Jenaro Villamil
La firma de representantes del Poder Ejecutivo federal para ratificar el Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA), a pesar de la negativa del Senado y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, constituye una “moneda de cambio” para ponerlo en la mesa de negociación con los futuros senadores y el próximo gobierno, advirtió Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la cámara alta.
“Esta firma es algo fuera de contexto. El ACTA no podrá entrar en vigor hasta que el próximo Senado lo ratifique. Seguramente es un arma de negociación del futuro gobierno”, subrayó el legislador del PRD, quien encabezó las consultas y el análisis del grupo plural del Senado que rechazó por unanimidad la firma de este acuerdo en septiembre de 2011.
A pesar del rechazo generalizado, Claude Heller, embajador de México en Japón, país depositario del ACTA, firmó el pasado 11 de julio el protocolo de esta iniciativa que pretende combatir la piratería y “detener el comercio ilegal y/o falsificaciones, incluyendo su distribución masiva en medios digitales”.
En México, los defensores del ACTA son las grandes productoras de contenidos fílmicos y audiovisuales, agrupadas en la Motion Pictures Association, así como la Sociedad de Autores y Compositores, en alianza con Grupo Televisa, y avalados por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), dependiente de la Secretaría de Economía.
Castellón Fonseca indicó que está preparando un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente lo discuta el próximo 18 de julio, ya que el Senado no tendrá ninguna sesión más.
“El principio teórico bajo el que negociaron estos señores el ACTA fue la famosa máxima salinista: ‘ni los veo ni los oigo’. Ignoraron todas las críticas que el Senado planteó”, subrayó el senador nayarita.
Wikileaks y el ACTA
Desde el año pasado, Wikileaks divulgó un revelador cable que señala que nuestro país accedió a entrar en las negociaciones del polémico Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA) para ganar el apoyo de Estados Unidos y legitimar el proceso frente a otros países en desarrollo.
“Oficiales del gobierno mexicano han enfatizado su disposición para unirse a las negociaciones de ACTA y pugnar contra los esfuerzos brasileños para socavar los derechos de propiedad intelectual en las organizaciones internacionales de salud”, afirma el cable 07MEXICO6229.
A cambio de responder a la agenda norteamericana antipiratería, el gobierno mexicano pidió cooperación estadounidense, sobre todo en materia de asesoría en temas de patentes, tecnología y asesoría legal, revela el mismo documento redactado desde la embajada de Estados Unidos en México.
Las reacciones ante esta revelación fueron inmediatas. Activistas como Antonio Martínez, miembro de Stop ACTA, organización que se opone al acuerdo, le declaró al periódico Reforma que México “se ofrece a participar en el proceso sólo para legitimarlo, como uno de los pocos que son economía en desarrollo y único a nivel de América Latina, prestándose al juego para que cualquier otro país en vías de desarrollo que quiera firmar un acuerdo comercial tendrá que firmar ACTA como prerrequisito”.
La crítica fundamental de muchos opositores al ACTA es que pretende ignorar determinados derechos fundamentales –como el de la privacidad-, con el fin de garantizar los derechos de autor.
El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Jorge Amigo, generó una reacción adversa entre una amplia comunidad de cibernautas y de usuarios de internet por su posición frente al ACTA.
Las negociaciones hipersecretas entre el Ejecutivo federal mexicano y Estados Unidos pretenden criminalizar las siete categorías de propiedad intelectual, lo cual desequilibrará aún más el acceso al conocimiento, la tecnología y el entretenimiento, según han documentado los críticos de ACTA. Ver el sitio www.criticapura.com//accta-en-mexico/2010/01.
Entre estos derechos se encuentran: los de autor, marcas comerciales, indicaciones geográficas o denominación de origen, diseños industriales, patentes, esquemas de configuración de circuitos integrados, protección de información no divulgada y secretos comerciales.
En otras palabras, todo lo que caracteriza la labor de sitios como Wikileaks o de cientos de blogs alternativos.
En noviembre de 2010 la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió una serie de consideraciones en torno al ACTA.
Consideró que podría impactar negativamente en las tasas de penetración y evolución de la industria del internet nacional, dificultando el objetivo de disminuir la brecha digital.
Ante estas consideraciones la Motion Picture Association, la misma que agrupa a los grandes estudios cinematográficos de Estados Unidos que tienen el dominio casi absoluto de los contenidos en televisión abierta y restringida, más la cartelera mexicana, han defendido el ACTA señalando que busca dar certidumbre a todos sus participantes en las operaciones de comercio electrónico, principalmente a los generadores de contenido y las únicas barreras que se imponen son la piratería y la antifalsificación.
El cable divulgado por Wikileaks documenta más por dónde están realmente los intereses y las consideraciones geopolíticas al imponer en México el ACTA.
La firma de representantes del Poder Ejecutivo federal para ratificar el Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA), a pesar de la negativa del Senado y de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, constituye una “moneda de cambio” para ponerlo en la mesa de negociación con los futuros senadores y el próximo gobierno, advirtió Francisco Javier Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología en la cámara alta.
“Esta firma es algo fuera de contexto. El ACTA no podrá entrar en vigor hasta que el próximo Senado lo ratifique. Seguramente es un arma de negociación del futuro gobierno”, subrayó el legislador del PRD, quien encabezó las consultas y el análisis del grupo plural del Senado que rechazó por unanimidad la firma de este acuerdo en septiembre de 2011.
A pesar del rechazo generalizado, Claude Heller, embajador de México en Japón, país depositario del ACTA, firmó el pasado 11 de julio el protocolo de esta iniciativa que pretende combatir la piratería y “detener el comercio ilegal y/o falsificaciones, incluyendo su distribución masiva en medios digitales”.
En México, los defensores del ACTA son las grandes productoras de contenidos fílmicos y audiovisuales, agrupadas en la Motion Pictures Association, así como la Sociedad de Autores y Compositores, en alianza con Grupo Televisa, y avalados por el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), dependiente de la Secretaría de Economía.
Castellón Fonseca indicó que está preparando un punto de acuerdo para que la Comisión Permanente lo discuta el próximo 18 de julio, ya que el Senado no tendrá ninguna sesión más.
“El principio teórico bajo el que negociaron estos señores el ACTA fue la famosa máxima salinista: ‘ni los veo ni los oigo’. Ignoraron todas las críticas que el Senado planteó”, subrayó el senador nayarita.
Wikileaks y el ACTA
Desde el año pasado, Wikileaks divulgó un revelador cable que señala que nuestro país accedió a entrar en las negociaciones del polémico Acuerdo Comercial Antipiratería (ACTA) para ganar el apoyo de Estados Unidos y legitimar el proceso frente a otros países en desarrollo.
“Oficiales del gobierno mexicano han enfatizado su disposición para unirse a las negociaciones de ACTA y pugnar contra los esfuerzos brasileños para socavar los derechos de propiedad intelectual en las organizaciones internacionales de salud”, afirma el cable 07MEXICO6229.
A cambio de responder a la agenda norteamericana antipiratería, el gobierno mexicano pidió cooperación estadounidense, sobre todo en materia de asesoría en temas de patentes, tecnología y asesoría legal, revela el mismo documento redactado desde la embajada de Estados Unidos en México.
Las reacciones ante esta revelación fueron inmediatas. Activistas como Antonio Martínez, miembro de Stop ACTA, organización que se opone al acuerdo, le declaró al periódico Reforma que México “se ofrece a participar en el proceso sólo para legitimarlo, como uno de los pocos que son economía en desarrollo y único a nivel de América Latina, prestándose al juego para que cualquier otro país en vías de desarrollo que quiera firmar un acuerdo comercial tendrá que firmar ACTA como prerrequisito”.
La crítica fundamental de muchos opositores al ACTA es que pretende ignorar determinados derechos fundamentales –como el de la privacidad-, con el fin de garantizar los derechos de autor.
El director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Jorge Amigo, generó una reacción adversa entre una amplia comunidad de cibernautas y de usuarios de internet por su posición frente al ACTA.
Las negociaciones hipersecretas entre el Ejecutivo federal mexicano y Estados Unidos pretenden criminalizar las siete categorías de propiedad intelectual, lo cual desequilibrará aún más el acceso al conocimiento, la tecnología y el entretenimiento, según han documentado los críticos de ACTA. Ver el sitio www.criticapura.com//accta-en-mexico/2010/01.
Entre estos derechos se encuentran: los de autor, marcas comerciales, indicaciones geográficas o denominación de origen, diseños industriales, patentes, esquemas de configuración de circuitos integrados, protección de información no divulgada y secretos comerciales.
En otras palabras, todo lo que caracteriza la labor de sitios como Wikileaks o de cientos de blogs alternativos.
En noviembre de 2010 la Comisión Federal de Telecomunicaciones emitió una serie de consideraciones en torno al ACTA.
Consideró que podría impactar negativamente en las tasas de penetración y evolución de la industria del internet nacional, dificultando el objetivo de disminuir la brecha digital.
Ante estas consideraciones la Motion Picture Association, la misma que agrupa a los grandes estudios cinematográficos de Estados Unidos que tienen el dominio casi absoluto de los contenidos en televisión abierta y restringida, más la cartelera mexicana, han defendido el ACTA señalando que busca dar certidumbre a todos sus participantes en las operaciones de comercio electrónico, principalmente a los generadores de contenido y las únicas barreras que se imponen son la piratería y la antifalsificación.
El cable divulgado por Wikileaks documenta más por dónde están realmente los intereses y las consideraciones geopolíticas al imponer en México el ACTA.
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