Verónica Espinosa / Apro
Los seis jóvenes del colectivo #YoSoy132 detenidos el domingo por la tarde en la marcha anti-imposición –cuatro mujeres y dos varones–, fueron liberados esta tarde, luego de 18 horas de arresto por presuntamente alterar el orden público.
Al salir de los separos, los manifestantes acusaron a la policía de golpearlos y de “manosear” a las mujeres.
La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos intervino para que los detenidos no fueran obligados a pagar la multa de 400 pesos que el gobierno municipal pretendía imponerles, además de que inició de oficio un expediente de queja para investigar lo ocurrido y deslindar responsabilidades en la actuación de los agentes de Seguridad Pública.
Las cuatro mujeres y los dos hombres arrestados por los agentes de Seguridad Pública Municipal durante la marcha abandonaron la Central de Policía cerca de las dos de la tarde, y, ya en la calle, refirieron que no fueron remitidos de inmediato al Cepol, sino “paseados” por la ciudad y que, en el caso particular de las mujeres, fueron tocadas de manera inapropiada por los policías.
Miriam Jiménez Agredano, Karina Hernández Tovar, María Estefanía Mata, Tania Siboney Navarro, César Reyes y David Torres exigieron al gobierno municipal aclarar de qué nivel de autoridad se originó la orden de detenerlos y de contener la manifestación.
Aunque desde temprana hora, el presidente municipal panista Ricardo Sheffield Padilla quiso justificar la actuación de los policías al señalar que “la autoridad está obligada a hacer prevalecer el orden” y que era más importante el derecho de los usuarios del transporte público que utilizan las rutas del sistema de trasporte en un carril por el cual los jóvenes pretendían marchar en el bulevar Adolfo López Mateos, como en ocasiones anteriores.
Según Sheffield, su gobierno está abierto a la libre manifestación de las ideas “y lo seguirá siendo”, y es consciente de que el derecho a manifestarse no debe limitarse ni inhibirse. Sin embargo, fue claro en mencionar que “la autoridad en todo momento hará prevalecer la ley para resguardar los derechos de la mayoría de los leoneses; en particular de un servicio de transporte público, seguro y eficiente”.
De todos modos, Sheffield anunció que la Dirección de Asuntos Internos de su gobierno revisará la actuación de los preventivos y sus mandos el domingo ante la marcha anti Peña, además de que ofreció colaborar con la Procuraduría de los Derechos Humanos en lo que le sea solicitado.
“Si las instancias competentes determinan que hubo excesos, esos excesos serán sancionados”, anunció.
Los seis jóvenes del colectivo #YoSoy132 detenidos el domingo por la tarde en la marcha anti-imposición –cuatro mujeres y dos varones–, fueron liberados esta tarde, luego de 18 horas de arresto por presuntamente alterar el orden público.
Al salir de los separos, los manifestantes acusaron a la policía de golpearlos y de “manosear” a las mujeres.
La Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos intervino para que los detenidos no fueran obligados a pagar la multa de 400 pesos que el gobierno municipal pretendía imponerles, además de que inició de oficio un expediente de queja para investigar lo ocurrido y deslindar responsabilidades en la actuación de los agentes de Seguridad Pública.
Las cuatro mujeres y los dos hombres arrestados por los agentes de Seguridad Pública Municipal durante la marcha abandonaron la Central de Policía cerca de las dos de la tarde, y, ya en la calle, refirieron que no fueron remitidos de inmediato al Cepol, sino “paseados” por la ciudad y que, en el caso particular de las mujeres, fueron tocadas de manera inapropiada por los policías.
Miriam Jiménez Agredano, Karina Hernández Tovar, María Estefanía Mata, Tania Siboney Navarro, César Reyes y David Torres exigieron al gobierno municipal aclarar de qué nivel de autoridad se originó la orden de detenerlos y de contener la manifestación.
Aunque desde temprana hora, el presidente municipal panista Ricardo Sheffield Padilla quiso justificar la actuación de los policías al señalar que “la autoridad está obligada a hacer prevalecer el orden” y que era más importante el derecho de los usuarios del transporte público que utilizan las rutas del sistema de trasporte en un carril por el cual los jóvenes pretendían marchar en el bulevar Adolfo López Mateos, como en ocasiones anteriores.
Según Sheffield, su gobierno está abierto a la libre manifestación de las ideas “y lo seguirá siendo”, y es consciente de que el derecho a manifestarse no debe limitarse ni inhibirse. Sin embargo, fue claro en mencionar que “la autoridad en todo momento hará prevalecer la ley para resguardar los derechos de la mayoría de los leoneses; en particular de un servicio de transporte público, seguro y eficiente”.
De todos modos, Sheffield anunció que la Dirección de Asuntos Internos de su gobierno revisará la actuación de los preventivos y sus mandos el domingo ante la marcha anti Peña, además de que ofreció colaborar con la Procuraduría de los Derechos Humanos en lo que le sea solicitado.
“Si las instancias competentes determinan que hubo excesos, esos excesos serán sancionados”, anunció.
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