Pedro Miguel / Navegaciones
Desde los enjuages inmundos del Fobaproa, pasando por el Pemexgate, los negocios turbios de Marta Sahagún y de sus hijos y la desaparición, en el sexenio de Fox, de 75 mil millones de dólares producto de los sobreprecios petroleros, el enriquecimiento súbito de Arturo Montiel, hasta los contratos multimillonarios a favor de Repsol, la “Estela de Luz” y el derroche del equipo de Peña Nieto en la compra de votos, la derecha oligárquica está impregnada de escándalo. Muchos de esos episodios, más otros, debieran bastar, en un pleno estado de derecho, para llenar uno o dos reclusorios con funcionarios delincuentes. Con la cuarta parte de lo que se ha publicado del material de WikiLeaks sobre México habría sido suficiente, en un contexto de normalidad democrática, para inducir la caída del gobierno federal y de algunos estatales.
La infracción a la legalidad es una de las esencias de este régimen bipartidista instaurado a partir de los acuerdos PRI-PAN en el Colegio Electoral de 1988 para imponer a Carlos Salinas como ocupante espurio de la Presidencia. Si las revelaciones exasperantes y contundentes no han logrado, hasta ahora, romper la cáscara de la impunidad, ello se debe al triple blindaje de que se ha dotado el grupo gobernante. Éste domina, en efecto, los organismos de procuración e impartición de justicia, desde la facciosa PGR hasta la Tremenda Corte que distribuye exoneraciones entre pederastas, gobernadores asesinos y altos funcionarios involucrados en el homicidio doloso de bebés; el Legislativo, que sería la instancia capaz de someter a juicio político a los gobernantes, y el aparato mediático, sin el cual no hay caja de resonancia para que la sociedad conozca la trayectoria criminal de sus representantes reales o supuestos.
Tal blindaje no es sólo un instrumento defensivo, sino que se usa también como aparato de persecución de disidentes y opositores. En tiempos de Fox el máximo tribunal del país quería obligar a López Obrador a que pagara una indemnización fraudulenta a un puñado de logreros que reclamaban, con papeles falsificados, la propiedad del Paraje San Juan. Descubierta la trampa, se centró en hacerlo aparecer como rebelde ante la ley en el caso del Encino. Acto seguido, el Congreso lo desaforó, en uno de los procesos más turbios e injustos en la historia de la república.
Para entonces, el ejército mediático del régimen ya había realizado su tarea, presentando escenas –René Bejarano y Carlos Imaz recibiendo dinero de Carlos Ahumada, Gustavo Ponce apostando en Las Vegas– que podían ser indicativas de delito. López Obrador ordenó de inmediato al entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, una investigación exhasutiva de los tres involucrados, en tanto que la PGR foxista se frotó las manos y empezó a preparar sus propias imputaciones. A Imaz no se le halló motivo para ser procesado. Bejarano enfrentó en el reclusorio un juicio en el que resultó exonerado de todos los cargos y Ponce aún se encuentra en prisión purgando una sentencia por lavado de dinero. El foxismo nunca pudo comprobar vinculación alguna del entonces jefe de gobierno con las actividades de los tres personajes, pero hasta la fecha algunos despistados siguen pensando que López Obrador era cómplice en el manejo de esos cientos de miles de pesos exhibidos por la televisión comercial.
En cambio, la misteriosa desaparición de 75 mil millones de dólares de las arcas públicas en el sexenio foxista –eso, sin contar con las raterías de su mujer y sus hijastros– no parece ocupar un sitio relevante en la conciencia de la sociedad. Algunos personeros del régimen han sido exhibidos en situaciones mucho más comprometedoras. Es el caso del “Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez, quien fue pillado en video cuando pedía dos millones de dólares a cambio de gestionar un permiso para la construcción de un hotel en Cancún. O el del ex gobernador poblano Mario Marín, de quien se conoce una conversación telefónica con el empresario Kamel Nacif en la que ambos conspiran para violar a una periodista y, presuntamente, para cometer actos de pederastia. Ambos gozan de completa impunidad. La diferencia entre unos y otros casos estriba en el manejo desigual con que opera el aparato mediático del régimen.
El videoescándalo es la táctica que la oligarquía gobernante emplea contra personas o grupos que puedan representar una amenaza para sus intereses y su perpetuación en el poder. La orquesta de los medios –electrónicos e impresos– busca producir, mediante fragmentos de realidad que podrían insinuar la comisión de un delito, juicios instantáneos y veredictos de culpabilidad. Así ocurrió con el supuesto “pase de charola” a favor de AMLO que resultó ser un montaje vacío e insustancial.
Ante el surgimiento de #YoSoy132, el régimen y su candidato han intentado algunas de sus tácticas clásicas para neutralizar al movimiento estudiantil y juvenil. Primero vinieron las descalificaciones y las amenazas veladas o no tanto, y el movimiento se fortaleció. Luego, el aparato priísta ha montado provocaciones violentas, pero con ello no ha logrado más que aumentar su descrédito y el repudio social creciente. En seguida se intentó infiltrar y dividir al movimiento: se inventó una supuesta disidencia, “#GeneracionMx”, que en menos de 24 horas había sido evidenciada como impostura. Antier, en Aguascalientes, el priísmo intentaba inflar con acarreados a un membrete denominado “#MéxicoCongruente” para hacer competencia a la organización estudiantil original. Hace unas horas los operadores de Peña Nieto sacaron del sombrero al tal Manuel Cossío (@McossioMX), una suerte de Carlos Ahumada contemporáneo, infiltrado en #YoSoy132 para obtener supuestas pruebas de que el movimiento era manejado por Morena y el entorno de López Obrador. Con grabaciones de audio obviamente editadas, el agente peñista consiguió presentar a Saúl Alvídrez (SaulAlvidrezR) como una supuesta correa de transmisión entre la candidatura de AMLO y #YoSoy132. El evidente propósito de la manipulación es descalificar al movimiento estudiantil como un fenómeno artificial y tripulado por la izquierda. Escándalo servido.
Es recomendable confiar en la agudeza, la lucidez, la honestidad y la creatividad demostrada hasta ahora por l@s chav@s de #YoSoy132. El movimiento saldrá avante y fortalecido de este nuevo golpe en su contra y el enjuage acabará por revertirse contra Peña Nieto y su equipo, llevándolos a una nueva sima de descrédito y repudio social. En presencia de una sociedad lúcida la fuerza de la verdad se impone a las maquinaciones del poder. Será el caso.
Desde los enjuages inmundos del Fobaproa, pasando por el Pemexgate, los negocios turbios de Marta Sahagún y de sus hijos y la desaparición, en el sexenio de Fox, de 75 mil millones de dólares producto de los sobreprecios petroleros, el enriquecimiento súbito de Arturo Montiel, hasta los contratos multimillonarios a favor de Repsol, la “Estela de Luz” y el derroche del equipo de Peña Nieto en la compra de votos, la derecha oligárquica está impregnada de escándalo. Muchos de esos episodios, más otros, debieran bastar, en un pleno estado de derecho, para llenar uno o dos reclusorios con funcionarios delincuentes. Con la cuarta parte de lo que se ha publicado del material de WikiLeaks sobre México habría sido suficiente, en un contexto de normalidad democrática, para inducir la caída del gobierno federal y de algunos estatales.
La infracción a la legalidad es una de las esencias de este régimen bipartidista instaurado a partir de los acuerdos PRI-PAN en el Colegio Electoral de 1988 para imponer a Carlos Salinas como ocupante espurio de la Presidencia. Si las revelaciones exasperantes y contundentes no han logrado, hasta ahora, romper la cáscara de la impunidad, ello se debe al triple blindaje de que se ha dotado el grupo gobernante. Éste domina, en efecto, los organismos de procuración e impartición de justicia, desde la facciosa PGR hasta la Tremenda Corte que distribuye exoneraciones entre pederastas, gobernadores asesinos y altos funcionarios involucrados en el homicidio doloso de bebés; el Legislativo, que sería la instancia capaz de someter a juicio político a los gobernantes, y el aparato mediático, sin el cual no hay caja de resonancia para que la sociedad conozca la trayectoria criminal de sus representantes reales o supuestos.
Tal blindaje no es sólo un instrumento defensivo, sino que se usa también como aparato de persecución de disidentes y opositores. En tiempos de Fox el máximo tribunal del país quería obligar a López Obrador a que pagara una indemnización fraudulenta a un puñado de logreros que reclamaban, con papeles falsificados, la propiedad del Paraje San Juan. Descubierta la trampa, se centró en hacerlo aparecer como rebelde ante la ley en el caso del Encino. Acto seguido, el Congreso lo desaforó, en uno de los procesos más turbios e injustos en la historia de la república.
Para entonces, el ejército mediático del régimen ya había realizado su tarea, presentando escenas –René Bejarano y Carlos Imaz recibiendo dinero de Carlos Ahumada, Gustavo Ponce apostando en Las Vegas– que podían ser indicativas de delito. López Obrador ordenó de inmediato al entonces procurador capitalino, Bernardo Bátiz, una investigación exhasutiva de los tres involucrados, en tanto que la PGR foxista se frotó las manos y empezó a preparar sus propias imputaciones. A Imaz no se le halló motivo para ser procesado. Bejarano enfrentó en el reclusorio un juicio en el que resultó exonerado de todos los cargos y Ponce aún se encuentra en prisión purgando una sentencia por lavado de dinero. El foxismo nunca pudo comprobar vinculación alguna del entonces jefe de gobierno con las actividades de los tres personajes, pero hasta la fecha algunos despistados siguen pensando que López Obrador era cómplice en el manejo de esos cientos de miles de pesos exhibidos por la televisión comercial.
En cambio, la misteriosa desaparición de 75 mil millones de dólares de las arcas públicas en el sexenio foxista –eso, sin contar con las raterías de su mujer y sus hijastros– no parece ocupar un sitio relevante en la conciencia de la sociedad. Algunos personeros del régimen han sido exhibidos en situaciones mucho más comprometedoras. Es el caso del “Niño Verde”, Jorge Emilio González Martínez, quien fue pillado en video cuando pedía dos millones de dólares a cambio de gestionar un permiso para la construcción de un hotel en Cancún. O el del ex gobernador poblano Mario Marín, de quien se conoce una conversación telefónica con el empresario Kamel Nacif en la que ambos conspiran para violar a una periodista y, presuntamente, para cometer actos de pederastia. Ambos gozan de completa impunidad. La diferencia entre unos y otros casos estriba en el manejo desigual con que opera el aparato mediático del régimen.
El videoescándalo es la táctica que la oligarquía gobernante emplea contra personas o grupos que puedan representar una amenaza para sus intereses y su perpetuación en el poder. La orquesta de los medios –electrónicos e impresos– busca producir, mediante fragmentos de realidad que podrían insinuar la comisión de un delito, juicios instantáneos y veredictos de culpabilidad. Así ocurrió con el supuesto “pase de charola” a favor de AMLO que resultó ser un montaje vacío e insustancial.
Ante el surgimiento de #YoSoy132, el régimen y su candidato han intentado algunas de sus tácticas clásicas para neutralizar al movimiento estudiantil y juvenil. Primero vinieron las descalificaciones y las amenazas veladas o no tanto, y el movimiento se fortaleció. Luego, el aparato priísta ha montado provocaciones violentas, pero con ello no ha logrado más que aumentar su descrédito y el repudio social creciente. En seguida se intentó infiltrar y dividir al movimiento: se inventó una supuesta disidencia, “#GeneracionMx”, que en menos de 24 horas había sido evidenciada como impostura. Antier, en Aguascalientes, el priísmo intentaba inflar con acarreados a un membrete denominado “#MéxicoCongruente” para hacer competencia a la organización estudiantil original. Hace unas horas los operadores de Peña Nieto sacaron del sombrero al tal Manuel Cossío (@McossioMX), una suerte de Carlos Ahumada contemporáneo, infiltrado en #YoSoy132 para obtener supuestas pruebas de que el movimiento era manejado por Morena y el entorno de López Obrador. Con grabaciones de audio obviamente editadas, el agente peñista consiguió presentar a Saúl Alvídrez (SaulAlvidrezR) como una supuesta correa de transmisión entre la candidatura de AMLO y #YoSoy132. El evidente propósito de la manipulación es descalificar al movimiento estudiantil como un fenómeno artificial y tripulado por la izquierda. Escándalo servido.
Es recomendable confiar en la agudeza, la lucidez, la honestidad y la creatividad demostrada hasta ahora por l@s chav@s de #YoSoy132. El movimiento saldrá avante y fortalecido de este nuevo golpe en su contra y el enjuage acabará por revertirse contra Peña Nieto y su equipo, llevándolos a una nueva sima de descrédito y repudio social. En presencia de una sociedad lúcida la fuerza de la verdad se impone a las maquinaciones del poder. Será el caso.
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