Álvaro Delgado
No se avizoran sorpresas: La lógica de los hechos apunta a que, en unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarará válida la elección presidencial y el priista Enrique Peña Nieto –un político anodino tripulado por capos– será ungido presidente electo.
Las quejas, denuncias e impugnaciones que han ido desahogando el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fiscalía Especializada y el propio TEPJF anticipan que, al mismo tiempo que gobernará desde el 1 de diciembre, podría iniciarse un proceso de beatificación para llevar a Peña Nieto a los altares como el primer político santo de México.
Vale el sarcasmo porque, conforme a las decisiones que han venido tomando las instituciones involucradas, todo apunta a que Peña y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hicieron una campaña perfecta, no sólo dentro de los márgenes de la legalidad y los mayores estándares democráticos, como en Suiza, sino inmaculada, casi celestial.
Que no haya ingenuidad ni autoengaño: La ley y las instituciones están diseñadas para garantizar la impunidad en la comisión de delitos electorales, entre ellos el rebase de gastos de campaña para, por ejemplo, comprar el voto de los mexicanos más vulnerables por la pobreza.
Lo de menos es si son contundentes las pruebas o los indicios de conductas delincuenciales en la elección presidencial, y no importa si se acreditan multimillonarias triangulaciones financieras –fácilmente rastreables por la autoridad– o si se exhiben chivos y gallinas.
A estas alturas ni los que pegan para que les paguen pueden negar que el IFE y el TEPJF están capturados por el PRI y el PAN –con migajas para el PRD–, coludidos a su vez con los poderes económicos y mediáticos que impusieron a Peña como antes a Felipe Calderón.
Son los mismos que, tras la elección de 2006, diseñaron la ley que otorgó al IFE mayores atribuciones para vigilar los gastos de campaña de los candidatos, pero cuya fiscalización sólo puede concluir un año después de la elección. Y peor: si se detectan rebases de los topes o aportaciones ilegítimas no habría nada que hacer, porque no se prevé la destitución de ningún cargo de elección popular por esa razón.
Aun si Peña violó la legislación electoral y recibió aportaciones de sujetos prohibidos por la ley –empresas mexicanas de carácter mercantil, partidos políticos, personas físicas y morales extranjeras, organismos internacionales, ministros de culto e iglesias de cualquier religión, personas que vivan o trabajen fuera del país, dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, entre otros–, se sabrá cuando ya no haya ninguna consecuencia.
Pero por ahora, según el IFE, Peña merece ser santo…
Apuntes
En los meses recientes MVS diseñó una reestructuración de su barra programática, debido a que el único programa rentable es el noticiero de Carmen Aristegui, a quien Joaquín Vargas, presidente de ese grupo mediático, reconoció haber despedido, en febrero de 2011, por orden de Felipe Calderón. Conforme a ese plan, dejarían sus espacios Gloria Calzada, Jairo Calixto y Susana Moscatel, así como Luis García y Christian Martinoli, comentaristas soeces. El locutor Ezra Shabot, a quien Vargas contrató para “equilibrar” a Aristegui y congraciarse con Calderón, será otra baja si es que se mantiene el plan diseñado antes del choque de MVS con Calderón por el “rescate” que éste hizo de la banda de 2.5 ghz.
No se avizoran sorpresas: La lógica de los hechos apunta a que, en unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declarará válida la elección presidencial y el priista Enrique Peña Nieto –un político anodino tripulado por capos– será ungido presidente electo.
Las quejas, denuncias e impugnaciones que han ido desahogando el Instituto Federal Electoral (IFE), la Fiscalía Especializada y el propio TEPJF anticipan que, al mismo tiempo que gobernará desde el 1 de diciembre, podría iniciarse un proceso de beatificación para llevar a Peña Nieto a los altares como el primer político santo de México.
Vale el sarcasmo porque, conforme a las decisiones que han venido tomando las instituciones involucradas, todo apunta a que Peña y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hicieron una campaña perfecta, no sólo dentro de los márgenes de la legalidad y los mayores estándares democráticos, como en Suiza, sino inmaculada, casi celestial.
Que no haya ingenuidad ni autoengaño: La ley y las instituciones están diseñadas para garantizar la impunidad en la comisión de delitos electorales, entre ellos el rebase de gastos de campaña para, por ejemplo, comprar el voto de los mexicanos más vulnerables por la pobreza.
Lo de menos es si son contundentes las pruebas o los indicios de conductas delincuenciales en la elección presidencial, y no importa si se acreditan multimillonarias triangulaciones financieras –fácilmente rastreables por la autoridad– o si se exhiben chivos y gallinas.
A estas alturas ni los que pegan para que les paguen pueden negar que el IFE y el TEPJF están capturados por el PRI y el PAN –con migajas para el PRD–, coludidos a su vez con los poderes económicos y mediáticos que impusieron a Peña como antes a Felipe Calderón.
Son los mismos que, tras la elección de 2006, diseñaron la ley que otorgó al IFE mayores atribuciones para vigilar los gastos de campaña de los candidatos, pero cuya fiscalización sólo puede concluir un año después de la elección. Y peor: si se detectan rebases de los topes o aportaciones ilegítimas no habría nada que hacer, porque no se prevé la destitución de ningún cargo de elección popular por esa razón.
Aun si Peña violó la legislación electoral y recibió aportaciones de sujetos prohibidos por la ley –empresas mexicanas de carácter mercantil, partidos políticos, personas físicas y morales extranjeras, organismos internacionales, ministros de culto e iglesias de cualquier religión, personas que vivan o trabajen fuera del país, dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno, entre otros–, se sabrá cuando ya no haya ninguna consecuencia.
Pero por ahora, según el IFE, Peña merece ser santo…
Apuntes
En los meses recientes MVS diseñó una reestructuración de su barra programática, debido a que el único programa rentable es el noticiero de Carmen Aristegui, a quien Joaquín Vargas, presidente de ese grupo mediático, reconoció haber despedido, en febrero de 2011, por orden de Felipe Calderón. Conforme a ese plan, dejarían sus espacios Gloria Calzada, Jairo Calixto y Susana Moscatel, así como Luis García y Christian Martinoli, comentaristas soeces. El locutor Ezra Shabot, a quien Vargas contrató para “equilibrar” a Aristegui y congraciarse con Calderón, será otra baja si es que se mantiene el plan diseñado antes del choque de MVS con Calderón por el “rescate” que éste hizo de la banda de 2.5 ghz.
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