Miguel Badillo / Oficio de Papel
El miedo se apodera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde sus siete medrosos magistrados ordenaron blindar sus instalaciones ante cualquier contingencia postelectoral.
Convencidos de que cualquier resultado electoral del próximo domingo, en donde está en juego la Presidencia de la República y una vez más la alternancia en el poder, generará reacciones violentas en el país, los magistrados ordenaron que las puertas de ingreso al Tribunal fueran blindadas, en especial la correspondiente a la Sala Superior (en donde sesionan), que tiene acceso por la avenida Carlota Armero, en el Distrito Federal.
Con la omnipotencia que ejercen estos siete servidores públicos, no tienen por qué dar explicaciones de sus decisiones y mucho menos del ejercicio que hacen del dinero público; sin embargo, para justificar el cuantioso gasto del blindaje argumentaron que estaban preocupados y asustados por su seguridad personal. El área encargada del blindaje fue Protección Institucional y el gasto ascendió a 300 mil pesos, más otros 38 mil de una “puerta acorazada” con capacidad de resistir disparos de bazucas y hasta bombas.
Pero el temor de los magistrados no quedó allí, también se autorizaron camionetas blindadas marca Gran Cherokee, con valor aproximado a 1.5 millones de pesos por cada vehículo.
Pero el abuso del dinero público en este órgano de impartición de justicia, que después del 1 de julio resolverá las controversias en materia electoral y las impugnaciones que presenten los actores políticos por la elección del presidente, de gobernadores, de jefe de gobierno, de diputados federales y de senadores, va más allá. Los siete magistrados, cuyo presidente es el doctor José Alejandro Luna Ramos, tienen asignado para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina; su ingreso mensual neto fluctúa entre los 230 mil y 250 mil pesos, el mismo salario que gana el presidente del país; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa MetLife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento con dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.
Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de cinco estrellas el magistrado no desembolsará un sólo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.
Como estos siete magistrados son los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su legalidad para declarar quién es el presidente electo, necesitan más estímulos económicos que los alejen de tentaciones de corrupción o de componendas políticas; por ello, votaron a su favor para asignarse esta misma semana un “bono de riesgo” por 500 mil pesos para cada uno, lo que representa para ellos “apenas” dos meses de salario.
Seguro que con tanta protección, blindaje y bonos económicos extras para su “protección”, los magistrados del Tribunal Electoral deben saber algo que los más de 100 millones de mexicanos ignoramos, y que puede ocurrir en las próximas elecciones. No encuentro otra justificación para tal despilfarro, abuso de poder y tráfico de influencias en beneficio de ellos mismos.
Más bonos para los “humildes” magistrados: el dispendio continúa y todos los trabajadores de ese órgano electoral recibieron hace unos días un “bono de apoyo al proceso electoral”, correspondiente a uno o dos meses de salario, dependiendo del cargo del funcionario; otro bono de la misma dimensión les será entregado después del 1 de julio, nuevamente por “apoyo a las elecciones presidenciales” y, por si lo anterior fuera poco, los magistrados han dispuesto que cada cuatro meses se les pague un bono equivalente a un mes de salario. Son tantos bonos que prácticamente trabajar en dicho órgano del Poder Judicial les permite duplicar su ya de por sí oneroso salario.
El TEPJF ha dispuesto también que sus siete magistrados no gasten su salario en el consumo de alimentos, por lo cual les otorga 15 mil pesos mensuales, dinero equivalente al salario mínimo que recibirían ocho trabajadores mexicanos. Si los 15 mil pesos no son suficientes para sus costosas comidas, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal paga como “atención a magistrados”.
Entre los gastos “menores” en beneficio de sus magistrados está la disposición de más de 100 mil pesos para comprarle a cada uno su iPod; también una moderna cafetera a un “mínimo” costo de 20 mil pesos; o la lujosa camioneta para el presidente Luna Ramos: una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.
Pero los siete magistrados no sólo están interesados en su bienestar económico, su seguridad y alimentación, también en participar en la recomendación de su personal y de amistades y compadres en cargos de mandos superiores y medios dentro del Tribunal. Por ejemplo, Rolando de Lasse Cañas, coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, despidió al director de Proyectos, René Alvarado, y en su lugar entró Valentín Rosas García, quien entre pasillos presume su amistad con uno de los hijos del doctor Luna Ramos.
Lo más grave de esa remoción del ingeniero Alvarado, y que por lo menos debería preocupar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se dio porque el funcionario se negó a firmar y aceptar las nuevas estimaciones económicas para una obra de remodelación y ampliación de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey, Nuevo León, que tuvo un desembolso del erario de entre 55 millones y 60 millones de pesos, con deficiencias de tiempo y costo. Dicha obra estaba planeada para concluirse en marzo, pero demoró cuatro meses más y tuvo un sobrecosto de 15 millones. El encargado de vigilar el buen uso de los recursos es Rolando de Lasse Cañas.
Otro despido injustificado fue el del ingeniero Roberto Healty, quien tuvo que dejar la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación del TEPJF para que su lugar llegara Ricardo Zetina, también recomendado de De Lasse Cañas, quien procura siempre estar atento a las peticiones del presidente Luna Ramos y de los magistrados Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo y Nava Gomar.
Nuevamente el espacio me ha ganado y queda pendiente seguir con el tema de las presiones a la primera mujer procuradora general de la República. Hasta el próximo domingo y felices elecciones, señores magistrados.
El miedo se apodera del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en donde sus siete medrosos magistrados ordenaron blindar sus instalaciones ante cualquier contingencia postelectoral.
Convencidos de que cualquier resultado electoral del próximo domingo, en donde está en juego la Presidencia de la República y una vez más la alternancia en el poder, generará reacciones violentas en el país, los magistrados ordenaron que las puertas de ingreso al Tribunal fueran blindadas, en especial la correspondiente a la Sala Superior (en donde sesionan), que tiene acceso por la avenida Carlota Armero, en el Distrito Federal.
Con la omnipotencia que ejercen estos siete servidores públicos, no tienen por qué dar explicaciones de sus decisiones y mucho menos del ejercicio que hacen del dinero público; sin embargo, para justificar el cuantioso gasto del blindaje argumentaron que estaban preocupados y asustados por su seguridad personal. El área encargada del blindaje fue Protección Institucional y el gasto ascendió a 300 mil pesos, más otros 38 mil de una “puerta acorazada” con capacidad de resistir disparos de bazucas y hasta bombas.
Pero el temor de los magistrados no quedó allí, también se autorizaron camionetas blindadas marca Gran Cherokee, con valor aproximado a 1.5 millones de pesos por cada vehículo.
Pero el abuso del dinero público en este órgano de impartición de justicia, que después del 1 de julio resolverá las controversias en materia electoral y las impugnaciones que presenten los actores políticos por la elección del presidente, de gobernadores, de jefe de gobierno, de diputados federales y de senadores, va más allá. Los siete magistrados, cuyo presidente es el doctor José Alejandro Luna Ramos, tienen asignado para su servicio otros dos automóviles con su respectivo gasto de gasolina; su ingreso mensual neto fluctúa entre los 230 mil y 250 mil pesos, el mismo salario que gana el presidente del país; cuentan con un seguro de separación individualizado contratado con la empresa MetLife, consistente en que el magistrado aporta 10 por ciento de sus ingresos y el Tribunal otro 10 por ciento con dinero público, y el total lo recibirá cada magistrado cuando termine su gestión.
Además, dicho órgano de “justicia” le otorga a los magistrados un seguro de vida y uno de gastos médicos mayores, con cero coaseguro, es decir, que cualquier gasto que genere su internamiento en algún hospital de cinco estrellas el magistrado no desembolsará un sólo centavo de sus ingresos, pues todo estará cubierto por el seguro pagado con dinero público de los mexicanos.
Como estos siete magistrados son los responsables del cómputo final de la elección presidencial y de calificar su legalidad para declarar quién es el presidente electo, necesitan más estímulos económicos que los alejen de tentaciones de corrupción o de componendas políticas; por ello, votaron a su favor para asignarse esta misma semana un “bono de riesgo” por 500 mil pesos para cada uno, lo que representa para ellos “apenas” dos meses de salario.
Seguro que con tanta protección, blindaje y bonos económicos extras para su “protección”, los magistrados del Tribunal Electoral deben saber algo que los más de 100 millones de mexicanos ignoramos, y que puede ocurrir en las próximas elecciones. No encuentro otra justificación para tal despilfarro, abuso de poder y tráfico de influencias en beneficio de ellos mismos.
Más bonos para los “humildes” magistrados: el dispendio continúa y todos los trabajadores de ese órgano electoral recibieron hace unos días un “bono de apoyo al proceso electoral”, correspondiente a uno o dos meses de salario, dependiendo del cargo del funcionario; otro bono de la misma dimensión les será entregado después del 1 de julio, nuevamente por “apoyo a las elecciones presidenciales” y, por si lo anterior fuera poco, los magistrados han dispuesto que cada cuatro meses se les pague un bono equivalente a un mes de salario. Son tantos bonos que prácticamente trabajar en dicho órgano del Poder Judicial les permite duplicar su ya de por sí oneroso salario.
El TEPJF ha dispuesto también que sus siete magistrados no gasten su salario en el consumo de alimentos, por lo cual les otorga 15 mil pesos mensuales, dinero equivalente al salario mínimo que recibirían ocho trabajadores mexicanos. Si los 15 mil pesos no son suficientes para sus costosas comidas, tienen derecho a presentar facturas que el Tribunal paga como “atención a magistrados”.
Entre los gastos “menores” en beneficio de sus magistrados está la disposición de más de 100 mil pesos para comprarle a cada uno su iPod; también una moderna cafetera a un “mínimo” costo de 20 mil pesos; o la lujosa camioneta para el presidente Luna Ramos: una Toyota Sequoia, que tiene un precio de alrededor de 800 mil pesos.
Pero los siete magistrados no sólo están interesados en su bienestar económico, su seguridad y alimentación, también en participar en la recomendación de su personal y de amistades y compadres en cargos de mandos superiores y medios dentro del Tribunal. Por ejemplo, Rolando de Lasse Cañas, coordinación de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública, despidió al director de Proyectos, René Alvarado, y en su lugar entró Valentín Rosas García, quien entre pasillos presume su amistad con uno de los hijos del doctor Luna Ramos.
Lo más grave de esa remoción del ingeniero Alvarado, y que por lo menos debería preocupar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que se dio porque el funcionario se negó a firmar y aceptar las nuevas estimaciones económicas para una obra de remodelación y ampliación de la Sala Regional del Tribunal en Monterrey, Nuevo León, que tuvo un desembolso del erario de entre 55 millones y 60 millones de pesos, con deficiencias de tiempo y costo. Dicha obra estaba planeada para concluirse en marzo, pero demoró cuatro meses más y tuvo un sobrecosto de 15 millones. El encargado de vigilar el buen uso de los recursos es Rolando de Lasse Cañas.
Otro despido injustificado fue el del ingeniero Roberto Healty, quien tuvo que dejar la Jefatura de Unidad de Control de Obras y Conservación del TEPJF para que su lugar llegara Ricardo Zetina, también recomendado de De Lasse Cañas, quien procura siempre estar atento a las peticiones del presidente Luna Ramos y de los magistrados Manuel González Oropeza, Constancio Carrasco Daza, Salvador Olimpo y Nava Gomar.
Nuevamente el espacio me ha ganado y queda pendiente seguir con el tema de las presiones a la primera mujer procuradora general de la República. Hasta el próximo domingo y felices elecciones, señores magistrados.
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