Jesús Cantú
La coalición Movimiento Progresista aporta cada día más elementos que deben ser investigados y aclarados antes de la calificación de la elección presidencial, que debe darse a más tardar el 6 de septiembre; de lo contrario se erosionará todavía más la legitimidad del triunfo del candidato de la coalición Compromiso por México y se pondrá en riesgo la gobernabilidad del país.
El 25 de junio el Partido Acción Nacional denunció la existencia de los monederos electrónicos de Monex; la reacción inmediata del PRI fue negar los hechos y señalar que era un infundio más de sus opositores. Sin embargo dos días después el Instituto Federal Electoral detectó que las dos tarjetas que presentó el blanquiazul pertenecían a una cuenta que tenía 70.8 millones de pesos y 9 mil 924 tarjetas asociadas.
Esa confirmación despertó más suspicacias y el PAN solicitó que se congelara la cuenta, pues evidentemente no estaba a nombre del PRI y se estaba utilizando para enviar dinero a su estructura electoral. Esto lo confirmaron los mismos priistas el 19 de julio, aunque afirmaron que se trataba de gasto ordinario y trataron de desvincularse de cualquier responsabilidad, con el pretexto de que ellos contrataron el servicio con la empresa Alkino, Servicios y Calidad, SA de CV.
Pasada la jornada electoral las denuncias del Movimiento Progresista se vinieron en cascada. Primero el 4 de julio presentaron facturas de dos compañías que también compraron monederos electrónicos: Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Efra, por 141 millones de pesos. Nuevamente el PRI negó los hechos.
Pero después de que el PRI reconoció su vínculo con Alkino, el administrador de ésta afirmó que ellos sólo fueron intermediarios y que quien operó fue Comercializadora Atama, cuyos accionistas son Juan Óscar Fragoso Oscoy, fallecido hace dos años, y Ramón Paz Morales, que no tiene empleo fijo y se dedica a trabajos eventuales y diversos; pero además son los mismos que aparecen como accionistas de Grupo Comercial Inizzio.
Esto arroja todavía más dudas sobre la triangulación de recursos y la utilización de empresas “fantasma” para manejar dinero de la campaña electoral o al menos del gasto ordinario del tricolor. El Movimiento Progresista aportó nombres precisos de empresas vinculadas con dichos movimientos. Allí están, además de los ya señalados: Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y el particular Rodrigo Fernández Noriega.
Como sucedió con la primera denuncia del PAN, la autoridad –tanto la electoral como el ministerio público o las hacendarias– no tiene que hacer una pesquisa a ciegas, sólo tiene que rastrear la información precisa de esas empresas y verificar si existen suficientes elementos para considerar que las denuncias de los lopezobradoristas deben o no investigarse. No es mucho más que eso lo que tiene que demostrarse en estos momentos.
Apenas el jueves 2 Ricardo Monreal denunció que detectó cuentas en Bancomer y Scotiabank, esta última a nombre de Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña del candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, en la que en cinco meses se transfirieron recursos por 8 mil 681 millones de pesos. Nuevamente hay señalamientos precisos: instituciones bancarias, nombres de los titulares de las cuentas y hasta números de cuenta, al menos en uno de los casos, lo que facilita las investigaciones.
Hace un mes exactamente que la coalición de la izquierda lanzó la primera acusación y todavía ninguna autoridad puede, al menos, confirmar o negar la existencia de dichas cuentas, lo cual arrojaría luz sobre la verosimilitud de los dichos. Pero si escudados en la secrecía de las investigaciones en curso, las autoridades prefieren guardar silencio al respecto, lo que sí tienen que hacer es un compromiso público para resolver los asuntos con oportunidad para que sean valorados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la calificación de la elección.
El IFE no requiere, como alega, de los informes de gastos de campaña para verificar la existencia o no de las cuentas denunciadas, para verificar si los monederos se entregaron a miembros de la estructura electoral tricolor o no y los montos que se manejaron. La PGR, la Fepade y la Secretaría de Hacienda tampoco pueden argumentar falta de tiempo, pues si el plazo del arraigo domiciliario es un indicador del lapso que requieren para integrar una averiguación previa, les basta con 40 días y el próximo fin de semana se cumplirían los 40 días del momento en que recibieron las primeras denuncias.
Y en este caso, como sucedió con el Pemexgate, la información que requiere la autoridad electoral para proceder a dictaminar sus quejas no tiene que reunir las mismas especificidades que las que soportan una consignación del Ministerio Público. En situación similar se encontraría el Tribunal Electoral para calificar la elección: bastaría saber si existieron o no las cuentas, si hay elementos para presumir que los recursos se utilizaron en la campaña presidencial y, de cumplirse estas dos condiciones, el monto de los recursos que manejaron.
Los primeros interesados en que se diluciden estas tres interrogantes deben ser los mismos priistas, pues si efectivamente –como ellos dicen– son infundios, ellos tendrán elementos para proceder legalmente contra sus calumniadores y recuperarán al menos parte de la legitimidad perdida por las informaciones divulgadas hasta hoy.
De muy poco les servirá a los tricolores una resolución favorable a sus intereses cuando ellos ya hayan asumido la Presidencia de la República, pues nadie creerá en la imparcialidad de las autoridades, especialmente cuando dos de ellas (el Ministerio Público y la Secretaría de Hacienda) forman parte del Poder Ejecutivo y, obviamente, se generaría una crisis de gobernabilidad muy seria si la autoridad electoral encuentra que efectivamente en la campaña presidencial se gastaron varias veces los topes establecidos y/o se encuentran huellas de irregularidades en el origen de los recursos, como sucedió en 2003 con los Amigos de Fox.
Quizá el tiempo no alcance para dilucidar si el recurso se utilizó para comprar votos o reconstruir todos los pasos de las transacciones financieras y fincar responsabilidades a los involucrados, pero dados los datos con los que cuentan las autoridades, sí lo tienen para confirmar o desechar las interrogantes básicas. Y eso tienen que hacerlo antes de la calificación de la elección presidencial si quieren contribuir la gobernabilidad nacional.
La coalición Movimiento Progresista aporta cada día más elementos que deben ser investigados y aclarados antes de la calificación de la elección presidencial, que debe darse a más tardar el 6 de septiembre; de lo contrario se erosionará todavía más la legitimidad del triunfo del candidato de la coalición Compromiso por México y se pondrá en riesgo la gobernabilidad del país.
El 25 de junio el Partido Acción Nacional denunció la existencia de los monederos electrónicos de Monex; la reacción inmediata del PRI fue negar los hechos y señalar que era un infundio más de sus opositores. Sin embargo dos días después el Instituto Federal Electoral detectó que las dos tarjetas que presentó el blanquiazul pertenecían a una cuenta que tenía 70.8 millones de pesos y 9 mil 924 tarjetas asociadas.
Esa confirmación despertó más suspicacias y el PAN solicitó que se congelara la cuenta, pues evidentemente no estaba a nombre del PRI y se estaba utilizando para enviar dinero a su estructura electoral. Esto lo confirmaron los mismos priistas el 19 de julio, aunque afirmaron que se trataba de gasto ordinario y trataron de desvincularse de cualquier responsabilidad, con el pretexto de que ellos contrataron el servicio con la empresa Alkino, Servicios y Calidad, SA de CV.
Pasada la jornada electoral las denuncias del Movimiento Progresista se vinieron en cascada. Primero el 4 de julio presentaron facturas de dos compañías que también compraron monederos electrónicos: Grupo Comercial Inizzio y Comercializadora Efra, por 141 millones de pesos. Nuevamente el PRI negó los hechos.
Pero después de que el PRI reconoció su vínculo con Alkino, el administrador de ésta afirmó que ellos sólo fueron intermediarios y que quien operó fue Comercializadora Atama, cuyos accionistas son Juan Óscar Fragoso Oscoy, fallecido hace dos años, y Ramón Paz Morales, que no tiene empleo fijo y se dedica a trabajos eventuales y diversos; pero además son los mismos que aparecen como accionistas de Grupo Comercial Inizzio.
Esto arroja todavía más dudas sobre la triangulación de recursos y la utilización de empresas “fantasma” para manejar dinero de la campaña electoral o al menos del gasto ordinario del tricolor. El Movimiento Progresista aportó nombres precisos de empresas vinculadas con dichos movimientos. Allí están, además de los ya señalados: Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y el particular Rodrigo Fernández Noriega.
Como sucedió con la primera denuncia del PAN, la autoridad –tanto la electoral como el ministerio público o las hacendarias– no tiene que hacer una pesquisa a ciegas, sólo tiene que rastrear la información precisa de esas empresas y verificar si existen suficientes elementos para considerar que las denuncias de los lopezobradoristas deben o no investigarse. No es mucho más que eso lo que tiene que demostrarse en estos momentos.
Apenas el jueves 2 Ricardo Monreal denunció que detectó cuentas en Bancomer y Scotiabank, esta última a nombre de Luis Videgaray Caso, coordinador de la campaña del candidato de la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, en la que en cinco meses se transfirieron recursos por 8 mil 681 millones de pesos. Nuevamente hay señalamientos precisos: instituciones bancarias, nombres de los titulares de las cuentas y hasta números de cuenta, al menos en uno de los casos, lo que facilita las investigaciones.
Hace un mes exactamente que la coalición de la izquierda lanzó la primera acusación y todavía ninguna autoridad puede, al menos, confirmar o negar la existencia de dichas cuentas, lo cual arrojaría luz sobre la verosimilitud de los dichos. Pero si escudados en la secrecía de las investigaciones en curso, las autoridades prefieren guardar silencio al respecto, lo que sí tienen que hacer es un compromiso público para resolver los asuntos con oportunidad para que sean valorados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la calificación de la elección.
El IFE no requiere, como alega, de los informes de gastos de campaña para verificar la existencia o no de las cuentas denunciadas, para verificar si los monederos se entregaron a miembros de la estructura electoral tricolor o no y los montos que se manejaron. La PGR, la Fepade y la Secretaría de Hacienda tampoco pueden argumentar falta de tiempo, pues si el plazo del arraigo domiciliario es un indicador del lapso que requieren para integrar una averiguación previa, les basta con 40 días y el próximo fin de semana se cumplirían los 40 días del momento en que recibieron las primeras denuncias.
Y en este caso, como sucedió con el Pemexgate, la información que requiere la autoridad electoral para proceder a dictaminar sus quejas no tiene que reunir las mismas especificidades que las que soportan una consignación del Ministerio Público. En situación similar se encontraría el Tribunal Electoral para calificar la elección: bastaría saber si existieron o no las cuentas, si hay elementos para presumir que los recursos se utilizaron en la campaña presidencial y, de cumplirse estas dos condiciones, el monto de los recursos que manejaron.
Los primeros interesados en que se diluciden estas tres interrogantes deben ser los mismos priistas, pues si efectivamente –como ellos dicen– son infundios, ellos tendrán elementos para proceder legalmente contra sus calumniadores y recuperarán al menos parte de la legitimidad perdida por las informaciones divulgadas hasta hoy.
De muy poco les servirá a los tricolores una resolución favorable a sus intereses cuando ellos ya hayan asumido la Presidencia de la República, pues nadie creerá en la imparcialidad de las autoridades, especialmente cuando dos de ellas (el Ministerio Público y la Secretaría de Hacienda) forman parte del Poder Ejecutivo y, obviamente, se generaría una crisis de gobernabilidad muy seria si la autoridad electoral encuentra que efectivamente en la campaña presidencial se gastaron varias veces los topes establecidos y/o se encuentran huellas de irregularidades en el origen de los recursos, como sucedió en 2003 con los Amigos de Fox.
Quizá el tiempo no alcance para dilucidar si el recurso se utilizó para comprar votos o reconstruir todos los pasos de las transacciones financieras y fincar responsabilidades a los involucrados, pero dados los datos con los que cuentan las autoridades, sí lo tienen para confirmar o desechar las interrogantes básicas. Y eso tienen que hacerlo antes de la calificación de la elección presidencial si quieren contribuir la gobernabilidad nacional.
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