Octavio Rodríguez Araujo
Con 3.3 millones de votos de diferencia entre Peña Nieto y López Obrador sólo queda demostrar, como dice la portada de Proceso, que la elección fue comprada, y si se demuestra tal vez la diferencia no sea la anotada. Todos los días aparecen nuevas evidencias de la compra del voto de millones de mexicanos. Esto siempre se ha hecho desde que he observado procesos electorales, pero ahora ha sido escandaloso y un pésimo principio para la alternancia en el poder y para la salud de nuestra precaria democracia. El mexiquense, si no se anula la elección, llegará a Los Pinos con la conciencia (espero) de que él, su partido y las empresas que lo apoyaron abusaron de la pobreza de muchos mexicanos para torcerles la mano que marcaría las boletas electorales.
La ética estuvo totalmente ausente entre quienes hicieron posible el cuestionado triunfo del PRI en la presidencial. Quizá tendrán el poder, pero no el orgullo de haber ganado en comicios equitativos. La honestidad no fue, ni de lejos, una de las características del tricolor, de sus gobernadores, de sus candidatos y del de Atlacomulco. Éste ya estaba al tanto de que si había una gran participación ciudadana, que ciertamente la hubo, sólo podría contrarrestar los votos en favor de AMLO produciendo divisiones entre sus filas y comprando votos y tal vez conciencias. Se prestaron al juego varias de las casas encuestadoras que cumplieron el papel de propagandistas del mexiquense priísta, el duopolio televisivo, principalmente Televisa, algunos medios impresos y, desde luego, las empresas que coadyuvaron al fraude como Soriana y Banca Monex (que dice cínicamente que su misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera ética y creativa), para sólo mencionar a las más visibles.
Las expresiones tanto sociales como partidarias y jurídicas que se han manifestado después de la elección pasada ya no son porque se reconozca el triunfo de López Obrador, que según Peña Nieto no sabe perder, sino para que se sepa objetivamente la verdad de estos comicios en los que las irregularidades y errores al apuntar y vaciar los datos fueron, aunque grandes, el problema menor. No debe pasarse por alto, sin embargo, la diferencia de los votos registrados en el PREP y los revelados después del recuento realizado por el IFE: de 1.17 millones en conjunto para EPN, AMLO y Josefina Vázquez Mota. Esta diferencia no es poca cosa pues equivale a una cantidad ligeramente mayor que los sufragios obtenidos por Quadri. Lo principal de la elección, entonces, está en la inducción del voto con base en las necesidades de la gente y de su ingenuidad al creerle a la televisión sólo porque no conoce otras fuentes de información. Dicha inducción es, por lo menos, inmoral, y todavía no empieza el gobierno priísta: de un triunfo inmoral, un gobierno inmoral.
La demanda de los jóvenes de democratizar los medios electrónicos de comunicación y de exigir normas éticas en su labor cotidiana, no es una ocurrencia sino una necesidad impostergable. Haberle quitado a los mass media, con la última reforma electoral, la posibilidad de contratar espots propagandísticos de partidos, candidatos y ciudadanos, fue un relativo avance, pero ahora sabemos que se requieren más controles y evitar así que se explote la pobreza de la gente con la compra de votos. Habrá de verse cuántas de las denuncias se pueden demostrar y qué actitud asume el tribunal electoral, porque si es como en 2006 las cosas irán mal.
Las fuerzas progresistas del país y la gente que todavía tiene dignidad y respeto por sí misma, deben exigir que la impugnación de unos comicios sucios, inmorales y aprovechados de las necesidades de muchos no sea estéril. Dicha impugnación no es, como dicen algunos, un berrinche más de López Obrador porque no llegó a Los Pinos, sino un deber contemplado en la ley para obligar a las instancias jurisdiccionales a reconocer todas las aberraciones que distinguieron estos comicios y que incluso el PAN y el mismo Calderón, hipócritamente, también admiten.
Esta vez, por cierto, nadie podrá acusar a López Obrador de provocar inestabilidad en el país ni de ser un peligro para México. Si alguien se ha apegado a la legalidad y al supuesto pacto de civilidad que firmaron los candidatos antes del primero de julio, ha sido él; ni siquiera quienes reconocieron su derrota antes de los resultados oficiales o quienes felicitaron al priísta antes de los tiempos legales del proceso que aún no termina. Pero el poder no quiere ser cuestionado, muchos menos en sus métodos de ejercerlo. Así nos irá bajo el nuevo gobierno, si se lo dan a Peña Nieto.
¿Puede actuar conforme a derecho alguien que para llegar al poder lo torció y abusó de él y de sus fisuras y omisiones? No lo pienso. ¿Actuará con imparcialidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Quiero pensar que sí, pero lo dudo.
Ya respingó el PRI, y aunque Calderón dijo claramente que la compra de votos es inaceptable y que la autoridad electoral deberá castigarla si así procede, ahora lo acusan de invadir la esfera judicial. Calderón no está invadiendo nada, en esta ocasión, simplemente está haciendo votos porque la autoridad electoral actúe como le corresponde.
Si tanto invirtieron, los priístas y sus poderosos apoyos, en evitar que AMLO ganara esta elección, ¿por qué pensar que permitirán que las denuncias prosperen y que el TEPJF actúe como le corresponde si no lo hizo en 2006? El IFE pretende lavarse las manos diciendo que ya cumplió y trata de pasarle la papa caliente al tribunal, pero hay que recordarle que fue omiso ante muchas denuncias e irregularidades.
Es nuestro deber ciudadano exigir que se investigue hasta sus últimas consecuencias esta elección y que, si procede su nulidad, ésta se lleve a cabo. El pueblo mexicano no puede ser burlado dos veces, una aprovechándose de su pobreza y necesidades y la otra imponiéndole un gobierno ilegítimo por el solo expediente de que hay muchos intereses en juego y que éstos no quieren perder.
PD. Para aquellos que dicen que el voto diferenciado demuestra que la voluntad ciudadana no pudo ser comprada, bastaría recordarles cómo votó el Panal en 2006. No defiendan lo indefendible.
Con 3.3 millones de votos de diferencia entre Peña Nieto y López Obrador sólo queda demostrar, como dice la portada de Proceso, que la elección fue comprada, y si se demuestra tal vez la diferencia no sea la anotada. Todos los días aparecen nuevas evidencias de la compra del voto de millones de mexicanos. Esto siempre se ha hecho desde que he observado procesos electorales, pero ahora ha sido escandaloso y un pésimo principio para la alternancia en el poder y para la salud de nuestra precaria democracia. El mexiquense, si no se anula la elección, llegará a Los Pinos con la conciencia (espero) de que él, su partido y las empresas que lo apoyaron abusaron de la pobreza de muchos mexicanos para torcerles la mano que marcaría las boletas electorales.
La ética estuvo totalmente ausente entre quienes hicieron posible el cuestionado triunfo del PRI en la presidencial. Quizá tendrán el poder, pero no el orgullo de haber ganado en comicios equitativos. La honestidad no fue, ni de lejos, una de las características del tricolor, de sus gobernadores, de sus candidatos y del de Atlacomulco. Éste ya estaba al tanto de que si había una gran participación ciudadana, que ciertamente la hubo, sólo podría contrarrestar los votos en favor de AMLO produciendo divisiones entre sus filas y comprando votos y tal vez conciencias. Se prestaron al juego varias de las casas encuestadoras que cumplieron el papel de propagandistas del mexiquense priísta, el duopolio televisivo, principalmente Televisa, algunos medios impresos y, desde luego, las empresas que coadyuvaron al fraude como Soriana y Banca Monex (que dice cínicamente que su misión es satisfacer las necesidades de nuestros clientes de manera ética y creativa), para sólo mencionar a las más visibles.
Las expresiones tanto sociales como partidarias y jurídicas que se han manifestado después de la elección pasada ya no son porque se reconozca el triunfo de López Obrador, que según Peña Nieto no sabe perder, sino para que se sepa objetivamente la verdad de estos comicios en los que las irregularidades y errores al apuntar y vaciar los datos fueron, aunque grandes, el problema menor. No debe pasarse por alto, sin embargo, la diferencia de los votos registrados en el PREP y los revelados después del recuento realizado por el IFE: de 1.17 millones en conjunto para EPN, AMLO y Josefina Vázquez Mota. Esta diferencia no es poca cosa pues equivale a una cantidad ligeramente mayor que los sufragios obtenidos por Quadri. Lo principal de la elección, entonces, está en la inducción del voto con base en las necesidades de la gente y de su ingenuidad al creerle a la televisión sólo porque no conoce otras fuentes de información. Dicha inducción es, por lo menos, inmoral, y todavía no empieza el gobierno priísta: de un triunfo inmoral, un gobierno inmoral.
La demanda de los jóvenes de democratizar los medios electrónicos de comunicación y de exigir normas éticas en su labor cotidiana, no es una ocurrencia sino una necesidad impostergable. Haberle quitado a los mass media, con la última reforma electoral, la posibilidad de contratar espots propagandísticos de partidos, candidatos y ciudadanos, fue un relativo avance, pero ahora sabemos que se requieren más controles y evitar así que se explote la pobreza de la gente con la compra de votos. Habrá de verse cuántas de las denuncias se pueden demostrar y qué actitud asume el tribunal electoral, porque si es como en 2006 las cosas irán mal.
Las fuerzas progresistas del país y la gente que todavía tiene dignidad y respeto por sí misma, deben exigir que la impugnación de unos comicios sucios, inmorales y aprovechados de las necesidades de muchos no sea estéril. Dicha impugnación no es, como dicen algunos, un berrinche más de López Obrador porque no llegó a Los Pinos, sino un deber contemplado en la ley para obligar a las instancias jurisdiccionales a reconocer todas las aberraciones que distinguieron estos comicios y que incluso el PAN y el mismo Calderón, hipócritamente, también admiten.
Esta vez, por cierto, nadie podrá acusar a López Obrador de provocar inestabilidad en el país ni de ser un peligro para México. Si alguien se ha apegado a la legalidad y al supuesto pacto de civilidad que firmaron los candidatos antes del primero de julio, ha sido él; ni siquiera quienes reconocieron su derrota antes de los resultados oficiales o quienes felicitaron al priísta antes de los tiempos legales del proceso que aún no termina. Pero el poder no quiere ser cuestionado, muchos menos en sus métodos de ejercerlo. Así nos irá bajo el nuevo gobierno, si se lo dan a Peña Nieto.
¿Puede actuar conforme a derecho alguien que para llegar al poder lo torció y abusó de él y de sus fisuras y omisiones? No lo pienso. ¿Actuará con imparcialidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Quiero pensar que sí, pero lo dudo.
Ya respingó el PRI, y aunque Calderón dijo claramente que la compra de votos es inaceptable y que la autoridad electoral deberá castigarla si así procede, ahora lo acusan de invadir la esfera judicial. Calderón no está invadiendo nada, en esta ocasión, simplemente está haciendo votos porque la autoridad electoral actúe como le corresponde.
Si tanto invirtieron, los priístas y sus poderosos apoyos, en evitar que AMLO ganara esta elección, ¿por qué pensar que permitirán que las denuncias prosperen y que el TEPJF actúe como le corresponde si no lo hizo en 2006? El IFE pretende lavarse las manos diciendo que ya cumplió y trata de pasarle la papa caliente al tribunal, pero hay que recordarle que fue omiso ante muchas denuncias e irregularidades.
Es nuestro deber ciudadano exigir que se investigue hasta sus últimas consecuencias esta elección y que, si procede su nulidad, ésta se lleve a cabo. El pueblo mexicano no puede ser burlado dos veces, una aprovechándose de su pobreza y necesidades y la otra imponiéndole un gobierno ilegítimo por el solo expediente de que hay muchos intereses en juego y que éstos no quieren perder.
PD. Para aquellos que dicen que el voto diferenciado demuestra que la voluntad ciudadana no pudo ser comprada, bastaría recordarles cómo votó el Panal en 2006. No defiendan lo indefendible.
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