John Saxe-Fernández
Como una de las funciones esenciales de las instancias encargadas de la calificación de las elecciones es generar certidumbre y consenso postcomicial, ofreciendo la información de lo ocurrido para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evalúe si se apegaron o no al mandato constitucional y califique su validez o invalidez, llama la atención que Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral: 1) se sorprendió por la difusión del Informe Circunstanciado que el IFE presentó al TEPJF ¿por su inadmisible retórica, parcialidad y asumir un papel que no le corresponde?, y 2) que reaccionara como incondicional del PRI, primero medio ofendido y luego burlón, ante la solicitud formal y respetuosa de los integrantes del Movimiento Progresista –PRD, PT y MC– y del PAN para que se agilicen las indagaciones ante el Iguazú de dineros que inundó la campaña del PRI, a fin de que sean presentadas antes de la calificación, y el TEPJF cuente con elementos, ahora esenciales, para dar curso a su función. Su respuesta de que el IFE no es rehén de nadie y que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene hasta enero (2013) para resolver sobre el caso, induce lágrimas de risa por su inmadurez, y de llanto por la frivolidad y laxitud ante un panorama (y normatividad) nacional e internacional complejo, que además de lo electoral, ya incluye una institucionalidad penal y de seguridad por el presunto origen ilegal y uso de las elecciones federales mexicanas para el lavado de narcodólares. De ahí la importancia de ventilar el involucramiento de la alta narcofinanza en estos tejes y manejes (HSBC y su sucursal en México, entre otros).
La mencionada petición ante el IFE de fuerzas políticas que representan dos terceras partes del electorado, obedece a que, según Jesús Zambrano y Gustavo Madero, presidentes del PRD y del PAN respectivamente, cada día hay más evidencias, fuertes y contundentes, del manejo ilegal de recursos a través del Banco Monex durante la campaña del PRI, por lo que el IFE y la Fepade deben ofrecer al TEPJF los datos sobre abundantes impugnaciones (que cubren un amplio espectro), con énfasis en el rebase de los topes de gasto de campaña, la compra y coacción del voto y el presunto origen ilícito de fondos por parte del PRI. Desde el 8 de febrero AMLO propuso 12 medidas para prevenir la compra y coacción del voto, pero esa iniciativa, recordó Jaime Cárdenas, fue contestada por el IFE tres meses y medio después, rechazándola con desdén porque esos asuntos corresponden a la Fepade.
La respuesta de Leonardo Valdés Zurita más que una burla parece una movida legaloide, con el mensaje de que aquí ganan las trampas. ¿Acaso se intenta alentar la explosividad socio-política e inducir un clima de violencia, planteando a la opinión pública, y en especial a una juventud movilizada contra la manipulación mediática, que para la imposición de EPN se recurrirá a la asfixia del cauce legal, para que las graves y generalizadas violaciones no se presenten antes sino a toro pasado, luego de que el TEPJF emita su sentencia?
PRD y PAN ya plantearon que la PGR y su Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se encargue de aclarar el origen de los dineros. Validar las elecciones sin aclarar la triangulación de fondos y la magnitud del rebase, de la compra de votos y el origen del dinero, sea de fuentes públicas o delincuenciales, además de violar la Constitución y las leyes relacionadas con delitos por narcotráfico y lavado, acarrea rompimientos con tratados y convenios internacionales.
Desde hace 20 años, cuando se ampliaron las oportunidades de corrupción a niveles inimaginables, existen documentos e investigaciones de la Red para la Persecusión de Delitos Financieros y del Senado de Estados Unidos, sobre la incidencia del dinero ilícito en el sistema. Dada la imbricación del lavado con el aparato financiero desde que se puso en marcha el vasto y corrupto programa de privatizaciones y sus megamillonarios, la tolerancia en el uso de las elecciones como lavadora acarrearía efectos penales y no sólo políticos y económicos.
Como una de las funciones esenciales de las instancias encargadas de la calificación de las elecciones es generar certidumbre y consenso postcomicial, ofreciendo la información de lo ocurrido para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) evalúe si se apegaron o no al mandato constitucional y califique su validez o invalidez, llama la atención que Leonardo Valdés Zurita, presidente del Instituto Federal Electoral: 1) se sorprendió por la difusión del Informe Circunstanciado que el IFE presentó al TEPJF ¿por su inadmisible retórica, parcialidad y asumir un papel que no le corresponde?, y 2) que reaccionara como incondicional del PRI, primero medio ofendido y luego burlón, ante la solicitud formal y respetuosa de los integrantes del Movimiento Progresista –PRD, PT y MC– y del PAN para que se agilicen las indagaciones ante el Iguazú de dineros que inundó la campaña del PRI, a fin de que sean presentadas antes de la calificación, y el TEPJF cuente con elementos, ahora esenciales, para dar curso a su función. Su respuesta de que el IFE no es rehén de nadie y que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene hasta enero (2013) para resolver sobre el caso, induce lágrimas de risa por su inmadurez, y de llanto por la frivolidad y laxitud ante un panorama (y normatividad) nacional e internacional complejo, que además de lo electoral, ya incluye una institucionalidad penal y de seguridad por el presunto origen ilegal y uso de las elecciones federales mexicanas para el lavado de narcodólares. De ahí la importancia de ventilar el involucramiento de la alta narcofinanza en estos tejes y manejes (HSBC y su sucursal en México, entre otros).
La mencionada petición ante el IFE de fuerzas políticas que representan dos terceras partes del electorado, obedece a que, según Jesús Zambrano y Gustavo Madero, presidentes del PRD y del PAN respectivamente, cada día hay más evidencias, fuertes y contundentes, del manejo ilegal de recursos a través del Banco Monex durante la campaña del PRI, por lo que el IFE y la Fepade deben ofrecer al TEPJF los datos sobre abundantes impugnaciones (que cubren un amplio espectro), con énfasis en el rebase de los topes de gasto de campaña, la compra y coacción del voto y el presunto origen ilícito de fondos por parte del PRI. Desde el 8 de febrero AMLO propuso 12 medidas para prevenir la compra y coacción del voto, pero esa iniciativa, recordó Jaime Cárdenas, fue contestada por el IFE tres meses y medio después, rechazándola con desdén porque esos asuntos corresponden a la Fepade.
La respuesta de Leonardo Valdés Zurita más que una burla parece una movida legaloide, con el mensaje de que aquí ganan las trampas. ¿Acaso se intenta alentar la explosividad socio-política e inducir un clima de violencia, planteando a la opinión pública, y en especial a una juventud movilizada contra la manipulación mediática, que para la imposición de EPN se recurrirá a la asfixia del cauce legal, para que las graves y generalizadas violaciones no se presenten antes sino a toro pasado, luego de que el TEPJF emita su sentencia?
PRD y PAN ya plantearon que la PGR y su Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se encargue de aclarar el origen de los dineros. Validar las elecciones sin aclarar la triangulación de fondos y la magnitud del rebase, de la compra de votos y el origen del dinero, sea de fuentes públicas o delincuenciales, además de violar la Constitución y las leyes relacionadas con delitos por narcotráfico y lavado, acarrea rompimientos con tratados y convenios internacionales.
Desde hace 20 años, cuando se ampliaron las oportunidades de corrupción a niveles inimaginables, existen documentos e investigaciones de la Red para la Persecusión de Delitos Financieros y del Senado de Estados Unidos, sobre la incidencia del dinero ilícito en el sistema. Dada la imbricación del lavado con el aparato financiero desde que se puso en marcha el vasto y corrupto programa de privatizaciones y sus megamillonarios, la tolerancia en el uso de las elecciones como lavadora acarrearía efectos penales y no sólo políticos y económicos.
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