Javier Rodriguez Roque / Prensa Latina
Paraguay comenzó a transitar hoy el camino de una nueva e incierta etapa tras la destitución del presidente Fernando Lugo.
Después de ejercer el poder durante tres años y 10 meses, el antiguo obispo católico fue sustituido mediante una secreta operación que unió a dos antagónicos partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal Radical Auténtico (PLRA) que controlan el Congreso Nacional.
Lugo fue electo en los comicios del 2008 apoyado por una coalición de organizaciones de distintos signos políticos que aceptó, incluso, el respaldo del PLRA, por lo cual fue seleccionado para la vicepresidencia de la República el liberal Federico Franco, hoy elevado a la jefatura del Estado.
El mandatario hizo énfasis en la necesidad de establecer cambios sociales en un país que cuenta con alrededor del 40 por ciento de sus ciudadanos en la pobreza, de acuerdo con cifras oficiales.
Esa realidad la palpó de cerca en el rural departamento de San Pedro donde realizó sus oficios religiosos y en el cual resalta uno de los mayores problemas de la nación, el de la tenencia de la tierra.
En Paraguay, el uno por ciento de los propietarios rurales concentra en sus manos el 77 por ciento de las tierras y otro 50 por ciento de ciudadanos dispone apenas del uno por ciento de los terrenos.
El gobierno de Lugo no pudo terminar con esa situación pues las soluciones no encontraron acogida en un sector judicial acusado, en muchos casos, del otorgamiento de títulos de la propiedad a conocidos latifundistas en condiciones dudosas.
Un lamentable incidente ocurrido en la localidad de Curucuaty, a 240 kilómetros de esta capital, hace una semana y precisamente enmarcado en la lucha de los campesinos por la tierra, terminó con la muerte de seis policías y 11 labriegos que eran desalojados del lugar.
El impacto de ese hecho, ocurrido en una estancia de un conocido latifundista y militante del Partido Colorado, se esgrimió para justificar el voto conjunto de liberales y colorados que sacó a Lugo de la presidencia mediante un juicio político.
La negativa a propiciar una justa defensa del mandatario fue impugnada por Unasur, cuya presidencia pro témpore ostentaba Paraguay y por Mercosur, además de diferentes Jefes de Estado suramericanos.
Ahora, el nuevo gobierno paraguayo deberá enfrentar esa nada agradable situación con el agravante de que su economía está muy ligada a Brasil y Argentina, dos de las naciones críticas de lo ocurrido hoy.
Paraguay comenzó a transitar hoy el camino de una nueva e incierta etapa tras la destitución del presidente Fernando Lugo.
Después de ejercer el poder durante tres años y 10 meses, el antiguo obispo católico fue sustituido mediante una secreta operación que unió a dos antagónicos partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal Radical Auténtico (PLRA) que controlan el Congreso Nacional.
Lugo fue electo en los comicios del 2008 apoyado por una coalición de organizaciones de distintos signos políticos que aceptó, incluso, el respaldo del PLRA, por lo cual fue seleccionado para la vicepresidencia de la República el liberal Federico Franco, hoy elevado a la jefatura del Estado.
El mandatario hizo énfasis en la necesidad de establecer cambios sociales en un país que cuenta con alrededor del 40 por ciento de sus ciudadanos en la pobreza, de acuerdo con cifras oficiales.
Esa realidad la palpó de cerca en el rural departamento de San Pedro donde realizó sus oficios religiosos y en el cual resalta uno de los mayores problemas de la nación, el de la tenencia de la tierra.
En Paraguay, el uno por ciento de los propietarios rurales concentra en sus manos el 77 por ciento de las tierras y otro 50 por ciento de ciudadanos dispone apenas del uno por ciento de los terrenos.
El gobierno de Lugo no pudo terminar con esa situación pues las soluciones no encontraron acogida en un sector judicial acusado, en muchos casos, del otorgamiento de títulos de la propiedad a conocidos latifundistas en condiciones dudosas.
Un lamentable incidente ocurrido en la localidad de Curucuaty, a 240 kilómetros de esta capital, hace una semana y precisamente enmarcado en la lucha de los campesinos por la tierra, terminó con la muerte de seis policías y 11 labriegos que eran desalojados del lugar.
El impacto de ese hecho, ocurrido en una estancia de un conocido latifundista y militante del Partido Colorado, se esgrimió para justificar el voto conjunto de liberales y colorados que sacó a Lugo de la presidencia mediante un juicio político.
La negativa a propiciar una justa defensa del mandatario fue impugnada por Unasur, cuya presidencia pro témpore ostentaba Paraguay y por Mercosur, además de diferentes Jefes de Estado suramericanos.
Ahora, el nuevo gobierno paraguayo deberá enfrentar esa nada agradable situación con el agravante de que su economía está muy ligada a Brasil y Argentina, dos de las naciones críticas de lo ocurrido hoy.
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