Apro
La dirigencia nacional del PRI exigió hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la denuncia pública hecha por los partidos PAN y PRD por el presunto uso de recursos provenientes del “lavado” de dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa, el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, negó el uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial o que se hayan rebasado los topes de campaña.
Acompañado por el coordinador jurídico del partido, Jesús Murillo Karam; el vocero del CEN del PRI, Eduardo Sánchez, y el abogado del partido, Raúl Cervantes, Coldwell exigió a la PGR que realice una “pronta y exhaustiva investigación” y que llegue a las últimas consecuencias para que, “de comprobarse la falsa imputación”, se castigue a los responsables.
“Ha habido una enorme inconsistencia en las acusaciones del PRD. No han probado nada, lo que les interesa es socavar el proceso y las instituciones”, afirmó el líder priista, e insistió en que no hay relación con despachos externos, ni dinero que se haya lavado en campaña. Según él, al ver que no prosperó la denuncia de un presunto contrato de 56 millones de dólares para obtener publicidad en Estados Unidos a favor de Peña Nieto, la oposición decidió acusar al PRI y su candidato de la compra de 5 millones de votos, entre otros señalamientos.
Todo ello demuestra, dijo, que cuando a la oposición se le cae una imputación, la cambian por otra.
Por su parte, Murillo Karam reveló que el PRI sí tiene un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A., para “cubrir la jornada electoral correspondiente al proceso federal”, lo que implicó el uso de monederos para pagar a operadores priistas.
Más tarde, los representantes legales del PRI entregaron a la PGR copia del documento que el partido adelantó al Instituto Federal Electoral (IFE), en respuesta al juicio de inconformidad presentado por la coalición Movimiento Progresista, el lunes 16.
En su denuncia, el Movimiento Progresista afirma que la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) recibió una aportación de cuando menos 250 millones 455 mil pesos, “lo que en su opinión constituye una aportación prohibida en la ley; un mecanismo de afectación de la libertad del sufragio y una erogación que provocó un rebase del tope de gastos de campaña”.
Sin embargo, el PRI sostuvo que ese señalamiento es falso.
Más aún, rechazó cualquier relación con Grupo Financiero Monex y sostuvo que tampoco existió aportación alguna, “en dinero o en especie, de manera directa o por interpósita persona”, por parte de ese banco.
“Se niega categóricamente lo manifestado por la parte enjuiciante, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional de ninguna manera recibió dinero o aportaciones de personas morales, como lo argumenta la recurrente, ni tiene relación contractual alguna con las empresas que se refieren en el recurso interpuesto, mismas que denomina como Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y Comercializadora Efra”, se afirma en el documento entregado a la PGR.
Sin embargo, el PRI reconoce que sí obtuvo 7 mil 851 tarjetas de prepago con saldos que suman unos 66 millones 326 mil 300 pesos, “destinados al financiamiento de la estructura y organización” de las elecciones del 1 de julio, a través de un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V., y no mediante Monex, como acusan PRD y PAN.
Los monederos electrónicos, señala el documento, fueron utilizados para cumplir con las funciones de organización y acción electoral que corresponden al Comité Ejecutivo Nacional priista, a través de su gasto corriente.
El documento refiere que la estructura del partido fue reforzada con la contratación de personal y colaboradores que fungieron como representantes generales “bajo el régimen de honorarios asimilados a sueldo”.
De los servicios contratados con Alkino, por más de 66 millones de pesos, a la fecha sólo se han facturado servicios por un monto de 4 millones 243 mil 54 pesos.
De ese monto, un millón 682 mil 528.58 pesos fueron por la contratación del servicio, y 50 pesos más IVA por cada una de las tarjetas, además de 2 millones 560 mil 525.88 pesos por concepto del financiamiento otorgado del 5 de mayo al 5 de julio pasados.
El PRI afirma que si bien existe un retraso en el pago de los montos originalmente pactados, la empresa Alkino “ha manifestado su aceptación para que los pagos se realicen en los próximos meses”.
La dirigencia nacional del PRI exigió hoy a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la denuncia pública hecha por los partidos PAN y PRD por el presunto uso de recursos provenientes del “lavado” de dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto.
En conferencia de prensa, el líder nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell, negó el uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña presidencial o que se hayan rebasado los topes de campaña.
Acompañado por el coordinador jurídico del partido, Jesús Murillo Karam; el vocero del CEN del PRI, Eduardo Sánchez, y el abogado del partido, Raúl Cervantes, Coldwell exigió a la PGR que realice una “pronta y exhaustiva investigación” y que llegue a las últimas consecuencias para que, “de comprobarse la falsa imputación”, se castigue a los responsables.
“Ha habido una enorme inconsistencia en las acusaciones del PRD. No han probado nada, lo que les interesa es socavar el proceso y las instituciones”, afirmó el líder priista, e insistió en que no hay relación con despachos externos, ni dinero que se haya lavado en campaña. Según él, al ver que no prosperó la denuncia de un presunto contrato de 56 millones de dólares para obtener publicidad en Estados Unidos a favor de Peña Nieto, la oposición decidió acusar al PRI y su candidato de la compra de 5 millones de votos, entre otros señalamientos.
Todo ello demuestra, dijo, que cuando a la oposición se le cae una imputación, la cambian por otra.
Por su parte, Murillo Karam reveló que el PRI sí tiene un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad, S.A., para “cubrir la jornada electoral correspondiente al proceso federal”, lo que implicó el uso de monederos para pagar a operadores priistas.
Más tarde, los representantes legales del PRI entregaron a la PGR copia del documento que el partido adelantó al Instituto Federal Electoral (IFE), en respuesta al juicio de inconformidad presentado por la coalición Movimiento Progresista, el lunes 16.
En su denuncia, el Movimiento Progresista afirma que la coalición Compromiso por México (PRI-PVEM) recibió una aportación de cuando menos 250 millones 455 mil pesos, “lo que en su opinión constituye una aportación prohibida en la ley; un mecanismo de afectación de la libertad del sufragio y una erogación que provocó un rebase del tope de gastos de campaña”.
Sin embargo, el PRI sostuvo que ese señalamiento es falso.
Más aún, rechazó cualquier relación con Grupo Financiero Monex y sostuvo que tampoco existió aportación alguna, “en dinero o en especie, de manera directa o por interpósita persona”, por parte de ese banco.
“Se niega categóricamente lo manifestado por la parte enjuiciante, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional de ninguna manera recibió dinero o aportaciones de personas morales, como lo argumenta la recurrente, ni tiene relación contractual alguna con las empresas que se refieren en el recurso interpuesto, mismas que denomina como Grupo Comercial Inizzio, S.A. de C.V. y Comercializadora Efra”, se afirma en el documento entregado a la PGR.
Sin embargo, el PRI reconoce que sí obtuvo 7 mil 851 tarjetas de prepago con saldos que suman unos 66 millones 326 mil 300 pesos, “destinados al financiamiento de la estructura y organización” de las elecciones del 1 de julio, a través de un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad S.A. de C.V., y no mediante Monex, como acusan PRD y PAN.
Los monederos electrónicos, señala el documento, fueron utilizados para cumplir con las funciones de organización y acción electoral que corresponden al Comité Ejecutivo Nacional priista, a través de su gasto corriente.
El documento refiere que la estructura del partido fue reforzada con la contratación de personal y colaboradores que fungieron como representantes generales “bajo el régimen de honorarios asimilados a sueldo”.
De los servicios contratados con Alkino, por más de 66 millones de pesos, a la fecha sólo se han facturado servicios por un monto de 4 millones 243 mil 54 pesos.
De ese monto, un millón 682 mil 528.58 pesos fueron por la contratación del servicio, y 50 pesos más IVA por cada una de las tarjetas, además de 2 millones 560 mil 525.88 pesos por concepto del financiamiento otorgado del 5 de mayo al 5 de julio pasados.
El PRI afirma que si bien existe un retraso en el pago de los montos originalmente pactados, la empresa Alkino “ha manifestado su aceptación para que los pagos se realicen en los próximos meses”.
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