Salvador García Soto
Dos bandas se disputan las élites políticas y económicas en estos momentos en México: la banda presidencial, que está pendiente del fallo del Tribunal Electoral, y la banda 2.5 GHz, que ya desató un enfrentamiento entre los gigantes de las telecomunicaciones, en el que el gobierno de Felipe Calderón está siendo acusado de censura, chantaje y de utilizar un bien público intangible, como esa banda de radiofrecuencia, para sus fines políticos.
Las denuncias hechas ayer por el empresario de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, vuelven a colocar al sector telecomunicaciones como fuente de conflictos por los millonarios intereses que se mueven en las concesiones de sector. Y una vez más el gobierno y el Estado, rectores y administradores de los espacios públicos (eso son las famosas “bandas” radioeléctricas para transmitir señales y datos) quedan en entredicho y son acusados de prácticas discrecionales y políticas en el manejo de esas millonarias concesiones públicas.
Entre dimes y diretes, infidencias de llamadas, conversaciones privadas y hasta chantajes, la historia narrada por Vargas y negada ayer por la Presidencia en un comunicado oficial, sirve para ilustrar cómo se han manejado temas tan delicados y concesiones tan importantes, de cuyos servicios dependen y pagan millones de mexicanos. Calderón y su equipo son mostrados, en esta trama, no como las autoridades que vigilan y aplican la ley para beneficio de la población con servicios eficientes y de bajo costo de internet y banda ancha, sino como una “camarilla” que lucra con un bien público y lo utiliza para fines políticos ajenos al motivo de la concesión.
Los funcionarios involucrados, por su parte, han dicho que quien intentó el chantaje es el empresario y que ofreció incluso la cabeza de una periodista de su grupo, Carmen Aristegui, a cambio de que le permitieran utilizar la banda 2.5 para servicios de internet de banda ancha. Más allá de quién está diciendo la verdad en esta historia, lo que preocupa es confirmar que un sector estratégico para la economía y la vida diaria de los mexicanos, del que depende su comunicación personal, su conectividad a internet y a nuevas tecnologías, se maneje de manera tan sucia y torpe por parte de autoridades y empresarios del sector.
Un gobierno que negocia políticamente con las concesiones de las que dependen millones de mexicanos que no sólo reciben los servicios de comunicación y de internet más caros que en otros países, sino de mala calidad y sin opciones de competencia real. “Que no impugne la concentración Televisa-Iusacell y le resolvemos su asunto”, dice Vargas que le dijeron los funcionarios del gabinete de Calderón; es decir, al Estado y a quienes lo representan no les importa que las empresas y los empresarios del sector telecomunicaciones nos den buenos servicios y a buen precio, sino que obtengan lo que ellos quieren: mucha ganancia a cambio de mal servicio.
Quién sabe quién termine quedándose con esa banda en disputa y, si -como dice MVS- se las quitaron a ellos para favorecer a otras empresas como Televisa con servicios de telefonía e internet; pero por ahora lo que queda claro es que, mientras en el mundo las telecomunicaciones están siendo el motor de desarrollo para muchas naciones y herramienta de información y conectividad con el mundo para sus habitantes, aquí en México un pequeño grupo de empresarios en su ambiciosa disputa por el negocio sólo está viendo el dinero que representa esa industria, sin importarle que los mexicanos tengan más y mejores servicios de comunicación y datos. Y quien debiera velar por los ciudadanos, el gobierno, está secuestrado y se vuelve cómplice y alcahuete de las empresas.
NOTAS INDISCRETAS… Después de tantos cuestionamientos, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, finalmente vio la suya: ayer su Procurador anunció la captura Isaías Flores Pineda, jefe del Cártel Nueva Generación en la plaza veracruzana a quien acusan de los homicidios de cinco periodistas en el estado. Según las declaraciones del detenido, sus sicarios secuestraron y mataron a Ana Irasema Becerra Jiménez, publicista del diario El Dictamen; Guillermo Luna Varela, reportero gráfico de Veracruz News; Gabriel Huge Córdoba y Esteban Rodríguez, fotógrafos de Notiver y Víctor Manuel Báez Chino, de Milenio Veracruz. Una de cal para Duarte… Doble Serpiente. Volvemos a batir los dados.
Dos bandas se disputan las élites políticas y económicas en estos momentos en México: la banda presidencial, que está pendiente del fallo del Tribunal Electoral, y la banda 2.5 GHz, que ya desató un enfrentamiento entre los gigantes de las telecomunicaciones, en el que el gobierno de Felipe Calderón está siendo acusado de censura, chantaje y de utilizar un bien público intangible, como esa banda de radiofrecuencia, para sus fines políticos.
Las denuncias hechas ayer por el empresario de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, vuelven a colocar al sector telecomunicaciones como fuente de conflictos por los millonarios intereses que se mueven en las concesiones de sector. Y una vez más el gobierno y el Estado, rectores y administradores de los espacios públicos (eso son las famosas “bandas” radioeléctricas para transmitir señales y datos) quedan en entredicho y son acusados de prácticas discrecionales y políticas en el manejo de esas millonarias concesiones públicas.
Entre dimes y diretes, infidencias de llamadas, conversaciones privadas y hasta chantajes, la historia narrada por Vargas y negada ayer por la Presidencia en un comunicado oficial, sirve para ilustrar cómo se han manejado temas tan delicados y concesiones tan importantes, de cuyos servicios dependen y pagan millones de mexicanos. Calderón y su equipo son mostrados, en esta trama, no como las autoridades que vigilan y aplican la ley para beneficio de la población con servicios eficientes y de bajo costo de internet y banda ancha, sino como una “camarilla” que lucra con un bien público y lo utiliza para fines políticos ajenos al motivo de la concesión.
Los funcionarios involucrados, por su parte, han dicho que quien intentó el chantaje es el empresario y que ofreció incluso la cabeza de una periodista de su grupo, Carmen Aristegui, a cambio de que le permitieran utilizar la banda 2.5 para servicios de internet de banda ancha. Más allá de quién está diciendo la verdad en esta historia, lo que preocupa es confirmar que un sector estratégico para la economía y la vida diaria de los mexicanos, del que depende su comunicación personal, su conectividad a internet y a nuevas tecnologías, se maneje de manera tan sucia y torpe por parte de autoridades y empresarios del sector.
Un gobierno que negocia políticamente con las concesiones de las que dependen millones de mexicanos que no sólo reciben los servicios de comunicación y de internet más caros que en otros países, sino de mala calidad y sin opciones de competencia real. “Que no impugne la concentración Televisa-Iusacell y le resolvemos su asunto”, dice Vargas que le dijeron los funcionarios del gabinete de Calderón; es decir, al Estado y a quienes lo representan no les importa que las empresas y los empresarios del sector telecomunicaciones nos den buenos servicios y a buen precio, sino que obtengan lo que ellos quieren: mucha ganancia a cambio de mal servicio.
Quién sabe quién termine quedándose con esa banda en disputa y, si -como dice MVS- se las quitaron a ellos para favorecer a otras empresas como Televisa con servicios de telefonía e internet; pero por ahora lo que queda claro es que, mientras en el mundo las telecomunicaciones están siendo el motor de desarrollo para muchas naciones y herramienta de información y conectividad con el mundo para sus habitantes, aquí en México un pequeño grupo de empresarios en su ambiciosa disputa por el negocio sólo está viendo el dinero que representa esa industria, sin importarle que los mexicanos tengan más y mejores servicios de comunicación y datos. Y quien debiera velar por los ciudadanos, el gobierno, está secuestrado y se vuelve cómplice y alcahuete de las empresas.
NOTAS INDISCRETAS… Después de tantos cuestionamientos, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, finalmente vio la suya: ayer su Procurador anunció la captura Isaías Flores Pineda, jefe del Cártel Nueva Generación en la plaza veracruzana a quien acusan de los homicidios de cinco periodistas en el estado. Según las declaraciones del detenido, sus sicarios secuestraron y mataron a Ana Irasema Becerra Jiménez, publicista del diario El Dictamen; Guillermo Luna Varela, reportero gráfico de Veracruz News; Gabriel Huge Córdoba y Esteban Rodríguez, fotógrafos de Notiver y Víctor Manuel Báez Chino, de Milenio Veracruz. Una de cal para Duarte… Doble Serpiente. Volvemos a batir los dados.
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