En el último debate Josefina Vázquez Mota afirmó que el Gobierno del Estado de México financió una red de espionaje. Entérate cómo estaba organizada esta célula que presuntamente vigiló a políticos como Manlio Fabio Beltrones y a personajes como Angélica Rivera, actual esposa del candidato priista
Raúl Tortolero
“Enrique Peña Nieto mandó espiar a varios personajes políticos”, afirmó Josefina Vázquez Mota durante el segundo debate presidencial del domingo 10 de junio.
De acuerdo con la candidata del PAN, el ex gobernador del Estado de México hizo labores de espionaje a través de una empresa privada denominada Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones.
Sus servicios fueron pagados por una dependencia policial mexiquense conocida como Cusaem (Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México), según el testimonio del presidente del Comité de Vigilancia del Estado de México, el panista Carlos Madrazo.
“Con dinero público, (Enrique Peña) financió un centro de espionaje, y aquí está la comprobación –la voy a dejar– de un estado de cuenta donde su gobierno, cuando fue gobernador, pagaba este centro de espionaje”, remató Vázquez Mota durante el debate del pasado domingo.
Probablemente muchos televidentes se quedaron pasmados porque mientras la candidata panista hablaba, apareció en pantalla el estado de cuenta bancario al que se refería.
Después de concluir su intervención, habló Enrique Peña Nieto.
Cualquiera hubiera esperado que el priista refutara las graves acusaciones que le acababa de hacer su contrincante albiazul.
Pero no. Peña Nieto no se dio por aludido. En su intervención, nunca se refirió al asunto. Prefirió hablar de la mala experiencia que vivió en la Universidad Iberoamericana.
No solo lo acababan de señalar públicamente como un hombre que acostumbraba espiar a sus adversarios políticos, sino también a la mujer con quien finalmente se casó: Angélica Rivera.
¿Qué tanta veracidad tiene la acusación que hizo Josefina Vázquez Mota? ¿Por qué parece estar bien sustentada?
Ésta es la historia.
Las víctimas
El presunto espionaje salió a la luz pública el 13 de junio de 2008, cuando el senador Manlio Fabio Beltrones interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El sonorense se sabía espiado. Y no solo él, sino también sus familiares y colaboradores cercanos.
La PGR empezó a investigar. Y sus pesquisas le llevaron a encontrar miles de horas de grabaciones ilegales en una casa de Naucalpan, Estado de México, donde se suponía que operaban los espías.
Asimismo, los investigadores hallaron versiones estenográficas de los audios y una perfecta sistematización de la información, con síntesis ejecutivas entregadas de manera cotidiana, además de análisis prospectivos.
El 6 de noviembre de 2008, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia, que es parte de la PGR, encontró nuevas evidencias de espionaje.
En dos casas de seguridad ubicadas en el municipio mexiquense de Naucalpan había más información obtenida de manera ilegal.
Los investigadores descubrieron listas de llamadas telefónicas, correos electrónicos, documentos electrónicos y archivos diversos.
Los espías tenían información sobre Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Santiago Creel, Juan Camilo Mouriño, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal y Jesús Murillo Karam, entre muchos otros políticos.
También habían sido investigadas Angélica Rivera, entonces novia de Peña Nieto, y Mariagna Pratts, entonces esposa de Marcelo Ebrard.
El modus operandi
¿Cómo podría organizar el gobierno del Estado de México un cuerpo de espionaje y ocultar su financiamiento?
Al parecer, no fue tan difícil.
En el Estado de México había una fachada perfecta para ocultar el financiamiento de actividades ilegales, entre ellas el espionaje. El mecanismo habría sido el siguiente.
Una dependencia del Gobierno del Estado, llamada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), era la encargada de pagar los servicios de espionaje que ofrecía la empresa Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones.
Teóricamente, nadie podría demostrar que los recursos eran públicos porque, en sentido estricto, los expertos jurídicos del gobierno de Peña Nieto no los consideraban así.
Y es que a pesar de que los Cusaem son una dependencia policial del Gobierno del Estado, nunca tuvieron una asignación presupuestal por parte del gobierno. Y este organismo vive de vender servicios públicos de seguridad, o protección policiaca, si se le quiere ver así, a quien pueda pagar.
De esta manera, cuando conviene, los Cusaem son una compañía privada. Si no, son una entidad pública.
Nadie –solo los directivos de los Cusaem y los altos funcionarios del gobierno del Estado de México– sabe qué se hace con el dinero que los Cusaem cobran a las empresas y los clientes particulares por la protección que les venden.
Y es que los Cusaem no le rinden cuentas al Congreso mexiquense, de acuerdo al testimonio de Carlos Madrazo, diputado del Estado de México. Esto en sí resulta extraño porque los Cusaem son una de las dependencias estatales con más empleados.
Cuentan con 23 mil elementos. Todo un ejército dirigido por cerca de 108 comandantes que están al servicio de quien pueda pagar, pero que, en principio, obedecen al gobernador del Estado de México y al director de la Agencia de Seguridad del Estado.
Sus ingresos son multimillonarios, aunque nadie –que no sea el gobierno mexiquense– sabe lo que hace esta dependencia con el dinero que recibe por sus servicios.
Los Cusaem venden y rentan protección armada, guardias de seguridad armadas, custodia, resguardo de mercancías en tránsito, vigilancia intramuros, tecnologías de localización satelital, atención en situaciones críticas, escoltas, seguridad ejecutiva.
La inteligencia policial es parte fundamental de su larga lista de servicios, como consta en la información de sus páginas web.
Según datos tomados del sitio http://www.cusaem.gob.mx y http://www.region-6.com.mx, en el rubro de Infraestructura se documenta lo siguiente:
“Fortalecemos nuestra participación mediante sistemas de coordinación y enlace tecnológico con la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), utilizando procesos en Inteligencia Policial y métodos para la prevención y reacción contra el delito”.
Es decir, se acepta la existencia del trabajo de inteligencia asociado a la prevención.
Ése es el concepto clave. Peña Nieto podía argumentar que necesitaba contar con servicios de inteligencia policiaca para prevenir el crimen en su entidad.
Para la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), los Cusaem son un organismo público.
El oficio expedido el 8 de junio de 2010, con el No. DG/315/205/2010, y firmado por Luis Armando Rivera Castro, director general de Seguridad Privada, señala que estos cuerpos auxiliares son entes estatales.
Pero en la Secretaría de Seguridad Pública federal no hay registro alguno de los Cusaem.
Autores materiales del espionaje
Los presuntos autores del espionaje son personas que han estado relacionadas con el gobierno federal, o han sido comerciantes de productos electrónicos.
— Luis Miguel Dena
Aparentemente, a la cabeza de la unidad de espionaje estaba Luis Miguel Dena, propietario de la empresa Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones, con dirección en la calle Lago Ginebra 5992, Colonia Popo, en la Ciudad de México.
Dena es oriundo de Zacatecas y posee amplios conocimientos en neurolingüística, neuroprogramación, epistemología y semiología.
El abogado graduado de la UNAM inició su carrera en el servicio público en 1986, en el Instituto Nacional de Migración.
A principios de 1994 se fue al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ingresó como delegado en Chiapas para investigar al EZLN.
Intrépido y activo, el presunto espía no tardó en ser ascendido a director de Investigación en la estación del Distrito Federal cuando Jorge Tello Peón fungía como director general.
Tiempo más tarde, Dena fue nombrado jefe de la Estación del Cisen en el DF.
Y posteriormente, ya como jefe del Cisen en el Estado de México, trabaría una estrecha relación con Alonso Navarrete Prida, procurador de Justicia de Enrique Peña Nieto y a quien se señala como responsable de haber impuesto al menos a dos directores de los Cusaem, designaciones que aparentemente fueron pactadas con Enrique Peña Nieto.
Finalmente, en 2005, Dena dejó el Cisen. De ahí pasó a la SSP federal, donde estuvo unos meses como coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, según consta en reportes de prensa.
Renunció el 31 de julio de 2006 y desde entonces se dedica a ofrecer servicios de seguridad privada.
— Yosef Shevah Porat
Yosef Shevah Porat, mejor conocido en la comunidad judía como “Yosi”, mantuvo hasta hace poco en su perfil de Facebook que estaba dedicado a la venta de escáneres para intervenir celulares, entre muchos otros aparatos para desarrollar tareas de inteligencia. También ofrecía servicios de seguridad privada.
— Otros cómplices
Según un documento extraído del Tomo V, expediente 63/2009, del proceso penal del Poder Judicial de la Federación, con base en el Juzgado Decimoctavo del DF, en 2009 empezaron a ser juzgados por el delito de intervención de comunicaciones (espionaje) las siguientes personas:
Luis Miguel Dena, Miguel Ángel Solís Hernández, Jesús Camarena García, Rogelio Villarreal González, Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, Enrique Zaldívar González y Guillermo Lago Montes, entre otros.
Sin embargo, no todos fueron encontrados culpables.
El juez Fernando Córdova del Valle habría dejado en libertad a otros procesados por los mismos delitos: Teresita de Jesús Flores Dena (sobrina de Luis Miguel), José Tagle Balderas, Arturo Barajas Amador, Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, Miguel Ángel Solís Hernández, Guillermo Lago Montes, Rogelio Eduardo Villarreal González y Enrique Zaldívar González.
El 16 de abril de 2012, se dictó sentencia contra Luis Miguel Dena.
La resolución lo hace responsable, entre otros delitos, de haber intervenido las llamadas telefónicas de Sergio Vela, ex director del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
No hay cosa juzgada
Sin embargo, y a pesar de la sentencia, el caso todavía no es cosa juzgada.
Y es que la sentencia no causó estado porque la PGR apeló ante el tribunal de alzada.
El panista Roberto Gil argumenta que en la segunda instancia se podría incriminar directamente al candidato del PRI Enrique Peña Nieto, ello a pesar de que nunca ha sido acusado por la presunta autoría intelectual del espionaje.
En cambio, el priista Luis Videgaray asegura que lo dicho por el abogado Gil Zuarth va en contra de los principios más elementales de un proceso penal.
Porque cualquier abogado sabe que no se puede “ampliar la materia de la litis” en la segunda instancia de un proceso, explica Videgaray, coordinador general de la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
Raúl Tortolero
“Enrique Peña Nieto mandó espiar a varios personajes políticos”, afirmó Josefina Vázquez Mota durante el segundo debate presidencial del domingo 10 de junio.
De acuerdo con la candidata del PAN, el ex gobernador del Estado de México hizo labores de espionaje a través de una empresa privada denominada Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones.
Sus servicios fueron pagados por una dependencia policial mexiquense conocida como Cusaem (Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México), según el testimonio del presidente del Comité de Vigilancia del Estado de México, el panista Carlos Madrazo.
“Con dinero público, (Enrique Peña) financió un centro de espionaje, y aquí está la comprobación –la voy a dejar– de un estado de cuenta donde su gobierno, cuando fue gobernador, pagaba este centro de espionaje”, remató Vázquez Mota durante el debate del pasado domingo.
Probablemente muchos televidentes se quedaron pasmados porque mientras la candidata panista hablaba, apareció en pantalla el estado de cuenta bancario al que se refería.
Después de concluir su intervención, habló Enrique Peña Nieto.
Cualquiera hubiera esperado que el priista refutara las graves acusaciones que le acababa de hacer su contrincante albiazul.
Pero no. Peña Nieto no se dio por aludido. En su intervención, nunca se refirió al asunto. Prefirió hablar de la mala experiencia que vivió en la Universidad Iberoamericana.
No solo lo acababan de señalar públicamente como un hombre que acostumbraba espiar a sus adversarios políticos, sino también a la mujer con quien finalmente se casó: Angélica Rivera.
¿Qué tanta veracidad tiene la acusación que hizo Josefina Vázquez Mota? ¿Por qué parece estar bien sustentada?
Ésta es la historia.
Las víctimas
El presunto espionaje salió a la luz pública el 13 de junio de 2008, cuando el senador Manlio Fabio Beltrones interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
El sonorense se sabía espiado. Y no solo él, sino también sus familiares y colaboradores cercanos.
La PGR empezó a investigar. Y sus pesquisas le llevaron a encontrar miles de horas de grabaciones ilegales en una casa de Naucalpan, Estado de México, donde se suponía que operaban los espías.
Asimismo, los investigadores hallaron versiones estenográficas de los audios y una perfecta sistematización de la información, con síntesis ejecutivas entregadas de manera cotidiana, además de análisis prospectivos.
El 6 de noviembre de 2008, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia, que es parte de la PGR, encontró nuevas evidencias de espionaje.
En dos casas de seguridad ubicadas en el municipio mexiquense de Naucalpan había más información obtenida de manera ilegal.
Los investigadores descubrieron listas de llamadas telefónicas, correos electrónicos, documentos electrónicos y archivos diversos.
Los espías tenían información sobre Manlio Fabio Beltrones, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Santiago Creel, Juan Camilo Mouriño, Beatriz Paredes, Ricardo Monreal y Jesús Murillo Karam, entre muchos otros políticos.
También habían sido investigadas Angélica Rivera, entonces novia de Peña Nieto, y Mariagna Pratts, entonces esposa de Marcelo Ebrard.
El modus operandi
¿Cómo podría organizar el gobierno del Estado de México un cuerpo de espionaje y ocultar su financiamiento?
Al parecer, no fue tan difícil.
En el Estado de México había una fachada perfecta para ocultar el financiamiento de actividades ilegales, entre ellas el espionaje. El mecanismo habría sido el siguiente.
Una dependencia del Gobierno del Estado, llamada Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem), era la encargada de pagar los servicios de espionaje que ofrecía la empresa Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones.
Teóricamente, nadie podría demostrar que los recursos eran públicos porque, en sentido estricto, los expertos jurídicos del gobierno de Peña Nieto no los consideraban así.
Y es que a pesar de que los Cusaem son una dependencia policial del Gobierno del Estado, nunca tuvieron una asignación presupuestal por parte del gobierno. Y este organismo vive de vender servicios públicos de seguridad, o protección policiaca, si se le quiere ver así, a quien pueda pagar.
De esta manera, cuando conviene, los Cusaem son una compañía privada. Si no, son una entidad pública.
Nadie –solo los directivos de los Cusaem y los altos funcionarios del gobierno del Estado de México– sabe qué se hace con el dinero que los Cusaem cobran a las empresas y los clientes particulares por la protección que les venden.
Y es que los Cusaem no le rinden cuentas al Congreso mexiquense, de acuerdo al testimonio de Carlos Madrazo, diputado del Estado de México. Esto en sí resulta extraño porque los Cusaem son una de las dependencias estatales con más empleados.
Cuentan con 23 mil elementos. Todo un ejército dirigido por cerca de 108 comandantes que están al servicio de quien pueda pagar, pero que, en principio, obedecen al gobernador del Estado de México y al director de la Agencia de Seguridad del Estado.
Sus ingresos son multimillonarios, aunque nadie –que no sea el gobierno mexiquense– sabe lo que hace esta dependencia con el dinero que recibe por sus servicios.
Los Cusaem venden y rentan protección armada, guardias de seguridad armadas, custodia, resguardo de mercancías en tránsito, vigilancia intramuros, tecnologías de localización satelital, atención en situaciones críticas, escoltas, seguridad ejecutiva.
La inteligencia policial es parte fundamental de su larga lista de servicios, como consta en la información de sus páginas web.
Según datos tomados del sitio http://www.cusaem.gob.mx y http://www.region-6.com.mx, en el rubro de Infraestructura se documenta lo siguiente:
“Fortalecemos nuestra participación mediante sistemas de coordinación y enlace tecnológico con la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), utilizando procesos en Inteligencia Policial y métodos para la prevención y reacción contra el delito”.
Es decir, se acepta la existencia del trabajo de inteligencia asociado a la prevención.
Ése es el concepto clave. Peña Nieto podía argumentar que necesitaba contar con servicios de inteligencia policiaca para prevenir el crimen en su entidad.
Para la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), los Cusaem son un organismo público.
El oficio expedido el 8 de junio de 2010, con el No. DG/315/205/2010, y firmado por Luis Armando Rivera Castro, director general de Seguridad Privada, señala que estos cuerpos auxiliares son entes estatales.
Pero en la Secretaría de Seguridad Pública federal no hay registro alguno de los Cusaem.
Autores materiales del espionaje
Los presuntos autores del espionaje son personas que han estado relacionadas con el gobierno federal, o han sido comerciantes de productos electrónicos.
— Luis Miguel Dena
Aparentemente, a la cabeza de la unidad de espionaje estaba Luis Miguel Dena, propietario de la empresa Seguridad Privada Inteligente, Proveedora de Soluciones, con dirección en la calle Lago Ginebra 5992, Colonia Popo, en la Ciudad de México.
Dena es oriundo de Zacatecas y posee amplios conocimientos en neurolingüística, neuroprogramación, epistemología y semiología.
El abogado graduado de la UNAM inició su carrera en el servicio público en 1986, en el Instituto Nacional de Migración.
A principios de 1994 se fue al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Ingresó como delegado en Chiapas para investigar al EZLN.
Intrépido y activo, el presunto espía no tardó en ser ascendido a director de Investigación en la estación del Distrito Federal cuando Jorge Tello Peón fungía como director general.
Tiempo más tarde, Dena fue nombrado jefe de la Estación del Cisen en el DF.
Y posteriormente, ya como jefe del Cisen en el Estado de México, trabaría una estrecha relación con Alonso Navarrete Prida, procurador de Justicia de Enrique Peña Nieto y a quien se señala como responsable de haber impuesto al menos a dos directores de los Cusaem, designaciones que aparentemente fueron pactadas con Enrique Peña Nieto.
Finalmente, en 2005, Dena dejó el Cisen. De ahí pasó a la SSP federal, donde estuvo unos meses como coordinador de Inteligencia para la Prevención de la Policía Federal Preventiva, según consta en reportes de prensa.
Renunció el 31 de julio de 2006 y desde entonces se dedica a ofrecer servicios de seguridad privada.
— Yosef Shevah Porat
Yosef Shevah Porat, mejor conocido en la comunidad judía como “Yosi”, mantuvo hasta hace poco en su perfil de Facebook que estaba dedicado a la venta de escáneres para intervenir celulares, entre muchos otros aparatos para desarrollar tareas de inteligencia. También ofrecía servicios de seguridad privada.
— Otros cómplices
Según un documento extraído del Tomo V, expediente 63/2009, del proceso penal del Poder Judicial de la Federación, con base en el Juzgado Decimoctavo del DF, en 2009 empezaron a ser juzgados por el delito de intervención de comunicaciones (espionaje) las siguientes personas:
Luis Miguel Dena, Miguel Ángel Solís Hernández, Jesús Camarena García, Rogelio Villarreal González, Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, Enrique Zaldívar González y Guillermo Lago Montes, entre otros.
Sin embargo, no todos fueron encontrados culpables.
El juez Fernando Córdova del Valle habría dejado en libertad a otros procesados por los mismos delitos: Teresita de Jesús Flores Dena (sobrina de Luis Miguel), José Tagle Balderas, Arturo Barajas Amador, Alejandro Arturo Rodríguez Rosas, Miguel Ángel Solís Hernández, Guillermo Lago Montes, Rogelio Eduardo Villarreal González y Enrique Zaldívar González.
El 16 de abril de 2012, se dictó sentencia contra Luis Miguel Dena.
La resolución lo hace responsable, entre otros delitos, de haber intervenido las llamadas telefónicas de Sergio Vela, ex director del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).
No hay cosa juzgada
Sin embargo, y a pesar de la sentencia, el caso todavía no es cosa juzgada.
Y es que la sentencia no causó estado porque la PGR apeló ante el tribunal de alzada.
El panista Roberto Gil argumenta que en la segunda instancia se podría incriminar directamente al candidato del PRI Enrique Peña Nieto, ello a pesar de que nunca ha sido acusado por la presunta autoría intelectual del espionaje.
En cambio, el priista Luis Videgaray asegura que lo dicho por el abogado Gil Zuarth va en contra de los principios más elementales de un proceso penal.
Porque cualquier abogado sabe que no se puede “ampliar la materia de la litis” en la segunda instancia de un proceso, explica Videgaray, coordinador general de la campaña de Enrique Peña Nieto a la Presidencia de la República.
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