Izquierdismo encumbrado
Cumpleaños y amenazas
Julio Hernández López / Astillero
Ni rápido ni furioso: la izquierda electoral encumbrada en días pasados en Acapulco lo que demanda es que el resolutivo declaratorio de que Enrique Peña Nieto es el presidente electo no se produzca de manera acelerada ni precaria.
Ni movilizaciones ni enojos (vaya, ni siquiera una cumplidora denuncia enfática de las múltiples irregularidades, varias de ellas susceptibles de tipificación delictiva, que el candidato presidencial López Obrador ha presentado públicamente). El izquierdismo encumbrado lo que desea es que el tribunal electoral federal cumpla, sobre todo, con el principio jurídico de la exhaustividad. Es decir, que técnicamente los magistrados enriquistas demuestren haber abordado y analizado por completo los diversos puntos de impugnación presentados y que, por tanto, la resolución sea modelo de pulcritud formal, ejemplo de limpidez procesal, con suficientes copias certificadas y muchos sellos y firmas sobre los textos protocolariamente justificatorios de que esa izquierda impaciente ya pueda sentarse de manera abierta a negociar reformas y pactos con el PRI y con el ya para entonces impecable presidente electo de origen mexiquense.
Véanse los apacibles términos de esa rendición disfrazada en la Declaración Política de Guerrero, que el pasado jueves firmaron en Acapulco los principales dirigentes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano ( http://bit.ly/P7XdgR ), así como gobernadores electos y en funciones y los coordinadores legislativos del sol azteca. El apartado 2, que habla sobre La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni siquiera se atreve a asumir como propias algunas de las denuncias que han presentado AMLO y Ricardo Monreal, mucho menos las protestas públicas contra la imposición de un candidato comprador de resultados.
Simplemente se solicita que se cumplan con puntualidad los requerimientos que obviamente habrán de dar por descontados los magistrados del TEPJF (ni modo que en su sentencia acepten que actúan de manera facciosa y haciendo a un lado pruebas y evidencias). Un mero pretexto desde la cumbre de las izquierdas para alegar desde las montañas guerrilleras del papeleo legalista si es que no se cumplen a su satisfacción esas exigencias de exhaustividad, mientras en las planicies urbanas continúan los ya muy avanzados arreglos de aceptación de Peña Nieto y abandono de López Obrador.
En otra pista del gran circo nacional: aun cuando la más memorable de las sumas adjudicables a su vida se refiere a cruces mortuorias y no a velitas de pastel, Felipe Calderón se organizó una fiesta de cumpleaños en Los Pinos, en tan flagrante uso y disfrute de recursos públicos que sufrió un súbito pudor contable e hizo correr la versión de que algunas de las provisiones comestibles y bebestibles consumidas en esa celebración de medio siglo habían sido aportadas por secretarios del gabinete felipista y gobernadores (sin precisar montos ni demostrar que a su vez tales contribuciones no hubiesen provenido de otras arcas públicas).
En esa pachanga con 300 invitados (aunque esta vez no estuvo Enrique Peña Nieto, como el año pasado, cuando se le hizo a FCH una fiesta sorpresa en los jardines de Los Pinos al regreso de sus vacaciones por el Caribe), el michoacano en vías de dejar el poder reveló que en 2007, luego que había detonado la llamada guerra contra el narcotráfico, tuvo una amenaza de atentado contra el avión en el que viajaría, aunque no dio mayores datos del asunto. Decidido a volar, previa consulta con militares y cuerpos de seguridad, grabó en el aire un mensaje dirigido a sus hijos, por si las amenazas se hubiesen materializado.
Dos colaboradores de Calderón, que sí murieron en accidentes aéreos rodeados de múltiples especulaciones, serán homenajeados de manera excepcional en los patios de la Secretaría de Gobernación, donde serán instalados sendos bustos realizados con cargo al erario. Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake tendrán como compañía metálica a Carlos Abascal, quien estuvo al frente de las oficinas de Bucareli pero no durante la administración felipista, como los dos primeros, sino en la parte final del sexenio encabezado por Vicente Fox.
El reconocimiento no solamente es excepcional sino, sobre todo, exceptivo, pues exceptúa a todos los secretarios de Gobernación del periodo priísta (en el cual, sin entrar al terreno de las valoraciones éticas, hubo personajes de marcadas habilidades para servir al sistema, que estaban muy por encima de los ahora panistamente seleccionados) e incluso a los que llegaron a ocupar Gobernación con el mismo FCH pero que no murieron de manera trágica, como sí sucedió con Mouriño y Blake (aunque, oficialmente, por accidente, lo que no debería generar pretensiones de rememoraciones épicas, como sí sucedería si las muertes hubiesen provenido de atentados cometidos por fuerzas adversas a la pretendida epopeya contra las drogas) o como el foxista Abascal, que murió de enfermedad y al que se busca canonizar.
Y, mientras el cardenal Norberto Rivera ha viajado a Saltillo para bautizar a una hija del ex gobernador Humberto Moreira (quien dice que en algunas encuestas aparece como puntero para buscar la presidencia municipal de esa ciudad capital), entre protestas a la puerta de la iglesia, e incluso una manta en el interior de ésta, por desapariciones y violencia en Coahuila, donde reinan la inseguridad y la impunidad, y en tanto la Secretaría de Hacienda dice, ¡ay nanita!, que la inflación no debe preocupar, ¡hasta mañana, con otros hermanos encaramados en el poder: Ricardo Duarte Jáquez, hermano del gobernador de Chihuahua, fue electo por unanimidad rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al lamentable y abusivo estilo de los priístas conversos al panismo que en Tlaxcala ocupaban cargos similares años atrás, es decir, Héctor Ortiz como gobernador y su hermano Serafín como rector de la Autónoma de esa entidad!
Cumpleaños y amenazas
Julio Hernández López / Astillero
Ni rápido ni furioso: la izquierda electoral encumbrada en días pasados en Acapulco lo que demanda es que el resolutivo declaratorio de que Enrique Peña Nieto es el presidente electo no se produzca de manera acelerada ni precaria.
Ni movilizaciones ni enojos (vaya, ni siquiera una cumplidora denuncia enfática de las múltiples irregularidades, varias de ellas susceptibles de tipificación delictiva, que el candidato presidencial López Obrador ha presentado públicamente). El izquierdismo encumbrado lo que desea es que el tribunal electoral federal cumpla, sobre todo, con el principio jurídico de la exhaustividad. Es decir, que técnicamente los magistrados enriquistas demuestren haber abordado y analizado por completo los diversos puntos de impugnación presentados y que, por tanto, la resolución sea modelo de pulcritud formal, ejemplo de limpidez procesal, con suficientes copias certificadas y muchos sellos y firmas sobre los textos protocolariamente justificatorios de que esa izquierda impaciente ya pueda sentarse de manera abierta a negociar reformas y pactos con el PRI y con el ya para entonces impecable presidente electo de origen mexiquense.
Véanse los apacibles términos de esa rendición disfrazada en la Declaración Política de Guerrero, que el pasado jueves firmaron en Acapulco los principales dirigentes de PRD, PT y Movimiento Ciudadano ( http://bit.ly/P7XdgR ), así como gobernadores electos y en funciones y los coordinadores legislativos del sol azteca. El apartado 2, que habla sobre La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni siquiera se atreve a asumir como propias algunas de las denuncias que han presentado AMLO y Ricardo Monreal, mucho menos las protestas públicas contra la imposición de un candidato comprador de resultados.
Simplemente se solicita que se cumplan con puntualidad los requerimientos que obviamente habrán de dar por descontados los magistrados del TEPJF (ni modo que en su sentencia acepten que actúan de manera facciosa y haciendo a un lado pruebas y evidencias). Un mero pretexto desde la cumbre de las izquierdas para alegar desde las montañas guerrilleras del papeleo legalista si es que no se cumplen a su satisfacción esas exigencias de exhaustividad, mientras en las planicies urbanas continúan los ya muy avanzados arreglos de aceptación de Peña Nieto y abandono de López Obrador.
En otra pista del gran circo nacional: aun cuando la más memorable de las sumas adjudicables a su vida se refiere a cruces mortuorias y no a velitas de pastel, Felipe Calderón se organizó una fiesta de cumpleaños en Los Pinos, en tan flagrante uso y disfrute de recursos públicos que sufrió un súbito pudor contable e hizo correr la versión de que algunas de las provisiones comestibles y bebestibles consumidas en esa celebración de medio siglo habían sido aportadas por secretarios del gabinete felipista y gobernadores (sin precisar montos ni demostrar que a su vez tales contribuciones no hubiesen provenido de otras arcas públicas).
En esa pachanga con 300 invitados (aunque esta vez no estuvo Enrique Peña Nieto, como el año pasado, cuando se le hizo a FCH una fiesta sorpresa en los jardines de Los Pinos al regreso de sus vacaciones por el Caribe), el michoacano en vías de dejar el poder reveló que en 2007, luego que había detonado la llamada guerra contra el narcotráfico, tuvo una amenaza de atentado contra el avión en el que viajaría, aunque no dio mayores datos del asunto. Decidido a volar, previa consulta con militares y cuerpos de seguridad, grabó en el aire un mensaje dirigido a sus hijos, por si las amenazas se hubiesen materializado.
Dos colaboradores de Calderón, que sí murieron en accidentes aéreos rodeados de múltiples especulaciones, serán homenajeados de manera excepcional en los patios de la Secretaría de Gobernación, donde serán instalados sendos bustos realizados con cargo al erario. Juan Camilo Mouriño y Francisco Blake tendrán como compañía metálica a Carlos Abascal, quien estuvo al frente de las oficinas de Bucareli pero no durante la administración felipista, como los dos primeros, sino en la parte final del sexenio encabezado por Vicente Fox.
El reconocimiento no solamente es excepcional sino, sobre todo, exceptivo, pues exceptúa a todos los secretarios de Gobernación del periodo priísta (en el cual, sin entrar al terreno de las valoraciones éticas, hubo personajes de marcadas habilidades para servir al sistema, que estaban muy por encima de los ahora panistamente seleccionados) e incluso a los que llegaron a ocupar Gobernación con el mismo FCH pero que no murieron de manera trágica, como sí sucedió con Mouriño y Blake (aunque, oficialmente, por accidente, lo que no debería generar pretensiones de rememoraciones épicas, como sí sucedería si las muertes hubiesen provenido de atentados cometidos por fuerzas adversas a la pretendida epopeya contra las drogas) o como el foxista Abascal, que murió de enfermedad y al que se busca canonizar.
Y, mientras el cardenal Norberto Rivera ha viajado a Saltillo para bautizar a una hija del ex gobernador Humberto Moreira (quien dice que en algunas encuestas aparece como puntero para buscar la presidencia municipal de esa ciudad capital), entre protestas a la puerta de la iglesia, e incluso una manta en el interior de ésta, por desapariciones y violencia en Coahuila, donde reinan la inseguridad y la impunidad, y en tanto la Secretaría de Hacienda dice, ¡ay nanita!, que la inflación no debe preocupar, ¡hasta mañana, con otros hermanos encaramados en el poder: Ricardo Duarte Jáquez, hermano del gobernador de Chihuahua, fue electo por unanimidad rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, al lamentable y abusivo estilo de los priístas conversos al panismo que en Tlaxcala ocupaban cargos similares años atrás, es decir, Héctor Ortiz como gobernador y su hermano Serafín como rector de la Autónoma de esa entidad!
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