Anayeli García Martínez / Apro-Cimac
Seis años después y a menos de un mes de las elecciones presidencial del 1 de julio, el priista Enrique Peña Nieto es cuestionado ante instancias internacionales por la represión de Atenco en 2006.
A Peña Nieto, quien encabeza el cómputo oficial de la elección presidencial, lo persigue la sombra de las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo policial en Texcoco y San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006.
En aquella ocasión, los hechos violentos dejaron como saldo 47 mujeres detenidas; de las cuales 26 fueron víctimas de violación sexual.
Esta es “la piedrita en el zapato” para Peña Nieto, advierten activistas.
Las denuncias por el operativo avalado por el entonces gobernador del Estado de México están ya ante la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones civiles presentarán el martes 17 de julio en Nueva York un informe sobre Atenco ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El documento fue elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Ahí se evidencia la impunidad en las torturas sexuales contra las mujeres durante un operativo caracterizado por el “uso excesivo e indiscriminado de la fuerza” ordenado por quien hoy pretende gobernar el país
Ningún responsable detenido
Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh –organización que acompaña a las mujeres de Atenco–, explica que a seis años de distancia de los hechos no hay ningún policía federal o estatal, o funcionario consignado por actos de tortura.
En 2006, el Comité de la CEDAW ya había recomendado al Estado mexicano que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, tuviera jurisdicción en el caso para investigar y sancionar a los culpables.
Sin embargo, en 2009 la Fevimtra declinó el caso a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM); argumentó “falta de competencia”.
El informe de la OMCT y el Centro Prodh destaca el incumplimiento de México de la recomendación de la CEDAW, ya que a más de seis años de los hechos ni un solo policía ha sido sancionado penalmente.
También advierte que la PGJEM no ha garantizado el acceso de las mujeres a la justicia; además, reitera que la Fevimtra sí era competente para continuar con las investigaciones y consignar a los responsables.
La abogada del Centro Prodh señala que sin importar quién llegue a Los Pinos, el tema será todo un reto para la nueva administración porque tendrá que responder a las recomendaciones que emita el Comité de la CEDAW.
Apunta que la represión en Atenco ya es un caso contra el Estado mexicano, porque en noviembre de 2011 la CIDH lo admitió para su análisis.
En 2008, y ante la falta de justicia en México, 11 de las 26 mujeres sobrevivientes de tortura sexual llevaron su denuncia ante la CIDH, organismo que eventualmente podría enviar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Aunque el Comité de la CEDAW y la Coidh buscan evidenciar la responsabilidad del Estado mexicano sin hacer alusiones a personas en específico, las organizaciones civiles han señalado que uno de los principales responsables es Peña Nieto.
“Manchado de sangre”
El pasado 11 de mayo, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, el candidato presidencial del PRI-PVEM dijo que en Atenco reestableció el orden: “Fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente (sic)”.
“Está manchado con sangre de Atenco, está condenado por todo lo que ordenó contra nuestro pueblo”, advierte indignada América del Valle, perseguida política tras los hechos de mayo de 2006, al hacer un balance del significado de este movimiento en la actual coyuntura política.
Tras reconocer que aún hay un clima de miedo por lo que representa el virtual candidato electo –cuestionado por presuntas irregularidades electorales– Del Valle afirma que las demandas de San Salvador Atenco persisten.
“El temor más grande que tengo es que nos quedemos callados, que a este pueblo mexicano se le olvide y le dé la bienvenida como si nada hubiera pasado a un represor que apenas hace seis años cometió lo que cometió”, sostiene.
Sobre este tema, Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que participó activamente en el movimiento, asegura desafiante: “Estamos y seguiremos siendo la piedrita en el zapato”.
Advierte que las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la gente de Atenco, entre encarcelamientos,
persecuciones injustas y tortura sexual, reflejan al “hombre represor” que es Peña Nieto y a quien no le importaría repetir un conflicto similar.
Seis años después y a menos de un mes de las elecciones presidencial del 1 de julio, el priista Enrique Peña Nieto es cuestionado ante instancias internacionales por la represión de Atenco en 2006.
A Peña Nieto, quien encabeza el cómputo oficial de la elección presidencial, lo persigue la sombra de las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas durante el operativo policial en Texcoco y San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006.
En aquella ocasión, los hechos violentos dejaron como saldo 47 mujeres detenidas; de las cuales 26 fueron víctimas de violación sexual.
Esta es “la piedrita en el zapato” para Peña Nieto, advierten activistas.
Las denuncias por el operativo avalado por el entonces gobernador del Estado de México están ya ante la Organización de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Organizaciones civiles presentarán el martes 17 de julio en Nueva York un informe sobre Atenco ante el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
El documento fue elaborado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).
Ahí se evidencia la impunidad en las torturas sexuales contra las mujeres durante un operativo caracterizado por el “uso excesivo e indiscriminado de la fuerza” ordenado por quien hoy pretende gobernar el país
Ningún responsable detenido
Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro Prodh –organización que acompaña a las mujeres de Atenco–, explica que a seis años de distancia de los hechos no hay ningún policía federal o estatal, o funcionario consignado por actos de tortura.
En 2006, el Comité de la CEDAW ya había recomendado al Estado mexicano que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), dependiente de la PGR, tuviera jurisdicción en el caso para investigar y sancionar a los culpables.
Sin embargo, en 2009 la Fevimtra declinó el caso a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM); argumentó “falta de competencia”.
El informe de la OMCT y el Centro Prodh destaca el incumplimiento de México de la recomendación de la CEDAW, ya que a más de seis años de los hechos ni un solo policía ha sido sancionado penalmente.
También advierte que la PGJEM no ha garantizado el acceso de las mujeres a la justicia; además, reitera que la Fevimtra sí era competente para continuar con las investigaciones y consignar a los responsables.
La abogada del Centro Prodh señala que sin importar quién llegue a Los Pinos, el tema será todo un reto para la nueva administración porque tendrá que responder a las recomendaciones que emita el Comité de la CEDAW.
Apunta que la represión en Atenco ya es un caso contra el Estado mexicano, porque en noviembre de 2011 la CIDH lo admitió para su análisis.
En 2008, y ante la falta de justicia en México, 11 de las 26 mujeres sobrevivientes de tortura sexual llevaron su denuncia ante la CIDH, organismo que eventualmente podría enviar la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
Aunque el Comité de la CEDAW y la Coidh buscan evidenciar la responsabilidad del Estado mexicano sin hacer alusiones a personas en específico, las organizaciones civiles han señalado que uno de los principales responsables es Peña Nieto.
“Manchado de sangre”
El pasado 11 de mayo, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, el candidato presidencial del PRI-PVEM dijo que en Atenco reestableció el orden: “Fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente (sic)”.
“Está manchado con sangre de Atenco, está condenado por todo lo que ordenó contra nuestro pueblo”, advierte indignada América del Valle, perseguida política tras los hechos de mayo de 2006, al hacer un balance del significado de este movimiento en la actual coyuntura política.
Tras reconocer que aún hay un clima de miedo por lo que representa el virtual candidato electo –cuestionado por presuntas irregularidades electorales– Del Valle afirma que las demandas de San Salvador Atenco persisten.
“El temor más grande que tengo es que nos quedemos callados, que a este pueblo mexicano se le olvide y le dé la bienvenida como si nada hubiera pasado a un represor que apenas hace seis años cometió lo que cometió”, sostiene.
Sobre este tema, Trinidad Ramírez, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y que participó activamente en el movimiento, asegura desafiante: “Estamos y seguiremos siendo la piedrita en el zapato”.
Advierte que las violaciones a los derechos humanos cometidas contra la gente de Atenco, entre encarcelamientos,
persecuciones injustas y tortura sexual, reflejan al “hombre represor” que es Peña Nieto y a quien no le importaría repetir un conflicto similar.
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