Milenio
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, propuso la destitución del cargo y su consignación por desobediencia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, debido a que no acataron mandatos judiciales que derivaron de juicios de amparo.
Sin embargo, los dos incidentes de inejecución de sentencia relacionados con Ebrard fueron retirados temporalmente, ya que el ministro señaló que recibió oficios de un juzgado de distrito, en donde se le informó que aparentemente el mandatario capitalino aportó pruebas del cumplimiento de los fallos, documentos que corresponden a copias fotostáticas que serán analizados por la Corte en los próximos días.
Los asuntos legales contra Ebrard están relacionados con la expropiación de 23 inmuebles a favor del Instituto de Vivienda del DF (incidente 1294/2011) en junio de 2003.
El otro (incidente 465/2012) corresponde a un juicio que data de 1952, en el que se publicaron los decretos de expropiación de los terrenos que hoy son las colonias Doctores y Tacubaya, tierras que aún no son pagadas a los herederos de los propietarios.
En el primero de los incidentes, el ministro señaló lo siguiente:
“En el caso de que aún los ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos: 1. Rebeca Albert del Castillo, directora general Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal. 2. Leticia Bonifaz Alfonso, consejera Jurídica y de Servicios Legales del GDF; y 3. Marcelo Ebrard, por haber incumplido la sentencia dictada por el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, en los autos del amparo en revisión 251/2008 resuelto el 19 de septiembre de 2008, en la que se determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado.
“Tercero. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el juez de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo a lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución federal, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida en los términos previstos por el artículo 208 de la Ley de Amparo”.
Guerrero
Por lo que hace al gobernador guerrerense, Aguirre Rivero, el ministro también propuso su destitución y consignación, así como del director general de Promotora Turística de ese estado, Juan Salgado Tenorio, ya que no cumplieron con un incidente de inejecución de sentencia (con número 108/2012).
“En el caso de que aún lo ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos Juan Salgado Tenorio y Ángel Heladio Aguirre Rivero, ambos por haber incumplido la sentencia constitucional del 25 de octubre de 1999…
“Tercero. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el juez de distrito de procesos penales federales en el DF en turno, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad…”
Este asunto derivó de la expropiación que se hizo de los terrenos conocidos como “El Cerro de las Minas” y “Loma del Varadero de la Charra”, en la zona de Punta Diamante, en la década de los 80.
Los propietarios de las tierras promovieron un juicio de amparo para que se les restituyeran los terrenos, pleito legal que ganaron años después.
Sin embargo, las autoridades estatales interpusieron diversos recursos, desde los años 90 hasta nuestros días, para retrasar el pago de dichos terrenos, en donde el gobierno permitió la construcción de inmuebles.
Durante el trámite de cumplimiento de la sentencia se tramitaron diversos recursos, entre los que destaca la imposibilidad física y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que se tramitó, a solicitud de la parte quejosa, el incidente de incumplimiento sustituto.
Y el 5 de enero de 2009, el juez de distrito resolvió que el monto que debía restituirse a la parte quejosa era el equivalente al valor comercial de la superficie total de 25 mil 652 metros cuadrados que le fue expropiada, que a diciembre de 2007 arrojó como resultado un valor comercial actualizado de 45 mil 712 millones 291 mil pesos, cantidad que debería ser actualizada, hasta el momento en que se efectuara el pago.
Por su parte, el gobierno estatal dijo que actuará conforme a las disposiciones judiciales.
Acusa PRI a gutiérrez Cureño
Diputados federales y locales priistas acusaron que el candidato a la alcaldía de Ecatepec, Estado de México, José Luis Gutiérrez Cureño, no ha dado respuesta a diversas “observaciones resarcitorias” emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por un monto total de 400 millones de pesos, correspondientes a su gestión como edil en el trienio 2006-2009.
En respuesta, el entonces tesorero de la administración perredista, Édgar Martínez Zendejas, aseguró que han sido respondidas cada una de las observaciones.
En conferencia de prensa, los diputados priistas federal Martín Vázquez y locales Vicente Coss y Marco Antonio Gutiérrez presentaron documentos de requerimientos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización en diferentes fechas. (Heriberto Santos y Sandra Marina/Estado de México).
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz, propuso la destitución del cargo y su consignación por desobediencia del gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, y del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, debido a que no acataron mandatos judiciales que derivaron de juicios de amparo.
Sin embargo, los dos incidentes de inejecución de sentencia relacionados con Ebrard fueron retirados temporalmente, ya que el ministro señaló que recibió oficios de un juzgado de distrito, en donde se le informó que aparentemente el mandatario capitalino aportó pruebas del cumplimiento de los fallos, documentos que corresponden a copias fotostáticas que serán analizados por la Corte en los próximos días.
Los asuntos legales contra Ebrard están relacionados con la expropiación de 23 inmuebles a favor del Instituto de Vivienda del DF (incidente 1294/2011) en junio de 2003.
El otro (incidente 465/2012) corresponde a un juicio que data de 1952, en el que se publicaron los decretos de expropiación de los terrenos que hoy son las colonias Doctores y Tacubaya, tierras que aún no son pagadas a los herederos de los propietarios.
En el primero de los incidentes, el ministro señaló lo siguiente:
“En el caso de que aún los ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos: 1. Rebeca Albert del Castillo, directora general Jurídica y de Estudios Legislativos del Gobierno del Distrito Federal. 2. Leticia Bonifaz Alfonso, consejera Jurídica y de Servicios Legales del GDF; y 3. Marcelo Ebrard, por haber incumplido la sentencia dictada por el cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, en los autos del amparo en revisión 251/2008 resuelto el 19 de septiembre de 2008, en la que se determinó revocar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado.
“Tercero. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el juez de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal en turno, por el desacato a una sentencia de amparo de acuerdo a lo previsto en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución federal, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida en los términos previstos por el artículo 208 de la Ley de Amparo”.
Guerrero
Por lo que hace al gobernador guerrerense, Aguirre Rivero, el ministro también propuso su destitución y consignación, así como del director general de Promotora Turística de ese estado, Juan Salgado Tenorio, ya que no cumplieron con un incidente de inejecución de sentencia (con número 108/2012).
“En el caso de que aún lo ejerzan, quedan inmediatamente separados de sus cargos Juan Salgado Tenorio y Ángel Heladio Aguirre Rivero, ambos por haber incumplido la sentencia constitucional del 25 de octubre de 1999…
“Tercero. Consígnese a las personas mencionadas en el punto resolutivo que antecede, directamente ante el juez de distrito de procesos penales federales en el DF en turno, a fin de que sean juzgados y sancionados por la desobediencia cometida, en los términos que el Código Penal aplicable en materia federal señala para el delito de abuso de autoridad…”
Este asunto derivó de la expropiación que se hizo de los terrenos conocidos como “El Cerro de las Minas” y “Loma del Varadero de la Charra”, en la zona de Punta Diamante, en la década de los 80.
Los propietarios de las tierras promovieron un juicio de amparo para que se les restituyeran los terrenos, pleito legal que ganaron años después.
Sin embargo, las autoridades estatales interpusieron diversos recursos, desde los años 90 hasta nuestros días, para retrasar el pago de dichos terrenos, en donde el gobierno permitió la construcción de inmuebles.
Durante el trámite de cumplimiento de la sentencia se tramitaron diversos recursos, entre los que destaca la imposibilidad física y material para cumplir con la ejecutoria de amparo, por lo que se tramitó, a solicitud de la parte quejosa, el incidente de incumplimiento sustituto.
Y el 5 de enero de 2009, el juez de distrito resolvió que el monto que debía restituirse a la parte quejosa era el equivalente al valor comercial de la superficie total de 25 mil 652 metros cuadrados que le fue expropiada, que a diciembre de 2007 arrojó como resultado un valor comercial actualizado de 45 mil 712 millones 291 mil pesos, cantidad que debería ser actualizada, hasta el momento en que se efectuara el pago.
Por su parte, el gobierno estatal dijo que actuará conforme a las disposiciones judiciales.
Acusa PRI a gutiérrez Cureño
Diputados federales y locales priistas acusaron que el candidato a la alcaldía de Ecatepec, Estado de México, José Luis Gutiérrez Cureño, no ha dado respuesta a diversas “observaciones resarcitorias” emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por un monto total de 400 millones de pesos, correspondientes a su gestión como edil en el trienio 2006-2009.
En respuesta, el entonces tesorero de la administración perredista, Édgar Martínez Zendejas, aseguró que han sido respondidas cada una de las observaciones.
En conferencia de prensa, los diputados priistas federal Martín Vázquez y locales Vicente Coss y Marco Antonio Gutiérrez presentaron documentos de requerimientos emitidos por el Órgano Superior de Fiscalización en diferentes fechas. (Heriberto Santos y Sandra Marina/Estado de México).
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