Apro
Luego de dos años de investigaciones, el Poder Judicial de Sonora liberó orden de aprehensión contra dos exfuncionarias de la administración del priista Eduardo Bours, por los delitos de uso indebido de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público, peculado y falsificación, por un monto de 186 millones de pesos.
Se trata de la extesorera Paola Vanezza García Estrada y de su asistente particular Dulce María Huerta Meza, quienes se encuentran prófugas de la justicia.
De acuerdo con las evidencias recabadas por la Procuraduría estatal, citadas por el diario El Imparcial, de Hermosillo, Sonora, durante el sexenio de Bours, funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Hacienda del estado utilizaron nombres falsos para la apertura de cuentas bancarias y cobro de cheques en 2009, año electoral.
Tras dos años de investigaciones ministeriales sobre el caso, bautizado como chequegate, se acreditó que la extesorera y su asistente son las presuntas responsables de cobrar de manera ilegal 74 cheques entre los meses de febrero y julio, con un importe total de 186 millones de pesos.
El contralor general de Sonora, Carlos Tapia Astiazarán, explicó que para sacar el dinero de las arcas del estado, se alteró el proceso contable, llamado Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF), a través del cual se emitieron los cheques.
“Esos cheques fueron endosados, obviamente que esa firma endosada era firma falsificada, por lo que se solicitó que se hiciera una investigación grafoscópica para determinar quién podía ser el implicado y fueron los peritos de la Procuraduría los que determinaron qué persona había hecho todos los endosos”, reveló el funcionario.
Añadió que para probarlo ante la justicia, primero se tuvo que obtener la documentación original, “se mandaron peritos a México (Distrito Federal) a ver los cheques y se les hicieron las pruebas periciales. También se les tomó la declaración a los funcionarios bancarios que corroboraron todos estos hechos y a los mismos funcionarios de la Secretaría de Hacienda”, abundó.
De acuerdo con las evidencias recabadas por la autoridad judicial, García Estrada, quien dependía directamente del exsecretario de Hacienda, Gilberto Inda Durán, fue quien autorizó el cobro de los 74 cheques y fue ella misma quien recibió el dinero en efectivo por parte del coordinador de área de la Tesorería del estado.
Con base en las evidencias recabadas por peritos de la Procuraduría estatal y declaraciones de servidores públicos involucrados en el chequegate, la autoridad judicial reconstruyó el modus operandi para realizar el desfalco.
Primero, la extesorera autorizó al entonces coordinador general del SIIAF, César Fabián García Treviño, a crear una cuenta con el nombre ficticio de Mónica Rodríguez Jiménez.
Luego, una persona no identificada usaba la cuenta con el nombre ficticio para sacar los cheques a nombre de cinco diferentes empleados de la Secretaría de Hacienda estatal.
Las personas cuyos nombres fueron utilizados para cobrar los cheques, según dijeron en su declaración ministerial, desconocían la comisión de este delito.
Una persona que aún no ha sido identificada era quien falsificaba los endosos de los cheques y los entregaba a un empleado para que fuera al banco a cambiarlos por dinero en efectivo.
Paola García o Dulce María Huerta, eran quienes se comunicaban con los funcionarios bancarios para cerciorarse de que contaran con la suma de dinero requerida para cambiar el cheque, cifra que oscilaba entre uno y tres millones de pesos.
Uno de los empleados del área bajo las órdenes de la extesorera acudía a la institución bancaria a cambiar el cheque por efectivo y lo depositaba en maletas para transportarlo a las oficinas de la Secretaría de Hacienda del estado.
Finalmente, la extesorera Paola García recibía el dinero en efectivo, sin que hasta ahora se sepa qué hizo con él.
De hecho, la exfuncionaria se encuentra prófuga de la justicia desde antes de que el Poder Judicial girara la orden de aprehensión en su contra.
Durante la investigación, agentes de la PGJ fueron al domicilio de la extesorera, ubicado en la calle Santo Tomás número 45, de la colonia San Ángel, en Hermosillo, para notificarle de las denuncias en su contra pero no la encontraron, por lo que le dejaron un aviso.
Días después dos abogados se presentaron en las oficinas de la Contraloría Estatal para defender a García Estrada en el proceso administrativo iniciado en su contra, pero cuando llegó el día para que se presentara ante el Ministerio Público para rendir su declaración por las imputaciones, ya de tipo penal, tampoco hizo acto de presencia.
A la fecha sólo dos exfuncionarios han sido sancionados de forma administrativa por el caso chequegate.
Alejandro Leal Beltrán, exdirector general de Control de Fondos y Pagaduría, y Edgar Prendas Sandoval, quien desempeñaba un puesto de director en la Tesorería del estado, ambos en el sexenio de Eduardo Bours, fueron inhabilitados por seis años para desempeñar cualquier cargo público.
A ambos se les comprobó su participación directa en el cobro de los cheques millonarios. Además de la sanción administrativa, está pendiente la de tipo penal.
Luego de dos años de investigaciones, el Poder Judicial de Sonora liberó orden de aprehensión contra dos exfuncionarias de la administración del priista Eduardo Bours, por los delitos de uso indebido de atribuciones, ejercicio indebido del servicio público, peculado y falsificación, por un monto de 186 millones de pesos.
Se trata de la extesorera Paola Vanezza García Estrada y de su asistente particular Dulce María Huerta Meza, quienes se encuentran prófugas de la justicia.
De acuerdo con las evidencias recabadas por la Procuraduría estatal, citadas por el diario El Imparcial, de Hermosillo, Sonora, durante el sexenio de Bours, funcionarios de primer nivel de la Secretaría de Hacienda del estado utilizaron nombres falsos para la apertura de cuentas bancarias y cobro de cheques en 2009, año electoral.
Tras dos años de investigaciones ministeriales sobre el caso, bautizado como chequegate, se acreditó que la extesorera y su asistente son las presuntas responsables de cobrar de manera ilegal 74 cheques entre los meses de febrero y julio, con un importe total de 186 millones de pesos.
El contralor general de Sonora, Carlos Tapia Astiazarán, explicó que para sacar el dinero de las arcas del estado, se alteró el proceso contable, llamado Sistema Integral de Información y Administración Financiera (SIIAF), a través del cual se emitieron los cheques.
“Esos cheques fueron endosados, obviamente que esa firma endosada era firma falsificada, por lo que se solicitó que se hiciera una investigación grafoscópica para determinar quién podía ser el implicado y fueron los peritos de la Procuraduría los que determinaron qué persona había hecho todos los endosos”, reveló el funcionario.
Añadió que para probarlo ante la justicia, primero se tuvo que obtener la documentación original, “se mandaron peritos a México (Distrito Federal) a ver los cheques y se les hicieron las pruebas periciales. También se les tomó la declaración a los funcionarios bancarios que corroboraron todos estos hechos y a los mismos funcionarios de la Secretaría de Hacienda”, abundó.
De acuerdo con las evidencias recabadas por la autoridad judicial, García Estrada, quien dependía directamente del exsecretario de Hacienda, Gilberto Inda Durán, fue quien autorizó el cobro de los 74 cheques y fue ella misma quien recibió el dinero en efectivo por parte del coordinador de área de la Tesorería del estado.
Con base en las evidencias recabadas por peritos de la Procuraduría estatal y declaraciones de servidores públicos involucrados en el chequegate, la autoridad judicial reconstruyó el modus operandi para realizar el desfalco.
Primero, la extesorera autorizó al entonces coordinador general del SIIAF, César Fabián García Treviño, a crear una cuenta con el nombre ficticio de Mónica Rodríguez Jiménez.
Luego, una persona no identificada usaba la cuenta con el nombre ficticio para sacar los cheques a nombre de cinco diferentes empleados de la Secretaría de Hacienda estatal.
Las personas cuyos nombres fueron utilizados para cobrar los cheques, según dijeron en su declaración ministerial, desconocían la comisión de este delito.
Una persona que aún no ha sido identificada era quien falsificaba los endosos de los cheques y los entregaba a un empleado para que fuera al banco a cambiarlos por dinero en efectivo.
Paola García o Dulce María Huerta, eran quienes se comunicaban con los funcionarios bancarios para cerciorarse de que contaran con la suma de dinero requerida para cambiar el cheque, cifra que oscilaba entre uno y tres millones de pesos.
Uno de los empleados del área bajo las órdenes de la extesorera acudía a la institución bancaria a cambiar el cheque por efectivo y lo depositaba en maletas para transportarlo a las oficinas de la Secretaría de Hacienda del estado.
Finalmente, la extesorera Paola García recibía el dinero en efectivo, sin que hasta ahora se sepa qué hizo con él.
De hecho, la exfuncionaria se encuentra prófuga de la justicia desde antes de que el Poder Judicial girara la orden de aprehensión en su contra.
Durante la investigación, agentes de la PGJ fueron al domicilio de la extesorera, ubicado en la calle Santo Tomás número 45, de la colonia San Ángel, en Hermosillo, para notificarle de las denuncias en su contra pero no la encontraron, por lo que le dejaron un aviso.
Días después dos abogados se presentaron en las oficinas de la Contraloría Estatal para defender a García Estrada en el proceso administrativo iniciado en su contra, pero cuando llegó el día para que se presentara ante el Ministerio Público para rendir su declaración por las imputaciones, ya de tipo penal, tampoco hizo acto de presencia.
A la fecha sólo dos exfuncionarios han sido sancionados de forma administrativa por el caso chequegate.
Alejandro Leal Beltrán, exdirector general de Control de Fondos y Pagaduría, y Edgar Prendas Sandoval, quien desempeñaba un puesto de director en la Tesorería del estado, ambos en el sexenio de Eduardo Bours, fueron inhabilitados por seis años para desempeñar cualquier cargo público.
A ambos se les comprobó su participación directa en el cobro de los cheques millonarios. Además de la sanción administrativa, está pendiente la de tipo penal.
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