Pedro Matías / Apro
El Centro de Asesoría a Pueblos Indígenas solicitó al gobierno mexicano cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, y proteger así los derechos de 77 triquis de San Juan Copala, tras la incursión de un grupo armado que pretendía asesinar a la representante de los desplazados, Eva Gómez Santos.
Ante “el desinterés, negligencia y falta de sensibilidad” del gobierno de Felipe Calderón, los habitantes de Valle del Río San Pedro, perteneciente a San Juan Copala, iniciarán este miércoles un éxodo a la ciudad de Oaxaca, con el fin de protegerse de un eventual ataque paramilitar, como el ocurrido en Acteal, Chiapas, a fines de 1997.
Así lo anunció el defensor de derechos humanos, Maurilio Santiago Reyes, quien afirmó que los hechos ocurrieron la madrugada de hoy cuando un grupo armado incursionó a la comunidad de desplazados triquis en busca de la activista Eva Gómez Santos.
Diversos relatos señalan que la gente armada entró al domicilio de la defensora de derechos con el fin de asesinarla, pero no logró su propósito porque la mujer no se encontraba en su casa.
Cabe mencionar que la comunidad de Valle del Río San Pedro cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC-60-12), mismas que fueron anunciadas el 29 de mayo anterior.
De igual forma, Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente a favor de los desplazados y, la semana pasada, el gobernador Gabino Cué concedió una audiencia pública con representantes de las comunidades que tienen medidas cautelares otorgadas por la CIDH, encuentro donde se comprometió a brindar seguridad a los habitantes de esa comunidad.
Santiago Reyes recordó que, en 2008, 15 familias de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani y Ladera fueron desplazadas de su comunidad por situaciones de intolerancia religiosa, de violencia por división de partidos políticos y por presión de grupos armados y paramilitares.
Al ser desplazados y no contar con un lugar dónde vivir y tierras qué cultivar, se establecieron en unos terrenos ubicados a un lado de Cuadrilla de Gregorio Álvarez, Putla, creando el asentamiento Valle del Río San Pedro, en territorio triqui.
Sin embargo, a las seis de la mañana del 25 de enero pasado, la comunidad triqui de Valle del Río San Pedro fue allanada por unos 200 elementos de la Policía Preventiva del Estado, fuertemente armados y abordo de 20 patrullas, con el objeto de desalojarlos de las tierras.
Y el pasado 8 de mayo, cerca de las dos de la tarde, presuntos sicarios asesinaron a Jaime Ramírez Martínez y Joaquín Martínez, así como a Eulogio López Aguilar.
El Centro de Asesoría a Pueblos Indígenas solicitó al gobierno mexicano cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, y proteger así los derechos de 77 triquis de San Juan Copala, tras la incursión de un grupo armado que pretendía asesinar a la representante de los desplazados, Eva Gómez Santos.
Ante “el desinterés, negligencia y falta de sensibilidad” del gobierno de Felipe Calderón, los habitantes de Valle del Río San Pedro, perteneciente a San Juan Copala, iniciarán este miércoles un éxodo a la ciudad de Oaxaca, con el fin de protegerse de un eventual ataque paramilitar, como el ocurrido en Acteal, Chiapas, a fines de 1997.
Así lo anunció el defensor de derechos humanos, Maurilio Santiago Reyes, quien afirmó que los hechos ocurrieron la madrugada de hoy cuando un grupo armado incursionó a la comunidad de desplazados triquis en busca de la activista Eva Gómez Santos.
Diversos relatos señalan que la gente armada entró al domicilio de la defensora de derechos con el fin de asesinarla, pero no logró su propósito porque la mujer no se encontraba en su casa.
Cabe mencionar que la comunidad de Valle del Río San Pedro cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC-60-12), mismas que fueron anunciadas el 29 de mayo anterior.
De igual forma, Amnistía Internacional (AI) emitió una acción urgente a favor de los desplazados y, la semana pasada, el gobernador Gabino Cué concedió una audiencia pública con representantes de las comunidades que tienen medidas cautelares otorgadas por la CIDH, encuentro donde se comprometió a brindar seguridad a los habitantes de esa comunidad.
Santiago Reyes recordó que, en 2008, 15 familias de San Miguel Copala, Guadalupe Tilapa, Llano de Nopal, Llano Aguacate, Ñutasani y Ladera fueron desplazadas de su comunidad por situaciones de intolerancia religiosa, de violencia por división de partidos políticos y por presión de grupos armados y paramilitares.
Al ser desplazados y no contar con un lugar dónde vivir y tierras qué cultivar, se establecieron en unos terrenos ubicados a un lado de Cuadrilla de Gregorio Álvarez, Putla, creando el asentamiento Valle del Río San Pedro, en territorio triqui.
Sin embargo, a las seis de la mañana del 25 de enero pasado, la comunidad triqui de Valle del Río San Pedro fue allanada por unos 200 elementos de la Policía Preventiva del Estado, fuertemente armados y abordo de 20 patrullas, con el objeto de desalojarlos de las tierras.
Y el pasado 8 de mayo, cerca de las dos de la tarde, presuntos sicarios asesinaron a Jaime Ramírez Martínez y Joaquín Martínez, así como a Eulogio López Aguilar.
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