Jorge Carrasco Araizaga
La prensa de provincia pasa por unos de los peores momentos de su historia. Los asesinatos, desaparición y exilio de comunicadores se han convertido en una constante, como si la agresión a los periodistas no fuera un ataque directo a la democracia.
Signo de la fallida alternancia política es que en los casi 12 años de gobierno del PAN, según los diferentes conteos, han sido asesinados entre 70 y 80 periodistas, cerca de 20 se encuentran desaparecidos y varios más se han visto obligados a salir de sus localidades.
Ni en los 70 años del régimen autoritario del PRI hubo tal afrenta. Pero de ese autoritarismo vienen las condiciones que han propiciado el atraso y vulnerabilidad en que se encuentra el periodismo mexicano en casi todo el interior del país.
La alternancia de ese viejo régimen priista a los dos sexenios consecutivos del PAN generó nuevos cacicazgos en provincia, alternados también entre esos dos partidos junto con el PRD.
Los gobernadores son herederos de los caciques políticos de antaño. Pero mutaron en algo peor, en amos y señores de sus estados. Controlan todo, tienen todos los recursos y a nadie rinden cuentas. Son los feudos mexicanos en pleno siglo XXI.
En todo intervienen. No sólo para sus afanes de control, sino para que nadie los vigile. Buscan el control del Congreso, ponen a sus compadres al frente del Poder Judicial, designan a los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, simulan transparencia y, sobre todo, controlan a la prensa.
Gustosos, la gran mayoría de los dueños de los medios locales entran al juego de la simulación. Gobernantes y dueños de medios hacen como que informan.
A cambio de millonarios contratos de publicidad, guardan silencio o manipulan la información cuando el interés gubernamental es el silencio o la distorsión.
En ese juego, la gran perdedora es la sociedad. Le escatiman la información. Le impiden saber lo que ocurre y afecta. Anulan su derecho a saber.
Pero quienes también pierden son los periodistas, que quedan en medio de esos intereses.
En general, los dueños de esos medios se han desentendido de sus periodistas. No se han preocupado por su profesionalización. Es lógico, no necesitan periodistas profesionales para cumplir con las pautas de publicidad gubernamental.
Poco les importa lo que hacen sus periodistas fuera de la redacción. En todo el país, es un secreto a voces entre el gremio periodístico que algunos colegas han estado vinculados de distintas maneras a la delincuencia. Es parte de la descomposición social. Eso lo sabe también la autoridad, tanto la federal y, desde luego, los gobiernos estatales.
Nada justifica un solo ataque contra la prensa en México. La impunidad no es por incapacidad para investigar los asesinatos. Es por ese interés en que no se conozca lo que ocurre.
Veracruz es ahora el peor lugar para hacer periodismo en México, como ayer lo fue Tamaulipas. En esa lógica, mañana puede ser otro estado. Nueve periodistas asesinados en Veracruz en tan sólo año y medio del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa. Toda una marca.
Peor aún es que las agresiones contra la prensa han escalado y ya alcanzaron a periodistas locales que trabajan para medios de circulación nacional.
Son los casos de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, asesinada la madrugada del 28 de abril sin que hasta la fecha haya algún detenido, y Víctor Báez, colaborador de Milenio Xalapa, quien fue secuestrado el miércoles 13 y privado de la vida.
Quienes han asesinado a los periodistas quieren el silencio o demostrar quién manda. El silencio del gobierno es cómplice.
La prensa de provincia pasa por unos de los peores momentos de su historia. Los asesinatos, desaparición y exilio de comunicadores se han convertido en una constante, como si la agresión a los periodistas no fuera un ataque directo a la democracia.
Signo de la fallida alternancia política es que en los casi 12 años de gobierno del PAN, según los diferentes conteos, han sido asesinados entre 70 y 80 periodistas, cerca de 20 se encuentran desaparecidos y varios más se han visto obligados a salir de sus localidades.
Ni en los 70 años del régimen autoritario del PRI hubo tal afrenta. Pero de ese autoritarismo vienen las condiciones que han propiciado el atraso y vulnerabilidad en que se encuentra el periodismo mexicano en casi todo el interior del país.
La alternancia de ese viejo régimen priista a los dos sexenios consecutivos del PAN generó nuevos cacicazgos en provincia, alternados también entre esos dos partidos junto con el PRD.
Los gobernadores son herederos de los caciques políticos de antaño. Pero mutaron en algo peor, en amos y señores de sus estados. Controlan todo, tienen todos los recursos y a nadie rinden cuentas. Son los feudos mexicanos en pleno siglo XXI.
En todo intervienen. No sólo para sus afanes de control, sino para que nadie los vigile. Buscan el control del Congreso, ponen a sus compadres al frente del Poder Judicial, designan a los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos, simulan transparencia y, sobre todo, controlan a la prensa.
Gustosos, la gran mayoría de los dueños de los medios locales entran al juego de la simulación. Gobernantes y dueños de medios hacen como que informan.
A cambio de millonarios contratos de publicidad, guardan silencio o manipulan la información cuando el interés gubernamental es el silencio o la distorsión.
En ese juego, la gran perdedora es la sociedad. Le escatiman la información. Le impiden saber lo que ocurre y afecta. Anulan su derecho a saber.
Pero quienes también pierden son los periodistas, que quedan en medio de esos intereses.
En general, los dueños de esos medios se han desentendido de sus periodistas. No se han preocupado por su profesionalización. Es lógico, no necesitan periodistas profesionales para cumplir con las pautas de publicidad gubernamental.
Poco les importa lo que hacen sus periodistas fuera de la redacción. En todo el país, es un secreto a voces entre el gremio periodístico que algunos colegas han estado vinculados de distintas maneras a la delincuencia. Es parte de la descomposición social. Eso lo sabe también la autoridad, tanto la federal y, desde luego, los gobiernos estatales.
Nada justifica un solo ataque contra la prensa en México. La impunidad no es por incapacidad para investigar los asesinatos. Es por ese interés en que no se conozca lo que ocurre.
Veracruz es ahora el peor lugar para hacer periodismo en México, como ayer lo fue Tamaulipas. En esa lógica, mañana puede ser otro estado. Nueve periodistas asesinados en Veracruz en tan sólo año y medio del gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa. Toda una marca.
Peor aún es que las agresiones contra la prensa han escalado y ya alcanzaron a periodistas locales que trabajan para medios de circulación nacional.
Son los casos de la corresponsal de Proceso en Veracruz, Regina Martínez, asesinada la madrugada del 28 de abril sin que hasta la fecha haya algún detenido, y Víctor Báez, colaborador de Milenio Xalapa, quien fue secuestrado el miércoles 13 y privado de la vida.
Quienes han asesinado a los periodistas quieren el silencio o demostrar quién manda. El silencio del gobierno es cómplice.
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