Poiré califica la compra del aparato como un asunto de seguridad nacional; sostuvo que el equipo del mexiquense participó en la transacción
Héctor Figueroa / Excélsior
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, informó que la compra del nuevo avión presidencial, que estaría en funcionamiento a partir del año 2015, es un asunto de “seguridad nacional” y se gestiona en acuerdo con el “equipo de transición” del próximo gobierno federal.
Afirmó que aun cuando la adquisición del Boeing 787 para el Ejecutivo federal corre a cargo de la actual administración, el futuro gobierno —como parte involucrada— deberá concluir la compra.
“Que será una decisión que se tendrá que valorar por la administración entrante en materia de transición, así se ha aclarado, pero ciertamente están todos los elementos para que se tome una decisión porque es una decisión muy importante. Es una decisión que tiene características de seguridad nacional”, destacó.
Respecto al costo de la aeronave, que ronda los 190 millones de pesos, Poiré Romero indicó que se trata de una transacción transparente, auditada por los órganos competentes de los poderes de la Federación.
“Y que se ha llevado a cabo todo el trabajo preparatorio con una gran transparencia y con una gran claridad. Será una decisión que se tome con base en los mecanismos de transición”, puntualizó el funcionario federal.
El titular de la Secretaría de Gobernación dijo que los términos concretos de la adquisición del nuevo avión presidencial corren a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en correspondencia con sus atribuciones.
“Por el hecho de que se trata de una adquisición, por obvias razones vinculada a la seguridad nacional de nuestro país, de que se ha hecho conforme al Presupuesto de Egresos así autorizados y se harán los planteamientos para que se tome la decisión definitiva en su momento”, indicó.
Lo anterior ocurre cuando el actual avión que utiliza el presidente Felipe Calderón cuenta con 26 años de uso, pues fue adquirido en las postrimerías del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado.
El 5 de julio, la Sedena dio a conocer que solicitó a la Secretaría de Hacienda la autorización de los recursos para comprar una aeronave de última generación clasificada como de “transporte estratégico”.
Excélsior publicó el pasado 24 de julio que el gobierno mexicano ha tenido acercamiento con representantes de la compañía Boeing para la compra de un avión que sustituya al TP-01, actual nave presidencial, cuyo modelo es un 757 de la misma empresa estadunidense.
Fuentes de la compañía cercanas a las negociaciones dieron a conocer que el modelo que más se acerca a las necesidades de las autoridades mexicanas es el modelo 787 Dreamliner.
Representantes de Boeing dijeron a este diario que el avión está disponible y puede ser entregado inmediatamente, ya que es uno de los primeros que construyó la compañía estadunidense para sus vuelos de prueba y certificación.
Dicha nave es semejante al que la empresa trajo de muestra el pasado 8 de marzo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de anunciar que Aeroméxico les había comprado siete de estos aparatos para ser entregados entre 2012 y 2015.
En otro tema, ante los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de colaboración del gobierno federal con las investigaciones de las tarjetas Monex manejadas por el PRI, Poiré Romero aseguró que la administración ha actuado con base en sus atribuciones.
Indicó que ante cualquier denuncia el gobierno federal ha investigado y “ésta no será la excepción” y agregó que se ha respondido a la autoridad electoral en cualquier solicitud de información.
El secretario de Gobernación dijo que el gobierno de la República atenderá “cualquier otra (solicitud) que haga las peticiones correspondientes con base en las atribuciones que tienen en la ley y así seguiremos actuando y desde luego que seremos respetuosos de las decisiones que tomen las autoridades electorales en su momento”.
Héctor Figueroa / Excélsior
El secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, informó que la compra del nuevo avión presidencial, que estaría en funcionamiento a partir del año 2015, es un asunto de “seguridad nacional” y se gestiona en acuerdo con el “equipo de transición” del próximo gobierno federal.
Afirmó que aun cuando la adquisición del Boeing 787 para el Ejecutivo federal corre a cargo de la actual administración, el futuro gobierno —como parte involucrada— deberá concluir la compra.
“Que será una decisión que se tendrá que valorar por la administración entrante en materia de transición, así se ha aclarado, pero ciertamente están todos los elementos para que se tome una decisión porque es una decisión muy importante. Es una decisión que tiene características de seguridad nacional”, destacó.
Respecto al costo de la aeronave, que ronda los 190 millones de pesos, Poiré Romero indicó que se trata de una transacción transparente, auditada por los órganos competentes de los poderes de la Federación.
“Y que se ha llevado a cabo todo el trabajo preparatorio con una gran transparencia y con una gran claridad. Será una decisión que se tome con base en los mecanismos de transición”, puntualizó el funcionario federal.
El titular de la Secretaría de Gobernación dijo que los términos concretos de la adquisición del nuevo avión presidencial corren a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en correspondencia con sus atribuciones.
“Por el hecho de que se trata de una adquisición, por obvias razones vinculada a la seguridad nacional de nuestro país, de que se ha hecho conforme al Presupuesto de Egresos así autorizados y se harán los planteamientos para que se tome la decisión definitiva en su momento”, indicó.
Lo anterior ocurre cuando el actual avión que utiliza el presidente Felipe Calderón cuenta con 26 años de uso, pues fue adquirido en las postrimerías del sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado.
El 5 de julio, la Sedena dio a conocer que solicitó a la Secretaría de Hacienda la autorización de los recursos para comprar una aeronave de última generación clasificada como de “transporte estratégico”.
Excélsior publicó el pasado 24 de julio que el gobierno mexicano ha tenido acercamiento con representantes de la compañía Boeing para la compra de un avión que sustituya al TP-01, actual nave presidencial, cuyo modelo es un 757 de la misma empresa estadunidense.
Fuentes de la compañía cercanas a las negociaciones dieron a conocer que el modelo que más se acerca a las necesidades de las autoridades mexicanas es el modelo 787 Dreamliner.
Representantes de Boeing dijeron a este diario que el avión está disponible y puede ser entregado inmediatamente, ya que es uno de los primeros que construyó la compañía estadunidense para sus vuelos de prueba y certificación.
Dicha nave es semejante al que la empresa trajo de muestra el pasado 8 de marzo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de anunciar que Aeroméxico les había comprado siete de estos aparatos para ser entregados entre 2012 y 2015.
En otro tema, ante los señalamientos de Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de colaboración del gobierno federal con las investigaciones de las tarjetas Monex manejadas por el PRI, Poiré Romero aseguró que la administración ha actuado con base en sus atribuciones.
Indicó que ante cualquier denuncia el gobierno federal ha investigado y “ésta no será la excepción” y agregó que se ha respondido a la autoridad electoral en cualquier solicitud de información.
El secretario de Gobernación dijo que el gobierno de la República atenderá “cualquier otra (solicitud) que haga las peticiones correspondientes con base en las atribuciones que tienen en la ley y así seguiremos actuando y desde luego que seremos respetuosos de las decisiones que tomen las autoridades electorales en su momento”.
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