Jesús Cantú
Las revelaciones de Joaquín Vargas sobre las acciones del gobierno para retirarle la concesión de la banda 2.5 ghz., y las discusiones posteriores, revelan en toda su magnitud la persistente presencia del autoritarismo en el Estado mexicano: la ausencia flagrante del estado de derecho y la supremacía de las prácticas clientelares en el tratamiento de los asuntos públicos.
En primera instancia, con lo ocurrido hasta ahora en este caso se demuestra diáfanamente la ausencia de un procedimiento claro, transparente y preciso que brinde garantías jurídicas a todos para renovar, revocar o modificar los términos de las concesiones vigentes o que concluyeron su periodo. Esa es precisamente la discusión: si MVS podía prorrogar, según expresión del mismo presidente del Consejo de Administración de esa empresa, dicha concesión, y si a través de la misma podía prestar servicios adicionales.
En un país donde se respeta el estado de derecho, eso está normado y tiene procedimientos, autoridades, requisitos y tiempos claramente establecidos. En México, según reconocen los actores involucrados, todo esto se realizó a través de varias decenas de anárquicas reuniones privadas, donde regía la arbitrariedad y la discrecionalidad de la autoridad. Precisamente por ello se hicieron propuestas y contrapropuestas, como si se tratase de un bien privado y de un acuerdo entre particulares.
En este caso se trata de un bien y un servicio públicos, cuya concesión a un particular debe hacerse con estricto apego a la normatividad vigente, no en función de los humores de la autoridad y los acuerdos privados en los que los requisitos y las prestaciones y contraprestaciones se establecen libremente.
Pero ante la falta de una legislación y una reglamentación adecuadas, todos los actores implicados aceptan su participación en estas reuniones privadas con el claro objetivo de lograr un acuerdo que los favorezca a ambos (concesionario y autoridad), no a la ciudadanía, la que debiera ser el verdadero receptor de los beneficios de un servicio público.
Relaciones claramente clientelares como ésta vulneran el estado de derecho e impiden la construcción de un régimen democrático. Daniel Hallin y Paolo Mancini definen el clientelismo político como “…un patrón de organización social en el que el acceso a los recursos sociales es controlado por patronos y entregado a sus clientes como intercambio por deferencias y varias formas de apoyo. Es una forma particular de organización social, en la que las reglas formales son menos importantes en relación a las conexiones personales o, en formas más recientes de clientelismo, conexiones mediadas a través de los partidos políticos, la Iglesia y otras organizaciones”.
A su vez, Jorge M. Audelo, señala que se trata de “aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existen un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos, y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos”.
Este soporte fundamental del régimen autoritario mexicano está presente y es aceptado por todos los involucrados en el caso MVS. Hay diferencias respecto a quién elaboró el primer proyecto de comunicado de disculpa de Carmen Aristegui (MVS o la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República); respecto a si la intervención de Javier Lozano fue en su carácter de secretario de Estado o como amigo de Vargas y a título personal; o sobre las cantidades que MVS ofreció como contraprestación (104 millones de pesos, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 11 mil 164 millones, según MVS). Pero no existe ninguna controversia acerca de la realización de varias decenas de reuniones, a lo largo de cuatro años o poco más, sin apego a ninguna normatividad, simplemente en función de esta relación personal, a la que todos los actores apelan en más de una ocasión, tanto en las revelaciones de Vargas como en las declaraciones de los funcionarios públicos involucrados. Todos confesaron su participación en este evidente ejercicio de clientelismo político.
Lo único que al respecto ha cambiado en el nuevo milenio es que hoy los clientes (en este caso MVS) que se sienten burlados se atreven a hacer denuncias públicas sobre casos como éste, no porque reprueben tales prácticas, sino porque no se beneficiaron de ellas.
Después de 12 años de alternancia en el Poder Ejecutivo, las instituciones del autoritarismo permanecen intactas. El intercambio de favores entre autoridades y particulares prevalece por encima del estado de derecho, y, cuando se trata de bienes públicos muy rentables –como las telecomunicaciones–, su acceso está reservado a unos cuantos privilegiados.
La autoridad sigue aprovechándose de la pobreza y la ignorancia de unos (en el caso de los votantes) o de la avaricia de otros (en el caso de las telecomunicaciones) para intercambiar dádivas o privilegios por votos o apoyo político.
En estas condiciones es imposible que florezca la democracia.
Las revelaciones de Joaquín Vargas sobre las acciones del gobierno para retirarle la concesión de la banda 2.5 ghz., y las discusiones posteriores, revelan en toda su magnitud la persistente presencia del autoritarismo en el Estado mexicano: la ausencia flagrante del estado de derecho y la supremacía de las prácticas clientelares en el tratamiento de los asuntos públicos.
En primera instancia, con lo ocurrido hasta ahora en este caso se demuestra diáfanamente la ausencia de un procedimiento claro, transparente y preciso que brinde garantías jurídicas a todos para renovar, revocar o modificar los términos de las concesiones vigentes o que concluyeron su periodo. Esa es precisamente la discusión: si MVS podía prorrogar, según expresión del mismo presidente del Consejo de Administración de esa empresa, dicha concesión, y si a través de la misma podía prestar servicios adicionales.
En un país donde se respeta el estado de derecho, eso está normado y tiene procedimientos, autoridades, requisitos y tiempos claramente establecidos. En México, según reconocen los actores involucrados, todo esto se realizó a través de varias decenas de anárquicas reuniones privadas, donde regía la arbitrariedad y la discrecionalidad de la autoridad. Precisamente por ello se hicieron propuestas y contrapropuestas, como si se tratase de un bien privado y de un acuerdo entre particulares.
En este caso se trata de un bien y un servicio públicos, cuya concesión a un particular debe hacerse con estricto apego a la normatividad vigente, no en función de los humores de la autoridad y los acuerdos privados en los que los requisitos y las prestaciones y contraprestaciones se establecen libremente.
Pero ante la falta de una legislación y una reglamentación adecuadas, todos los actores implicados aceptan su participación en estas reuniones privadas con el claro objetivo de lograr un acuerdo que los favorezca a ambos (concesionario y autoridad), no a la ciudadanía, la que debiera ser el verdadero receptor de los beneficios de un servicio público.
Relaciones claramente clientelares como ésta vulneran el estado de derecho e impiden la construcción de un régimen democrático. Daniel Hallin y Paolo Mancini definen el clientelismo político como “…un patrón de organización social en el que el acceso a los recursos sociales es controlado por patronos y entregado a sus clientes como intercambio por deferencias y varias formas de apoyo. Es una forma particular de organización social, en la que las reglas formales son menos importantes en relación a las conexiones personales o, en formas más recientes de clientelismo, conexiones mediadas a través de los partidos políticos, la Iglesia y otras organizaciones”.
A su vez, Jorge M. Audelo, señala que se trata de “aquellas relaciones informales de intercambio recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos, basadas en una amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en las que existen un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales, protección y acceso a recursos diversos, y el cliente ofrece a cambio servicios personales, lealtad, apoyo político o votos”.
Este soporte fundamental del régimen autoritario mexicano está presente y es aceptado por todos los involucrados en el caso MVS. Hay diferencias respecto a quién elaboró el primer proyecto de comunicado de disculpa de Carmen Aristegui (MVS o la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República); respecto a si la intervención de Javier Lozano fue en su carácter de secretario de Estado o como amigo de Vargas y a título personal; o sobre las cantidades que MVS ofreció como contraprestación (104 millones de pesos, según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 11 mil 164 millones, según MVS). Pero no existe ninguna controversia acerca de la realización de varias decenas de reuniones, a lo largo de cuatro años o poco más, sin apego a ninguna normatividad, simplemente en función de esta relación personal, a la que todos los actores apelan en más de una ocasión, tanto en las revelaciones de Vargas como en las declaraciones de los funcionarios públicos involucrados. Todos confesaron su participación en este evidente ejercicio de clientelismo político.
Lo único que al respecto ha cambiado en el nuevo milenio es que hoy los clientes (en este caso MVS) que se sienten burlados se atreven a hacer denuncias públicas sobre casos como éste, no porque reprueben tales prácticas, sino porque no se beneficiaron de ellas.
Después de 12 años de alternancia en el Poder Ejecutivo, las instituciones del autoritarismo permanecen intactas. El intercambio de favores entre autoridades y particulares prevalece por encima del estado de derecho, y, cuando se trata de bienes públicos muy rentables –como las telecomunicaciones–, su acceso está reservado a unos cuantos privilegiados.
La autoridad sigue aprovechándose de la pobreza y la ignorancia de unos (en el caso de los votantes) o de la avaricia de otros (en el caso de las telecomunicaciones) para intercambiar dádivas o privilegios por votos o apoyo político.
En estas condiciones es imposible que florezca la democracia.
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