Estatización transitoria
Once años, 19 mil millones
Carlos Fernández-Vega / México SA
El gobierno panista no quiere abandonar –obligadamente– Los Pinos sin antes cerrar uno de sus capítulos financieros más oscuros, que a la nación le ha significado pérdidas cercanas a 19 mil millones de pesos, cuando menos. Se trata de la estatización transitoria de 27 ingenios azucareros, decretada el 3 de septiembre de 2001 por Vicente Fox, la cual apenas se prolongó por 11 años, involucró a las dos administraciones blanquiazules y fue un rotundo cuan oneroso fracaso.
Resulta que “con procesos judiciales y mercantiles sin concluir, deudas millonarias y diversas irregularidades con costo al erario denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Felipe Calderón pretende cerrar la controvertida expropiación de 27 ingenios azucareros decretada en 2001 por su antecesor Vicente Fox, con la venta de los últimos nueve que todavía son propiedad estatal. Por indemnizaciones y pasivos, el costo fiscal de la expropiación ascendió a 18 mil 81 millones 961 mil 900 pesos hasta 2010… De ese monto, 5 mil 776 millones (32 por ciento) correspondieron a los recursos públicos que el gobierno de Fox gastó en la expropiación y los restantes 12 mil 305 millones de pesos son pasivos o deuda acumulados por Financiera Nacional Azucarera… De los 27 ingenios expropiados hace casi 11 años, 14 fueron devueltos a sus dueños por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuatro vendidos entre 2005 y 2011. Los nueve ingenios restantes se encuentran pendientes de resolución judicial” (La Jornada, Susana González).
Lo mejor del caso es que Vicente Fox ordenó la expropiación (estatización temporal) de 27 ingenios privados porque sus propietarios, los barones del azúcar, llevaron a sus empresas a perder la salud financiera, contrayendo grandes deudas ante diversas sociedades de crédito y organismos del gobierno federal, poniendo con ello en riesgo además del patrimonio de los trabajadores del campo el de todos los mexicanos. No sólo eso: el 3 de septiembre de 2001, el entonces secretario foxista de Hacienda, Francisco Gil Díaz, aseguró que la intervención gubernamental (algo impensable en el régimen neoliberal) busca proteger la industria azucarera nacional para que dichas centrales no sigan siendo un hoyo negro donde se va el financiamiento del gobierno para el sector... con créditos públicos, los empresarios del ramo ordeñaron a los ingenios en su beneficio particular, y son tan cuantiosos los pasivos y tan bajos los activos de esos ingenios que (sus dueños) nos saldrán debiendo.
Once años después de las sabias palabras de Gil Díaz, los mexicanos, muy lejos de ser acreedores de los ordeñadores barones del azúcar, se enteran que el rotundo fracaso de la citada estatización temporal les ha costado cerca de 19 mil millones de pesos (hasta 2010), monto que se suma al de por sí voluminoso pasivo que cargan sobre sus espaldas por decisiones gubernamentales fallidas o, si se prefiere, por negocios privados con recursos públicos. De los 27 ingenios azucareros expropiados por mandato de Vicente Fox (reprivatizados durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari), nueve eran propiedad del empresario salinista Enrique Molina Sobrino; otro tanto del negociador por la parte empresarial del desastroso capítulo azucarero en el Tratado de Libre Comercio, Juan Gallardo Thurlow; cinco del empresario-político priísta y ex senador de la República Alberto Santos de Hoyos; tres de Teresita Machado, y uno de la familia Seoane. A la vuelta de los años, 14 de las centrales expropiadas en 2001 regresaron a sus dueños, se vendieron cuatro y nueve permanecen en manos del Estado, pendientes de resolución judicial.
Como se ha comentado en este espacio, la de la industria azucarera mexicana es la clásica historia de empresas pobres con trabajadores miserables y empresarios extremadamente ricos, quienes hicieron infinidad de suculentos negocios –en distintos sectores de la actividad económica– con el poder político y a costillas de la nación. Con Fox fue el propio poder político –con máscara blanquiazul– el que en nombre de la nación y por causas de utilidad pública a esos empresarios les quitó de encima deudas por alrededor de 3 mil millones de dólares. Por ejemplo, los dueños de las 27 centrales azucareras adeudaban al fisco, al IMSS, a Financiera Nacional Azucarera, al Bancomext, al FIRA (Banco de México), al Banrural (sepultado por el propio Fox), a la banca comercial, a Conagua, a los productores y a los jornaleros agrícolas (que sobreviven en condiciones feudales), sin olvidar los regalitos que dejaron en el Fobaproa.
Para sustentar la estatización temporal de 27 ingenios azucareros, el entonces inquilino de Los Pinos mandó a cuatro de sus sabios del gabinetazo a detallar la operación (Francisco Gil Díaz, Javier Usabiaga, Francisco Barrio y Luis Ernesto Derbez, secretarios de Hacienda, Agricultura, Contraloría y Economía, respectivamente). El 3 de septiembre de 2001 explicaron lo siguiente: el saneamiento de esas empresas prácticamente nada le costará al gobierno de la República; de mil a 3 mil millones de pesos, tal vez; de continuar las cosas como hasta ahora, existen altas probabilidades de que un cierto número de ingenios con un fuerte porcentaje de participación en la producción del país no cuenten con los recursos necesarios que garanticen el eficaz y oportuno procesamiento de la zafra; la PGR mantiene las líneas de investigación para identificar aquellas operaciones irregulares de las empresas acusadas de propiciar el hoyo negro en la asignación de recursos públicos; la expropiación representa un deslinde de las decisiones erróneas del pasado; se registraron exportaciones simuladas, porque se proporcionaron documentos falsos relacionados con transportes inexistentes, corrupción de funcionarios de aduanas y de algunas secretarías de Estado. En fin, los ingenios no sólo tienen un problema de liquidez, sino de solvencia, y en esta circunstancia hubiera sido una enorme irresponsabilidad del gobierno seguir aportando recursos; no se podía responsablemente estar aportándole dinero a este hoyo negro financiero.
Las rebanadas del pastel
Once años después, la mayoría de los ingenios (ya saneados financieramente) regresaron a sus dueños, la investigación quedó en el aire, y el costo se disparó a 19 mil millones (2010), sin considerar otros pasivos asumidos por el gobierno, es decir, el hoyo negro financiero creció y creció, que para eso están los mexicanos. Y antes de irse muy lejos, a Calderón le urge meter la mugre bajo la alfombra.
Once años, 19 mil millones
Carlos Fernández-Vega / México SA
El gobierno panista no quiere abandonar –obligadamente– Los Pinos sin antes cerrar uno de sus capítulos financieros más oscuros, que a la nación le ha significado pérdidas cercanas a 19 mil millones de pesos, cuando menos. Se trata de la estatización transitoria de 27 ingenios azucareros, decretada el 3 de septiembre de 2001 por Vicente Fox, la cual apenas se prolongó por 11 años, involucró a las dos administraciones blanquiazules y fue un rotundo cuan oneroso fracaso.
Resulta que “con procesos judiciales y mercantiles sin concluir, deudas millonarias y diversas irregularidades con costo al erario denunciadas por la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Felipe Calderón pretende cerrar la controvertida expropiación de 27 ingenios azucareros decretada en 2001 por su antecesor Vicente Fox, con la venta de los últimos nueve que todavía son propiedad estatal. Por indemnizaciones y pasivos, el costo fiscal de la expropiación ascendió a 18 mil 81 millones 961 mil 900 pesos hasta 2010… De ese monto, 5 mil 776 millones (32 por ciento) correspondieron a los recursos públicos que el gobierno de Fox gastó en la expropiación y los restantes 12 mil 305 millones de pesos son pasivos o deuda acumulados por Financiera Nacional Azucarera… De los 27 ingenios expropiados hace casi 11 años, 14 fueron devueltos a sus dueños por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuatro vendidos entre 2005 y 2011. Los nueve ingenios restantes se encuentran pendientes de resolución judicial” (La Jornada, Susana González).
Lo mejor del caso es que Vicente Fox ordenó la expropiación (estatización temporal) de 27 ingenios privados porque sus propietarios, los barones del azúcar, llevaron a sus empresas a perder la salud financiera, contrayendo grandes deudas ante diversas sociedades de crédito y organismos del gobierno federal, poniendo con ello en riesgo además del patrimonio de los trabajadores del campo el de todos los mexicanos. No sólo eso: el 3 de septiembre de 2001, el entonces secretario foxista de Hacienda, Francisco Gil Díaz, aseguró que la intervención gubernamental (algo impensable en el régimen neoliberal) busca proteger la industria azucarera nacional para que dichas centrales no sigan siendo un hoyo negro donde se va el financiamiento del gobierno para el sector... con créditos públicos, los empresarios del ramo ordeñaron a los ingenios en su beneficio particular, y son tan cuantiosos los pasivos y tan bajos los activos de esos ingenios que (sus dueños) nos saldrán debiendo.
Once años después de las sabias palabras de Gil Díaz, los mexicanos, muy lejos de ser acreedores de los ordeñadores barones del azúcar, se enteran que el rotundo fracaso de la citada estatización temporal les ha costado cerca de 19 mil millones de pesos (hasta 2010), monto que se suma al de por sí voluminoso pasivo que cargan sobre sus espaldas por decisiones gubernamentales fallidas o, si se prefiere, por negocios privados con recursos públicos. De los 27 ingenios azucareros expropiados por mandato de Vicente Fox (reprivatizados durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari), nueve eran propiedad del empresario salinista Enrique Molina Sobrino; otro tanto del negociador por la parte empresarial del desastroso capítulo azucarero en el Tratado de Libre Comercio, Juan Gallardo Thurlow; cinco del empresario-político priísta y ex senador de la República Alberto Santos de Hoyos; tres de Teresita Machado, y uno de la familia Seoane. A la vuelta de los años, 14 de las centrales expropiadas en 2001 regresaron a sus dueños, se vendieron cuatro y nueve permanecen en manos del Estado, pendientes de resolución judicial.
Como se ha comentado en este espacio, la de la industria azucarera mexicana es la clásica historia de empresas pobres con trabajadores miserables y empresarios extremadamente ricos, quienes hicieron infinidad de suculentos negocios –en distintos sectores de la actividad económica– con el poder político y a costillas de la nación. Con Fox fue el propio poder político –con máscara blanquiazul– el que en nombre de la nación y por causas de utilidad pública a esos empresarios les quitó de encima deudas por alrededor de 3 mil millones de dólares. Por ejemplo, los dueños de las 27 centrales azucareras adeudaban al fisco, al IMSS, a Financiera Nacional Azucarera, al Bancomext, al FIRA (Banco de México), al Banrural (sepultado por el propio Fox), a la banca comercial, a Conagua, a los productores y a los jornaleros agrícolas (que sobreviven en condiciones feudales), sin olvidar los regalitos que dejaron en el Fobaproa.
Para sustentar la estatización temporal de 27 ingenios azucareros, el entonces inquilino de Los Pinos mandó a cuatro de sus sabios del gabinetazo a detallar la operación (Francisco Gil Díaz, Javier Usabiaga, Francisco Barrio y Luis Ernesto Derbez, secretarios de Hacienda, Agricultura, Contraloría y Economía, respectivamente). El 3 de septiembre de 2001 explicaron lo siguiente: el saneamiento de esas empresas prácticamente nada le costará al gobierno de la República; de mil a 3 mil millones de pesos, tal vez; de continuar las cosas como hasta ahora, existen altas probabilidades de que un cierto número de ingenios con un fuerte porcentaje de participación en la producción del país no cuenten con los recursos necesarios que garanticen el eficaz y oportuno procesamiento de la zafra; la PGR mantiene las líneas de investigación para identificar aquellas operaciones irregulares de las empresas acusadas de propiciar el hoyo negro en la asignación de recursos públicos; la expropiación representa un deslinde de las decisiones erróneas del pasado; se registraron exportaciones simuladas, porque se proporcionaron documentos falsos relacionados con transportes inexistentes, corrupción de funcionarios de aduanas y de algunas secretarías de Estado. En fin, los ingenios no sólo tienen un problema de liquidez, sino de solvencia, y en esta circunstancia hubiera sido una enorme irresponsabilidad del gobierno seguir aportando recursos; no se podía responsablemente estar aportándole dinero a este hoyo negro financiero.
Las rebanadas del pastel
Once años después, la mayoría de los ingenios (ya saneados financieramente) regresaron a sus dueños, la investigación quedó en el aire, y el costo se disparó a 19 mil millones (2010), sin considerar otros pasivos asumidos por el gobierno, es decir, el hoyo negro financiero creció y creció, que para eso están los mexicanos. Y antes de irse muy lejos, a Calderón le urge meter la mugre bajo la alfombra.
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