John Saxe-Fernández
Días antes de que, como estaba previsto, el Trife formalizara la imposición de Enrique Peña Nieto (EPN) sin indagación sobre los graves cargos planteados por el movimiento progresista, los diputados del PRI anunciaron “que se daría prioridad a la privatización del gas shale”, parte del paquete de reformas pendientes impulsadas a lo largo de tres décadas por EU y sus fichas locales, desde el FMI, BID y Banco Mundial (BM), subrogados al Tesoro y por tanto al ejecutivo. Los acuerdos de restructuración –energética, laboral, fiscal, etcétera–, en realidad se imponen a miembros clave del gabinete –ahora con toda probabilidad al equipo de transición de EPN.
Así se documentó en el pase de Salinas a Zedillo. En más de una ocasión los textos, en un inglés mal traducido, hasta se equivocan en el nombre de país. A decir de Joseph Stiglitz, ex primer economista del BM y Nobel, se trata de machotes a cuyos términos y fases prestan gran atención mendigantes y quebrados altos cargos, ya que cada reforma trae consigo un sustancioso paquete de empréstitos que incluyen jugosas comisiones (legales). A los préstamos de ajuste estructural para inducir la privatización de empresas públicas Stiglitz los llama empréstitos de sobornización.
En lugar de oponerse a la venta de industrias estatales, dijo Stiglitz al periodista/investigador Gregg Palast, “los líderes nacionales usando como excusa las ‘exigencias del FMI’, liquidan alegremente sus empresas de electricidad, agua...Podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión pagada en cuentas suizas, por sólo haber rebajado unos cuantos miles de millones del precio de venta de bienes nacionales”. Luego, refiriéndose a la orgía privatizadora de Yeltsin, agregó: y el gobierno de Estados Unidos lo sabía, haciéndose de la vista gorda del fraude electoral, ante lo fabuloso del botín. En México una lista oficial de 33 empréstitos estructurales del BM-BID de 1983 a 2011, sólo en el área agrícola, que devastaron la economía y la vida de millones de familias campesinas e indígenas, llega a los 11 mil 100 millones de dólares (mmd). Con 10 por ciento de comisión calcule el lector los depósitos a la cúpula política y técnica en los bancos suizos.
Para privatizar Pemex todavía más, EPN llega a los Pinos priorizando, dicen sus diputados, la apertura a “la participación de la IP en la exploración y explotación de los yacimientos de México de gas shale –que se estiman en 680 billones de pies cúbicos, la cuarta reserva mundial–”, según indican R. Garduño y E. Méndez (La Jornada, 29/8/ p.19). Tras el tóxico botín del gas shale están los potentados que en el sexenio que agoniza (un régimen de, por y para la IP) han fugado al exterior unos 145 mmd y a tienden a venderlo todo. También interesadas están, con interés poco disimulado, petroleras que buscan tajada en el festín privatizador de Pemex que ofrece EPN: ya en Agenda (No. 1001) se anuncia la Beca Exxon-Móbil para investigación en UNAM, dirigida a la formación de ingenieros, geólogos y científicos que contribuyan al desarrollo nacional (sic). Y acaso ¿para proteger el futuro de la juventud, fomentando respeto a la Constitución y a la soberanía nacional? ¿Fueron Rex Tillerson, CEO de Exxon y Tomás Hess, director de asuntos públicos, o nuestras autoridades las que nos advierten en letra muy chica: el contenido y cumplimiento es responsabilidad exclusiva del anunciante?
Cuando el cabildo de Exxon-Mobil, la mayor petrolera del mundo, opera o presiona para explotar megayacimientos de hidrocarburos no-convencionales, como el gas de esquisto (shale) en los estados del norte de México o en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, Argentina, es porque les urge el control y explotación de ese recurso, por ser un negocio fabuloso, aunque con efectos ambientales demoledores por el uso del fracking. Al gran negocio se agregan justificaciones estratégico-militares y la baja en costos por la cercanía de arenas bituminosas en Alberta, Canadá, o gas shale en nuestros estados norteños. Pero, como lo indicó Colin Powell en calidad de secretario de Estado de Estados Unidos, la idea es abrir el hemisferio de polo a polo a nuestras empresas.
Coda. Bajo Tillerson, con experiencia que lo vincula a la exploración gasera en Texas, Exxon, favorecida con gran levedad fiscal y enormes apoyos –junto a las petroleras de Estados Unidos se le subsidia con la depletion allowance–, utiliza sus vastas ganancias comprando empresas de gas con yacimientos, tecnologías o, de plano, en el caso de universidades que se presten a ello, las usa como plataforma, sea para contrarrestar advertencias de la comunidad científica sobre el vínculo del cambio climático con la quema de combustibles fósiles; fomentar nociones sobre la bondad de la geo-ingeniería para el calentamiento global o, como diría Thomas Jefferson, ¿acaso para otorgar justificación académica a la absorción de la prenda ambicionada”?
Días antes de que, como estaba previsto, el Trife formalizara la imposición de Enrique Peña Nieto (EPN) sin indagación sobre los graves cargos planteados por el movimiento progresista, los diputados del PRI anunciaron “que se daría prioridad a la privatización del gas shale”, parte del paquete de reformas pendientes impulsadas a lo largo de tres décadas por EU y sus fichas locales, desde el FMI, BID y Banco Mundial (BM), subrogados al Tesoro y por tanto al ejecutivo. Los acuerdos de restructuración –energética, laboral, fiscal, etcétera–, en realidad se imponen a miembros clave del gabinete –ahora con toda probabilidad al equipo de transición de EPN.
Así se documentó en el pase de Salinas a Zedillo. En más de una ocasión los textos, en un inglés mal traducido, hasta se equivocan en el nombre de país. A decir de Joseph Stiglitz, ex primer economista del BM y Nobel, se trata de machotes a cuyos términos y fases prestan gran atención mendigantes y quebrados altos cargos, ya que cada reforma trae consigo un sustancioso paquete de empréstitos que incluyen jugosas comisiones (legales). A los préstamos de ajuste estructural para inducir la privatización de empresas públicas Stiglitz los llama empréstitos de sobornización.
En lugar de oponerse a la venta de industrias estatales, dijo Stiglitz al periodista/investigador Gregg Palast, “los líderes nacionales usando como excusa las ‘exigencias del FMI’, liquidan alegremente sus empresas de electricidad, agua...Podías ver cómo se les abrían los ojos ante la posibilidad de una comisión pagada en cuentas suizas, por sólo haber rebajado unos cuantos miles de millones del precio de venta de bienes nacionales”. Luego, refiriéndose a la orgía privatizadora de Yeltsin, agregó: y el gobierno de Estados Unidos lo sabía, haciéndose de la vista gorda del fraude electoral, ante lo fabuloso del botín. En México una lista oficial de 33 empréstitos estructurales del BM-BID de 1983 a 2011, sólo en el área agrícola, que devastaron la economía y la vida de millones de familias campesinas e indígenas, llega a los 11 mil 100 millones de dólares (mmd). Con 10 por ciento de comisión calcule el lector los depósitos a la cúpula política y técnica en los bancos suizos.
Para privatizar Pemex todavía más, EPN llega a los Pinos priorizando, dicen sus diputados, la apertura a “la participación de la IP en la exploración y explotación de los yacimientos de México de gas shale –que se estiman en 680 billones de pies cúbicos, la cuarta reserva mundial–”, según indican R. Garduño y E. Méndez (La Jornada, 29/8/ p.19). Tras el tóxico botín del gas shale están los potentados que en el sexenio que agoniza (un régimen de, por y para la IP) han fugado al exterior unos 145 mmd y a tienden a venderlo todo. También interesadas están, con interés poco disimulado, petroleras que buscan tajada en el festín privatizador de Pemex que ofrece EPN: ya en Agenda (No. 1001) se anuncia la Beca Exxon-Móbil para investigación en UNAM, dirigida a la formación de ingenieros, geólogos y científicos que contribuyan al desarrollo nacional (sic). Y acaso ¿para proteger el futuro de la juventud, fomentando respeto a la Constitución y a la soberanía nacional? ¿Fueron Rex Tillerson, CEO de Exxon y Tomás Hess, director de asuntos públicos, o nuestras autoridades las que nos advierten en letra muy chica: el contenido y cumplimiento es responsabilidad exclusiva del anunciante?
Cuando el cabildo de Exxon-Mobil, la mayor petrolera del mundo, opera o presiona para explotar megayacimientos de hidrocarburos no-convencionales, como el gas de esquisto (shale) en los estados del norte de México o en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, Argentina, es porque les urge el control y explotación de ese recurso, por ser un negocio fabuloso, aunque con efectos ambientales demoledores por el uso del fracking. Al gran negocio se agregan justificaciones estratégico-militares y la baja en costos por la cercanía de arenas bituminosas en Alberta, Canadá, o gas shale en nuestros estados norteños. Pero, como lo indicó Colin Powell en calidad de secretario de Estado de Estados Unidos, la idea es abrir el hemisferio de polo a polo a nuestras empresas.
Coda. Bajo Tillerson, con experiencia que lo vincula a la exploración gasera en Texas, Exxon, favorecida con gran levedad fiscal y enormes apoyos –junto a las petroleras de Estados Unidos se le subsidia con la depletion allowance–, utiliza sus vastas ganancias comprando empresas de gas con yacimientos, tecnologías o, de plano, en el caso de universidades que se presten a ello, las usa como plataforma, sea para contrarrestar advertencias de la comunidad científica sobre el vínculo del cambio climático con la quema de combustibles fósiles; fomentar nociones sobre la bondad de la geo-ingeniería para el calentamiento global o, como diría Thomas Jefferson, ¿acaso para otorgar justificación académica a la absorción de la prenda ambicionada”?
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