Armando G. Tejeda / La Jornada
A partir de hoy, España está oficialmente rescatada. La Unión Europea (UE), a través de los ministros de Finanzas, aprobó un préstamo de cien mil millones de euros para amparar la quiebra del sistema bancario, plagado de productos tóxicos fruto de la burbuja inmobiliaria y el modelo económico neoliberal que asumió el país durante tres décadas. El crédito pasará a formar parte de la deuda del Estado, es decir de todos los contribuyentes y ciudadanos españoles.
El presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, no compareció ante los medios para dar la mala noticia, y mantiene su agenda intacta, que pasa por viajar este domingo a Polonia para ver jugar a la selección española de futbol.
La UE ya tiene oficialmente a cuatro países en bancarrota: Grecia, Portugal, Irlanda y España. Este último es uno de los más afectados por la crisis que se inició en 2008 y con peores perspectivas a medio plazo: la tasa de desempleo ya supera 24 por ciento, que se traduce en 5 millones 600 mil personas, la economía está en recesión desde el primer trimestre del año y no se espera una recuperación, aunque sea débil, hasta después de 2013. Los índices de pobreza van en aumento mientras el Estado, con durísimos recortes y ajustes presupuestarios, es cada vez más débil y atiende menos a los más desfavorecidos.
Finalmente se cumplieron los vaticinios, filtraciones y rumores que el gobierno español negó por sistema, a pesar de las evidencias que advertían de la inminencia del rescate.
En una reunión del eurogrupo –los ministros de Finanzas–, a través de una videoconferencia se negoció durante más de tres horas las condiciones del rescate a España, con dos planes sobre la mesa: la propuesta del gobierno de Madrid de que la UE inyectara directamente el dinero a la banca sin que estos fondos pasaran a formar parte de la deuda del Estado –lo que hubiera supuesto un agravio comparativo con Grecia, Portugal e Irlanda–, o el plan de inyectar el dinero a través del Fondo de Restructuración Bancaria, creado por el gobierno español para salvar de la quiebra a buena parte de su sistema bancario. Al final los ministros europeos rechazaron la propuesta española y aceptaron la inyección de capital de cien mil millones de euros, pero matizando que las reformas del gobierno van por el buen camino y que el gobierno español tendrá la responsabilidad total de los planes financieros.
El ministro de Economía español, Luis de Guindos, se negó a calificar la medida aprobada como rescate, al emplear el término préstamo y al repetir en numerosos ocasiones que se trataba además de un paquete económico en mejores condiciones que las del mercado y que sólo así se podrá garantizar que vuelva a fluir el crédito en el país y la recuperación económica. El responsable de dar la noticia por parte del gobierno también recalcó que no se había cedido ni un gramo de soberanía –como sí ocurrió con los otros países rescatados del entorno–, al sostener que en las negociaciones no se había reclamado a cambio ninguna medida concreta ni un giro en las políticas públicas, que –cabe recordar– desde que asumió el poder el derechista Partido Popular (PP) se han caracterizado por los recortes en los servicios básicos y en enfocar los esfuerzos en sacar de la quiebra a un sistema financiero que hace sólo unos años era puesto como ejemplo de eficiencia y poder.
El principal problema del conjunto de la banca española son los más de 320 mil millones de euros vinculados al sector del ladrillo, que desde 2008 se encuentra virtualmente paralizado y que, con la recesión y la caída del consumo, se ha agravado con el aumento de los impagos de los préstamos y los desahucios. El primer síntoma de la gravedad de la situación del sector financiero vino de las pequeñas cajas de Valencia y Cataluña, pero después se supo que el cuarto mayor banco del país, Bankia, estaba al borde del colapso por los créditos tóxicos y por una gestión que, se supo después, había estado plagada de irregularidades y presuntas corruptelas. Fue entonces cuando se anunció el segundo gran paquete para salvar a Bankia, que ascendió a 19 mil millones de euros, que sumados al primero representó un total para las arcas públicas de 23 mil 500 millones.
Las irregularidades y zonas oscuras en la contabilidad de los bancos españoles impiden tener una certeza de la radiografía real del sector, y una de las condiciones impuestas por los mercados y por la UE fue que se realizaran dos auditorías –que se presentarán a finales de junio– sobre el estado real de las cuentas de los bancos.
A pesar de las dudas, y con los datos que se tienen sobre la mesa, ya organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o agencias de calificación como Ficht habían advertido esta misma semana que España necesitaba un rescate de entre 40 mil y 100 mil millones de euros, una vez que sostenían que al menos 30 por ciento de su sector financiero no estaba en condiciones de sobrevivir sin estas inyecciones de capital.
Mientras, De Guindos, en la rueda de prensa, respondió a una de las preguntas que se hace buena parte de la sociedad española: ¿por qué, si es una noticia tan importante, no ha comparecido ante la sociedad el presidente del gobierno? A lo que respondió con un escueto: porque yo soy el representante de España ante el eurogrupo.
Y desde La Moncloa, la sede oficial de la presidencia del gobierno, se confirmó que Rajoy mantenía intacta su agenda y que su intención es acudir este domingo a Polonia al primer partido de la selección española de futbol en la Eurocopa.
A partir de hoy, España está oficialmente rescatada. La Unión Europea (UE), a través de los ministros de Finanzas, aprobó un préstamo de cien mil millones de euros para amparar la quiebra del sistema bancario, plagado de productos tóxicos fruto de la burbuja inmobiliaria y el modelo económico neoliberal que asumió el país durante tres décadas. El crédito pasará a formar parte de la deuda del Estado, es decir de todos los contribuyentes y ciudadanos españoles.
El presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, no compareció ante los medios para dar la mala noticia, y mantiene su agenda intacta, que pasa por viajar este domingo a Polonia para ver jugar a la selección española de futbol.
La UE ya tiene oficialmente a cuatro países en bancarrota: Grecia, Portugal, Irlanda y España. Este último es uno de los más afectados por la crisis que se inició en 2008 y con peores perspectivas a medio plazo: la tasa de desempleo ya supera 24 por ciento, que se traduce en 5 millones 600 mil personas, la economía está en recesión desde el primer trimestre del año y no se espera una recuperación, aunque sea débil, hasta después de 2013. Los índices de pobreza van en aumento mientras el Estado, con durísimos recortes y ajustes presupuestarios, es cada vez más débil y atiende menos a los más desfavorecidos.
Finalmente se cumplieron los vaticinios, filtraciones y rumores que el gobierno español negó por sistema, a pesar de las evidencias que advertían de la inminencia del rescate.
En una reunión del eurogrupo –los ministros de Finanzas–, a través de una videoconferencia se negoció durante más de tres horas las condiciones del rescate a España, con dos planes sobre la mesa: la propuesta del gobierno de Madrid de que la UE inyectara directamente el dinero a la banca sin que estos fondos pasaran a formar parte de la deuda del Estado –lo que hubiera supuesto un agravio comparativo con Grecia, Portugal e Irlanda–, o el plan de inyectar el dinero a través del Fondo de Restructuración Bancaria, creado por el gobierno español para salvar de la quiebra a buena parte de su sistema bancario. Al final los ministros europeos rechazaron la propuesta española y aceptaron la inyección de capital de cien mil millones de euros, pero matizando que las reformas del gobierno van por el buen camino y que el gobierno español tendrá la responsabilidad total de los planes financieros.
El ministro de Economía español, Luis de Guindos, se negó a calificar la medida aprobada como rescate, al emplear el término préstamo y al repetir en numerosos ocasiones que se trataba además de un paquete económico en mejores condiciones que las del mercado y que sólo así se podrá garantizar que vuelva a fluir el crédito en el país y la recuperación económica. El responsable de dar la noticia por parte del gobierno también recalcó que no se había cedido ni un gramo de soberanía –como sí ocurrió con los otros países rescatados del entorno–, al sostener que en las negociaciones no se había reclamado a cambio ninguna medida concreta ni un giro en las políticas públicas, que –cabe recordar– desde que asumió el poder el derechista Partido Popular (PP) se han caracterizado por los recortes en los servicios básicos y en enfocar los esfuerzos en sacar de la quiebra a un sistema financiero que hace sólo unos años era puesto como ejemplo de eficiencia y poder.
El principal problema del conjunto de la banca española son los más de 320 mil millones de euros vinculados al sector del ladrillo, que desde 2008 se encuentra virtualmente paralizado y que, con la recesión y la caída del consumo, se ha agravado con el aumento de los impagos de los préstamos y los desahucios. El primer síntoma de la gravedad de la situación del sector financiero vino de las pequeñas cajas de Valencia y Cataluña, pero después se supo que el cuarto mayor banco del país, Bankia, estaba al borde del colapso por los créditos tóxicos y por una gestión que, se supo después, había estado plagada de irregularidades y presuntas corruptelas. Fue entonces cuando se anunció el segundo gran paquete para salvar a Bankia, que ascendió a 19 mil millones de euros, que sumados al primero representó un total para las arcas públicas de 23 mil 500 millones.
Las irregularidades y zonas oscuras en la contabilidad de los bancos españoles impiden tener una certeza de la radiografía real del sector, y una de las condiciones impuestas por los mercados y por la UE fue que se realizaran dos auditorías –que se presentarán a finales de junio– sobre el estado real de las cuentas de los bancos.
A pesar de las dudas, y con los datos que se tienen sobre la mesa, ya organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o agencias de calificación como Ficht habían advertido esta misma semana que España necesitaba un rescate de entre 40 mil y 100 mil millones de euros, una vez que sostenían que al menos 30 por ciento de su sector financiero no estaba en condiciones de sobrevivir sin estas inyecciones de capital.
Mientras, De Guindos, en la rueda de prensa, respondió a una de las preguntas que se hace buena parte de la sociedad española: ¿por qué, si es una noticia tan importante, no ha comparecido ante la sociedad el presidente del gobierno? A lo que respondió con un escueto: porque yo soy el representante de España ante el eurogrupo.
Y desde La Moncloa, la sede oficial de la presidencia del gobierno, se confirmó que Rajoy mantenía intacta su agenda y que su intención es acudir este domingo a Polonia al primer partido de la selección española de futbol en la Eurocopa.
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