José Gil Olmos
El pasado fin de semana varios cientos de organizaciones de todo el país se reunieron en el municipio de San Salvador Atenco, en una primera convención nacional, para definir su posición ante lo que parece inevitable: la imposición de Enrique Peña Nieto en la silla presidencial.
Todos los reunidos en ese pueblo mexiquense, reprimido precisamente por Peña Nieto como gobernador del Estado de México, acordaron desconocerlo como presidente. Esta es la primera vez en la historia del país que tantas agrupaciones sociales juntas hacen manifiesto su repudio e impugnan la legitimidad de una figura política, a la que no le darán el lugar que las instituciones electorales sí habrán de otorgarle, a pesar de todas las irregularidades denunciadas.
Esto es, que mientras una buena parte de la sociedad mexicana rechaza al priista como primer mandatario, las autoridades electorales legalizarán una victoria que no es legítima.
Al igual que Calderón, si el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, el priista Peña Nieto arrancará su administración sin el reconocimiento de millones de mexicanos, que lo ven como la imposición de un grupo de poder.
En los próximos meses, mientras el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, veremos en las calles manifestaciones de estudiantes, campesinos y profesores; de jóvenes rechazados de las escuelas de educación superior, amas de casa y padres de familia contra Peña Nieto. Pero también contra Televisa, el IFE y el Tribunal Electoral por su complicidad en la imposición del priista.
No se trata solamente de un simple rechazo; es el cuestionamiento profundo y legítimo de los ciudadanos a las instituciones electorales que han dejado a un lado su responsabilidad de cuidar la organización de elecciones limpias, transparentes y equitativas para proteger los intereses de grupos.
Es el cuestionamiento de una parte importante de la sociedad a quienes encabezan estas instituciones que costaron muchos años de esfuerzo e incluso vidas, y que ahora están lejos de ser ciudadanas y confiables, pues sus miembros responden más a intereses de los partidos que a los valores de imparcialidad y justicia para los que fueron creados.
Pero sobre todo, estas movilizaciones sociales representan el cuestionamiento a la supuesta limpieza de un proceso electoral manchado por la ilegalidad desde antes de que arrancara y que ninguna autoridad se atrevió a investigar.
Como Calderón, Peña Nieto arrastrará la carga de la ilegitimidad durante seis años, si es que, como todo parece indicar, el Tribunal validara su triunfo, no obstante las pruebas que se presentaron de compra y coacción del voto, así como de lavado de dinero y el uso de recursos financieros de origen sospechoso.
Pero tanto al panista como al priista esto parece importarles poco. Tan es así que fue Calderón quien reconoció el supuesto triunfo de Peña Nieto la noche del 1 de julio cuando aún no terminaba el cómputo de los votos en los distritos electorales.
No sólo eso, Calderón también lo recibió el pasado martes por la noche en Los Pinos, en una especie de entrega del poder adelantado, cuando el Tribunal Electoral apenas estaba recibiendo el expediente de impugnación de validez de la elección presidencial.
A Calderón y a Peña Nieto los une la ilegitimidad y la indiferencia por la sociedad.
Al panista nunca le agradaron los movimientos sociales, ni siquiera cuando el movimiento de paz lo sentó para que escuchara la tragedia de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que él proclamó desde el inicio de su administración.
Al priista, mucho menos; y cuando los campesinos de Atenco se manifestaron en contra el desalojo de unos floricultores de un mercado en Texcoco en mayo de 2006, los mandó a reprimir y a detener como si fueran delincuentes.
El autoritarismo y la represión del PRI, que nunca se fue, está a la vuelta de la esquina, eso lo que ven los grupos sociales y es por eso que se están organizando.
Las movilizaciones que desde ahora y hasta diciembre tienen programadas 300 organizaciones sociales parecen ser el preludio de lo que será el próximo gobierno, un sexenio de repudio y represión. Sobre todo si, como ya se ve, habrá una alianza entre el PRI y el PAN para echar adelante las reformas estructurales (energética, laboral y hacendaría principalmente) que tiene un claro perfil antipopular.
El pasado fin de semana varios cientos de organizaciones de todo el país se reunieron en el municipio de San Salvador Atenco, en una primera convención nacional, para definir su posición ante lo que parece inevitable: la imposición de Enrique Peña Nieto en la silla presidencial.
Todos los reunidos en ese pueblo mexiquense, reprimido precisamente por Peña Nieto como gobernador del Estado de México, acordaron desconocerlo como presidente. Esta es la primera vez en la historia del país que tantas agrupaciones sociales juntas hacen manifiesto su repudio e impugnan la legitimidad de una figura política, a la que no le darán el lugar que las instituciones electorales sí habrán de otorgarle, a pesar de todas las irregularidades denunciadas.
Esto es, que mientras una buena parte de la sociedad mexicana rechaza al priista como primer mandatario, las autoridades electorales legalizarán una victoria que no es legítima.
Al igual que Calderón, si el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, el priista Peña Nieto arrancará su administración sin el reconocimiento de millones de mexicanos, que lo ven como la imposición de un grupo de poder.
En los próximos meses, mientras el Tribunal Electoral valida la elección presidencial, veremos en las calles manifestaciones de estudiantes, campesinos y profesores; de jóvenes rechazados de las escuelas de educación superior, amas de casa y padres de familia contra Peña Nieto. Pero también contra Televisa, el IFE y el Tribunal Electoral por su complicidad en la imposición del priista.
No se trata solamente de un simple rechazo; es el cuestionamiento profundo y legítimo de los ciudadanos a las instituciones electorales que han dejado a un lado su responsabilidad de cuidar la organización de elecciones limpias, transparentes y equitativas para proteger los intereses de grupos.
Es el cuestionamiento de una parte importante de la sociedad a quienes encabezan estas instituciones que costaron muchos años de esfuerzo e incluso vidas, y que ahora están lejos de ser ciudadanas y confiables, pues sus miembros responden más a intereses de los partidos que a los valores de imparcialidad y justicia para los que fueron creados.
Pero sobre todo, estas movilizaciones sociales representan el cuestionamiento a la supuesta limpieza de un proceso electoral manchado por la ilegalidad desde antes de que arrancara y que ninguna autoridad se atrevió a investigar.
Como Calderón, Peña Nieto arrastrará la carga de la ilegitimidad durante seis años, si es que, como todo parece indicar, el Tribunal validara su triunfo, no obstante las pruebas que se presentaron de compra y coacción del voto, así como de lavado de dinero y el uso de recursos financieros de origen sospechoso.
Pero tanto al panista como al priista esto parece importarles poco. Tan es así que fue Calderón quien reconoció el supuesto triunfo de Peña Nieto la noche del 1 de julio cuando aún no terminaba el cómputo de los votos en los distritos electorales.
No sólo eso, Calderón también lo recibió el pasado martes por la noche en Los Pinos, en una especie de entrega del poder adelantado, cuando el Tribunal Electoral apenas estaba recibiendo el expediente de impugnación de validez de la elección presidencial.
A Calderón y a Peña Nieto los une la ilegitimidad y la indiferencia por la sociedad.
Al panista nunca le agradaron los movimientos sociales, ni siquiera cuando el movimiento de paz lo sentó para que escuchara la tragedia de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico que él proclamó desde el inicio de su administración.
Al priista, mucho menos; y cuando los campesinos de Atenco se manifestaron en contra el desalojo de unos floricultores de un mercado en Texcoco en mayo de 2006, los mandó a reprimir y a detener como si fueran delincuentes.
El autoritarismo y la represión del PRI, que nunca se fue, está a la vuelta de la esquina, eso lo que ven los grupos sociales y es por eso que se están organizando.
Las movilizaciones que desde ahora y hasta diciembre tienen programadas 300 organizaciones sociales parecen ser el preludio de lo que será el próximo gobierno, un sexenio de repudio y represión. Sobre todo si, como ya se ve, habrá una alianza entre el PRI y el PAN para echar adelante las reformas estructurales (energética, laboral y hacendaría principalmente) que tiene un claro perfil antipopular.
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