Eduardo Ibarra Aguirre
Primero el señor que un día sí y otro también se autodenomina “un demócrata”, Felipe Calderón, dio un paso consistente para entrometerse en el proceso electoral que ya entró en la recta final, al sentenciar que cualquiera de los tres candidatos punteros en las encuestas puede ganar; al advertir “Yo creo que las preferencias van a variar” y, finalmente, pedir “No subestimar al electorado”, pero no pone el ejemplo. Seguramente ansía que sea a favor de Josefina Vázquez Mota.
Enseguida, el Consejo Coordinador Empresarial formuló un llamamiento –que insertó en los diarios capitalinos, pues dinero es lo que sobra al organismo cúpula– a los candidatos presidenciales para que se comprometan por escrito a respetar la legislación, los resultados de la jornada comicial y las resoluciones del Instituto Federal y el Tribunal Electoral.
Para que no exista espacio para suspicacias, el CCE precisa: “No pedimos que renuncien a ninguno de los derechos e instancias que la ley les otorga, pero sí exigimos que no se aparten de lo que ella establece”.
El llamamiento denominado Respeto a la legalidad fue, casualmente, muy privilegiado por los noticiarios de Televisa que repiten hasta el hartazgo la información y hasta las mismas notas y párrafos. Y tiene una clara dedicatoria que evidencio con singular torpeza Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, al pronunciarse en contra de reducir los salarios a la alta burocracia bajo el argumento de que se corre el riesgo de que el gobierno federal “contrate personal menos calificado y genere corrupción”.
Con tan brillante lógica, lo que procede es duplicar los salarios de la alta burocracia –ubicada entre las más bien pagadas de la aldea global–, y así México tendría más éxito en el abatimiento de ese generalizado cáncer social que corroe todos los ámbitos, empezando por los dueños de México hasta los desposeídos, quienes sistémicamente mandan al diablo a las instituciones al imperar las soluciones con base al dinero, las influencias y recomendaciones.
Si Calderón Hinojosa intervino al instante y en forma directa por la vía de Twitter la noche del domingo 10, mientras se desarrollaba el debate entre los presidenciables, en Guadalajara, Jalisco, para desmentir la propuesta de Obrador para ahorrar 300 mil millones de pesos de la onerosa nómina gubernamental, encarecida como nunca por el primero, a razón de qué el presidente del CCE no tiene derecho a hacerlo, así exhiba impúdicamente que la línea surgió o la tomó de Los Pinos y que los dados están bien cargados en el hipócrita Respeto a la legalidad.
Cómo pueden estos cínicos empresarios exigir respeto a una legalidad que violentaron mañana, tarde y noche en las pantallas de Televisa para bloquear con calumnias la candidatura de López Obrador y promover sin recato la de Calderón Hinojosa, hasta encumbrarlo en Los Pinos con los costos por todos conocidos y también padecidos.
Modificada la legislación para acotar la participación publicitaria abierta, sólo la obvia, el CCE litiga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la reforma electoral del Congreso. Y cuenta, además, con el decisivo apoyo del duopolio de la televisión –impugnado más que merecidamente todos los días en las calles y en las redes sociales por #YoSoy132– y sus sólidos y metalizados intelectuales.
Los 12 organismos patronales que están representados en el CCE y su presidente no calcularon bien que la reacción del candidato presidencial del Movimiento Progresista sería inmediata, de comprometerse a suscribir el pacto propuesto por los que en 2006 lo combatieron como “Un peligro para México”.
Primero el señor que un día sí y otro también se autodenomina “un demócrata”, Felipe Calderón, dio un paso consistente para entrometerse en el proceso electoral que ya entró en la recta final, al sentenciar que cualquiera de los tres candidatos punteros en las encuestas puede ganar; al advertir “Yo creo que las preferencias van a variar” y, finalmente, pedir “No subestimar al electorado”, pero no pone el ejemplo. Seguramente ansía que sea a favor de Josefina Vázquez Mota.
Enseguida, el Consejo Coordinador Empresarial formuló un llamamiento –que insertó en los diarios capitalinos, pues dinero es lo que sobra al organismo cúpula– a los candidatos presidenciales para que se comprometan por escrito a respetar la legislación, los resultados de la jornada comicial y las resoluciones del Instituto Federal y el Tribunal Electoral.
Para que no exista espacio para suspicacias, el CCE precisa: “No pedimos que renuncien a ninguno de los derechos e instancias que la ley les otorga, pero sí exigimos que no se aparten de lo que ella establece”.
El llamamiento denominado Respeto a la legalidad fue, casualmente, muy privilegiado por los noticiarios de Televisa que repiten hasta el hartazgo la información y hasta las mismas notas y párrafos. Y tiene una clara dedicatoria que evidencio con singular torpeza Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del CCE, al pronunciarse en contra de reducir los salarios a la alta burocracia bajo el argumento de que se corre el riesgo de que el gobierno federal “contrate personal menos calificado y genere corrupción”.
Con tan brillante lógica, lo que procede es duplicar los salarios de la alta burocracia –ubicada entre las más bien pagadas de la aldea global–, y así México tendría más éxito en el abatimiento de ese generalizado cáncer social que corroe todos los ámbitos, empezando por los dueños de México hasta los desposeídos, quienes sistémicamente mandan al diablo a las instituciones al imperar las soluciones con base al dinero, las influencias y recomendaciones.
Si Calderón Hinojosa intervino al instante y en forma directa por la vía de Twitter la noche del domingo 10, mientras se desarrollaba el debate entre los presidenciables, en Guadalajara, Jalisco, para desmentir la propuesta de Obrador para ahorrar 300 mil millones de pesos de la onerosa nómina gubernamental, encarecida como nunca por el primero, a razón de qué el presidente del CCE no tiene derecho a hacerlo, así exhiba impúdicamente que la línea surgió o la tomó de Los Pinos y que los dados están bien cargados en el hipócrita Respeto a la legalidad.
Cómo pueden estos cínicos empresarios exigir respeto a una legalidad que violentaron mañana, tarde y noche en las pantallas de Televisa para bloquear con calumnias la candidatura de López Obrador y promover sin recato la de Calderón Hinojosa, hasta encumbrarlo en Los Pinos con los costos por todos conocidos y también padecidos.
Modificada la legislación para acotar la participación publicitaria abierta, sólo la obvia, el CCE litiga en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de la reforma electoral del Congreso. Y cuenta, además, con el decisivo apoyo del duopolio de la televisión –impugnado más que merecidamente todos los días en las calles y en las redes sociales por #YoSoy132– y sus sólidos y metalizados intelectuales.
Los 12 organismos patronales que están representados en el CCE y su presidente no calcularon bien que la reacción del candidato presidencial del Movimiento Progresista sería inmediata, de comprometerse a suscribir el pacto propuesto por los que en 2006 lo combatieron como “Un peligro para México”.
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