Las órdenes de captura también incluyen a los operadores de los Beltrán Leyva: El Indio, La Barbie y El Arquitecto
Aurora Vega y Juan Pablo Reyes / Excélsior
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo del juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, la orden de aprehensión contra seis militares entre ellos cuatro generales de división del Estado Mayor, por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud al presuntamente estar vinculados con la organización Beltrán Leyva.
En la consignación que entregó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se hace mención que los generales Tomás Ángeles Dauahare; Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez —general de Brigada, quien podría ser detenido en las próximas horas—, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz están relacionados con los operadores Édgar Valdés Villareal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, y otros dos narcotraficantes.
En la averiguación previa que el Ministerio Público consignó al Juzgado Tercero de Distrito en Toluca, las únicas pruebas que existen contra los militares —arraigados desde el 15 de mayo— son los dichos de tres testigos protegidos que se encuentran en Estados Unidos; entre ellos, Mateo, quien fue identificado como Sergio Villareal Barragán, El Grande, lugarteniente del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, según revelaron funcionarios del juzgado.
De acuerdo con la PGR, los militares se encuentran relacionados con la organización Beltrán Leyva y sus operadores, Édgar Valdés Villarreal, La Barbie; José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio; José Antonio Ramírez Suaza, El Arquitecto, y Denny’s Gerardo Rodríguez Pacheco, El Denis, por lo que en la misma averiguación se les inició un nuevo proceso a los cuatro narcotraficantes, por delitos contra la salud en la modalidad de introducción al país de cocaína; obteniendo la PGR órdenes de aprehensión en su contra, las cuales fueron cumplimentadas en su centros de reclusión.
Funcionarios del juzgado precisaron que la PGR relacionó diversos hechos de los cuatro narcotraficantes con los militares, no sólo de protección, sino de fomento, por lo que diversos hechos que fueron cometidos por La Barbie, El Indio, El Arquitecto y El Denis tendrán que ser probados ante el juez, quien tendrá que valorar las pruebas y no sólo los señalamientos.
Por el delito de homicidio calificado se señala la presunta responsabilidad de Édgar Valdés Villarreal y de Denny’s Gerardo Rodríguez Pacheco.
Durante el arraigo de los generales Tomás Ángeles Dauahare; Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González, así como del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, y el mayor Iván Reyna Muñoz, no se había mencionado la participación del general de Brigada Rubén Pérez Ramírez, quien fue comandante de la 22 zona militar en el Estado de México hasta febrero del 2011 y hasta el cierre de la edición continuaba libre, pese a la orden aprehensión.
Los militares fueron internados en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
El procedimiento
La PGR precisó que la SIEDO desahogó las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación y que cuenta con suficientes elementos y pruebas sobre la culpabilidad de los militares acusados y de su relación con el crimen organizado.
El Ejército Mexicano se ha deslindado de las investigaciones que realiza la PGR. En una respuesta de información pública la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que no investiga ni tampoco ha iniciado ninguna averiguación previa en contra de los generales Escorcia Vargas, Ángeles Dauahare y Dawe, así como el teniente coronel Hernández, y afirmó que se mantendrá al margen de indagatoria iniciada por la Procuraduría.
La Sedena precisó que “la participación de la dependencia del Ejecutivo se limitó exclusivamente a cumplimentar la orden de presentación de los militares referidos”.
Tras haber sido detenidos en el pasado 15 de mayo por una indagatoria que realiza la SIEDO por su relación con la organización de los Beltrán Leyva, el Ejército mexicano indica “las investigaciones del caso son realizadas por la propia Procuraduría General de la República, la cual cuenta con la totalidad del expediente, siendo la única responsable de su integración”.
“Las autoridades harán el ridículo con el caso”
“Una vez más (las autoridades) van a hacer el ridículo”, consideró Adriana Ángeles Zepeda, hija del general Tomás Ángeles Dauahare, ante la orden de aprehensión girada en contra del militar ayer.
Leticia Zepeda y Adriana Ángeles, esposa e hija de quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional —entrevistadas por Excélsior—, afirmaron que buscarán agotar todas las instancias posibles hasta demostrar la inocencia de Ángeles Dauahare y conseguir su libertad.
“Se va a demostrar la inocencia de mi esposo, no sabemos cuánto tiempo se lleve, él es inocente y tenemos pruebas fehacientes. La impunidad y el abuso de poder deben terminar por el bien del país”, aseveró Leticia Zepeda.
Tras asegurar que ya veían venir la orden de aprehensión contra su familiar, comentaron que fue el abogado que lleva el caso, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien les comunicó que un juez había resuelto no beneficiar el general en retiro.
“Sabíamos que era una posibilidad, no sabíamos que el hecho se fuera a realizar, teníamos la esperanza de que no llegara tan lejos, pero ya el abogado, desde el principio, nos dijo que era una posibilidad”, lamentó la hija del militar.
Durante la conversación las familiares del general Tomás Ángeles aseguraron que no se sienten seguras ante las amenazas recibidas en días pasados, ya que “esto no se va a acabar aun después de que mi papá saga libre”.
Reiteraron su confianza en la inocencia de quien fuera segundo al mando en la Secretaría de la Defensa Nacional, y afirmaron que lucharan “con todo” e irán “hasta donde sea necesario” para limpiar el nombre de Ángeles Dauahare.
“Esto no es una lucha personal o familiar, es una lucha de toda la sociedad, ya que todos los ciudadanos somos rehenes del poder del Estado. Hay muchos ojos puestos en el caso y no puede ser que haya tantas personas acusadas y encarceladas injustamente, México no puede seguir viviendo así”, insistieron Adriana Ángeles y Leticia Zepeda.
La esposa del militar indicó que espera que en los próximos días se puedan ofrecer más declaraciones, una vez que la defensa del general en retiro, tenga el expediente completo ya que, sostuvieron, la información y el expediente “nunca se tuvo completo, siempre a cuentagotas”.
Luego de reconocer que no se han comunicado con los familiares de los otros militares detenidos, adelantaron que en su momento y cuando cuenten con los elementos necesarios realizarán un comunicado como familia para fijar su postura.
Aurora Vega y Juan Pablo Reyes / Excélsior
La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo del juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales, con sede en Toluca, la orden de aprehensión contra seis militares entre ellos cuatro generales de división del Estado Mayor, por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud al presuntamente estar vinculados con la organización Beltrán Leyva.
En la consignación que entregó la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) se hace mención que los generales Tomás Ángeles Dauahare; Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez —general de Brigada, quien podría ser detenido en las próximas horas—, así como el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz están relacionados con los operadores Édgar Valdés Villareal, La Barbie, y Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio, y otros dos narcotraficantes.
En la averiguación previa que el Ministerio Público consignó al Juzgado Tercero de Distrito en Toluca, las únicas pruebas que existen contra los militares —arraigados desde el 15 de mayo— son los dichos de tres testigos protegidos que se encuentran en Estados Unidos; entre ellos, Mateo, quien fue identificado como Sergio Villareal Barragán, El Grande, lugarteniente del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, según revelaron funcionarios del juzgado.
De acuerdo con la PGR, los militares se encuentran relacionados con la organización Beltrán Leyva y sus operadores, Édgar Valdés Villarreal, La Barbie; José Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio; José Antonio Ramírez Suaza, El Arquitecto, y Denny’s Gerardo Rodríguez Pacheco, El Denis, por lo que en la misma averiguación se les inició un nuevo proceso a los cuatro narcotraficantes, por delitos contra la salud en la modalidad de introducción al país de cocaína; obteniendo la PGR órdenes de aprehensión en su contra, las cuales fueron cumplimentadas en su centros de reclusión.
Funcionarios del juzgado precisaron que la PGR relacionó diversos hechos de los cuatro narcotraficantes con los militares, no sólo de protección, sino de fomento, por lo que diversos hechos que fueron cometidos por La Barbie, El Indio, El Arquitecto y El Denis tendrán que ser probados ante el juez, quien tendrá que valorar las pruebas y no sólo los señalamientos.
Por el delito de homicidio calificado se señala la presunta responsabilidad de Édgar Valdés Villarreal y de Denny’s Gerardo Rodríguez Pacheco.
Durante el arraigo de los generales Tomás Ángeles Dauahare; Ricardo Escorcia Vargas, Roberto Dawe González, así como del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, y el mayor Iván Reyna Muñoz, no se había mencionado la participación del general de Brigada Rubén Pérez Ramírez, quien fue comandante de la 22 zona militar en el Estado de México hasta febrero del 2011 y hasta el cierre de la edición continuaba libre, pese a la orden aprehensión.
Los militares fueron internados en el penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez.
El procedimiento
La PGR precisó que la SIEDO desahogó las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación y que cuenta con suficientes elementos y pruebas sobre la culpabilidad de los militares acusados y de su relación con el crimen organizado.
El Ejército Mexicano se ha deslindado de las investigaciones que realiza la PGR. En una respuesta de información pública la Secretaría de la Defensa Nacional precisó que no investiga ni tampoco ha iniciado ninguna averiguación previa en contra de los generales Escorcia Vargas, Ángeles Dauahare y Dawe, así como el teniente coronel Hernández, y afirmó que se mantendrá al margen de indagatoria iniciada por la Procuraduría.
La Sedena precisó que “la participación de la dependencia del Ejecutivo se limitó exclusivamente a cumplimentar la orden de presentación de los militares referidos”.
Tras haber sido detenidos en el pasado 15 de mayo por una indagatoria que realiza la SIEDO por su relación con la organización de los Beltrán Leyva, el Ejército mexicano indica “las investigaciones del caso son realizadas por la propia Procuraduría General de la República, la cual cuenta con la totalidad del expediente, siendo la única responsable de su integración”.
“Las autoridades harán el ridículo con el caso”
“Una vez más (las autoridades) van a hacer el ridículo”, consideró Adriana Ángeles Zepeda, hija del general Tomás Ángeles Dauahare, ante la orden de aprehensión girada en contra del militar ayer.
Leticia Zepeda y Adriana Ángeles, esposa e hija de quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional —entrevistadas por Excélsior—, afirmaron que buscarán agotar todas las instancias posibles hasta demostrar la inocencia de Ángeles Dauahare y conseguir su libertad.
“Se va a demostrar la inocencia de mi esposo, no sabemos cuánto tiempo se lleve, él es inocente y tenemos pruebas fehacientes. La impunidad y el abuso de poder deben terminar por el bien del país”, aseveró Leticia Zepeda.
Tras asegurar que ya veían venir la orden de aprehensión contra su familiar, comentaron que fue el abogado que lleva el caso, Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, quien les comunicó que un juez había resuelto no beneficiar el general en retiro.
“Sabíamos que era una posibilidad, no sabíamos que el hecho se fuera a realizar, teníamos la esperanza de que no llegara tan lejos, pero ya el abogado, desde el principio, nos dijo que era una posibilidad”, lamentó la hija del militar.
Durante la conversación las familiares del general Tomás Ángeles aseguraron que no se sienten seguras ante las amenazas recibidas en días pasados, ya que “esto no se va a acabar aun después de que mi papá saga libre”.
Reiteraron su confianza en la inocencia de quien fuera segundo al mando en la Secretaría de la Defensa Nacional, y afirmaron que lucharan “con todo” e irán “hasta donde sea necesario” para limpiar el nombre de Ángeles Dauahare.
“Esto no es una lucha personal o familiar, es una lucha de toda la sociedad, ya que todos los ciudadanos somos rehenes del poder del Estado. Hay muchos ojos puestos en el caso y no puede ser que haya tantas personas acusadas y encarceladas injustamente, México no puede seguir viviendo así”, insistieron Adriana Ángeles y Leticia Zepeda.
La esposa del militar indicó que espera que en los próximos días se puedan ofrecer más declaraciones, una vez que la defensa del general en retiro, tenga el expediente completo ya que, sostuvieron, la información y el expediente “nunca se tuvo completo, siempre a cuentagotas”.
Luego de reconocer que no se han comunicado con los familiares de los otros militares detenidos, adelantaron que en su momento y cuando cuenten con los elementos necesarios realizarán un comunicado como familia para fijar su postura.
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