Santiago Igartúa
Las comisiones de Vigilancia y la de Derechos Humanos y Jurídicos del movimiento #YoSoy132, designadas para escrutar la jornada electoral del 1 de julio, presentaron la “Estrategia #132 por la Democracia y contra la Imposición”, que contiene una serie de acciones y posicionamientos que deberán ser discutidos en la Asamblea Interuniversitaria del colectivo los días 28 y 29 de este mes en Morelia, Michoacán.
Tras el análisis de estas comisiones, que se han encargado de documentar y sistematizar más de tres mil denuncias por irregularidades del proceso electoral –en un informe que, pospuesto por su dimensión, será presentado la próxima semana como queja ante el IFE y como evidencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)– sus integrantes propusieron demandar “la invalidez de la elección presidencial y evitar la imposición”.
Así se lee en un comunicado al que dieron lectura en conferencia de prensa este mediodía en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Elaborado por ambas comisiones, en el documento se advierte que la estabilidad política y social del país está en manos del TEPJF, y que, en su percepción, de resolver como válida la elección, se estaría dando un paso a un “grave riesgo de estallido social”.
La “Estrategia #132” propuesta este día gira en torno a cuatro ejes: la realización de una marcha, que salga de Los Pinos hacia el Zócalo para el próximo domingo 22; la presentación del Informe General de Delitos e Irregularidades Electorales de #YoSoy132 ante las autoridades electorales, la semana del 23 al 27 de julio; el Proyecto Internacional en Defensa de la Democracia y por la Invalidez de la Elección durante la semana del 30 de julio al tercer día de agosto, que comprende la recolección de firmas a lo largo del país para ser presentadas con las irregularidades recabadas ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como Campaña Nacional de Difusión e Información que desnude las violaciones “sistemáticas” que existieron a lo largo del proceso electoral en México.
Salvo la presentación del Informe de Irregularidades, previamente consensuado por la Asamblea Interuniversitaria, las demás propuestas serán discutidas por los voceros del movimiento, en la asamblea general de Michoacán.
Los integrantes de las comisiones de Vigilancia y de Derechos Humanos y Jurídicos expusieron sus argumentos para solicitar al movimiento posicionarse por la invalidez de la elección, basados en la evidencia que encontraron.
“Nos proponemos abonar a la limpieza de la elección en su conjunto y encaminar la posibilidad de exigencia de la invalidación de la elección. Creemos que tenemos la posibilidad de demandar la invalidación con un informe de irregularidades que nos llegaron antes, durante y después de la jornada electoral”, dijo Edgar Tafoya, quien criticó a las autoridades electorales por sus declaraciones públicas.
“El IFE ya desestimó pruebas, nos parece que es bastante grave. El IFE no puede hacer eso. Quien califica pruebas de delitos electorales es la Fepade. Es la instancia indicada para eso. Y la única que tiene la facultad jurídica de validar la elección es el TEPJF. Nosotros estamos demandando al Tribunal que esté a la altura como institución de la demanda de limpieza en las elecciones que hacen los ciudadanos. Si el Tribunal no manda un mensaje social y políticamente responsable no está abonando a la democracia”, dijo Tafoya, quien apuntó también contra el presidente de dicho órgano, José Alejandro Luna Ramos, quien declaró hace unos días: “Nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas”.
“A nosotros nos parece un error esta declaración. Esa es una calificación a priori que hace de manera irresponsable el Tribunal. Porque, además, es el presidente del TEPJF y no lo puede hacer hasta que la institución no tenga en su conjunto las denuncias que se han presentado. Salta todos los procedimientos jurídicamente necesarios para calificar la elección. Nos parece una irresponsabilidad terrible”, condenó.
En nombre de la Comisión de Vigilancia, Tafoya expuso que, si después de toda la información recibida por partidos políticos y organizaciones como Alianza Cívica y el propio movimiento estudiantil, entre otras, el TEPJF valida la elección de Enrique Peña Nieto como jurídicamente legal, “válida y limpia”, podría haber un estallido social.
“Nosotros estamos por eso presentando una estrategia en defensa de la democracia, de la limpieza del proceso y en contra de la imposición, que ha sido nuestro objetivo central desde el inicio. No estamos a favor de que un estallido social se generalice.
Lo que vemos es una efervescencia legítima de descontento social. Hay mucha gente descontenta con lo que ha estado sucediendo, hay mucha gente que está en desacuerdo con la calificación a priori de la elección cuando el Tribunal tiene que resolver hasta el 6 de septiembre. En ese sentido nosotros vemos un riesgo en términos generales, que este descontento social de pronto pueda generalizarse y salirse de las manos tanto del movimiento como de otros que legítimamente están organizados”, dijo Edgar Tafoya, estudiante de posgrado en Filosofía de la Ciencia, en la UNAM.
Los integrantes del movimiento #YoSoy132 manifestaron su descontento por notas en medios de comunicación que le han atribuido al colectivo las propuestas del plan de acción planteado en la Convención Nacional de Atenco, de la que participaron más de 300 organizaciones civiles el pasado fin de semana, que incluye, entre otras, la “toma” de instalaciones de Televisa el próximo 27 de julio, el desconocimiento de las instituciones electorales, un paro nacional y una movilización para impedir que Enrique Peña Nieto, en caso de resultar presidente electo, tome posesión del cargo el primer día de diciembre. Los estudiantes también rechazan haberse deslindado de las mismas.
Las propuestas, explican, tienen que ser discutidas en la Asamblea Interuniversitaria del colectivo, los días 27 y 28 de julio, en Michoacán, para decidir si se suman, o no, a las proposiciones de Atenco.
Acusaron a los medios de comunicación por publicar pronunciamientos inexistentes en su “desesperación” porque el movimiento se defina en cada tema de la agenda. “Nosotros fuimos a Atenco como un movimiento más entre cientos”, dijo Gabriela Delgadillo.
“Los acuerdos planteados en la Convención Nacional de Atenco no son resolutivos para el movimiento, están en proceso de deliberación en las asambleas locales para ser discutidas en Michoacán. Lo que se ratificó es que todas las movilizaciones del movimiento van a ser apartidistas y pacíficas. Siempre y cuando se respete eso, vamos a discutirlas. Ninguna organización que se presentó en Atenco propuso una radicalización extrema ni una toma violenta”, dijo Edgar Tafoya.
Gabriela Delgadillo, habló de la reunión de Felipe Calderón con Enrique peña Nieto, el pasado 17 de julio.
“Ahí hay un mensaje implícito de que la elección ya está dada. El mensaje que queremos dar es que esto no es así. EPN seguirá siendo candidato hasta que el tribunal declare lo contrario.”
Las comisiones de Vigilancia y la de Derechos Humanos y Jurídicos del movimiento #YoSoy132, designadas para escrutar la jornada electoral del 1 de julio, presentaron la “Estrategia #132 por la Democracia y contra la Imposición”, que contiene una serie de acciones y posicionamientos que deberán ser discutidos en la Asamblea Interuniversitaria del colectivo los días 28 y 29 de este mes en Morelia, Michoacán.
Tras el análisis de estas comisiones, que se han encargado de documentar y sistematizar más de tres mil denuncias por irregularidades del proceso electoral –en un informe que, pospuesto por su dimensión, será presentado la próxima semana como queja ante el IFE y como evidencia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)– sus integrantes propusieron demandar “la invalidez de la elección presidencial y evitar la imposición”.
Así se lee en un comunicado al que dieron lectura en conferencia de prensa este mediodía en las instalaciones del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos).
Elaborado por ambas comisiones, en el documento se advierte que la estabilidad política y social del país está en manos del TEPJF, y que, en su percepción, de resolver como válida la elección, se estaría dando un paso a un “grave riesgo de estallido social”.
La “Estrategia #132” propuesta este día gira en torno a cuatro ejes: la realización de una marcha, que salga de Los Pinos hacia el Zócalo para el próximo domingo 22; la presentación del Informe General de Delitos e Irregularidades Electorales de #YoSoy132 ante las autoridades electorales, la semana del 23 al 27 de julio; el Proyecto Internacional en Defensa de la Democracia y por la Invalidez de la Elección durante la semana del 30 de julio al tercer día de agosto, que comprende la recolección de firmas a lo largo del país para ser presentadas con las irregularidades recabadas ante la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos; así como Campaña Nacional de Difusión e Información que desnude las violaciones “sistemáticas” que existieron a lo largo del proceso electoral en México.
Salvo la presentación del Informe de Irregularidades, previamente consensuado por la Asamblea Interuniversitaria, las demás propuestas serán discutidas por los voceros del movimiento, en la asamblea general de Michoacán.
Los integrantes de las comisiones de Vigilancia y de Derechos Humanos y Jurídicos expusieron sus argumentos para solicitar al movimiento posicionarse por la invalidez de la elección, basados en la evidencia que encontraron.
“Nos proponemos abonar a la limpieza de la elección en su conjunto y encaminar la posibilidad de exigencia de la invalidación de la elección. Creemos que tenemos la posibilidad de demandar la invalidación con un informe de irregularidades que nos llegaron antes, durante y después de la jornada electoral”, dijo Edgar Tafoya, quien criticó a las autoridades electorales por sus declaraciones públicas.
“El IFE ya desestimó pruebas, nos parece que es bastante grave. El IFE no puede hacer eso. Quien califica pruebas de delitos electorales es la Fepade. Es la instancia indicada para eso. Y la única que tiene la facultad jurídica de validar la elección es el TEPJF. Nosotros estamos demandando al Tribunal que esté a la altura como institución de la demanda de limpieza en las elecciones que hacen los ciudadanos. Si el Tribunal no manda un mensaje social y políticamente responsable no está abonando a la democracia”, dijo Tafoya, quien apuntó también contra el presidente de dicho órgano, José Alejandro Luna Ramos, quien declaró hace unos días: “Nadie ganará en la mesa lo que no ganó en las urnas”.
“A nosotros nos parece un error esta declaración. Esa es una calificación a priori que hace de manera irresponsable el Tribunal. Porque, además, es el presidente del TEPJF y no lo puede hacer hasta que la institución no tenga en su conjunto las denuncias que se han presentado. Salta todos los procedimientos jurídicamente necesarios para calificar la elección. Nos parece una irresponsabilidad terrible”, condenó.
En nombre de la Comisión de Vigilancia, Tafoya expuso que, si después de toda la información recibida por partidos políticos y organizaciones como Alianza Cívica y el propio movimiento estudiantil, entre otras, el TEPJF valida la elección de Enrique Peña Nieto como jurídicamente legal, “válida y limpia”, podría haber un estallido social.
“Nosotros estamos por eso presentando una estrategia en defensa de la democracia, de la limpieza del proceso y en contra de la imposición, que ha sido nuestro objetivo central desde el inicio. No estamos a favor de que un estallido social se generalice.
Lo que vemos es una efervescencia legítima de descontento social. Hay mucha gente descontenta con lo que ha estado sucediendo, hay mucha gente que está en desacuerdo con la calificación a priori de la elección cuando el Tribunal tiene que resolver hasta el 6 de septiembre. En ese sentido nosotros vemos un riesgo en términos generales, que este descontento social de pronto pueda generalizarse y salirse de las manos tanto del movimiento como de otros que legítimamente están organizados”, dijo Edgar Tafoya, estudiante de posgrado en Filosofía de la Ciencia, en la UNAM.
Los integrantes del movimiento #YoSoy132 manifestaron su descontento por notas en medios de comunicación que le han atribuido al colectivo las propuestas del plan de acción planteado en la Convención Nacional de Atenco, de la que participaron más de 300 organizaciones civiles el pasado fin de semana, que incluye, entre otras, la “toma” de instalaciones de Televisa el próximo 27 de julio, el desconocimiento de las instituciones electorales, un paro nacional y una movilización para impedir que Enrique Peña Nieto, en caso de resultar presidente electo, tome posesión del cargo el primer día de diciembre. Los estudiantes también rechazan haberse deslindado de las mismas.
Las propuestas, explican, tienen que ser discutidas en la Asamblea Interuniversitaria del colectivo, los días 27 y 28 de julio, en Michoacán, para decidir si se suman, o no, a las proposiciones de Atenco.
Acusaron a los medios de comunicación por publicar pronunciamientos inexistentes en su “desesperación” porque el movimiento se defina en cada tema de la agenda. “Nosotros fuimos a Atenco como un movimiento más entre cientos”, dijo Gabriela Delgadillo.
“Los acuerdos planteados en la Convención Nacional de Atenco no son resolutivos para el movimiento, están en proceso de deliberación en las asambleas locales para ser discutidas en Michoacán. Lo que se ratificó es que todas las movilizaciones del movimiento van a ser apartidistas y pacíficas. Siempre y cuando se respete eso, vamos a discutirlas. Ninguna organización que se presentó en Atenco propuso una radicalización extrema ni una toma violenta”, dijo Edgar Tafoya.
Gabriela Delgadillo, habló de la reunión de Felipe Calderón con Enrique peña Nieto, el pasado 17 de julio.
“Ahí hay un mensaje implícito de que la elección ya está dada. El mensaje que queremos dar es que esto no es así. EPN seguirá siendo candidato hasta que el tribunal declare lo contrario.”
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