Eje Central
Familiares de los 12 policías federales vinculados al ataque de una camioneta diplomática de la Embajada de EU y retenidos en las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República en Morelos impidieron su traslado a la Ciudad de México.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban pancartas y se mantuvieron frente a la puerta de la delegación para impedir la salida de las tres camionetas que trasladarían a los 12 policías detenidos.
“No los vamos a dejar salir hasta que no venga una autoridad competente y nos explique a dónde los van a llevar y por qué se los van a llevar si ellos estaban cumpliendo con su trabajo”, manifestó uno de los hermanos de los detenidos.
Los familiares pedían el apoyo de Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, del subsecretario Cárdenas Palomino y del presidente Felipe Calderón para atender lo que llamaron una injusticia provocada por la presión de la Embajada de Estados Unidos en México.
Los abogados de los imputados afirman que el arraigo es inconstitucional porque se desactivó el delito de delincuencia organizada y sólo queda como imputación grave la tentativa de homicidio.
Familiares de los 12 policías federales vinculados al ataque de una camioneta diplomática de la Embajada de EU y retenidos en las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República en Morelos impidieron su traslado a la Ciudad de México.
Los manifestantes, en su mayoría mujeres, portaban pancartas y se mantuvieron frente a la puerta de la delegación para impedir la salida de las tres camionetas que trasladarían a los 12 policías detenidos.
“No los vamos a dejar salir hasta que no venga una autoridad competente y nos explique a dónde los van a llevar y por qué se los van a llevar si ellos estaban cumpliendo con su trabajo”, manifestó uno de los hermanos de los detenidos.
Los familiares pedían el apoyo de Genaro García Luna, titular de Seguridad Pública, del subsecretario Cárdenas Palomino y del presidente Felipe Calderón para atender lo que llamaron una injusticia provocada por la presión de la Embajada de Estados Unidos en México.
Los abogados de los imputados afirman que el arraigo es inconstitucional porque se desactivó el delito de delincuencia organizada y sólo queda como imputación grave la tentativa de homicidio.
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