Eduardo García Ayala, titular del área de Convivencia Intercultural y Diversidad Lingüística de la Sederec, explica que sus 44 intérpretes en 35 lenguas están certificados por universidades públicas en temas de salud, educación y justicia, por lo que cualquier dependencia puede solicitárselos. Pero son insuficientes.
Notimex
Atender las necesidades de los hablantes de lenguas indígenas que hay en el Distrito Federal –más de 122 mil, divididos en múltiples variantes- representa un difícil reto que las autoridades capitalinas apenas comienzan a asumir, pues aun cuando la mayoría domine el español, la atención en su lengua materna es una derecho que debe cumplirse.
Desde 2007 el Gobierno del Distrito Federal creó la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), pero apenas este año comenzó a operar su padrón de intérpretes y traductores de manera formal, para una ciudad donde se tienen identificados miembros de al menos 55 de los 68 grupos lingüísticos que existen en México.
Eduardo García Ayala, titular del área de Convivencia Intercultural y Diversidad Lingüística de la Sederec, explica que sus 44 intérpretes en 35 lenguas están certificados por universidades públicas en temas de salud, educación y justicia, por lo que cualquier dependencia puede solicitárselos. Pero son insuficientes.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) utiliza desde 2002 los servicios de la Organización de Traductores Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, una asociación civil con la que pretende cubrir el déficit de traductores en los Ministerios Públicos (MP), donde ese derecho debe ser garantizado a como dé lugar.
Un MP tiene 48 horas para integrar una averiguación previa, y en ese tiempo debe recabar pruebas suficientes para decidir si libera o consigna a un acusado. Si alguna de las partes o testigo involucrado es indígena debe conseguir un traductor y a veces hasta un perito que haga un dictamen cultural sobre usos y costumbres.
“Es un periodo muy corto” comenta Luis Pérez Eguiarte, fiscal a cargo de las Agencias Especializadas Desconcentradas, el área dentro de la PGJDF encargada de atender los casos en que se ven implicados diplomáticos, turistas extranjeros e indígenas, entre otros sectores.
“En ocasiones nos la vemos difícil para atender a tanta gente en su lengua, hay lenguas que las hablan mil personas, conseguir un intérprete de esas lenguas es muy difícil” afirma el fiscal.
Pérez Eguiarte reconoce que ante la presión de tiempo, la falta de intérpretes y la necesidad de garantizar este derecho, en ocasiones tienen que utilizar como traductores a familiares de los implicados, algo que no es deseable porque puede afectar la imparcialidad del proceso.
“En 2011 recibimos 40 quejas vinculadas con personas indígenas, y les podría decir que en su mayoría tenían que ver con el derecho al debido proceso”, afirma a su vez Guadalupe Cabrera, cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Cabrera comenta un caso, para ejemplificar la importancia de la imparcialidad de los traductores:
Una joven tsotsil de Chiapas fue asesinada en la capital; la policía capturó como sospechoso del crimen a un chico proveniente de la misma comunidad y el traductor es también de la misma comunidad.
La hermana de la víctima es llamada como testigo en el caso. Ella no habla español. Declara conocer al sospechoso y que su hermana también lo conocía, pero que no tiene elementos para pensar que él la mató.
La muchacha regresa a su pueblo y mucho tiempo después se entera que el traductor tergiversó la declaración y que el sospechoso está en prisión porque supuestamente ella lo señaló como el asesino de su hermana.
Son casos a los que se enfrentan por un lado las autoridades por esa falta de traductores certificados y la variedad lingüística que posee México.
De acuerdo con García Ayala, las lenguas indígenas y sus dialectos están concentrados en comunidades muy específicas por lo que es probable que sus hablantes se conozcan pese a haber migrado, por ello es deseable tener varios traductores de una misma lengua.
El objetivo a largo plazo, agrega el funcionario de la Sederec, es tener un traductor para cada una de las partes en juicio, incluyendo a los jueces, secretarios técnicos y otros funcionarios que intervienen además de las víctimas y los acusados.
El fiscal Pérez Eguiarte va más allá, y asegura que además de traductores se necesitaría tener ministerios públicos y defensores de oficio que dominen las lenguas indígenas, y en ese sentido comenta que la PGJDF cuenta apenas con un defensor de oficio que habla mixteco y cuatro ministerios públicos de origen indígena.
Tal vez por el nivel de injusticia, crudeza y debilidad humana visible en los casos penales, sea este tema el de mayor impacto en medios y el que más cala en la sociedad, pero tanto la CDHDF como la Sederec aclaran que las necesidades de los indígenas no están sólo en este rubro, pues se requieren traductores para trámites de acceso a vivienda, salud y empleo.
Los tres entrevistados coinciden, por separado, que los conflictos entre indígenas por la propiedad de inmuebles son comunes en el DF y que en estos casos además del idioma deben tomarse en cuenta los usos y costumbres porque los derechos de los integrantes de una comunidad a veces están condicionados a figuras como el tequio o mayordomías.
García Ayala relata un caso de acceso a la salud, el de un niño proveniente de una comunidad náhuatl de Guerrero quien fue sometido a quimioterapia en el Hospital Infantil del Distrito Federal. La Sederec tuvo que intervenir para explicar a los padres los pormenores del tratamiento y los cuidados especiales que tendrían que darle en casa.
Guadalupe Cabrera recuerda otro, por la demanda laboral interpuesta por una mujer de origen totonaco a la que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sometió a un examen psicológico para ver si entendía el Español, pero luego de la intervención de la CDHDF se le asignó un traductor y la resolución final, a favor de la mujer, se escribió en totonaco.
Para los tres entrevistados también es evidente que falta la capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos para atender y entender a los miembros de las culturas originarias, y aseguran que cada instancia trabaja en ese sentido.
“A recomendación del jefe de Gobierno estamos tomando clases de náhuatl, ¡qué idioma tan difícil!, no tiene verbos”, expresa el fiscal, a lo que se debe añadir que esa lengua tampoco tiene artículos ni diferencia entre el plural o el singular:
En el náhuatl, como en la mayoría de las lenguas indígenas que se hablan en México, la diferencia entre “yo” y “nosotros” simplemente no existe. Tal vez por eso siguen vivas a pesar de todo.
Notimex
Atender las necesidades de los hablantes de lenguas indígenas que hay en el Distrito Federal –más de 122 mil, divididos en múltiples variantes- representa un difícil reto que las autoridades capitalinas apenas comienzan a asumir, pues aun cuando la mayoría domine el español, la atención en su lengua materna es una derecho que debe cumplirse.
Desde 2007 el Gobierno del Distrito Federal creó la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec), pero apenas este año comenzó a operar su padrón de intérpretes y traductores de manera formal, para una ciudad donde se tienen identificados miembros de al menos 55 de los 68 grupos lingüísticos que existen en México.
Eduardo García Ayala, titular del área de Convivencia Intercultural y Diversidad Lingüística de la Sederec, explica que sus 44 intérpretes en 35 lenguas están certificados por universidades públicas en temas de salud, educación y justicia, por lo que cualquier dependencia puede solicitárselos. Pero son insuficientes.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) utiliza desde 2002 los servicios de la Organización de Traductores Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas, una asociación civil con la que pretende cubrir el déficit de traductores en los Ministerios Públicos (MP), donde ese derecho debe ser garantizado a como dé lugar.
Un MP tiene 48 horas para integrar una averiguación previa, y en ese tiempo debe recabar pruebas suficientes para decidir si libera o consigna a un acusado. Si alguna de las partes o testigo involucrado es indígena debe conseguir un traductor y a veces hasta un perito que haga un dictamen cultural sobre usos y costumbres.
“Es un periodo muy corto” comenta Luis Pérez Eguiarte, fiscal a cargo de las Agencias Especializadas Desconcentradas, el área dentro de la PGJDF encargada de atender los casos en que se ven implicados diplomáticos, turistas extranjeros e indígenas, entre otros sectores.
“En ocasiones nos la vemos difícil para atender a tanta gente en su lengua, hay lenguas que las hablan mil personas, conseguir un intérprete de esas lenguas es muy difícil” afirma el fiscal.
Pérez Eguiarte reconoce que ante la presión de tiempo, la falta de intérpretes y la necesidad de garantizar este derecho, en ocasiones tienen que utilizar como traductores a familiares de los implicados, algo que no es deseable porque puede afectar la imparcialidad del proceso.
“En 2011 recibimos 40 quejas vinculadas con personas indígenas, y les podría decir que en su mayoría tenían que ver con el derecho al debido proceso”, afirma a su vez Guadalupe Cabrera, cuarta visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Cabrera comenta un caso, para ejemplificar la importancia de la imparcialidad de los traductores:
Una joven tsotsil de Chiapas fue asesinada en la capital; la policía capturó como sospechoso del crimen a un chico proveniente de la misma comunidad y el traductor es también de la misma comunidad.
La hermana de la víctima es llamada como testigo en el caso. Ella no habla español. Declara conocer al sospechoso y que su hermana también lo conocía, pero que no tiene elementos para pensar que él la mató.
La muchacha regresa a su pueblo y mucho tiempo después se entera que el traductor tergiversó la declaración y que el sospechoso está en prisión porque supuestamente ella lo señaló como el asesino de su hermana.
Son casos a los que se enfrentan por un lado las autoridades por esa falta de traductores certificados y la variedad lingüística que posee México.
De acuerdo con García Ayala, las lenguas indígenas y sus dialectos están concentrados en comunidades muy específicas por lo que es probable que sus hablantes se conozcan pese a haber migrado, por ello es deseable tener varios traductores de una misma lengua.
El objetivo a largo plazo, agrega el funcionario de la Sederec, es tener un traductor para cada una de las partes en juicio, incluyendo a los jueces, secretarios técnicos y otros funcionarios que intervienen además de las víctimas y los acusados.
El fiscal Pérez Eguiarte va más allá, y asegura que además de traductores se necesitaría tener ministerios públicos y defensores de oficio que dominen las lenguas indígenas, y en ese sentido comenta que la PGJDF cuenta apenas con un defensor de oficio que habla mixteco y cuatro ministerios públicos de origen indígena.
Tal vez por el nivel de injusticia, crudeza y debilidad humana visible en los casos penales, sea este tema el de mayor impacto en medios y el que más cala en la sociedad, pero tanto la CDHDF como la Sederec aclaran que las necesidades de los indígenas no están sólo en este rubro, pues se requieren traductores para trámites de acceso a vivienda, salud y empleo.
Los tres entrevistados coinciden, por separado, que los conflictos entre indígenas por la propiedad de inmuebles son comunes en el DF y que en estos casos además del idioma deben tomarse en cuenta los usos y costumbres porque los derechos de los integrantes de una comunidad a veces están condicionados a figuras como el tequio o mayordomías.
García Ayala relata un caso de acceso a la salud, el de un niño proveniente de una comunidad náhuatl de Guerrero quien fue sometido a quimioterapia en el Hospital Infantil del Distrito Federal. La Sederec tuvo que intervenir para explicar a los padres los pormenores del tratamiento y los cuidados especiales que tendrían que darle en casa.
Guadalupe Cabrera recuerda otro, por la demanda laboral interpuesta por una mujer de origen totonaco a la que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje sometió a un examen psicológico para ver si entendía el Español, pero luego de la intervención de la CDHDF se le asignó un traductor y la resolución final, a favor de la mujer, se escribió en totonaco.
Para los tres entrevistados también es evidente que falta la capacitación y sensibilización de los funcionarios públicos para atender y entender a los miembros de las culturas originarias, y aseguran que cada instancia trabaja en ese sentido.
“A recomendación del jefe de Gobierno estamos tomando clases de náhuatl, ¡qué idioma tan difícil!, no tiene verbos”, expresa el fiscal, a lo que se debe añadir que esa lengua tampoco tiene artículos ni diferencia entre el plural o el singular:
En el náhuatl, como en la mayoría de las lenguas indígenas que se hablan en México, la diferencia entre “yo” y “nosotros” simplemente no existe. Tal vez por eso siguen vivas a pesar de todo.
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