Guadalupe Lizárraga
Un nuevo escándalo de corrupción ha publicado la prensa internacional sobre Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI. Ahora el diario inglés The Guardian da a conocer los archivos digitales sobre la venta de espacios publicitarios y programas realizados en Televisa para desmantelar la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador, desde la pasada elección del 2006.
Un estrategia diseñada para menguar la posibilidad de que AMLO llegara al poder en la contienda contra Felipe Calderón, y la cual consistía en tres hojas Excel bajo el nombre de Enrique Peña Nieto y con un precio de 36 millones de dólares, a costa del erario.
El diario también reveló otra factura más a nombre del ex presidente Vicente Fox por 60 millones de pesos, fechada el 1 de septiembre de 2005, para pagar entrenamiento mediático a sus secretarios de estado.
Para los mexicanos simpatizantes de Peña Nieto, con resistencia a creer en la perversidad criminal de este candidato, puede tratarse de información al estilo de guerra sucia para desprestigiarlo. Para sus opositores, puede representar la oportunidad de llevar puntos a su candidato. Sin embargo, cada acto de corrupción revelada no es sólo un dinero que se robaron los priistas en complicidad con los panistas, nada más.
Cada una de estas denuncias, incluyendo las de violaciones de derechos humanos y represión, significa políticamente la negación de toda posibilidad de construir la democracia.
Los 36 millones de dólares no solamente fue dinero del pueblo. Es la impunidad de la corrupción de Peña Nieto y sus secuaces. Es la corrupción de las autoridades electorales es la corrupción de los partidos que han guardado silencio. Es la violación a los derechos políticos electorales de millones de mexicanos que fueron fraudeados.
¿Quién investiga la responsabilidad del IFE, la del Tribunal Electoral, la de la Suprema Corte de Justicia y la de cada diputado y senador que se quedaron callados ante el fraude del 2006 y que se han quedado callados ante las denuncias sistemáticas de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidos por Peña Nieto? Son los medios internacionales, las redes sociales, y los asilados políticos los que dan cuenta del grado de descomposición en que se encuentra este país.
Desde fuera de México, nos preguntamos ¿qué hace Enrique Peña Nieto en la contienda electoral? Un criminal confeso, porque que ha aceptado su responsabilidad en los crímenes de Atenco, en el uso de la fuerza contra el maestro Agustín Estrada, y contra los habitantes de Texcoco que se resistieron al despojo de sus tierras. Todos estos casos con evidencias.
Para Peña Nieto, es muy cómodo decir ante las cámaras bien pagadas de Televisa, que tuvo que usar firmeza ante los transgresores de la ley. Mientras sus víctimas, sobrevivientes y muertas, se cuentan en decenas.
Nunca antes, México había tenido una sociedad con tanta tolerancia a los criminales. Y menos aún, a los cómplices medios de comunicación alimentados por la clase política con el dinero de todos nosotros, el pueblo.
Un nuevo escándalo de corrupción ha publicado la prensa internacional sobre Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI. Ahora el diario inglés The Guardian da a conocer los archivos digitales sobre la venta de espacios publicitarios y programas realizados en Televisa para desmantelar la imagen pública de Andrés Manuel López Obrador, desde la pasada elección del 2006.
Un estrategia diseñada para menguar la posibilidad de que AMLO llegara al poder en la contienda contra Felipe Calderón, y la cual consistía en tres hojas Excel bajo el nombre de Enrique Peña Nieto y con un precio de 36 millones de dólares, a costa del erario.
El diario también reveló otra factura más a nombre del ex presidente Vicente Fox por 60 millones de pesos, fechada el 1 de septiembre de 2005, para pagar entrenamiento mediático a sus secretarios de estado.
Para los mexicanos simpatizantes de Peña Nieto, con resistencia a creer en la perversidad criminal de este candidato, puede tratarse de información al estilo de guerra sucia para desprestigiarlo. Para sus opositores, puede representar la oportunidad de llevar puntos a su candidato. Sin embargo, cada acto de corrupción revelada no es sólo un dinero que se robaron los priistas en complicidad con los panistas, nada más.
Cada una de estas denuncias, incluyendo las de violaciones de derechos humanos y represión, significa políticamente la negación de toda posibilidad de construir la democracia.
Los 36 millones de dólares no solamente fue dinero del pueblo. Es la impunidad de la corrupción de Peña Nieto y sus secuaces. Es la corrupción de las autoridades electorales es la corrupción de los partidos que han guardado silencio. Es la violación a los derechos políticos electorales de millones de mexicanos que fueron fraudeados.
¿Quién investiga la responsabilidad del IFE, la del Tribunal Electoral, la de la Suprema Corte de Justicia y la de cada diputado y senador que se quedaron callados ante el fraude del 2006 y que se han quedado callados ante las denuncias sistemáticas de corrupción y violaciones de derechos humanos cometidos por Peña Nieto? Son los medios internacionales, las redes sociales, y los asilados políticos los que dan cuenta del grado de descomposición en que se encuentra este país.
Desde fuera de México, nos preguntamos ¿qué hace Enrique Peña Nieto en la contienda electoral? Un criminal confeso, porque que ha aceptado su responsabilidad en los crímenes de Atenco, en el uso de la fuerza contra el maestro Agustín Estrada, y contra los habitantes de Texcoco que se resistieron al despojo de sus tierras. Todos estos casos con evidencias.
Para Peña Nieto, es muy cómodo decir ante las cámaras bien pagadas de Televisa, que tuvo que usar firmeza ante los transgresores de la ley. Mientras sus víctimas, sobrevivientes y muertas, se cuentan en decenas.
Nunca antes, México había tenido una sociedad con tanta tolerancia a los criminales. Y menos aún, a los cómplices medios de comunicación alimentados por la clase política con el dinero de todos nosotros, el pueblo.
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