Jesusa Cervantes
El 8 de marzo de 2012, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Jacinto Silva Rodríguez, resolvió a favor del priista Rafael Humberto Celaya Valenzuela, en la salvaguarda de sus derechos partidistas en el PRI; hoy fue detenido en España acompañado del primo del Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el joven Jesús Gutiérrez Guzmán, como presuntos integrantes de una célula del cártel de Sinaloa recién instalada en España.
En esa fecha el priista Celaya Valenzuela interpuso una queja ante el Tribunal Electoral– el mismo que calificará la elección presidencial–, por considerar que el PRI había violado sus derechos políticos al “vetarlo” como precandidato por la diputación federal del Distrito I de Sonora, con cabecera en San Luis Río Colorado.
El Tribunal dio entrada a la queja del hoy acusado de pertenecer al cártel de Sinaloa, y abrió el expediente SG-JDC-2044/2012; luego de analizar el caso, el magistrado Jacinto Silva Rodríguez falló a favor de Celaya Valenzuela, hoy “priista incómodo”, y ordenó a la Comisión Nacional de Procesos internos del PRI reponer la elección interna. Finalmente perdió de manera estrepitosa la candidatura.
Ante el fallo, Celaya terminó uniéndose a la campaña electoral de su opositor, el entonces alcalde con licencia de San Luis Río Colorado, Manuel Baldenebro. En la casa de quien finalmente fue el candidato a diputado federal apareció una manta dirigida a Celaya Valenzuela que rezaba: “Devuelve los $200 mil del túnel”; el mismo Celaya aceptó el hecho.
Todo este asunto viene a colación por dos motivos: El primero es que el 11 de febrero, el hoy detenido con el primo de El Chapo Guzmán, se tomó una fotografía con Enrique Peña Nieto. Ese día el exgobernador del Estado de México se registró como candidato presidencial; luego apareció con él durante la campaña presidencial en Sonora.
El segundo motivo, es justamente el Tribunal Electoral, que es el que falló en favor de Celaya Valenzuela y el que determinará el 6 de septiembre la validez de la elección presidencial. Cierto es que no es función del magistrado electoral hacer una indagación penal, sino únicamente establecer si se violaron o no los derechos políticos del ciudadano, en este caso de Celaya Valenzuela.
El asunto debiera ser tomado en cuenta por el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues existen señalamientos de que en la campaña presidencial de Peña Nieto hubo “lavado de dinero”, ya fuera porque provino de manera ilegal de las arcas de los estados o del crimen organizado. Y fue tanto el dinero que se utilizó, que cualquier ciudadano que haya visitado diversos estados de la República durante la campaña o haya acompañado a Peña Nieto en los tres meses de proselitismo, puede dar fe de millonarios recursos invertidos, no sólo en publicidad, sino en “utilitarios” y otros apoyos para los electores.
Aunque, claro, no hay que olvidar que mientras la gente vio lo antes señalado, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) no; e incluso así lo declararon. Había espectaculares de Peña Nieto por doquier pero el IFE nunca los vio.
Lo mismo puede suceder ahora: hay denuncias, documentos bancarios que ponen en duda el origen legal del dinero de la campaña de Peña Nieto, y que los magistrados electorales –como los del IFE–, tampoco vean nada.
Este nuevo episodio de Rafael Humberto Celaya Valenzuela, el “priista incómodo”, quien es identificado como presunto integrante del cártel de Sinaloa, debe ser tomado en cuenta por los magistrados electorales antes de emitir su fallo. No hacerlo pondrá en duda su actuación, como ya lo está la de los consejeros del IFE.
Cierto es que el IFE, es la instancia que debe investigar y el Tribunal atenerse a las pruebas que aquel le envíe, por ello, deben los magistrados demandar al encargado de la Unidad de Fiscalización que cumpla con su obligación, como por ejemplo, exigir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al titular del Sistema de Administración Tributaria, a la Unidad de Investigación Financiera, que en 2009 detectó que Luis Videgaray, ya sin ser secretario de Finanzas del Estado de Mëxico, manejaba documentación de la dependencia.
El Tribunal Electoral tiene la obligación de actuar en forma coordinada y no deslindarse uno del otro. Los funcionarios de estas instituciones tienen en sus manos el futuro del país y la decisión de vivir con decoro o bajo el estigma de que sólo sirvieron de tapadera del priismo y de intereses oscuros, como por ejemplo, del crimen organizado, narcopolíticos o políticos corruptos.
Del otro lado esta la ciudadanía, la que se da cuenta de lo que está ocurriendo en el país, la que vigila el actuar de estos funcionarios electorales y la que puede “cercarlos” para exigirles que desquiten los millones de pesos que ganan.
Existe, además, otra vertiente que no puede olvidarse: las empresas fantasma que el PRI utilizó para la triangulación de recursos. Sólo hay que recordar que mientras el IFE sigue lento en sus indagaciones, el propietario Inizzio, una de las empresas utilizadas, José Luis Lozada Neyra –vinculado al diputado federal del PRI, Amador Monroy, operador de Luis Videgaray–, ya se fue del país.
Lozada Neyra tiene 24 empresa mediante la cuales el PRI pudo haber triangulado millonarios recursos, además cuenta con más de 30 cuentas bancarias, algunas en Banamex y otras en Bancomer. Hasta lo que se sabe, ni el IFE, ni la CNBV ni el SAT han intervenido en el caso ni lo han investigado… esperemos que el Tribunal Electoral no actué igual que los consejeros electorales y demás funcionarios.
* * * *
DATO: Sería conveniente que el IFE y su unidad de fiscalización investigara los siguientes números de cuenta radicados en Banamex: 245-7737826; 245-7726395; 948-6190504; 948-6192604; 189-4331530; 141-7822980; 221-4238899; 948-6235915; 412-7728599; 948-6235850; 948-6243802; 141-7801916; 948-6222325; 141-7801924; 574-8480872; 221-4238902; 141-7794197; 141-7794146; 141-7814775; 151196; 4089-0013041.
O las que están en Bancomer: 0160580783; 0160579238; 0172133865 y 00184376536.
El IFE, la CNBV o el SAT tienen mucha tela qué cortar, si es que realmente quieren indagar.
El 8 de marzo de 2012, el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Jacinto Silva Rodríguez, resolvió a favor del priista Rafael Humberto Celaya Valenzuela, en la salvaguarda de sus derechos partidistas en el PRI; hoy fue detenido en España acompañado del primo del Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, el joven Jesús Gutiérrez Guzmán, como presuntos integrantes de una célula del cártel de Sinaloa recién instalada en España.
En esa fecha el priista Celaya Valenzuela interpuso una queja ante el Tribunal Electoral– el mismo que calificará la elección presidencial–, por considerar que el PRI había violado sus derechos políticos al “vetarlo” como precandidato por la diputación federal del Distrito I de Sonora, con cabecera en San Luis Río Colorado.
El Tribunal dio entrada a la queja del hoy acusado de pertenecer al cártel de Sinaloa, y abrió el expediente SG-JDC-2044/2012; luego de analizar el caso, el magistrado Jacinto Silva Rodríguez falló a favor de Celaya Valenzuela, hoy “priista incómodo”, y ordenó a la Comisión Nacional de Procesos internos del PRI reponer la elección interna. Finalmente perdió de manera estrepitosa la candidatura.
Ante el fallo, Celaya terminó uniéndose a la campaña electoral de su opositor, el entonces alcalde con licencia de San Luis Río Colorado, Manuel Baldenebro. En la casa de quien finalmente fue el candidato a diputado federal apareció una manta dirigida a Celaya Valenzuela que rezaba: “Devuelve los $200 mil del túnel”; el mismo Celaya aceptó el hecho.
Todo este asunto viene a colación por dos motivos: El primero es que el 11 de febrero, el hoy detenido con el primo de El Chapo Guzmán, se tomó una fotografía con Enrique Peña Nieto. Ese día el exgobernador del Estado de México se registró como candidato presidencial; luego apareció con él durante la campaña presidencial en Sonora.
El segundo motivo, es justamente el Tribunal Electoral, que es el que falló en favor de Celaya Valenzuela y el que determinará el 6 de septiembre la validez de la elección presidencial. Cierto es que no es función del magistrado electoral hacer una indagación penal, sino únicamente establecer si se violaron o no los derechos políticos del ciudadano, en este caso de Celaya Valenzuela.
El asunto debiera ser tomado en cuenta por el tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues existen señalamientos de que en la campaña presidencial de Peña Nieto hubo “lavado de dinero”, ya fuera porque provino de manera ilegal de las arcas de los estados o del crimen organizado. Y fue tanto el dinero que se utilizó, que cualquier ciudadano que haya visitado diversos estados de la República durante la campaña o haya acompañado a Peña Nieto en los tres meses de proselitismo, puede dar fe de millonarios recursos invertidos, no sólo en publicidad, sino en “utilitarios” y otros apoyos para los electores.
Aunque, claro, no hay que olvidar que mientras la gente vio lo antes señalado, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) no; e incluso así lo declararon. Había espectaculares de Peña Nieto por doquier pero el IFE nunca los vio.
Lo mismo puede suceder ahora: hay denuncias, documentos bancarios que ponen en duda el origen legal del dinero de la campaña de Peña Nieto, y que los magistrados electorales –como los del IFE–, tampoco vean nada.
Este nuevo episodio de Rafael Humberto Celaya Valenzuela, el “priista incómodo”, quien es identificado como presunto integrante del cártel de Sinaloa, debe ser tomado en cuenta por los magistrados electorales antes de emitir su fallo. No hacerlo pondrá en duda su actuación, como ya lo está la de los consejeros del IFE.
Cierto es que el IFE, es la instancia que debe investigar y el Tribunal atenerse a las pruebas que aquel le envíe, por ello, deben los magistrados demandar al encargado de la Unidad de Fiscalización que cumpla con su obligación, como por ejemplo, exigir información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al titular del Sistema de Administración Tributaria, a la Unidad de Investigación Financiera, que en 2009 detectó que Luis Videgaray, ya sin ser secretario de Finanzas del Estado de Mëxico, manejaba documentación de la dependencia.
El Tribunal Electoral tiene la obligación de actuar en forma coordinada y no deslindarse uno del otro. Los funcionarios de estas instituciones tienen en sus manos el futuro del país y la decisión de vivir con decoro o bajo el estigma de que sólo sirvieron de tapadera del priismo y de intereses oscuros, como por ejemplo, del crimen organizado, narcopolíticos o políticos corruptos.
Del otro lado esta la ciudadanía, la que se da cuenta de lo que está ocurriendo en el país, la que vigila el actuar de estos funcionarios electorales y la que puede “cercarlos” para exigirles que desquiten los millones de pesos que ganan.
Existe, además, otra vertiente que no puede olvidarse: las empresas fantasma que el PRI utilizó para la triangulación de recursos. Sólo hay que recordar que mientras el IFE sigue lento en sus indagaciones, el propietario Inizzio, una de las empresas utilizadas, José Luis Lozada Neyra –vinculado al diputado federal del PRI, Amador Monroy, operador de Luis Videgaray–, ya se fue del país.
Lozada Neyra tiene 24 empresa mediante la cuales el PRI pudo haber triangulado millonarios recursos, además cuenta con más de 30 cuentas bancarias, algunas en Banamex y otras en Bancomer. Hasta lo que se sabe, ni el IFE, ni la CNBV ni el SAT han intervenido en el caso ni lo han investigado… esperemos que el Tribunal Electoral no actué igual que los consejeros electorales y demás funcionarios.
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DATO: Sería conveniente que el IFE y su unidad de fiscalización investigara los siguientes números de cuenta radicados en Banamex: 245-7737826; 245-7726395; 948-6190504; 948-6192604; 189-4331530; 141-7822980; 221-4238899; 948-6235915; 412-7728599; 948-6235850; 948-6243802; 141-7801916; 948-6222325; 141-7801924; 574-8480872; 221-4238902; 141-7794197; 141-7794146; 141-7814775; 151196; 4089-0013041.
O las que están en Bancomer: 0160580783; 0160579238; 0172133865 y 00184376536.
El IFE, la CNBV o el SAT tienen mucha tela qué cortar, si es que realmente quieren indagar.
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