Compra de votos: 10%
EPN: escuela salinista
Carlos Fernández-Vega / México SA
Que haiga sido como haiga sido (segunda parte), el tribunal electoral no modificará el resultado de los pasados comicios, y que, háganle como quieran, el candidato copetón despachará en la residencia oficial a partir del próximo primero de diciembre. No importa la compra masiva de votos, el uso de recursos públicos para tal fin, la ilegal participación de los dadivosos gobernadores priístas en este operativo –más los empresarios afines que se mantienen en el anonimato–, la vergonzosa inducción del voto promovida por las casas encuestadoras, ni la penosa actitud de consejeros y lerdas fiscalías especializadas. La decisión se mantiene incólume: el libreto de la fábrica de sueños no admite modificación alguna.
El inquilino de Los Pinos está feliz porque, ante el derrumbe de su gobierno y de su partido, prefirió regresarle los trastes a los tricolores que al Peje candidato, por mucho que de dientes para afuera diga que “es inaceptable que se dé la compra del voto… no es dable aceptar qué tanto es tantito”. Lo mismo sucede con su partido, el PAN que no se come ni da para comer: “a Enrique Peña Nieto no le alcanza la legitimidad para ser el próximo presidente de México, por la ilegal introducción de dinero para la compra y coacción del voto… En caso de que gane, le daría legalidad (pero) la legitimidad no le alcanza todavía con este resultado, por los cuestionamientos que surgen en torno a esta elección, que son muchos”, según las sabias palabras de Gustavo Madero, autodenominado presidente del negocio blanquiazul.
Entonces, de dientes para afuera todos son demócratas y defensores de la legalidad, pero a la hora de los pambazos el único que le ha entrado a la denuncia documentada del nuevo atraco electoral y le ha puesto números es Andrés Manuel López Obrador (rodeado –una vez más– de muchos demócratas de discurso, quienes ya no saben cómo salirse de la jugada para gozar del renovado hueso otorgado por tribus y bandas afines). Y en este contexto, el Peje candidato denuncia que en la elección del primero de julio hubo compra al menos de 5 millones de votos, que no sólo son muchos, sino que su adquisición implica el multimillonario uso de recursos públicos, aportados, entre muchos otros, por los mismos que al tricolor vendieron su sufragio.
Esos 5 millones de votos equivalen, en números cerrados, a 10 por ciento de los sufragios totales emitidos el día de los comicios. Si se prefiere, son representativos de casi 27 por ciento de los oficialmente registrados a favor de Enrique Peña Nieto, o el total de los que recibió en Jalisco (1.33 millones), Veracruz (1.2) y, desde luego, estado de México (2.92), los de mejores resultados para el candidato copetón (en el Distrito Federal obtuvo, oficialmente 1.24 millones). Así, descontada la compra masiva de votos, el susodicho hubiera ocupado la segunda posición en los comicios pasados, al descender de 18.73 millones de votos a 13.73 millones, es decir, alrededor de 2 millones de sufragios por abajo del Peje candidato.
Entonces, una catarata de votos de la mano de un río de dinero. Tomando como ejemplo el caso Soriana (las famosas tarjetas prepagadas) se han documentado pagos de 100, 300, 500, 700, mil y hasta 3 mil pesos, lo que daría un promedio de 933.33 pesos por voto adquirido y un total ponderado de mil 680 millones de pesos sólo por este concepto. El tope impuesto por el IFE para gastos de la campaña presidencial fue de 336 millones de pesos. Pero todo esto no alcanza para anular la elección, o cuando menos reconsiderar el triunfo del candidato copetón, algo que, por lo demás, no está previsto en el libreto original.
¿De dónde salió tanto dinero para el shoping electoral? La única fuente posible para obtener tanto dinero y tan rápido se encuentra en los estados de la República, y en la mayoría de ellos los gobernadores son, casualmente, tricolores. Lo anterior, desde luego, sin olvidar las desinteresadas aportaciones –bajo el agua– de los empresarios de siempre, quienes no apuestan a tal o cual candidato, sino invierten en ellos, porque de cualquier suerte alguno de los participantes resultará oficialmente vencedor en los comicios, y entonces tendrán a quién pasarle la factura, con creces.
Al final de cuentas, nada que sorprenda, nada novedoso, pues Enrique Peña Nieto y su nuevo PRI tienen maestros y escuela en eso de pasar la charola, reunir centavitos extras, utilizarlos donde más convenga y manejarlos por abajo del agua. En este sentido, cómo olvidar aquella Comisión de Financiamiento y Consolidación Patrimonial creada en noviembre de 1987 (un mes después de su destape) por el entonces candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari, en el que hizo un coctel de políticos tricolores y empresarios afines para promover el voto y obtener muchos recursos para la campaña electoral, toda vez que el primer aspirante chaparro y pelón (el segundo usa lentes) debió enfrentar a dos sólidos adversarios en los comicios de 1988 (Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier, Maquío). El resultado es conocido por todos.
En esa comisión, presidida por el empresario Angel Borja Navarrete, el maestro de Peña Nieto reunió, entre otros, a Pablo Alvarez Treviño, Antonio Ariza Cañadilla (Casa Domecq México), Pablo Brener (comprador de Aeroméxico), José Carral Escalante (representante del Bank of America), José González Bailo (presidente de la Canaco), Ricardo González Cornejo (Grupo Industrial Casa, autobuses y autopartes), Antonio Gutiérrez Prieto (Gutsa, la constructora de la Estela de Luz), Eduardo Legorreta Chauvet (Operadora de Bolsa), Antonio Madero Bracho (Grupo San Luis), Enrique Molina Sobrino (uno de los ganones en el salinato), Anuar Name Yapur (textilero), Carlos Peralta Quintero (Grupo IUSA), Isaac Saba Rafoul (Casa Saba, ya fallecido), Fernando Senderos Mestre (Grupo Desc) y Carlos Slim Helú (sin Telmex, todavía).
Seis años después (23 de febrero de 1993), en casa de Antonio Ortiz Mena, el mismo Carlos Salinas organizó su pase de charola entre una treintena de magnates: 25 millones de dólares por cabeza para la campaña de Luis Donaldo Colosio (que terminó beneficiando a Ernesto Zedillo), en medio del encendido discurso de Emilio El Tigre Azcárraga (hemos ganado tanto dinero en los últimos seis años que tenemos una deuda de honor con este gobierno). Pero nada de eso sirvió para cancelar los comicios de 1988 y 1994, como tampoco los de 2006, ni alcanza para los de 2012.
EPN: escuela salinista
Carlos Fernández-Vega / México SA
Que haiga sido como haiga sido (segunda parte), el tribunal electoral no modificará el resultado de los pasados comicios, y que, háganle como quieran, el candidato copetón despachará en la residencia oficial a partir del próximo primero de diciembre. No importa la compra masiva de votos, el uso de recursos públicos para tal fin, la ilegal participación de los dadivosos gobernadores priístas en este operativo –más los empresarios afines que se mantienen en el anonimato–, la vergonzosa inducción del voto promovida por las casas encuestadoras, ni la penosa actitud de consejeros y lerdas fiscalías especializadas. La decisión se mantiene incólume: el libreto de la fábrica de sueños no admite modificación alguna.
El inquilino de Los Pinos está feliz porque, ante el derrumbe de su gobierno y de su partido, prefirió regresarle los trastes a los tricolores que al Peje candidato, por mucho que de dientes para afuera diga que “es inaceptable que se dé la compra del voto… no es dable aceptar qué tanto es tantito”. Lo mismo sucede con su partido, el PAN que no se come ni da para comer: “a Enrique Peña Nieto no le alcanza la legitimidad para ser el próximo presidente de México, por la ilegal introducción de dinero para la compra y coacción del voto… En caso de que gane, le daría legalidad (pero) la legitimidad no le alcanza todavía con este resultado, por los cuestionamientos que surgen en torno a esta elección, que son muchos”, según las sabias palabras de Gustavo Madero, autodenominado presidente del negocio blanquiazul.
Entonces, de dientes para afuera todos son demócratas y defensores de la legalidad, pero a la hora de los pambazos el único que le ha entrado a la denuncia documentada del nuevo atraco electoral y le ha puesto números es Andrés Manuel López Obrador (rodeado –una vez más– de muchos demócratas de discurso, quienes ya no saben cómo salirse de la jugada para gozar del renovado hueso otorgado por tribus y bandas afines). Y en este contexto, el Peje candidato denuncia que en la elección del primero de julio hubo compra al menos de 5 millones de votos, que no sólo son muchos, sino que su adquisición implica el multimillonario uso de recursos públicos, aportados, entre muchos otros, por los mismos que al tricolor vendieron su sufragio.
Esos 5 millones de votos equivalen, en números cerrados, a 10 por ciento de los sufragios totales emitidos el día de los comicios. Si se prefiere, son representativos de casi 27 por ciento de los oficialmente registrados a favor de Enrique Peña Nieto, o el total de los que recibió en Jalisco (1.33 millones), Veracruz (1.2) y, desde luego, estado de México (2.92), los de mejores resultados para el candidato copetón (en el Distrito Federal obtuvo, oficialmente 1.24 millones). Así, descontada la compra masiva de votos, el susodicho hubiera ocupado la segunda posición en los comicios pasados, al descender de 18.73 millones de votos a 13.73 millones, es decir, alrededor de 2 millones de sufragios por abajo del Peje candidato.
Entonces, una catarata de votos de la mano de un río de dinero. Tomando como ejemplo el caso Soriana (las famosas tarjetas prepagadas) se han documentado pagos de 100, 300, 500, 700, mil y hasta 3 mil pesos, lo que daría un promedio de 933.33 pesos por voto adquirido y un total ponderado de mil 680 millones de pesos sólo por este concepto. El tope impuesto por el IFE para gastos de la campaña presidencial fue de 336 millones de pesos. Pero todo esto no alcanza para anular la elección, o cuando menos reconsiderar el triunfo del candidato copetón, algo que, por lo demás, no está previsto en el libreto original.
¿De dónde salió tanto dinero para el shoping electoral? La única fuente posible para obtener tanto dinero y tan rápido se encuentra en los estados de la República, y en la mayoría de ellos los gobernadores son, casualmente, tricolores. Lo anterior, desde luego, sin olvidar las desinteresadas aportaciones –bajo el agua– de los empresarios de siempre, quienes no apuestan a tal o cual candidato, sino invierten en ellos, porque de cualquier suerte alguno de los participantes resultará oficialmente vencedor en los comicios, y entonces tendrán a quién pasarle la factura, con creces.
Al final de cuentas, nada que sorprenda, nada novedoso, pues Enrique Peña Nieto y su nuevo PRI tienen maestros y escuela en eso de pasar la charola, reunir centavitos extras, utilizarlos donde más convenga y manejarlos por abajo del agua. En este sentido, cómo olvidar aquella Comisión de Financiamiento y Consolidación Patrimonial creada en noviembre de 1987 (un mes después de su destape) por el entonces candidato presidencial Carlos Salinas de Gortari, en el que hizo un coctel de políticos tricolores y empresarios afines para promover el voto y obtener muchos recursos para la campaña electoral, toda vez que el primer aspirante chaparro y pelón (el segundo usa lentes) debió enfrentar a dos sólidos adversarios en los comicios de 1988 (Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier, Maquío). El resultado es conocido por todos.
En esa comisión, presidida por el empresario Angel Borja Navarrete, el maestro de Peña Nieto reunió, entre otros, a Pablo Alvarez Treviño, Antonio Ariza Cañadilla (Casa Domecq México), Pablo Brener (comprador de Aeroméxico), José Carral Escalante (representante del Bank of America), José González Bailo (presidente de la Canaco), Ricardo González Cornejo (Grupo Industrial Casa, autobuses y autopartes), Antonio Gutiérrez Prieto (Gutsa, la constructora de la Estela de Luz), Eduardo Legorreta Chauvet (Operadora de Bolsa), Antonio Madero Bracho (Grupo San Luis), Enrique Molina Sobrino (uno de los ganones en el salinato), Anuar Name Yapur (textilero), Carlos Peralta Quintero (Grupo IUSA), Isaac Saba Rafoul (Casa Saba, ya fallecido), Fernando Senderos Mestre (Grupo Desc) y Carlos Slim Helú (sin Telmex, todavía).
Seis años después (23 de febrero de 1993), en casa de Antonio Ortiz Mena, el mismo Carlos Salinas organizó su pase de charola entre una treintena de magnates: 25 millones de dólares por cabeza para la campaña de Luis Donaldo Colosio (que terminó beneficiando a Ernesto Zedillo), en medio del encendido discurso de Emilio El Tigre Azcárraga (hemos ganado tanto dinero en los últimos seis años que tenemos una deuda de honor con este gobierno). Pero nada de eso sirvió para cancelar los comicios de 1988 y 1994, como tampoco los de 2006, ni alcanza para los de 2012.
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