramón por sus contactos con la jefatura de la policía, con sus mandos, y también con los jueces. Esa gente (del crimen organizado) sabe que él tiene excelentes relaciones con ellos”, comenta.
Cabe destacar que Ramón Rojas padre llevó la defensa de tres integrantes de una banda del narcotráfico vinculada con el Cártel de Sinaloa –los mexicanos Juan Rosales Castañeda y Jesús Javier Flores Vega, y el nicaragüense Carlos Cisnado–, capturados en 2007 y acusados de construir una pista de aterrizaje clandestina para recibir embarques de droga.
Los principales integrantes de la organización fueron condenados hasta a 22 años de prisión, pero los mexicanos fueron extraditados a México en 2010 por indicaciones del presidente Ortega.
Antes, en 1998 y 1999, Rojas padre se hizo famoso porque asumió la defensa del ahora presidente Daniel Ortega cuando su hijastra Zoilamérica lo acusó de abuso sexual, caso que finalmente prescribió.
Además de los contactos policiacos y judiciales de Ramón Rojas, su esposa, Rafaela Urroz, es magistrada de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de Managua y presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua, organización que aglutina a la mayoría de los funcionarios judiciales de tendencia sandinista.
Rojas Urroz aseguró a El Nuevo Diario que la estrategia será admitir los delitos y buscar que la sentencia del juez sea menor de siete años.
“Es una estrategia que les promete que estarán poco tiempo en prisión, ya que con los beneficios del Código Penal en Nicaragua podrían salir libres poco a poco en el transcurso de dos años.”
A eso, en el argot judicial le llaman un chancleteo, o sea un favor”, dijo el abogado que pidió no ser identificado.
Sin embargo, la situación de los detenidos cambió radicalmente el pasado 31 de agosto debido a que el juez Arias admitió que se indague la probable comisión del delito de tráfico internacional de estupefacientes, por lo que la posible sanción contra los mexicanos podría ser superior a 20 años de prisión.
Ante ello, los abogados de la defensa anunciaron un cambio de estrategia: ya no admitirán los cargos imputados por la fiscalía. La audiencia inicial contra los 18 mexicanos se iniciará el próximo 18 de septiembre.
Este reportaje se publicó en la edición 1871 del semanario Proceso, actualmente en circulación.
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