Apro
El general de división en retiro Ricardo Escorcia denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) lo obligó a firmar un testimonio ministerial falso para inculpar al general Tomás Angeles con una presunta recepción de dinero del narco.
Al rendir su declaración preparatoria ante el juez tercero de distrito en materia penal del Estado de México, los generales Escorcia Vargas, Ángeles Dauahare, y Roberto Dawe González, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, negaron las acusaciones de la PGR que los vinculan con el crimen organizado.
Además, los cuatro militares solicitaron la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica, con el fin de poder ofrecer pruebas que desvirtúen las acusaciones en su contra.
La diligencia se desarrolló a puerta cerrada en el área de prácticas judiciales del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, donde se encuentran los indiciados.
Sin embargo, el general Ricardo Escorcia aseguró que la declaración que rindió ante el Ministerio Público es falsa y que fue obligado a estampar su firma.
Debido a ello y ante la anuencia del juzgador, Raúl Valerio Ramírez, se procedió a elaborar una nueva declaración en la que Escorcia Vargas niega los cargos que le fincó la PGR de haber brindado protección al cartel de los Beltrán Leyva.
En su declaración, los otros tres inculpados también negaron los cargos y aseguraron que nunca han pertenecido o trabajado para algún cártel del narcotráfico.
La PGR acusó a Tomás Ángeles de proteger las actividades del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en Morelos, mientras que a Escorcia Vargas lo señaló de enviar a personal bajo su cargo a recoger el dinero que presuntamente entregaban los narcotraficantes a Ángeles Dauahare.
Según la dependencia federal, el general Roberto Dawe sirvió de enlace con el general Rubén Pérez Ramírez, comandante de la guarnición militar de Cancún, al que en un principio presuntamente se le ofrecieron 30 mil dólares para permitir el aterrizaje de aviones cargados con cocaína procedentes de Sudamérica.
En el transcurso de la semana se llevarán a cabo diversas diligencias de descargo solicitadas por los militares y, a más tardar el próximo lunes 6, el juzgador determinará si dicta a los militares la formal prisión o los deja en libertad.
El general de división en retiro Ricardo Escorcia denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) lo obligó a firmar un testimonio ministerial falso para inculpar al general Tomás Angeles con una presunta recepción de dinero del narco.
Al rendir su declaración preparatoria ante el juez tercero de distrito en materia penal del Estado de México, los generales Escorcia Vargas, Ángeles Dauahare, y Roberto Dawe González, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, negaron las acusaciones de la PGR que los vinculan con el crimen organizado.
Además, los cuatro militares solicitaron la duplicidad del término constitucional para que se defina su situación jurídica, con el fin de poder ofrecer pruebas que desvirtúen las acusaciones en su contra.
La diligencia se desarrolló a puerta cerrada en el área de prácticas judiciales del penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, donde se encuentran los indiciados.
Sin embargo, el general Ricardo Escorcia aseguró que la declaración que rindió ante el Ministerio Público es falsa y que fue obligado a estampar su firma.
Debido a ello y ante la anuencia del juzgador, Raúl Valerio Ramírez, se procedió a elaborar una nueva declaración en la que Escorcia Vargas niega los cargos que le fincó la PGR de haber brindado protección al cartel de los Beltrán Leyva.
En su declaración, los otros tres inculpados también negaron los cargos y aseguraron que nunca han pertenecido o trabajado para algún cártel del narcotráfico.
La PGR acusó a Tomás Ángeles de proteger las actividades del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en Morelos, mientras que a Escorcia Vargas lo señaló de enviar a personal bajo su cargo a recoger el dinero que presuntamente entregaban los narcotraficantes a Ángeles Dauahare.
Según la dependencia federal, el general Roberto Dawe sirvió de enlace con el general Rubén Pérez Ramírez, comandante de la guarnición militar de Cancún, al que en un principio presuntamente se le ofrecieron 30 mil dólares para permitir el aterrizaje de aviones cargados con cocaína procedentes de Sudamérica.
En el transcurso de la semana se llevarán a cabo diversas diligencias de descargo solicitadas por los militares y, a más tardar el próximo lunes 6, el juzgador determinará si dicta a los militares la formal prisión o los deja en libertad.
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