Antonio Gershenson
La construcción de las industrias petrolera y eléctrica de servicio público se dio a lo largo de más de medio siglo y desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. Está llena de intentos de entregarla a empresas privadas, en especial extranjeras, de una u otra formas. Pero también de luchas de quienes defendieron su carácter nacional y su papel como impulsoras de la economía nacional.
A partir de la nacionalización petrolera se cambió el artículo 27 de la Constitución. Ya antes decía que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación.
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público (…) Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales… (incluyendo) el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.”
Más adelante, se agrega que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. Esto, dado que la concesión era la forma de actividad de las empresas extranjeras, la prohibió constitucionalmente.
Las empresas que antes dominaban las zonas petroleras en México eran, cuando fueron expropiadas en 1938, trasnacionales que actuaban conjuntamente. Se les llamaba Las siete hermanas. Los gobiernos posteriores a Cárdenas negociaban el retorno de las hermanas. Miguel Alemán estaba comprometido con el extranjero; pero las hermanas se negaban a regresar si no se cambiaba el artículo 27 de la Constitución. Y eso era algo que ni Alemán podía hacer.
Entonces se pactó con varias empresas estadunidenses de las llamadas independientes, o sea, que no eran de las hermanas. Pero además les dieron condiciones que representaban un gigantesco regalo. Se regala a la empresa respectiva el 15 por ciento de la producción de petróleo, que ellas mismas extraían y se llevaban, hasta por 25 años. Se les pagan los gastos. Se les vuelve a comprar petróleo mexicano.
Se llamó a estos convenios contratos riesgo que supuestamente corrían las pobrecitas empresas extranjeras. Pero eran zonas ya exploradas y con reservas probadas; no había tal riesgo. A mediados de 1952, Natalio Vázquez Pallares, que era presidente de la Comisión del Petróleo de la Cámara de Diputados y cercano de Lázaro Cárdenas, logró compilar la información de estos contratos y los publicó en 20 artículos en el periódico El Popular.
En lo inmediato, ya no se pudieron firmar nuevos contratos de riesgo. Pero tampoco se les anuló. En cambio, hacia finales del gobierno de Ruiz Cortines, e iniciándose el de López Mateos, primero se agregan al artículo 27, donde se prohíben las concesiones, los contratos, siendo director de Pemex Jesús Reyes Heroles. Y se fue negociando la terminación anticipada de esos contratos.
En cuanto a la industria eléctrica, Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se dedicó a electrificar y a lo que las empresas privadas no hacían, tanto en localidades como en redes de transmisión y distribución.
Después de numerosas luchas de organizaciones sindicales de los trabajadores se nacionalizó la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960 y se agregó al mismo artículo 27: Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
Durante años la industria nacionalizada contribuyó al crecimiento de la economía del país. Pero cuando los tecnócratas, cuando el llamado neoliberalismo llegó al poder, volvieron a privatizar la industria de la energía en diferentes formas. Salinas de Gortari cambió la ley para contradecir y violar el artículo 27 en materia eléctrica que acabamos de mencionar, abriendo la puerta, sobre todo, a trasnacionales para generar electricidad. Ya antes se volvió a extender el contratismo en esta misma industria y en Pemex.
Los últimos gobiernos del PRI y los dos que hubo del PAN siguieron esa línea. Por eso los candidatos presidenciales de estos dos partidos la defienden y quieren hundir más al sector eléctrico y a Pemex nacionales.
Sin embargo, si la izquierda, destacadamente López Obrador como candidato, defendemos Pemex y la CFE como herramientas, como medio de impulso del desarrollo nacional, no es una ocurrencia, sino continuación de nuestra historia, como recuperación de conquistas logradas durante años y como avance adicional que nuestro país necesita.
La construcción de las industrias petrolera y eléctrica de servicio público se dio a lo largo de más de medio siglo y desde el gobierno de Lázaro Cárdenas. Está llena de intentos de entregarla a empresas privadas, en especial extranjeras, de una u otra formas. Pero también de luchas de quienes defendieron su carácter nacional y su papel como impulsoras de la economía nacional.
A partir de la nacionalización petrolera se cambió el artículo 27 de la Constitución. Ya antes decía que “la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación.
“La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público (…) Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales… (incluyendo) el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos.”
Más adelante, se agrega que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos, no se otorgarán concesiones ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado. Esto, dado que la concesión era la forma de actividad de las empresas extranjeras, la prohibió constitucionalmente.
Las empresas que antes dominaban las zonas petroleras en México eran, cuando fueron expropiadas en 1938, trasnacionales que actuaban conjuntamente. Se les llamaba Las siete hermanas. Los gobiernos posteriores a Cárdenas negociaban el retorno de las hermanas. Miguel Alemán estaba comprometido con el extranjero; pero las hermanas se negaban a regresar si no se cambiaba el artículo 27 de la Constitución. Y eso era algo que ni Alemán podía hacer.
Entonces se pactó con varias empresas estadunidenses de las llamadas independientes, o sea, que no eran de las hermanas. Pero además les dieron condiciones que representaban un gigantesco regalo. Se regala a la empresa respectiva el 15 por ciento de la producción de petróleo, que ellas mismas extraían y se llevaban, hasta por 25 años. Se les pagan los gastos. Se les vuelve a comprar petróleo mexicano.
Se llamó a estos convenios contratos riesgo que supuestamente corrían las pobrecitas empresas extranjeras. Pero eran zonas ya exploradas y con reservas probadas; no había tal riesgo. A mediados de 1952, Natalio Vázquez Pallares, que era presidente de la Comisión del Petróleo de la Cámara de Diputados y cercano de Lázaro Cárdenas, logró compilar la información de estos contratos y los publicó en 20 artículos en el periódico El Popular.
En lo inmediato, ya no se pudieron firmar nuevos contratos de riesgo. Pero tampoco se les anuló. En cambio, hacia finales del gobierno de Ruiz Cortines, e iniciándose el de López Mateos, primero se agregan al artículo 27, donde se prohíben las concesiones, los contratos, siendo director de Pemex Jesús Reyes Heroles. Y se fue negociando la terminación anticipada de esos contratos.
En cuanto a la industria eléctrica, Cárdenas fundó la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que se dedicó a electrificar y a lo que las empresas privadas no hacían, tanto en localidades como en redes de transmisión y distribución.
Después de numerosas luchas de organizaciones sindicales de los trabajadores se nacionalizó la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960 y se agregó al mismo artículo 27: Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público.
Durante años la industria nacionalizada contribuyó al crecimiento de la economía del país. Pero cuando los tecnócratas, cuando el llamado neoliberalismo llegó al poder, volvieron a privatizar la industria de la energía en diferentes formas. Salinas de Gortari cambió la ley para contradecir y violar el artículo 27 en materia eléctrica que acabamos de mencionar, abriendo la puerta, sobre todo, a trasnacionales para generar electricidad. Ya antes se volvió a extender el contratismo en esta misma industria y en Pemex.
Los últimos gobiernos del PRI y los dos que hubo del PAN siguieron esa línea. Por eso los candidatos presidenciales de estos dos partidos la defienden y quieren hundir más al sector eléctrico y a Pemex nacionales.
Sin embargo, si la izquierda, destacadamente López Obrador como candidato, defendemos Pemex y la CFE como herramientas, como medio de impulso del desarrollo nacional, no es una ocurrencia, sino continuación de nuestra historia, como recuperación de conquistas logradas durante años y como avance adicional que nuestro país necesita.
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