Gloria Leticia Díaz / Apro
La familia del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, asesinado por militares hace tres años celebró la sentencia “histórica” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la extensión del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos.
El abogado Santiago Aguirre Espinosa, del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (CDHM-T) dijo a la agencia Apro que “por primera vez la Suprema Corte reconoce los derechos de las víctimas para impugnar la extensión del fuero militar y modifica el precedente que la misma estableció en 2009”.
En agosto de 2009, en una votación muy cerrada, los ministros de la SCJN negaron a la señora Reynalda Morales, esposa de una víctima de un ataque militar en un retén en Badiraguato, Sinaloa, el derecho a impugnar el fuero militar. En ese momento la discusión no llegó a fondo porque se consideró que Morales no tenía personalidad jurídica para impugnar el fuero.
Dos meses antes de esa resolución, en junio de 2009, Bonfilio Rubio Villegas murió en un retén cuando un grupo de militares disparó contra el autobús de pasajeros en el que viajaba, después de haberlo revisado.
A tres años del crimen –por el que está preso en el Campo Militar número Uno el soldado Valentín Alejo Hilario–, “se abre la puerta para que la familia Rubio Villegas recurra a un proceso con ciertos márgenes de independencia e imparcialidad”, dijo Aguirre.
En nombre de la familia Rubio Villegas, que siguió de cerca las discusiones de la SCJN, el abogado de Tlacninollan aseguró que hay satisfacción por el resultado de tres años de lucha por que el caso de Bonfilio fuera llevado al fuero civil.
“Ellos saben que es una lucha que beneficia a otras personas también, para ellos acceder a la justicia era estar frente a un órgano independiente e imparcial; saben que tienen que seguir luchando, que el asunto no termina con la resolución de la Corte, pero reconocen en este fallo la posibilidad de interactuar ante instancias que no los revictimicen (sic), que sean imparciales y que no estén vinculadas en la fabricación de delitos, como si estuvieron los militares en este caso”, señaló Aguirre, tras recordar que para justificar el crimen, los militares colocaron droga en el camión de pasajeros.
Abogado de otras causas que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), como los casos de las violaciones sexuales a las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, hechos atribuidos a militares, Santigo Aguirre admitió que la resolución de la SCJN “estuvo alimentada de la lucha que han dado muchas otras víctimas y organizaciones; en ese sentido, se trata de un triunfo de los Rubio y de mucha gente”.
Calculó que en unos dos meses, el cuerpo de abogados de Tlachinollan estará en posibilidades de litigar el caso en un juzgado de Distrito en Chilpancingo, una vez que se redacte la sentencia, se notifique a las partes y el juez militar envíe el expediente a su similar civil.
Recordó que la sentencia de la SCJN deja en manos del juez de Distrito decidir sobre el destino de las actuaciones llevadas a cabo en el fuero militar.
El representante legal de la familia Rubio Villegas explicó que sus argumentos estarán “encaminados a la anulación de todo lo actuado por el juez militar y esto permitirá a la familia Rubio Villegas presentar algunos argumentos que permitan encuadrar los hechos”, conforme al delito que debe ser aplicable en este caso, porque ahorita se está juzgando como un homicidio culposo, y a su juicio, se trata de “dolo eventual”.
La familia del indígena nahua Bonfilio Rubio Villegas, asesinado por militares hace tres años celebró la sentencia “histórica” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la extensión del fuero militar en casos de violaciones a derechos humanos.
El abogado Santiago Aguirre Espinosa, del equipo jurídico del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” (CDHM-T) dijo a la agencia Apro que “por primera vez la Suprema Corte reconoce los derechos de las víctimas para impugnar la extensión del fuero militar y modifica el precedente que la misma estableció en 2009”.
En agosto de 2009, en una votación muy cerrada, los ministros de la SCJN negaron a la señora Reynalda Morales, esposa de una víctima de un ataque militar en un retén en Badiraguato, Sinaloa, el derecho a impugnar el fuero militar. En ese momento la discusión no llegó a fondo porque se consideró que Morales no tenía personalidad jurídica para impugnar el fuero.
Dos meses antes de esa resolución, en junio de 2009, Bonfilio Rubio Villegas murió en un retén cuando un grupo de militares disparó contra el autobús de pasajeros en el que viajaba, después de haberlo revisado.
A tres años del crimen –por el que está preso en el Campo Militar número Uno el soldado Valentín Alejo Hilario–, “se abre la puerta para que la familia Rubio Villegas recurra a un proceso con ciertos márgenes de independencia e imparcialidad”, dijo Aguirre.
En nombre de la familia Rubio Villegas, que siguió de cerca las discusiones de la SCJN, el abogado de Tlacninollan aseguró que hay satisfacción por el resultado de tres años de lucha por que el caso de Bonfilio fuera llevado al fuero civil.
“Ellos saben que es una lucha que beneficia a otras personas también, para ellos acceder a la justicia era estar frente a un órgano independiente e imparcial; saben que tienen que seguir luchando, que el asunto no termina con la resolución de la Corte, pero reconocen en este fallo la posibilidad de interactuar ante instancias que no los revictimicen (sic), que sean imparciales y que no estén vinculadas en la fabricación de delitos, como si estuvieron los militares en este caso”, señaló Aguirre, tras recordar que para justificar el crimen, los militares colocaron droga en el camión de pasajeros.
Abogado de otras causas que han llegado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), como los casos de las violaciones sexuales a las indígenas Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, hechos atribuidos a militares, Santigo Aguirre admitió que la resolución de la SCJN “estuvo alimentada de la lucha que han dado muchas otras víctimas y organizaciones; en ese sentido, se trata de un triunfo de los Rubio y de mucha gente”.
Calculó que en unos dos meses, el cuerpo de abogados de Tlachinollan estará en posibilidades de litigar el caso en un juzgado de Distrito en Chilpancingo, una vez que se redacte la sentencia, se notifique a las partes y el juez militar envíe el expediente a su similar civil.
Recordó que la sentencia de la SCJN deja en manos del juez de Distrito decidir sobre el destino de las actuaciones llevadas a cabo en el fuero militar.
El representante legal de la familia Rubio Villegas explicó que sus argumentos estarán “encaminados a la anulación de todo lo actuado por el juez militar y esto permitirá a la familia Rubio Villegas presentar algunos argumentos que permitan encuadrar los hechos”, conforme al delito que debe ser aplicable en este caso, porque ahorita se está juzgando como un homicidio culposo, y a su juicio, se trata de “dolo eventual”.
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