Jenaro Villamil
Un juez federal admitió la solicitud de amparo presentada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) contra la decisión de la Comisión Federal de Competencia (CFC) que aceptó la fusión entre Iusacell y Grupo Televisa.
La Amedi recurrió a la reforma constitucional de 2011 que permite a terceros promover juicios de amparo “por interés legítimo”; para ello, contó con el apoyo de la organización Litiga Ole.
De acuerdo con la Amedi, el objetivo de este amparo es proteger “la libertad de expresión, el derecho a la información y prevenir los efectos sociales, políticos y económicos perjudiciales de la concentración de medios”.
Informó que también se solicitó la suspensión de oficio de la decisión de la CFC.
“La CFC pretendió equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó la escasa competencia que existía en la radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual, la publicidad, la audiencia, las frecuencias concesionadas y el espectro radioeléctrico”, advirtió la Amedi.
En conferencia de prensa, Aleida Calleja, presidenta del Comité Directivo de la Amedi, subrayó que las siete condiciones que la CFC impuso a la fusión Iusacell-Televisa “no corrigen los efectos de la concentración”.
Entre las condiciones que impuso la Comisión, destaca la de licitar una tercera cadena de televisión abierta en un periodo máximo de 24 meses.
Explicó, sin embargo, que la CFC “no tiene atribuciones para acelerar el proceso de licitación de frecuencias de televisión abierta y, por lo tanto, no podría activar un mecanismo de disolución de la alianza si al término de 24 meses no se ha realizado exitosamente dicha licitación”
Destacó que la CFC tampoco ha aclarado si la designación de Emilio Azcárraga Jean como copresidente de Grupo Iusacell viola la cuarta condición, en la que se advierte que “el Consejo de Administración de Iusacell no puede incluir empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas que estén directamente involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida”.
En días pasados, el área de Comunicación Social de la CFC informó que el nombramiento de Azcárraga Jean no viola esta cuarta condición, aunque el pleno del organismo no ha tomado ningún pronunciamiento al respecto.
En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, el abogado de la Amedi, Agustín Ríos, informó que insistirán para que no sólo se acepte la solicitud de amparo, sino que se otorgue la suspensión definitiva. El próximo 16 de agosto se deberá celebrar una audiencia, en la cual el juzgado valorará tanto el informe que rinda la CFC como los “terceros perjudicados”.
“Esto significa que tanto Televisa como Iusacell deberán dar sus razones por las cuales estarían en contra de la petición de suspensión que hacemos al Poder Judicial”, explicó el abogado.
En la conferencia también estuvieron presentes el senador electo por el PAN, Javier Corral, y la virtual diputada federal electa del PRD, Purificación Carpinteyro, subsecretaria de Comunicaciones en el primer tramo del sexenio calderonista.
Ambos especialistas se comprometieron a impulsar una reforma integral al régimen de medios electrónicos de comunicación, para cumplir con uno de los planteamientos fundamentales del movimiento #YoSoy132.
Un juez federal admitió la solicitud de amparo presentada por la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) contra la decisión de la Comisión Federal de Competencia (CFC) que aceptó la fusión entre Iusacell y Grupo Televisa.
La Amedi recurrió a la reforma constitucional de 2011 que permite a terceros promover juicios de amparo “por interés legítimo”; para ello, contó con el apoyo de la organización Litiga Ole.
De acuerdo con la Amedi, el objetivo de este amparo es proteger “la libertad de expresión, el derecho a la información y prevenir los efectos sociales, políticos y económicos perjudiciales de la concentración de medios”.
Informó que también se solicitó la suspensión de oficio de la decisión de la CFC.
“La CFC pretendió equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó la escasa competencia que existía en la radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual, la publicidad, la audiencia, las frecuencias concesionadas y el espectro radioeléctrico”, advirtió la Amedi.
En conferencia de prensa, Aleida Calleja, presidenta del Comité Directivo de la Amedi, subrayó que las siete condiciones que la CFC impuso a la fusión Iusacell-Televisa “no corrigen los efectos de la concentración”.
Entre las condiciones que impuso la Comisión, destaca la de licitar una tercera cadena de televisión abierta en un periodo máximo de 24 meses.
Explicó, sin embargo, que la CFC “no tiene atribuciones para acelerar el proceso de licitación de frecuencias de televisión abierta y, por lo tanto, no podría activar un mecanismo de disolución de la alianza si al término de 24 meses no se ha realizado exitosamente dicha licitación”
Destacó que la CFC tampoco ha aclarado si la designación de Emilio Azcárraga Jean como copresidente de Grupo Iusacell viola la cuarta condición, en la que se advierte que “el Consejo de Administración de Iusacell no puede incluir empleados de otras empresas de Grupo Televisa y Grupo Salinas que estén directamente involucrados en el negocio de la televisión abierta o restringida”.
En días pasados, el área de Comunicación Social de la CFC informó que el nombramiento de Azcárraga Jean no viola esta cuarta condición, aunque el pleno del organismo no ha tomado ningún pronunciamiento al respecto.
En conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas, el abogado de la Amedi, Agustín Ríos, informó que insistirán para que no sólo se acepte la solicitud de amparo, sino que se otorgue la suspensión definitiva. El próximo 16 de agosto se deberá celebrar una audiencia, en la cual el juzgado valorará tanto el informe que rinda la CFC como los “terceros perjudicados”.
“Esto significa que tanto Televisa como Iusacell deberán dar sus razones por las cuales estarían en contra de la petición de suspensión que hacemos al Poder Judicial”, explicó el abogado.
En la conferencia también estuvieron presentes el senador electo por el PAN, Javier Corral, y la virtual diputada federal electa del PRD, Purificación Carpinteyro, subsecretaria de Comunicaciones en el primer tramo del sexenio calderonista.
Ambos especialistas se comprometieron a impulsar una reforma integral al régimen de medios electrónicos de comunicación, para cumplir con uno de los planteamientos fundamentales del movimiento #YoSoy132.
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