Alonso Urrutia / La Jornada
Al conocerse el informe de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el avance de las principales quejas vinculadas a la elección presidencial, que concluyó sobre la imposibilidad de su resolución inmediata, el consejero presidente, Leonardo Valdés, sostuvo: Entendemos la importancia de concluirlas oportunamente pero, más allá de la celeridad, la principal motivación es la certeza y legalidad.
En contraste, el representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez, acusó a la Unidad de Fiscalización de asumir una actitud tendenciosa y parcial. Citó que mientras en la revisión del gasto de precampañas vio con lupa 161 pintas y bardas del sol azteca, el informe asume que no observaron la gran mayoría de los 4 mil 129 espectaculares del candidato presidencial tricolor, Enrique Peña Nieto, denunciados por el Movimiento Progresista.
Cabe destacar que previamente, por no haber reportado 239 anuncios espectaculares, 7 mantas, 161 pintas de bardas y 85 artículos de propaganda utilitaria durante la precampaña, el IFE aprobó multa de 5.1 millones de pesos al PRD. Al PT, por otras irregularidades en su informe de gastos de precampaña, se le impusieron sanciones por 2.5 millones. El PAN fue multado con 210 mil pesos y el PRI con 6 mil 233 pesos.
A pesar de ello, el consejero presidente dijo en torno al informe de gastos de precampañas, que a partir de estos resultados podemos afirmar que ningún partido político o coalición rebasó los topes de gastos, ni se detectaron aportaciones o donativos realizados por entes prohibidos; sólo se utilizaron recursos permitidos por la ley.
El PRI terció en voz de Sebastián Lerdo de Tejada, quien consideró que el informe –que nadie pidió– pareciera ser más una respuesta al debate mediático sobre la calificación presidencial, que un ejercicio estrictamente jurídico o procesal. Es una respuesta a las imputaciones perredistas sobre la credibilidad y la legitimidad de la autoridad electoral, lo cual parece muy delicado.
La mayor parte de los consejeros intervinieron para cerrar filas en torno al informe de la Unidad de Fiscalización: Se han realizado más de 2 mil 600 diligencias, lo que habla de que la imputación de que la autoridad electoral es omisa en su tarea es falsa. La unidad demuestra que las facultades que le dieron con la reforma electoral de 2007 (trascender el secreto bancario y fiduciario) se han ejercido cuando ha sido necesario, dijo Lorenzo Córdova.
En el caso Monex, se ha identificado la fuente contractual de las tarjetas y las remesas entregadas; determinado el lote total de plásticos con su resumen de operaciones, e identificado a las personas físicas y morales relacionadas con esos servicios.
Córdova concluyó que en el discurso se ha generado este falso lugar común de que no se han cerrado las investigaciones porque se está medrando políticamente con el tiempo, y eso es falso. Pedirle al IFE que haga una investigación precipitada es pedirle que haga una investigación probablemente mal hecha.
En consonancia con el PRD, el panista Rogelio Carbajal destacó la importancia que tendría para la elección que el instituto resolviera las quejas presentadas sobre el manejo de recursos, porque no se puede pretextar ante esta circunstancia tan importante, como es la calificación de una elección, que los procesos de fiscalización tienen plazos que van mucho más allá, pues tiene que ver con la calidad de la elección.
Tanto el PRD como el PRI cuestionaron sobre el alcance del informe. Márquez criticó que no haya avances suficientes pese a que el PRD entregó facturas por aproximadamente 300 millones de pesos relacionadas con el caso Monex. Subrayó que hay connotados personajes de la campaña de Peña Nieto ligados a las triangulaciones financieras; lamentó también que no se tengan avances en cuanto al contrato de aeronaves que trasladaron al candidato priísta en la campaña.
Lerdo de Tejada dejó en entredicho el criterio de que el informe se circunscribiera a siete quejas, cuando se han presentado 220, censurando que algunas relacionadas con el gasto de la campaña de Andrés Manuel López Obrador no se incluyeran.
Entre las otras, hicimos una queja para que se le diera vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las organizaciones civiles Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, estas asociaciones que tienen nombre de deseo, pero que operan como verdaderos lavadores de dinero y que han sido beneficiadas por el Gobierno del DF.
Ante las críticas, el consejero Francisco Guerrero citó parte de las conclusiones del informe, entre las que destacó que algunos de los alcances presentados (al juicio de inconformidad contra la elección presidencial) han sido anunciados mediáticamente y no han sido entregados a la autoridad, que es un elemento relevante para tenerlo presente.
Al conocerse el informe de la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) sobre el avance de las principales quejas vinculadas a la elección presidencial, que concluyó sobre la imposibilidad de su resolución inmediata, el consejero presidente, Leonardo Valdés, sostuvo: Entendemos la importancia de concluirlas oportunamente pero, más allá de la celeridad, la principal motivación es la certeza y legalidad.
En contraste, el representante del PRD ante el IFE, Camerino Márquez, acusó a la Unidad de Fiscalización de asumir una actitud tendenciosa y parcial. Citó que mientras en la revisión del gasto de precampañas vio con lupa 161 pintas y bardas del sol azteca, el informe asume que no observaron la gran mayoría de los 4 mil 129 espectaculares del candidato presidencial tricolor, Enrique Peña Nieto, denunciados por el Movimiento Progresista.
Cabe destacar que previamente, por no haber reportado 239 anuncios espectaculares, 7 mantas, 161 pintas de bardas y 85 artículos de propaganda utilitaria durante la precampaña, el IFE aprobó multa de 5.1 millones de pesos al PRD. Al PT, por otras irregularidades en su informe de gastos de precampaña, se le impusieron sanciones por 2.5 millones. El PAN fue multado con 210 mil pesos y el PRI con 6 mil 233 pesos.
A pesar de ello, el consejero presidente dijo en torno al informe de gastos de precampañas, que a partir de estos resultados podemos afirmar que ningún partido político o coalición rebasó los topes de gastos, ni se detectaron aportaciones o donativos realizados por entes prohibidos; sólo se utilizaron recursos permitidos por la ley.
El PRI terció en voz de Sebastián Lerdo de Tejada, quien consideró que el informe –que nadie pidió– pareciera ser más una respuesta al debate mediático sobre la calificación presidencial, que un ejercicio estrictamente jurídico o procesal. Es una respuesta a las imputaciones perredistas sobre la credibilidad y la legitimidad de la autoridad electoral, lo cual parece muy delicado.
La mayor parte de los consejeros intervinieron para cerrar filas en torno al informe de la Unidad de Fiscalización: Se han realizado más de 2 mil 600 diligencias, lo que habla de que la imputación de que la autoridad electoral es omisa en su tarea es falsa. La unidad demuestra que las facultades que le dieron con la reforma electoral de 2007 (trascender el secreto bancario y fiduciario) se han ejercido cuando ha sido necesario, dijo Lorenzo Córdova.
En el caso Monex, se ha identificado la fuente contractual de las tarjetas y las remesas entregadas; determinado el lote total de plásticos con su resumen de operaciones, e identificado a las personas físicas y morales relacionadas con esos servicios.
Córdova concluyó que en el discurso se ha generado este falso lugar común de que no se han cerrado las investigaciones porque se está medrando políticamente con el tiempo, y eso es falso. Pedirle al IFE que haga una investigación precipitada es pedirle que haga una investigación probablemente mal hecha.
En consonancia con el PRD, el panista Rogelio Carbajal destacó la importancia que tendría para la elección que el instituto resolviera las quejas presentadas sobre el manejo de recursos, porque no se puede pretextar ante esta circunstancia tan importante, como es la calificación de una elección, que los procesos de fiscalización tienen plazos que van mucho más allá, pues tiene que ver con la calidad de la elección.
Tanto el PRD como el PRI cuestionaron sobre el alcance del informe. Márquez criticó que no haya avances suficientes pese a que el PRD entregó facturas por aproximadamente 300 millones de pesos relacionadas con el caso Monex. Subrayó que hay connotados personajes de la campaña de Peña Nieto ligados a las triangulaciones financieras; lamentó también que no se tengan avances en cuanto al contrato de aeronaves que trasladaron al candidato priísta en la campaña.
Lerdo de Tejada dejó en entredicho el criterio de que el informe se circunscribiera a siete quejas, cuando se han presentado 220, censurando que algunas relacionadas con el gasto de la campaña de Andrés Manuel López Obrador no se incluyeran.
Entre las otras, hicimos una queja para que se le diera vista al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de las organizaciones civiles Austeridad Republicana y Honestidad Valiente, estas asociaciones que tienen nombre de deseo, pero que operan como verdaderos lavadores de dinero y que han sido beneficiadas por el Gobierno del DF.
Ante las críticas, el consejero Francisco Guerrero citó parte de las conclusiones del informe, entre las que destacó que algunos de los alcances presentados (al juicio de inconformidad contra la elección presidencial) han sido anunciados mediáticamente y no han sido entregados a la autoridad, que es un elemento relevante para tenerlo presente.
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