John M. Ackerman
El problema principal con la democracia mexicana no es que algunos actores políticos no “acepten su derrota”, sino que demasiados aceptan la impunidad y la complicidad como algo normal y cotidiano. La debilidad más importante de la cultura política del país no es la supuesta ausencia de una “cultura de la legalidad”, sino una obediencia y respeto exagerados a los dictados de la autoridad. El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, ha pedido “darle vuelta a la hoja” de la impugnación de la elección de Enrique Peña Nieto. Pero los ciudadanos deberíamos hacer todo lo contrario si esperamos tener impacto en la agenda nacional durante el próximo sexenio.
Décadas de dominio de un régimen de partido de Estado comandado por el presidente de la República han inculcado una profunda admiración hacia la figura presidencial entre los mexicanos. A diferencia de otros países en América Latina, en México la tasa de aprobación para quien ostenta la banda presidencial pocas veces baja de 50%, aun en los momentos más difíciles. Esto contrasta con tasas que llegan a ser incluso menores a 30% en muchas naciones centroamericanas y de Sudamérica. Ni siquiera los desastrosos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón rompieron con esta tendencia histórica.
Pero esta situación podría cambiar, y para bien, en caso de que Peña Nieto llegue a Los Pinos. Los cuestionamientos hacia su persona y su elección son mucho más fuertes que los de 2006 con respecto a Felipe Calderón. Hace seis años Calderón hizo pactos inconfesables con dirigentes políticos y sociales como Elba Esther Gordillo, así como con el Consejo Coordinador Empresarial, y evidenció su falta de respeto por los principios más básicos de la democracia y la transparencia al rechazar la posibilidad de un recuento generalizado de la votación.
Pero hoy únicamente 37% de la población cree que Peña Nieto haya “ganado limpiamente”, de acuerdo con la encuesta más reciente de Covarrubias. La compra de votos, el sesgo mediático y la triangulación de recursos de procedencia desconocida hacia su campaña son innegables. Es también más complicado lidiar con un movimiento social autónomo y descentralizado como #YoSoy132 y la Convención Nacional Contra la Imposición que con un movimiento político que sigue las indicaciones de su líder.
En 2006, el cuestionamiento de la legitimidad de la elección y del gobierno de Calderón fue a todas luces justificado, y además rindió frutos políticos muy importantes. Si no fuera por las protestas, muy difícilmente hubiera sido tan productivo el Congreso de la Unión durante el último sexenio con la aprobación de una serie de reformas constitucionales históricas en las materias electoral, de transparencia, rendición de cuentas, justicia penal, derechos humanos y amparo, entre otras. Los legisladores solamente actúan cuando la presión social los obliga a hacerlo, en aras de recuperar su legitimidad cuestionada.
También debemos al movimiento de Andrés Manuel López Obrador el despido anticipado del fallido Consejo General del IFE encabezado por Luis Carlos Ugalde, y el freno al intento de privatización de Pemex impulsado por Calderón. Recordemos que la histórica reforma electoral de 1996 también fue resultado directo de la movilización social encarnada en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994.
Ahora bien, en un principio parecía que la decisión de López Obrador de confrontar en lugar de negociar con el régimen le iba a costar muy caro políticamente. Los voceros del régimen insistían en que este tipo de actitudes alejarían a la “clase media” y a los votantes “moderados”. Sin embargo, fueron precisamente los sectores más dinámicos de la sociedad los que apoyaron a López Obrador con mayor fuerza en esta ocasión.
Por ejemplo, de acuerdo con el periódico Reforma, los votantes “independientes”, aquellos con educación media superior o superior y los que buscaban un “cambio” o un gobierno “más honesto”, votaron de manera contundente a favor de López Obrador. En contraste, el apoyo más fuerte para Peña Nieto fue en las zonas rurales y entre los votantes con solamente educación primaria o mayores de 50 años de edad. Conforme se “modernice” la sociedad demográficamente, crecerán tanto el apoyo para la izquierda como las críticas hacia el PRI.
Es falso que una candidatura de Marcelo Ebrard hubiera podido conseguir más apoyo que López Obrador. Al contrario, sin el tabasqueño en la carrera, la campaña hubiera generado mucho menos interés y una participación ciudadana menor, algo que hubiera beneficiado de manera importante al PRI. Asimismo, el hecho de que Miguel Ángel Mancera recibiera un mayor porcentaje que López Obrador en el Distrito Federal no es un indicador de que hubo un voto de castigo en contra del candidato presidencial en la capital. Al contrario, el margen de victoria de Mancera se amplió precisamente gracias al enorme interés en salir a votar con motivo de la elección presidencial. El exprocurador capitalino también se benefició de la gran debilidad de sus contrincantes, Beatriz Paredes e Isabel Miranda de Wallace, rivales mucho menos relevantes que Peña Nieto y Vázquez Mota.
Así como todas las instituciones nacionales e internacionales (IFE, TEPJF, la SCJN y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se negaron a permitir que los ciudadanos pudiéramos tener acceso a las boletas electorales utilizadas en 2006, lo más probable es que en esta ocasión las instituciones tampoco funcionen para esclarecer lo que realmente pasó en 2012. Y del mismo modo en que todavía no sabemos exactamente cómo y por qué se murieron Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, tampoco tendremos claridad sobre los ríos de dinero utilizados en la campaña de Peña Nieto.
Ante la continuidad del vacío institucional y del incumplimiento constitucional, la única estrategia efectiva sería seguir por el sendero de la protesta. La confirmación por el TEPJF de la imposición de Peña Nieto es efectivamente una “derrota” que las fuerzas democráticas tendrán que asumir, pero también es una gran oportunidad para redoblar la lucha en contra de la corrupción, la impunidad y la manipulación, simplemente inaceptables en un país que busca avanzar por el sendero de la paz.
El problema principal con la democracia mexicana no es que algunos actores políticos no “acepten su derrota”, sino que demasiados aceptan la impunidad y la complicidad como algo normal y cotidiano. La debilidad más importante de la cultura política del país no es la supuesta ausencia de una “cultura de la legalidad”, sino una obediencia y respeto exagerados a los dictados de la autoridad. El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, ha pedido “darle vuelta a la hoja” de la impugnación de la elección de Enrique Peña Nieto. Pero los ciudadanos deberíamos hacer todo lo contrario si esperamos tener impacto en la agenda nacional durante el próximo sexenio.
Décadas de dominio de un régimen de partido de Estado comandado por el presidente de la República han inculcado una profunda admiración hacia la figura presidencial entre los mexicanos. A diferencia de otros países en América Latina, en México la tasa de aprobación para quien ostenta la banda presidencial pocas veces baja de 50%, aun en los momentos más difíciles. Esto contrasta con tasas que llegan a ser incluso menores a 30% en muchas naciones centroamericanas y de Sudamérica. Ni siquiera los desastrosos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón rompieron con esta tendencia histórica.
Pero esta situación podría cambiar, y para bien, en caso de que Peña Nieto llegue a Los Pinos. Los cuestionamientos hacia su persona y su elección son mucho más fuertes que los de 2006 con respecto a Felipe Calderón. Hace seis años Calderón hizo pactos inconfesables con dirigentes políticos y sociales como Elba Esther Gordillo, así como con el Consejo Coordinador Empresarial, y evidenció su falta de respeto por los principios más básicos de la democracia y la transparencia al rechazar la posibilidad de un recuento generalizado de la votación.
Pero hoy únicamente 37% de la población cree que Peña Nieto haya “ganado limpiamente”, de acuerdo con la encuesta más reciente de Covarrubias. La compra de votos, el sesgo mediático y la triangulación de recursos de procedencia desconocida hacia su campaña son innegables. Es también más complicado lidiar con un movimiento social autónomo y descentralizado como #YoSoy132 y la Convención Nacional Contra la Imposición que con un movimiento político que sigue las indicaciones de su líder.
En 2006, el cuestionamiento de la legitimidad de la elección y del gobierno de Calderón fue a todas luces justificado, y además rindió frutos políticos muy importantes. Si no fuera por las protestas, muy difícilmente hubiera sido tan productivo el Congreso de la Unión durante el último sexenio con la aprobación de una serie de reformas constitucionales históricas en las materias electoral, de transparencia, rendición de cuentas, justicia penal, derechos humanos y amparo, entre otras. Los legisladores solamente actúan cuando la presión social los obliga a hacerlo, en aras de recuperar su legitimidad cuestionada.
También debemos al movimiento de Andrés Manuel López Obrador el despido anticipado del fallido Consejo General del IFE encabezado por Luis Carlos Ugalde, y el freno al intento de privatización de Pemex impulsado por Calderón. Recordemos que la histórica reforma electoral de 1996 también fue resultado directo de la movilización social encarnada en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994.
Ahora bien, en un principio parecía que la decisión de López Obrador de confrontar en lugar de negociar con el régimen le iba a costar muy caro políticamente. Los voceros del régimen insistían en que este tipo de actitudes alejarían a la “clase media” y a los votantes “moderados”. Sin embargo, fueron precisamente los sectores más dinámicos de la sociedad los que apoyaron a López Obrador con mayor fuerza en esta ocasión.
Por ejemplo, de acuerdo con el periódico Reforma, los votantes “independientes”, aquellos con educación media superior o superior y los que buscaban un “cambio” o un gobierno “más honesto”, votaron de manera contundente a favor de López Obrador. En contraste, el apoyo más fuerte para Peña Nieto fue en las zonas rurales y entre los votantes con solamente educación primaria o mayores de 50 años de edad. Conforme se “modernice” la sociedad demográficamente, crecerán tanto el apoyo para la izquierda como las críticas hacia el PRI.
Es falso que una candidatura de Marcelo Ebrard hubiera podido conseguir más apoyo que López Obrador. Al contrario, sin el tabasqueño en la carrera, la campaña hubiera generado mucho menos interés y una participación ciudadana menor, algo que hubiera beneficiado de manera importante al PRI. Asimismo, el hecho de que Miguel Ángel Mancera recibiera un mayor porcentaje que López Obrador en el Distrito Federal no es un indicador de que hubo un voto de castigo en contra del candidato presidencial en la capital. Al contrario, el margen de victoria de Mancera se amplió precisamente gracias al enorme interés en salir a votar con motivo de la elección presidencial. El exprocurador capitalino también se benefició de la gran debilidad de sus contrincantes, Beatriz Paredes e Isabel Miranda de Wallace, rivales mucho menos relevantes que Peña Nieto y Vázquez Mota.
Así como todas las instituciones nacionales e internacionales (IFE, TEPJF, la SCJN y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos) se negaron a permitir que los ciudadanos pudiéramos tener acceso a las boletas electorales utilizadas en 2006, lo más probable es que en esta ocasión las instituciones tampoco funcionen para esclarecer lo que realmente pasó en 2012. Y del mismo modo en que todavía no sabemos exactamente cómo y por qué se murieron Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake Mora, tampoco tendremos claridad sobre los ríos de dinero utilizados en la campaña de Peña Nieto.
Ante la continuidad del vacío institucional y del incumplimiento constitucional, la única estrategia efectiva sería seguir por el sendero de la protesta. La confirmación por el TEPJF de la imposición de Peña Nieto es efectivamente una “derrota” que las fuerzas democráticas tendrán que asumir, pero también es una gran oportunidad para redoblar la lucha en contra de la corrupción, la impunidad y la manipulación, simplemente inaceptables en un país que busca avanzar por el sendero de la paz.
Comentarios