Samuel García
Transformar la economía mexicana en una de alta competitividad no sólo requiere de grandes reformas estructurales. Hay un sinnúmero de “pequeños pasos” pendientes que están en la base de las relaciones comerciales, financieras y de impartición de justicia que frenan la construcción de competitividad y, con ella, la multiplicación de inversiones y de empleos.
Hace poco recibí una carta de un antiguo proveedor de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool, que preside Max David Michel, y que ilustra a uno de estos “pequeños pasos” que frenan la competitividad.
A la misiva siguieron una serie de cartas y documentos enviados por Alfred Chaoul Sutton, el apoderado legal de International Denim, S.A. de C.V., proveedor de prendas de vestir por más de 14 años para Liverpool.
La historia de Chaoul es una de esas tantas de pequeños proveedores de grandes cadenas comerciales que son sometidos “a sus reglas”, incluso por encima de las leyes y, ya no digamos, de la ética empresarial.
International Denim es una empresa mediana -que si bien sigue existiendo, ha tenido que cerrar sus puertas- dedicada a la fabricación de prendas de vestir de la que dependían 28 familias y que fue formada en torno de la venta de ropa a Liverpool. El problema surgió cuando, sin documentos ni autorizaciones del proveedor de por medio, Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. aplicó desde el año 2000 y hasta 2009 descuentos unilaterales en cada uno de los pedidos que realizaba a sus proveedores -en este caso International Denim- desconociendo los términos formales de los pedidos que, por escrito, se habían firmado.
Estos descuentos -llamados internamente como “bonificaciones”- se aplican a los precios de los proveedores para que la tienda oferte productos en temporada de baratas como Venta Nocturna, Día del Padre, entre otras. El asunto es que -según los pedidos, cartas y correos internos que mostró Chaoul- estos descuentos se aplican unilateralmente sin la anuencia documental del proveedor. Así, a la ilegalidad se une la prepotencia del más fuerte.
De acuerdo con las cuentas de Alfred Chaoul, y de su demanda legal, durante estos 10 años de aplicación forzosa e ilegal de políticas de descuentos unilaterales por parte de Distribuidora Liverpool, el gigante departamental le adeuda alrededor de seis millones de pesos, mismos que no ha reconocido a pesar de las evidencias mostradas; ello, sin contar los daños y perjuicios provocados dado que Liverpool dejó de comprarle a International Denim, obligándola a cerrar sus operaciones y a despedir a sus empleados.
Chaoul Sutton acudió a las instancias legales sin mucha fortuna y la Secretaría de Economía -teóricamente “el apoyo” federal para las PYMES del país- ha sido tibia en sus respuestas, según su versión, a tal grado que casi tres años después el caso sigue sin obtener respuestas concretas.
Más allá de los encendidos discursos oficiales, ésta es una muestra de la realidad a la que se enfrentan los emprendedores de la cadena de producción de PYMES del país, los que generan más de 70% de los empleos en México.
Quien gane la elección debe entender que la competitividad no sólo es reformas laborales o fiscales, sino también contar con un sistema de leyes y de impartición de justicia que ofrezca certeza a los miles de pequeños capitales que deciden emprender un negocio.
Transformar la economía mexicana en una de alta competitividad no sólo requiere de grandes reformas estructurales. Hay un sinnúmero de “pequeños pasos” pendientes que están en la base de las relaciones comerciales, financieras y de impartición de justicia que frenan la construcción de competitividad y, con ella, la multiplicación de inversiones y de empleos.
Hace poco recibí una carta de un antiguo proveedor de la cadena de tiendas departamentales El Puerto de Liverpool, que preside Max David Michel, y que ilustra a uno de estos “pequeños pasos” que frenan la competitividad.
A la misiva siguieron una serie de cartas y documentos enviados por Alfred Chaoul Sutton, el apoderado legal de International Denim, S.A. de C.V., proveedor de prendas de vestir por más de 14 años para Liverpool.
La historia de Chaoul es una de esas tantas de pequeños proveedores de grandes cadenas comerciales que son sometidos “a sus reglas”, incluso por encima de las leyes y, ya no digamos, de la ética empresarial.
International Denim es una empresa mediana -que si bien sigue existiendo, ha tenido que cerrar sus puertas- dedicada a la fabricación de prendas de vestir de la que dependían 28 familias y que fue formada en torno de la venta de ropa a Liverpool. El problema surgió cuando, sin documentos ni autorizaciones del proveedor de por medio, Distribuidora Liverpool, S.A. de C.V. aplicó desde el año 2000 y hasta 2009 descuentos unilaterales en cada uno de los pedidos que realizaba a sus proveedores -en este caso International Denim- desconociendo los términos formales de los pedidos que, por escrito, se habían firmado.
Estos descuentos -llamados internamente como “bonificaciones”- se aplican a los precios de los proveedores para que la tienda oferte productos en temporada de baratas como Venta Nocturna, Día del Padre, entre otras. El asunto es que -según los pedidos, cartas y correos internos que mostró Chaoul- estos descuentos se aplican unilateralmente sin la anuencia documental del proveedor. Así, a la ilegalidad se une la prepotencia del más fuerte.
De acuerdo con las cuentas de Alfred Chaoul, y de su demanda legal, durante estos 10 años de aplicación forzosa e ilegal de políticas de descuentos unilaterales por parte de Distribuidora Liverpool, el gigante departamental le adeuda alrededor de seis millones de pesos, mismos que no ha reconocido a pesar de las evidencias mostradas; ello, sin contar los daños y perjuicios provocados dado que Liverpool dejó de comprarle a International Denim, obligándola a cerrar sus operaciones y a despedir a sus empleados.
Chaoul Sutton acudió a las instancias legales sin mucha fortuna y la Secretaría de Economía -teóricamente “el apoyo” federal para las PYMES del país- ha sido tibia en sus respuestas, según su versión, a tal grado que casi tres años después el caso sigue sin obtener respuestas concretas.
Más allá de los encendidos discursos oficiales, ésta es una muestra de la realidad a la que se enfrentan los emprendedores de la cadena de producción de PYMES del país, los que generan más de 70% de los empleos en México.
Quien gane la elección debe entender que la competitividad no sólo es reformas laborales o fiscales, sino también contar con un sistema de leyes y de impartición de justicia que ofrezca certeza a los miles de pequeños capitales que deciden emprender un negocio.
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