Javier Arcadia Galaviz / Cuestión de Debate
En este espacio y en una entrega pasada, se dijo que aún cuando le elección presidencial estuviera plagada de infinidad de irregularidades, el resultado de la misma no iba a cambiar, y por tanto no era conveniente impugnarla para no seguirle el juego a un sistema electoral injusto e inequitativo, del que nadie duda de la parcialidad con la que en ocasiones suele actuar. Acorde con ello se agregó que era previsible que bajo ninguna circunstancia se invalidaría tal elección.
También se anticipó que de llegarse a impugnar esa elección presidencial, en ese sentido se señaló que era pronosticable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no tomaría en consideración ningún elemento de prueba por muy válido o contundente que resultara ser, o así se tratara de una montaña de evidencias irrefutables, las cuales al final serían pruebas inútiles.
Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, no lo concibió así (necedad aparte), y como todos sabemos, procedió, en tiempo y forma, a promover su inconformidad legal, dizque para invalidar la elección presidencial, que cierto, de los hechos ocurridos durante la campaña política se desprende, sin lugar a dudas, que dicha elección presidencial adolece de la limpieza requerida como para que se le de por buena.
Aparejado a ello, AMLO también se ha avocado a la búsqueda de más pruebas para reforzar las ya presentadas con anterioridad ante el Tribunal Electoral. Pruebas que les quiere dar el carácter de supervenientes cuando estrictamente, desde el punto de vista jurídico, no lo serían, pero bueno pasemos por alto esa parte. Sí, ha llevado acabo múltiples asambleas en plazas públicas estatales para recabar información sobre el monumental y sofisticado nuevo fraude electoral cometido por el PRI, consistente en lo básico, en una supuesta compra de votos. Lo cierto es que tales asambleas son manifestaciones únicamente para ejercer presión política más que para un fin legal que en apariencia se persigue.
Nada va a cambiar los resultados electorales que dan mayoría a Enrique Peña Nieto, y la verdad sería de mayor impacto político desistirse del juicio emprendido.
Ya lo dijimos con anterioridad, que sería una ingenuidad pensar que se invalidará la elección, eso jamás ha pasado ni por asomo en la mente de los magistrados que integran el TEPJF, pero sí les interesa a ellos y a Peña Nieto, que el juicio de inconformidad promovido por AMLO, continúe su marcha hasta su punto final, para dar el jaque mate. Es decir, con ello se agotaría la fase jurídica, para luego emitir la resolución que confirmaría el triunfo de Peña Nieto, y en consecuencia quedaría cerrada una etapa de inquietudes y cuestionamientos que han trascendido a la sociedad, y simultáneamente declararía que la elección es totalmente válida y legítima. También con ello se restregaría la resolución que contendrá la supuesta legalidad de dicha elección en la cara de quienes afirmen lo contrario, y con todo eso no habría más que debatir ni nada que agregar sobre el tema, y a la vez un hecho de ese alcance, proyectaría a AMLO como la de un perdedor contumaz, disminuido en su liderazgo y en su credibilidad ante sus seguidores y simpatizantes.
En cambio, si AMLO optara por desistirse de la impugnación, ello no significaría que arrié banderas, ni tampoco que no pueda acreditar el fraude electoral, supuestamente cometido por los rebases de gastos a los topes de campaña y la compra de votos. No, se desistiría a manera de protesta y de denuncia pública, porque no existen las condiciones de una auténtica imparcialidad de quienes hoy les corresponde resolver los diferendos en esa materia, la electoral.
Claro que con ello es seguro que causaría un revuelo de proporciones inimaginables, críticas en su contra por doquier, se le acusaría de todo y le podrían revivir hasta el viejo y falaz argumento que sigue desconociendo a las instituciones. Situación que sería incorrecta, porque una cosa es desconocer a las instituciones y otra muy distinta es no confiar en algunos funcionarios irresponsables y corruptos.
Pero lo cierto es que, desistirse del recurso legal, significaría dar un viraje político y jurídico, de tal magnitud que podría provocar una fuerte sacudida a las conciencias y al ya de por si anquilosado sistema político mexicano, con lo también podría derivar en un ajuste y actualización a la tantas veces cacareada reforma política, para que en el eventual caso de que ésta se lleve a cabo, pues que garantice en lo posible una participación más equitativa en los futuros procesos electorales.
Pálida tinta: Dice el dicho que crea cuervos y te sacarán los ojos. Esto se menciona por el sainete que al interior de la corriente Nueva Izquierda ha provocado, el ahora creído, Guadalupe Acosta Naranjo, quien no conforme con lo que ha logrado al haber sido Presidente Nacional del PRD, Diputado Federal, y Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, gracias al apoyo de los Chuchos (Jesús Zambrano y Jesús Ortega), a quienes ahora les muerde la mano al amenazarlos con dividirles a la Nueva Izquierda, dizque para formar su propia corriente. Lo que es desubicarse y perder el piso, y sobre todo la ingratitud hacia quienes lo sacaron del anonimato, que hasta hace unos años él no era nadie……….El hecho de que Marcelo Ebrard no haya logrado ninguna de las coordinaciones de las fracciones del PRD, tanto en las cámaras de senadores y de diputados, como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ello es señal inequívoca que su buena estrella empieza a declinar, o mejor dicho, sus tiempos políticos empiezan a ser de otros, ¿o acaso no es así, Dr. Mancera? En el senado quería como líder de la fracción del PRD a Manuel Camacho Solís y le dijeron no, porque va Miguel Barbosa; en la de diputados su deseo era imponer a José Ángel Ávila como dirigente de la bancada de izquierda, y tampoco se pudo, porque le atravesaron a Silvado Aurioles, y como si eso fuera poco, en ALDF, le refutaron, aquí ni lo intestes con tú René Cervera, porque el espacio ha estado más que reservado para Manuel Granados.
En este espacio y en una entrega pasada, se dijo que aún cuando le elección presidencial estuviera plagada de infinidad de irregularidades, el resultado de la misma no iba a cambiar, y por tanto no era conveniente impugnarla para no seguirle el juego a un sistema electoral injusto e inequitativo, del que nadie duda de la parcialidad con la que en ocasiones suele actuar. Acorde con ello se agregó que era previsible que bajo ninguna circunstancia se invalidaría tal elección.
También se anticipó que de llegarse a impugnar esa elección presidencial, en ese sentido se señaló que era pronosticable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no tomaría en consideración ningún elemento de prueba por muy válido o contundente que resultara ser, o así se tratara de una montaña de evidencias irrefutables, las cuales al final serían pruebas inútiles.
Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador, no lo concibió así (necedad aparte), y como todos sabemos, procedió, en tiempo y forma, a promover su inconformidad legal, dizque para invalidar la elección presidencial, que cierto, de los hechos ocurridos durante la campaña política se desprende, sin lugar a dudas, que dicha elección presidencial adolece de la limpieza requerida como para que se le de por buena.
Aparejado a ello, AMLO también se ha avocado a la búsqueda de más pruebas para reforzar las ya presentadas con anterioridad ante el Tribunal Electoral. Pruebas que les quiere dar el carácter de supervenientes cuando estrictamente, desde el punto de vista jurídico, no lo serían, pero bueno pasemos por alto esa parte. Sí, ha llevado acabo múltiples asambleas en plazas públicas estatales para recabar información sobre el monumental y sofisticado nuevo fraude electoral cometido por el PRI, consistente en lo básico, en una supuesta compra de votos. Lo cierto es que tales asambleas son manifestaciones únicamente para ejercer presión política más que para un fin legal que en apariencia se persigue.
Nada va a cambiar los resultados electorales que dan mayoría a Enrique Peña Nieto, y la verdad sería de mayor impacto político desistirse del juicio emprendido.
Ya lo dijimos con anterioridad, que sería una ingenuidad pensar que se invalidará la elección, eso jamás ha pasado ni por asomo en la mente de los magistrados que integran el TEPJF, pero sí les interesa a ellos y a Peña Nieto, que el juicio de inconformidad promovido por AMLO, continúe su marcha hasta su punto final, para dar el jaque mate. Es decir, con ello se agotaría la fase jurídica, para luego emitir la resolución que confirmaría el triunfo de Peña Nieto, y en consecuencia quedaría cerrada una etapa de inquietudes y cuestionamientos que han trascendido a la sociedad, y simultáneamente declararía que la elección es totalmente válida y legítima. También con ello se restregaría la resolución que contendrá la supuesta legalidad de dicha elección en la cara de quienes afirmen lo contrario, y con todo eso no habría más que debatir ni nada que agregar sobre el tema, y a la vez un hecho de ese alcance, proyectaría a AMLO como la de un perdedor contumaz, disminuido en su liderazgo y en su credibilidad ante sus seguidores y simpatizantes.
En cambio, si AMLO optara por desistirse de la impugnación, ello no significaría que arrié banderas, ni tampoco que no pueda acreditar el fraude electoral, supuestamente cometido por los rebases de gastos a los topes de campaña y la compra de votos. No, se desistiría a manera de protesta y de denuncia pública, porque no existen las condiciones de una auténtica imparcialidad de quienes hoy les corresponde resolver los diferendos en esa materia, la electoral.
Claro que con ello es seguro que causaría un revuelo de proporciones inimaginables, críticas en su contra por doquier, se le acusaría de todo y le podrían revivir hasta el viejo y falaz argumento que sigue desconociendo a las instituciones. Situación que sería incorrecta, porque una cosa es desconocer a las instituciones y otra muy distinta es no confiar en algunos funcionarios irresponsables y corruptos.
Pero lo cierto es que, desistirse del recurso legal, significaría dar un viraje político y jurídico, de tal magnitud que podría provocar una fuerte sacudida a las conciencias y al ya de por si anquilosado sistema político mexicano, con lo también podría derivar en un ajuste y actualización a la tantas veces cacareada reforma política, para que en el eventual caso de que ésta se lleve a cabo, pues que garantice en lo posible una participación más equitativa en los futuros procesos electorales.
Pálida tinta: Dice el dicho que crea cuervos y te sacarán los ojos. Esto se menciona por el sainete que al interior de la corriente Nueva Izquierda ha provocado, el ahora creído, Guadalupe Acosta Naranjo, quien no conforme con lo que ha logrado al haber sido Presidente Nacional del PRD, Diputado Federal, y Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, gracias al apoyo de los Chuchos (Jesús Zambrano y Jesús Ortega), a quienes ahora les muerde la mano al amenazarlos con dividirles a la Nueva Izquierda, dizque para formar su propia corriente. Lo que es desubicarse y perder el piso, y sobre todo la ingratitud hacia quienes lo sacaron del anonimato, que hasta hace unos años él no era nadie……….El hecho de que Marcelo Ebrard no haya logrado ninguna de las coordinaciones de las fracciones del PRD, tanto en las cámaras de senadores y de diputados, como en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ello es señal inequívoca que su buena estrella empieza a declinar, o mejor dicho, sus tiempos políticos empiezan a ser de otros, ¿o acaso no es así, Dr. Mancera? En el senado quería como líder de la fracción del PRD a Manuel Camacho Solís y le dijeron no, porque va Miguel Barbosa; en la de diputados su deseo era imponer a José Ángel Ávila como dirigente de la bancada de izquierda, y tampoco se pudo, porque le atravesaron a Silvado Aurioles, y como si eso fuera poco, en ALDF, le refutaron, aquí ni lo intestes con tú René Cervera, porque el espacio ha estado más que reservado para Manuel Granados.
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