El presidente de MVS revela el chantaje del gobierno de Calderón para acallar a la periodista y denuncia que en represalia le cancelan la concesión de la banda de 2.5 GHz. Los involucrados lo niegan
Georgina Howard
“Tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, tu proyecto se lo lleva la chingada”.
Eran las siete y media de la noche del 6 de febrero de 2011.
Javier Lozano, entonces secretario de Trabajo de Felipe Calderón, se había reunido con el director de MVS, Joaquín Vargas, en la casa de un amigo mutuo, para lanzar la amenaza.
Y es que el viernes previo, el 4 de febrero, aunque no se había hecho público, los directivos de MVS decidieron que ése había sido el último día del programa Aristegui Noticias.
"Esto que estás haciendo Joaquín es un auténtico chantaje y no lo puedo transmitir así al gobierno, y en este gobierno no se amenaza”
La exigencia venía directamente de Los Pinos porque en el noticiero del viernes, la periodista preguntó al aire: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente?”.
El relato no es ficción. Lo hizo de voz propia el presidente de MVS, Joaquín Vargas, en la conferencia de prensa que dio ayer por la mañana para defenderse del retiro unilateral que hizo el gobierno de la concesión de la banda de 2.5 GHz.
El concesionario desenmascaró lo que considera un chantaje del gobierno de Calderón al canjearle la ratificación del espectro a cambio de silenciar a Carmen Aristegui.
El lunes 7 de febrero de 2011, la gran audiencia de Aristegui no podía entender qué pasaba.
El viernes 4 de febrero, cuenta Joaquín Vargas, recibió una llamada “de la señora Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”.
Coincidentemente, para ese mismo día se había programado con anticipación una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, a fin de revisar los asuntos relacionados a la banda de 2.5 GHz.
Vargas acudió a la cita acompañado de algunos ejecutivos de su empresa. En la sala de juntas del secretario, le informaron que Pérez-Jácome quería verlo previamente.
“Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda ‘2.5 GHz’”, recuerda Vargas.
“Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MVS, y en especial el de la 2.5, hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente”, le dijo Pérez-Jácome.
Y le advirtió: “Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo.
“Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión, inclusive si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día ‘feriado’, yo con mucho gusto los recibo en esta Secretaría”, le dijo el titular de la SCT al presidente de MVS.
“Lo que sobrevino en los días posteriores”, relata Joaquín Vargas, “es que sostuve diversos encuentros, intercambié mensajes y llamadas con funcionarios del gobierno federal, particularmente con la señora Alejandra Sota y con el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano.
“En todas ellas advertí que la periodista Carmen Aristegui no aceptaría disculparse en los términos que ellos nos exigían, y que yo estaría obligado a despedirla, indicándoles lo que esto representaba y lo que significaría”.
Pocas semanas después, ante la presión social y el escándalo internacional por el atentado presidencial a la libertad de expresión, en Los Pinos cambiaron de opinión.
Carmen Aristegui regresó nuevamente a su programa.
Sin embargo, el rencor permaneció ahí, como también la amenaza de no refrendar las concesiones a MVS.
Finalmente, el pasado 8 de agosto, la amenaza se cumplió. Y al proyecto de Joaquín Vargas “se lo cargó la chingada”, como se lo advirtió Javier Lozano, según lo expresado ayer por Joaquín Vargas.
Segundos pisos a Televisa
El presidente de MVS acusó en la rueda de prensa que el actual gobierno es complaciente con esta televisora
A nosotros “nos bloquean la autopista, y a Televisa le construyen segundos pisos”, dijo Vargas en la conferencia de prensa.
Y es que el gobierno del presidente Felipe Calderón no solo cumplió las amenazas que le había hecho al grupo MVS por no ahogar la voz de Carmen Aristegui, sino que terminó favoreciendo a sus competidores, señaló el empresario.
En una acción nunca antes vista, Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de MVS, acusó al actual gobierno de arbitrario y complaciente con una sola empresa: Televisa.
Explicó que el rescate de la banda 2.5 es una decisión “equivocada” que evidencia la determinación del gobierno de no permitirles explotarla con el argumento de que MVS quiere monopolizarla.
Vargas puso en evidencia la falta de políticas públicas en materia de telecomunicaciones, la necesidad de reformar las leyes y la decisión irrefutable de llegar hasta los tribunales para defender su derecho.
Si el gobierno no modifica su decisión y los litigios prosiguen, Vargas anticipó que se mantendrán detenidas las inversiones por cinco años, hasta que concluya el proceso legal.
Anticipó a Reporte Indigo que una vez conformado el nuevo Congreso, propondrán a la legislatura modificar las leyes sobre la materia para evitar este tipo de expropiaciones.
Denunció también al entonces secretario del Trabajo, quien presionó para que MVS no recontratara a Carmen Aristegui.
“Ahora son ellos, Televisa y Iusacell, los únicos que pueden ofrecer paquetes de telefonía fija, móvil, televisión e Internet”, precisó Vargas.
MVS estudiaba otra oferta de Héctor Olavarría, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien le propuso que conservara 120 de los 190 MHz que ostenta, pagando la contraprestación conforme fueran usando el espectro para ofrecer Internet de banda ancha, como se hizo en su momento con una filial de Iusacell.
Vargas negó la subutilización de la banda, que es el argumento del gobierno para licitarla.
La empresa ofreció televisión de paga vía microondas a través de esta banda al inicio de la concesión, hace casi 20 años, y luego invirtió 70 millones de dólares para brindar el servicio de Internet en conjunto con otras compañías.
Pero la inversión se frenó cuando el gobierno comenzó a negar la prórroga de las concesiones.
MVS había presentado a la SCT el proyecto “Banda Ancha para Todos”, que haría en conjunto con Alestra y Clearwire para dar servicio de Internet de banda ancha a cerca de 55 millones de usuarios a través del subarrendamiento de su infraestructura y con una inversión de hasta mil millones de dólares.
El pasado 8 de agosto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció su decisión de negar la prórroga de las concesiones vencidas en la banda de 2.5 Ghz e iniciar el procedimiento de rescate de las concesiones vigentes que están en manos de MVS Comunicaciones y de 10 concesionarios más.
En el salón donde Vargas ofreció la conferencia de prensa, había pancartas de MVS que decían: “Televisa y Tv Azteca. ¿Del duopolio al monopolio?”; “¿Duopolio, monopolio o competencia? Ésa es la pregunta”; “Una vez más Televisa obstruye la competencia”.
Lo que sigue
El secretario de Comunicaciones y Transporte negó ayer que se hubiera chantajeado al dueño del Grupo MVS, Joaquín Vargas Guajardo, en torno a la concesión de la frecuencia de 2.5 Ghz.
“Vargas amenazó con salir a decir eso a los medios”, pero se le dijo que lo que tenía que hacer era pagar, y no hubo ningún condicionamiento, aseguró Pérez-Jácome.
Afirmó que el gobierno del presidente Calderón siempre ha sido respetuoso de las concesiones y ha dado facilidades para utilizar las frecuencias.
“Lo que se le pidió a MVS fue que pagara la contraprestación económica a la que tiene derecho el Estado mexicano”, señaló el funcionario.
Pero la empresa no aceptó pagarla, y tampoco licitar parte del espectro para conocer el valor real de la frecuencia, dijo.
Explicó que MVS ofreció pagar apenas 10 por ciento del valor de la licitación 21 de la banda de 1.7 GHz.
La banda de 2.5 GHz está subutilizada precisamente porque Vargas no ha aceptado pagar y tampoco ha permitido que la utilicen otros, remató el titular de la SCT.
Sin embargo, en la conferencia de prensa de ayer miércoles, MVS presentó un documento que busca probar que la empresa le hizo varias propuestas al gobierno para recibir la aprobación de la Secretaría de Hacienda y aprovechar las nuevas tecnologías con todas las de la ley.
Si se mantiene en su postura, el nuevo gobierno heredaría un conflicto de inimaginables proporciones que no tenía necesidad de confrontar.
Y es que MVS peleará con todo en todas las instancias para defender su derecho. No solo en los terrenos jurídicos, sino también en los mediáticos y políticos.
Esta guerra no será una guerra comercial más, por importantes que sean los actores. Tiene también un alto contenido político.
Y es que no hay que olvidar que Televisa es considerada por muchos como el más grande de los poderes fácticos vinculado estrechamente, en opinión de muchos, con Enrique Peña Nieto.
Por lo pronto en las últimas horas de ayer, el gobierno federal publicó un comunicado en el que rechazó cualquier participación en la salida de Carmen Aristegui de MVS.
También negó que la titular de la Coordinación de la Comunicación Social, haya ofrecido a Joaquín Vargas viabilidad del proyecto de la 2.5 a cambio de que éste no impugnara la resolución de concentración de Televisa en Iusacell.
“Cuando no son los principios los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace: calumniar, difamar, tergiversar y engañar, con el simple objetivo de alcanzar sus metas económicas”, dice el texto.
Georgina Howard
“Tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, tu proyecto se lo lleva la chingada”.
Eran las siete y media de la noche del 6 de febrero de 2011.
Javier Lozano, entonces secretario de Trabajo de Felipe Calderón, se había reunido con el director de MVS, Joaquín Vargas, en la casa de un amigo mutuo, para lanzar la amenaza.
Y es que el viernes previo, el 4 de febrero, aunque no se había hecho público, los directivos de MVS decidieron que ése había sido el último día del programa Aristegui Noticias.
"Esto que estás haciendo Joaquín es un auténtico chantaje y no lo puedo transmitir así al gobierno, y en este gobierno no se amenaza”
La exigencia venía directamente de Los Pinos porque en el noticiero del viernes, la periodista preguntó al aire: “¿Tiene o no problemas de alcoholismo el presidente?”.
El relato no es ficción. Lo hizo de voz propia el presidente de MVS, Joaquín Vargas, en la conferencia de prensa que dio ayer por la mañana para defenderse del retiro unilateral que hizo el gobierno de la concesión de la banda de 2.5 GHz.
El concesionario desenmascaró lo que considera un chantaje del gobierno de Calderón al canjearle la ratificación del espectro a cambio de silenciar a Carmen Aristegui.
El lunes 7 de febrero de 2011, la gran audiencia de Aristegui no podía entender qué pasaba.
El viernes 4 de febrero, cuenta Joaquín Vargas, recibió una llamada “de la señora Alejandra Sota, coordinadora de Comunicación Social de la Presidencia de la República, quien me exigió una disculpa pública por parte de la periodista”.
Coincidentemente, para ese mismo día se había programado con anticipación una reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez-Jácome, a fin de revisar los asuntos relacionados a la banda de 2.5 GHz.
Vargas acudió a la cita acompañado de algunos ejecutivos de su empresa. En la sala de juntas del secretario, le informaron que Pérez-Jácome quería verlo previamente.
“Sobre el escritorio del señor secretario se encontraba una carpeta blanca con la leyenda ‘2.5 GHz’”, recuerda Vargas.
“Tengo instrucciones del señor presidente de no gestionar asunto alguno de MVS, y en especial el de la 2.5, hasta en tanto la señora Aristegui no ofrezca una disculpa pública por el comentario que hizo con relación al supuesto alcoholismo del presidente”, le dijo Pérez-Jácome.
Y le advirtió: “Por ese motivo, la junta programada para hoy no se llevará a cabo.
“Te ofrezco que tan pronto la señora Aristegui se disculpe, agendaremos de inmediato la reunión, inclusive si lo hace el próximo lunes 7, a pesar de ser día ‘feriado’, yo con mucho gusto los recibo en esta Secretaría”, le dijo el titular de la SCT al presidente de MVS.
“Lo que sobrevino en los días posteriores”, relata Joaquín Vargas, “es que sostuve diversos encuentros, intercambié mensajes y llamadas con funcionarios del gobierno federal, particularmente con la señora Alejandra Sota y con el entonces secretario del Trabajo, Javier Lozano.
“En todas ellas advertí que la periodista Carmen Aristegui no aceptaría disculparse en los términos que ellos nos exigían, y que yo estaría obligado a despedirla, indicándoles lo que esto representaba y lo que significaría”.
Pocas semanas después, ante la presión social y el escándalo internacional por el atentado presidencial a la libertad de expresión, en Los Pinos cambiaron de opinión.
Carmen Aristegui regresó nuevamente a su programa.
Sin embargo, el rencor permaneció ahí, como también la amenaza de no refrendar las concesiones a MVS.
Finalmente, el pasado 8 de agosto, la amenaza se cumplió. Y al proyecto de Joaquín Vargas “se lo cargó la chingada”, como se lo advirtió Javier Lozano, según lo expresado ayer por Joaquín Vargas.
Segundos pisos a Televisa
El presidente de MVS acusó en la rueda de prensa que el actual gobierno es complaciente con esta televisora
A nosotros “nos bloquean la autopista, y a Televisa le construyen segundos pisos”, dijo Vargas en la conferencia de prensa.
Y es que el gobierno del presidente Felipe Calderón no solo cumplió las amenazas que le había hecho al grupo MVS por no ahogar la voz de Carmen Aristegui, sino que terminó favoreciendo a sus competidores, señaló el empresario.
En una acción nunca antes vista, Joaquín Vargas, presidente del Consejo de Administración de MVS, acusó al actual gobierno de arbitrario y complaciente con una sola empresa: Televisa.
Explicó que el rescate de la banda 2.5 es una decisión “equivocada” que evidencia la determinación del gobierno de no permitirles explotarla con el argumento de que MVS quiere monopolizarla.
Vargas puso en evidencia la falta de políticas públicas en materia de telecomunicaciones, la necesidad de reformar las leyes y la decisión irrefutable de llegar hasta los tribunales para defender su derecho.
Si el gobierno no modifica su decisión y los litigios prosiguen, Vargas anticipó que se mantendrán detenidas las inversiones por cinco años, hasta que concluya el proceso legal.
Anticipó a Reporte Indigo que una vez conformado el nuevo Congreso, propondrán a la legislatura modificar las leyes sobre la materia para evitar este tipo de expropiaciones.
Denunció también al entonces secretario del Trabajo, quien presionó para que MVS no recontratara a Carmen Aristegui.
“Ahora son ellos, Televisa y Iusacell, los únicos que pueden ofrecer paquetes de telefonía fija, móvil, televisión e Internet”, precisó Vargas.
MVS estudiaba otra oferta de Héctor Olavarría, subsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), quien le propuso que conservara 120 de los 190 MHz que ostenta, pagando la contraprestación conforme fueran usando el espectro para ofrecer Internet de banda ancha, como se hizo en su momento con una filial de Iusacell.
Vargas negó la subutilización de la banda, que es el argumento del gobierno para licitarla.
La empresa ofreció televisión de paga vía microondas a través de esta banda al inicio de la concesión, hace casi 20 años, y luego invirtió 70 millones de dólares para brindar el servicio de Internet en conjunto con otras compañías.
Pero la inversión se frenó cuando el gobierno comenzó a negar la prórroga de las concesiones.
MVS había presentado a la SCT el proyecto “Banda Ancha para Todos”, que haría en conjunto con Alestra y Clearwire para dar servicio de Internet de banda ancha a cerca de 55 millones de usuarios a través del subarrendamiento de su infraestructura y con una inversión de hasta mil millones de dólares.
El pasado 8 de agosto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció su decisión de negar la prórroga de las concesiones vencidas en la banda de 2.5 Ghz e iniciar el procedimiento de rescate de las concesiones vigentes que están en manos de MVS Comunicaciones y de 10 concesionarios más.
En el salón donde Vargas ofreció la conferencia de prensa, había pancartas de MVS que decían: “Televisa y Tv Azteca. ¿Del duopolio al monopolio?”; “¿Duopolio, monopolio o competencia? Ésa es la pregunta”; “Una vez más Televisa obstruye la competencia”.
Lo que sigue
El secretario de Comunicaciones y Transporte negó ayer que se hubiera chantajeado al dueño del Grupo MVS, Joaquín Vargas Guajardo, en torno a la concesión de la frecuencia de 2.5 Ghz.
“Vargas amenazó con salir a decir eso a los medios”, pero se le dijo que lo que tenía que hacer era pagar, y no hubo ningún condicionamiento, aseguró Pérez-Jácome.
Afirmó que el gobierno del presidente Calderón siempre ha sido respetuoso de las concesiones y ha dado facilidades para utilizar las frecuencias.
“Lo que se le pidió a MVS fue que pagara la contraprestación económica a la que tiene derecho el Estado mexicano”, señaló el funcionario.
Pero la empresa no aceptó pagarla, y tampoco licitar parte del espectro para conocer el valor real de la frecuencia, dijo.
Explicó que MVS ofreció pagar apenas 10 por ciento del valor de la licitación 21 de la banda de 1.7 GHz.
La banda de 2.5 GHz está subutilizada precisamente porque Vargas no ha aceptado pagar y tampoco ha permitido que la utilicen otros, remató el titular de la SCT.
Sin embargo, en la conferencia de prensa de ayer miércoles, MVS presentó un documento que busca probar que la empresa le hizo varias propuestas al gobierno para recibir la aprobación de la Secretaría de Hacienda y aprovechar las nuevas tecnologías con todas las de la ley.
Si se mantiene en su postura, el nuevo gobierno heredaría un conflicto de inimaginables proporciones que no tenía necesidad de confrontar.
Y es que MVS peleará con todo en todas las instancias para defender su derecho. No solo en los terrenos jurídicos, sino también en los mediáticos y políticos.
Esta guerra no será una guerra comercial más, por importantes que sean los actores. Tiene también un alto contenido político.
Y es que no hay que olvidar que Televisa es considerada por muchos como el más grande de los poderes fácticos vinculado estrechamente, en opinión de muchos, con Enrique Peña Nieto.
Por lo pronto en las últimas horas de ayer, el gobierno federal publicó un comunicado en el que rechazó cualquier participación en la salida de Carmen Aristegui de MVS.
También negó que la titular de la Coordinación de la Comunicación Social, haya ofrecido a Joaquín Vargas viabilidad del proyecto de la 2.5 a cambio de que éste no impugnara la resolución de concentración de Televisa en Iusacell.
“Cuando no son los principios los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace: calumniar, difamar, tergiversar y engañar, con el simple objetivo de alcanzar sus metas económicas”, dice el texto.
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