Álvaro Delgado
Los priistas y sus sicarios chillan por la potencial conflictividad social si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) convalida las trampas de Enrique Peña Nieto, pero esa hipótesis fue planteada hace un año por el magistrado Flavio Galván Rivera.
En una charla periodística que tuve con él, publicada en Proceso, el 5 de agosto del año pasado, Galván Rivera –el único de los nueve magistrados que aparentemente no obtuvo el cargo por el padrinazgo de un partido–, advirtió que, además de garantizar los principios constitucionales, así como la libertad y la secrecía del voto en la elección presidencial, el TEPJF debe garantizar la paz social.
“Más allá de todos los principios constitucionales y político-jurídicos en materia electoral, el Tribunal es garante de la paz social. Si hace un trabajo adecuado, como un órgano imparcial, de derecho, y hace una calificación de la elección presidencial con estos principios y estas características, tendremos paz social. Entonces es un gran reto, una gran responsabilidad”.
–¿Y al contrario? –le pregunté.
–Podríamos atentar contra esa paz social –respondió–. Si no hay estabilidad política, y esto la historia de México nos lo cuenta con mucha frecuencia y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, no hay paz social.
Puntualizó el expresidente del TEPJF: “Para que haya esa paz social, la política debe mantener un equilibrio y obviamente los políticos, y para mantener ese equilibrio necesitamos darle un análisis, una calificación de la elección presidencial que sea creíble, objetiva, imparcial”.
Con medio siglo en tribunales, y directamente involucrado en la quinta elección presidencial, Galván puede hacer la diferencia entre sus compañeros magistrados en el análisis de las pruebas e indicios sobre la calidad de la elección presidencial, y determinar un asunto crucial: Si fue libre y auténtica, como ordena la Constitución.
Como se da por hecho que el TEPJF declarará válida la elección, como aquí se apuntó la semana pasada, es preciso también que se considere que, a diferencia de 2006, ahora sí es posible la nulidad por violaciones a principios constitucionales, como el de la equidad en la competencia.
En 2006, los magistrados reconocieron como sucia la elección, pero la declararon legalmente válida supuestamente porque no existía expresamente esa medida extrema en la Constitución y en la ley, algo que Galván, entonces secretario del TEPJF, consideró erróneo.
En su libro Derecho procesal electoral mexicano, publicado precisamente en julio de 2006, incluyó un apartado titulado “Una inquietud inquietante: ¿Se puede declarar la nulidad de la elección presidencial?”, y respondió que sí.
“Un acto jurídico sólo puede ser declarado existente o inexistente, válido o nulo, nulo absoluto, relativo o de pleno derecho”, subrayó Galván en la entrevista que tuve con él en su oficina del TEPJF.
Lo mismo dijo de la elección presidencial: “Así como puede ser declarada válida, puede ser declarada nula. Es como cuando examinamos a alguien: Prueba o reprueba. No hay alternativa. No puede quedarse en un punto medio.”
La reforma constitucional de 2007-2008 prevé, en el artículo 99, la nulidad de la elección presidencial, una decisión que está en manos de los nueve magistrados que, si actúan con la misma lógica de 2006, podrán generar condiciones de inestabilidad política, como advierte Galván.
No hay duda de que se sabrá cuánto gastó Peña Nieto para comprar la Presidencia de la República –que en una elección libre jamás hubiera obtenido los votos que se le atribuyen oficialmente–, pero para entonces estará ya instalado en el cargo y con el control de todos los mecanismos represivos con los que dará, seguramente, respuesta a quienes lo impugnen.
Los magistrados están en una encrucijada: Ejercen su libertad y sus facultades constitucionales o condenan al país al abismo.
Apuntes
Además de Peña y sus cómplices, un personaje prominente sabe a detalle los miles de millones de pesos que se despilfarraron para imponer al priista en la Presidencia de la República: Felipe Calderón. Pero como lo sabe, aun antes del 1 de julio, lo aprovecha para obtener impunidad e inmunidad. “El priista que todos llevamos dentro”, como siempre se ufanó, se ha expresado a plenitud: Calderón es compinche de Peña. Y los panistas lo saben. Por eso el opaco Ernesto Cordero será presidente del Senado, mientras el perredista poblano Luis Miguel Barbosa –paisano y amigo del golpeador Javier Lozano– se traga las migajas… La reunión del presidente del PAN, Gustavo Madero, con el del PRD, Jesús Zambrano, con sus respectivos coordinadores parlamentarios, es una mascarada. El PAN se sumará al PRI en los temas fundamentales…
Los priistas y sus sicarios chillan por la potencial conflictividad social si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) convalida las trampas de Enrique Peña Nieto, pero esa hipótesis fue planteada hace un año por el magistrado Flavio Galván Rivera.
En una charla periodística que tuve con él, publicada en Proceso, el 5 de agosto del año pasado, Galván Rivera –el único de los nueve magistrados que aparentemente no obtuvo el cargo por el padrinazgo de un partido–, advirtió que, además de garantizar los principios constitucionales, así como la libertad y la secrecía del voto en la elección presidencial, el TEPJF debe garantizar la paz social.
“Más allá de todos los principios constitucionales y político-jurídicos en materia electoral, el Tribunal es garante de la paz social. Si hace un trabajo adecuado, como un órgano imparcial, de derecho, y hace una calificación de la elección presidencial con estos principios y estas características, tendremos paz social. Entonces es un gran reto, una gran responsabilidad”.
–¿Y al contrario? –le pregunté.
–Podríamos atentar contra esa paz social –respondió–. Si no hay estabilidad política, y esto la historia de México nos lo cuenta con mucha frecuencia y sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, no hay paz social.
Puntualizó el expresidente del TEPJF: “Para que haya esa paz social, la política debe mantener un equilibrio y obviamente los políticos, y para mantener ese equilibrio necesitamos darle un análisis, una calificación de la elección presidencial que sea creíble, objetiva, imparcial”.
Con medio siglo en tribunales, y directamente involucrado en la quinta elección presidencial, Galván puede hacer la diferencia entre sus compañeros magistrados en el análisis de las pruebas e indicios sobre la calidad de la elección presidencial, y determinar un asunto crucial: Si fue libre y auténtica, como ordena la Constitución.
Como se da por hecho que el TEPJF declarará válida la elección, como aquí se apuntó la semana pasada, es preciso también que se considere que, a diferencia de 2006, ahora sí es posible la nulidad por violaciones a principios constitucionales, como el de la equidad en la competencia.
En 2006, los magistrados reconocieron como sucia la elección, pero la declararon legalmente válida supuestamente porque no existía expresamente esa medida extrema en la Constitución y en la ley, algo que Galván, entonces secretario del TEPJF, consideró erróneo.
En su libro Derecho procesal electoral mexicano, publicado precisamente en julio de 2006, incluyó un apartado titulado “Una inquietud inquietante: ¿Se puede declarar la nulidad de la elección presidencial?”, y respondió que sí.
“Un acto jurídico sólo puede ser declarado existente o inexistente, válido o nulo, nulo absoluto, relativo o de pleno derecho”, subrayó Galván en la entrevista que tuve con él en su oficina del TEPJF.
Lo mismo dijo de la elección presidencial: “Así como puede ser declarada válida, puede ser declarada nula. Es como cuando examinamos a alguien: Prueba o reprueba. No hay alternativa. No puede quedarse en un punto medio.”
La reforma constitucional de 2007-2008 prevé, en el artículo 99, la nulidad de la elección presidencial, una decisión que está en manos de los nueve magistrados que, si actúan con la misma lógica de 2006, podrán generar condiciones de inestabilidad política, como advierte Galván.
No hay duda de que se sabrá cuánto gastó Peña Nieto para comprar la Presidencia de la República –que en una elección libre jamás hubiera obtenido los votos que se le atribuyen oficialmente–, pero para entonces estará ya instalado en el cargo y con el control de todos los mecanismos represivos con los que dará, seguramente, respuesta a quienes lo impugnen.
Los magistrados están en una encrucijada: Ejercen su libertad y sus facultades constitucionales o condenan al país al abismo.
Apuntes
Además de Peña y sus cómplices, un personaje prominente sabe a detalle los miles de millones de pesos que se despilfarraron para imponer al priista en la Presidencia de la República: Felipe Calderón. Pero como lo sabe, aun antes del 1 de julio, lo aprovecha para obtener impunidad e inmunidad. “El priista que todos llevamos dentro”, como siempre se ufanó, se ha expresado a plenitud: Calderón es compinche de Peña. Y los panistas lo saben. Por eso el opaco Ernesto Cordero será presidente del Senado, mientras el perredista poblano Luis Miguel Barbosa –paisano y amigo del golpeador Javier Lozano– se traga las migajas… La reunión del presidente del PAN, Gustavo Madero, con el del PRD, Jesús Zambrano, con sus respectivos coordinadores parlamentarios, es una mascarada. El PAN se sumará al PRI en los temas fundamentales…
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